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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04280-00

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04280-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la señora Luz Marina Daza Sierra, respecto de la providencia del 24 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013 18 333010202300108006800133 . índice 9. 10 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00 Accionante: Luz Marina Daza Sierra conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por la presunta mora judicial en el trámite del incidente de desacato propuesto por la señora Luz Marina Daza Sierra y adelantado en el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04280-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

21 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés
(2023)

Referencia: Acción de Tutela
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado Décimo
Administrativo de Bucaramanga, Dirección de Personal
del Ejército Nacional

Tesis: La acción de tutela contra providencia judicial es
improcedente cuando no se sustenta la vulneración del
derecho aducido y se limita a enunciarlo.

No vulnera los derechos al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso por presunta mora judicial
injustificada cuando el proceso cumple con las etapas
procesales dispuestas en las normas procesales que lo
regulan.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
la señora Luz Marina Daza Sierra.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

I.1. La señora Luz Marina Daza Sierra, en nombre propio, promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado
Décimo Administrativo de Bucaramanga y la Dirección de Personal del
Ejército Nacional, con el fin de que le fueran protegidos los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la dignidad humana.

Por lo que, solicitó le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, vulnerados con ocasión
en la demora por parte del Juzgado Décimo Administrativo de
Bucaramanga, para decir el incidente de desacato.

También pidió la protección de los derechos antes enunciados, los que
considera vulnerados con la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander, de rechazar la acción de cumplimiento presentada contra la
Dirección de Personal del Ejército Nacional.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

II. SITUACIÓN FÁCTICA

II.1. Señaló que, en el mes de marzo del presente año, radicó derecho
de petición ante la Dirección de Personal del Ejército Nacional y la Caja
Promotora de Vivienda Militar, por medio del cual solicitó copia de las
certificaciones laborales, de las prestaciones sociales pagadas y salarios
devengados de su esposo, Enrique Roa Sánchez (Q.E.P.D), quien se
desempeñó como soldado durante 20 años. Sin que se le hubiera
suministrado respuesta.

II.2. Por lo anterior, el 5 de mayo de 2023, presentó acción de tutela con
radicado núm. 680013333010-2023-00108-00 contra la Caja
Promotora de Vivienda Militar y de Policía -Caja de Honor-.

II.3. Indicó que, el 19 de mayo de 2023, el Juzgado Décimo
Administrativo de Bucaramanga, amparó el derecho fundamental de
petición de la señora Daza Sierra, y ordenó a la Dirección de Personal del
Ejercito Nacional y Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía – CAJA
HONOR-, dar respuesta en el término de 48 horas a la petición elevada el
3 de marzo de 2023.

II.4. Refirió que, han trascurrido más de 80 días desde la decisión que
amparó su derecho fundamental de petición, sin que las entidades
accionadas hayan dado cumplimiento a lo ordenado.

II.5. Mencionó que, el 31 de mayo de 2023, radicó en el Juzgado Décimo
Administrativo de Bucaramanga, incidente de desacato.

II.6. Reprochó que, han pasado más de 70 días sin que el juzgado haya
decidido el incidente.

II.7. El 28 de junio de 2023, la señora Daza Sierra presentó demanda de
acción de cumplimiento contra la Nación – Ministerio de Defensa,
Dirección de Personal del Ejercito Nacional, radicada bajo el núm.
680012333000-2023-00296-00., al considerar que la entidad demanda
incurrió en fraude a resolución judicial, al no haber dado respuesta a la
petición presentada en el mes de marzo de 2023, como lo ordenó el fallo
de tutela del 19 de mayo de 2023.

II.8. El 4 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander,
inadmitió la acción de cumplimiento y concedió el termino de 2 días, para
que acreditara el agotamiento de la constitución de renuencia de la
entidad demandada.
II.9. El 24 de julio de 2023, el Tribunal rechazó la acción de
cumplimiento, debido a que la señora Daza Sierra no acreditó el requisito
de renuencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

III.1. El 15 de agosto de 2023, este despacho admitió la acción de tutela
y ordenó la notificación a las entidades accionadas.

III.2. El Tribunal Administrativo de Santander, indicó que, la acción
de cumplimiento fue rechazada con ocasión a que la accionante no
acreditó uno de los requisitos de procedibilidad, como lo era el de la
renuencia, aspecto que se encuentra amparado por la Ley y la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

III.3. El Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga, no rindió
informe, pero remitió el link para consultar el incidente de desacato.

III.4. La Dirección de Personal del Ejército Nacional, guardó
silencio. La Sala pone de presente que una vez revisado el aplicativo de
Gestión Judicial -SAMAI-, se encuentra que la entidad fue notificada en
debida forma1.

IV. CONSIDERACIONES

IV.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5
del artículo 1º del Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80
de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta
Sala es competente para conocer del presente asunto.

IV.2. Hechos Relevantes

IV.2.1. El de 28 de junio de 2023, previo a la apertura del incidente, el
Juzgado requirió al representante legal de la Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía y al Director del Comanda de Personal del Ejercito
Nacional, para que informaran sobre el cumplimiento de la orden
impartida en el fallo de tutela

IV.2.2. El 22 de agosto de 2023, el Juzgado inicio el trámite incidental
en contra de “LUIS FELIPE PAREDES CADENA en calidad de representante
legal de CAJA DE HONOR CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLICIA y al TC EDWARD VICENTE MARTINEZ ANTELIZ en calidad director
del COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, por el
incumplimiento de la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023, por este
estrado judicial”. Decisión que fue notificada electrónicamente a las
partes, el 22 de agosto de 2023.

