Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04272-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04272-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04272-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de septiembre de 2023
Demandante: Gloria Patricia Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04272-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04272-00
Demandante: GLORIA PATRICIA DÍAZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN, SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela de fondo – mora judicial injustificada - niega
amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Gloria Patricia Díaz como agente oficiosa de su señora madre
María Carmen Díaz Díaz, presentó acción de tutela1 contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la salud, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad y a la prelación del
adulto mayor.
Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales por la mora en que
ha incurrido la accionada al no resolver el incidente de nulidad formulado por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia
de segunda instancia del 22 de abril de 2021, mediante la cual se accedió a la
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 76001233300020150009400/01 instaurada por la señora María
Carmen Díaz Díaz en contra de dicha entidad.
1
Mediante escrito radicado el 10 de agosto de 2023 en la ventanilla virtual del Consejo de
Estado con solicitud 8055.
1
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Demandante: Gloria Patricia Díaz
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la accionante solicitó:
1. Conforme a la motivación anterior, solicito muy comedidamente al(a)
honorable juez constitucional TUTELAR los derechos fundamentales A LA
SALUD, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y DE PRELACIÓN DEL
ADULTO MAYOR a favor del accionante y en contra de la autoridad
accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito le ORDENE a la
autoridad accionada que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la fecha de notificación de esta decisión, proceda a resolver
la nulidad procesal formulada por la Ugpp en contra de la sentencia de
segunda instancia de 22 de abril de 2021 dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-
23-33-000-2015- 00094-01 y número interno 5474-2019. Ordenando la
prelación del fallo o caso, como se argumentó en esta acción
constitucional.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
Manifestó que la Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución
PAP 022756 del 28 de octubre de 2010, negó en su favor y de la señora Alba
Marina Henao Roda la sustitución de la pensión que devengaba el señor José
Isauro Mayorga Rincón.
Expuso que presentó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, antes
Caja Nacional de Previsión Social, con el fin de obtener el reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente en calidad de compañera permanente
del señor José Isauro Mayorga Rincón, ya fallecido.
Indicó que mediante sentencia del 29 de marzo de 2019 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda;
providencia en contra de la cual interpuso recurso de apelación.
Informó que en sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda Subsección A el 22 de abril de 2021 se dispuso
REVOCAR la providencia recurrida para en su lugar declarar la nulidad de la
resolución que había negado la sustitución de la pensión y en consecuencia
reconocer y pagar a título de sustitución la pensión de jubilación que
devengaba el fallecido José Isauro Mayorga en el porcentaje del 70% para la
compañera María Carmen Díaz Díaz y en el 30 % para la cónyuge supérstite
señora Alba Marina Henao Roda.
Relató que, una vez ejecutoriada la sentencia, la UGPP en el radicado
SOP202101023556 del 21 de octubre de 2021, a través del auto ADP 005846
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del 23 de octubre de 2021 se opuso al cumplimiento de la sentencia con el
argumento de haberse concedido la sustitución en favor de la señora María
Teresa Mayorga Henao, hija del pensionado fallecido y quien se encuentra en
condición de discapacidad, por lo cual formuló incidente de nulidad ante el
Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A de la sentencia proferida
el 22 de abril de 2021, solicitando declarar nulo todo el proceso por falta de
integración del litisconsorcio necesario y vulneración del debido proceso
respecto de la señora María Teresa Mayorga Henao.
Afirmó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
atención a petición denominada “prelación procesal” presentada el 17 de
enero de 2023, le informó en escrito del 24 de mayo del mismo año que la
nulidad formulada por la UGPP sería resuelta en providencia que se
registrará en el mes de junio del presente año; lo cual no ha acontecido a la
fecha de presentación de la demanda de tutela.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la tutelante, la autoridad judicial cuestionada incurrió en mora
injustificada al no resolver de manera pronta la nulidad propuesta por la UGPP
sin tener en cuenta que es una persona de la tercera edad, que vive en
condiciones de pobreza y padece de múltiples enfermedades por las cuales
no puede valerse por sus propios medios y sin recursos para adquirir con
urgencia los medicamentos requeridos para su estado de salud.
Relató que la señora Alba Marina Henao Roda también beneficiaria de la
sustitución pensional falleció sin recibir suma alguna; lo cual no quiere que le
ocurra a su madre María Carmen Díaz Díaz.
1.5. Trámite e intervenciones
Mediante auto del 15 de agosto de 2023, el despacho admitió la acción de
tutela, reconoció a la señora Gloria Patricia Díaz como agente oficiosa de
María Carmen Díaz Díaz, tuvo como accionado a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a quienes ordenó notificar.
Además, vinculó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al director
general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social por tener interés en el
resultado del presente mecanismo constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes
intervenciones:
2
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 17 de agosto de 2023.
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1.5.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
En escrito presentado el 23 de agosto de 2023 por parte del subdirector de
Defensa Judicial y Pensional solicitó la desvinculación de la entidad en razón
a que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, quien en
su escrito de tutela indica que recae exclusivamente en el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
1.5.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
En escrito enviado el 22 de agosto de 2023 el magistrado ponente de la
decisión del 22 de abril de 2021 manifestó que una vez ejecutoriada la
sentencia, la UGPP formuló incidente de nulidad, exponiendo que le era
imposible cumplir lo dispuesto en ella como consecuencia de la decisión
adoptada en tutela proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga Sala Laboral, que ordenó reconocer y pagar una “pensión de
sobrevivientes” a favor de la señora María Teresa Mayorga Henao en calidad
de hija inválida del causante José Isauro Mayorga Rincón a partir del 17 de
abril de 2010.
Expuso que desde la presentación del incidente de nulidad ordenó su
traslado, y decretó pruebas no solo a fin de obtener de las autoridades
involucradas en la acción de tutela instaurada por la señora María Teresa
Mayorga Henao las providencias que reconocieron la pensión, sino también la
información de la presentación de demanda ordinaria en contra de la UGPP
para que le fuera reconocida la sustitución pensional.
Relató que una vez allegados los documentos, a pesar de varios
requerimientos se encuentra registrada para la Sala de la Subsección A del
día 24 de agosto del presente año, la decisión del incidente de nulidad
propuesto.
Solicitó que se rechace o deniegue el recurso de amparo ya que contrario a lo
expuesto no ha incurrido en comportamiento moroso, por el contrario, ha
obrado de manera diligente en aras de salvaguardar el derecho al debido
proceso de la tutelante.
1.5.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En escrito del 23 de agosto el magistrado ponente de la decisión de primera
instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho manifestó que la solicitud de nulidad fue elevada ante el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A por lo que no le compete
pronunciarse, motivo por el cual se ciñe o atiene a lo que resuelva la citada
Corporación.
4
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión Previa
En relación con la solicitud de desvinculación de la UGPP, esta se denegará,
puesto que dicha unidad fue vinculada en la acción de tutela como tercero por
haber sido parte en el proceso en contra de cuya sentencia formuló incidente
de nulidad.
2.3 Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró los derechos fundamentales a la salud, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y
de prelación del adulto mayor, a la salud, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad y de prelación del adulto
mayor de la señora María Carmen Díaz Díaz, por incurrir presuntamente en
mora judicial injustificada en resolver el incidente de nulidad formulado por la
UGPP en contra de la sentencia proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2015- 00094-
00/01.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela, (ii) del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, (iii) mora judicial, y (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa,
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salvo que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio
irremediable3.
2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución4, del derecho fundamental al
debido proceso5 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia6.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y
en la ley […]»7.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista
a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a
la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria
que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los
hechos materia de su decisión […]»8.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de
la Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías”9, y de otro lado, “la obligación
3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
4
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
5
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra;
a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
6
Sentencia T-006 de 1992.
7
Sentencia T-476 de 1998.
8
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
9
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
6
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correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a
dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto
que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un
avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»10.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia11 y con sustento en los principios
de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial,
el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso
con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para
terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío
funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el
funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas,
para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad
como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez
que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con
dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de
la justicia material […]»12.
2.6. La mora judicial
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta
de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes.13
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo
la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»14.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
10
Ibídem.
11
Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública
que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.
12
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
13
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
14
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
7
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[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad
requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la
Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar
la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado
que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando
existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de
2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la
materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los
términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de
justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial;
o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles
que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la
ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el
funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el
resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de mora judicial15, según la cual solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye
violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al
debido proceso de las partes en un proceso.
2.7. Caso concreto
En el sub examine la señora Gloría Patricia Díaz como agente oficiosa de su
madre María Carmen Díaz Díaz, alegó que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales invocados, con
ocasión de que, a la fecha de presentación de esta tutela, no se había
resuelto el incidente de nulidad en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la UGPP con
radicado 76001-23-33-000-2015- 00094-00/01.
Ahora bien, teniendo en cuenta el informe presentado en escrito del 22 de
agosto de 2023 por el Consejo de Estado Sección Segunda. Subsección A,
esta Sala de Decisión advierte que una vez propuesto el incidente de nulidad
el magistrado Gabriel Valbuena Hernández ha actuado de manera diligente al
proferir las providencias pertinentes para obtener las pruebas documentales
ante el Tribunal del Distrito Judicial de Buga en la acción de tutela instaurada
por la señora María Teresa Mayorga Henao y su cumplimiento, como también
15
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-
000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado:
Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19
de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal
Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
8
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la presentación de la demanda ordinaria laboral con el fin de definir el derecho
al reconocimiento de la sustitución pensional de la misma.
La demora de las autoridades en el envío de la documentación requerida no
constituye negligencia u omisión de las funciones de la accionada, que
conlleve a endilgarle mora judicial en la decisión del incidente presentado por
la UGPP.
De esta manera, la Sala concluye que contrario a lo señalado por la actora
mediante su agente oficiosa, no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados, por no haberse configurado mora en el trámite del incidente de
nulidad formulado por la UGPP dentro del proceso con radicado 76001-23-33-
000-2015- 00094-00/01.
En consecuencia, se negará el amparo instaurado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Niégase la acción de tutela presentada por la señora Gloria
Patricia Díaz, como agente oficiosa de su madre María Carmen Díaz Díaz,
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por los motivos
señalados en esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
9
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