IV.2.3. El 24 de julio de 2023, el Tribunal rechazó la acción de
cumplimiento, radicada bajo el núm. 680012333000-2023-00296-00,

1
ceoju@buzonejercito.mil.co; sac@buzonejercito.mil.co; registro.coper@buzonejercito.mil.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

adelantada contra la Nación – Ministerio de Defensa y Dirección de
Personal del Ejercito Nacional, debido a que la señora Daza Sierra no
acreditó el requisito de renuencia.

IV.3. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta lo pretendido por la accionante, la Sala examinara si
se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia con ocasión de la providencia del 24 de julio
de 2023, expedida por el Tribunal.

Para después estudiar si se incurrió en mora judicial en trámite de
incidente de desacato.

IV.3.1. Vulneración del derecho al debido proceso por la negación
al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la decisión
proferida el 24 de julio de 2023, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander, rechazó la acción de cumplimiento.

Pidió la accionante fueran protegidos sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de la justicia, los que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Santander, con la
decisión de rechazó de la acción de cumplimiento radicada bajo el núm.
680012333000-2023-00296-00, instaurada por la accionante contra la
Nación – Ministerio de Defensa, Dirección de Personal del Ejercito
Nacional.

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional, para ello, la Sala
analizará (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.

El requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”2.

Lo anterior, implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades3:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia4. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

Caso concreto

Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el
primer criterio de la relevancia constitucional, para determinar si, en el
caso, este requisito general de procedencia está cumplido.

En cuanto a la primera finalidad, esto es, restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales

La Corte Constitucional, en la sentencia SU 573 de 2019, explicó que este
primer elemento de la relevancia supone que “(…) el caso [debe

2
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
3
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
4
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental (…)”.

En esa medida, este primer criterio, implica que la acción de tutela que
se promueva contra una providencia judicial debe proponer un debate
sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues sólo
así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza
constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acción de
tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la
providencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio5 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 20216, SU 103 de 20227
y SU 215 de 20228.

El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la providencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.

5
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no estaba
cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas
desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no
se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
8
M.P.: Natalia Ángel Cabo.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

Ello porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso
reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que, por vía
de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el
principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en
el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no
podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con
la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”9 y
ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo
identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que
es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”10.
Por ello, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que, de
advertirse su afectación prima facie en la faceta constitucional, se
desprendería que el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida
que compromete o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental.

En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que el auto controvertido
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, pues presentó una demanda en ejercicio de la
acción de cumplimiento y fue rechaza de pleno (sic), así lo plasmo en su
escrito de tutela:

“Por esta sencilla razón anteriormente expuesta, la señora Luz
Marina Daza Sierra procedió de manera legal acudir al medio de
control constitucional de acción de cumplimiento, ante el
Tribunal Administrativo de Santander, bajo el número de
radicado: 68001233300020230029600, pero sin embargo, el
día 24 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander
decidió rechazar de pleno la solicitud del medio de control
constitucional acción de cumplimiento, qué había sido
promovida por la señora Luz Marina las hacían buscando la
protección judicial de los jueces de la república frente a la
vulneraciones contra los derechos fundamentales de la
accionante, por parte de los aquí ahora accionados. Entonces es
de advertir que, la señora Luz Marina Daza Sierra ciudadana
afectada en estos momentos de sus derechos fundamentales,

9
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
10
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

ha podido demostrar agotado los medios legales y
constitucionales ante las autoridades competentes, pero sin
embargo, no ha sido posible obtener de manera efectiva las
garantías fundamentales y el goce del pleno cumplimiento al
acceso ante la administración de justicia y la defensa o el debido
proceso”.

Como se puede apreciar, la accionante se limitó a señalar que con ocasión
de la providencia acusada se vulneró su derecho al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, pero no señala las razones que
sustentan su solicitud, ni mucho menos explica la afectación al núcleo
esencial de este derecho.

En consecuencia, la Sala considera que el requisito de relevancia
constitucional no está satisfecho frente al derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que la parte actora no cumplió con la exigencia de
explicar, en modo alguno, los motivos por los cuales el auto atacado
vulnera la faceta constitucional de este derecho.

En razón a todo lo expuesto, la Sala declarara improcedente la presente
acción de tutela en relación con el derecho al debido proceso y acceso a
la administración de justicia.

IV.3.2. Mora judicial trámite del incidente de desacato de tutela
radicado núm. 680013333010-2023-00108-00

Sobre este punto, la accionante aduce que el Juzgado Décimo
Administrativo de Bucaramanga, ha incurrido en mora judicial injustificada
comoquiera que han pasado más de setenta días desde la presentación del
incidente de desacato y a la fecha no se ha resuelto.

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental
al debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, sin dilaciones injustificadas. Así mismo,
estableció en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el
artículo 229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

La Corte Constitucional, en sentencia T-803 del 11 de octubre de 2012,
se refirió a la violación del debido proceso por mora judicial en los
siguientes términos:

“[…] 9.2. Esta corporación ha definido la mora judicial como `un
fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia´
[61]11, y que se presenta como `resultado de acumulaciones
procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos´
[62]12. No obstante, para establecer si la mora en la decisión
oportuna de las autoridades es violatoria de derechos
fundamentales, es preciso acudir a un análisis sobre la

11
Nota original de la providencia en cita: [61] Sentencia T-945 A de 1998.
12
Nota original de la providencia en cita: [62] Ibídem.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

razonabilidad del plazo y establecer el carácter `injustificado´
en el incumplimiento de los términos.

De esta manera, puede afirmarse que, de conformidad con la doctrina
sentada por esta Corporación, la mora judicial o administrativa que
configura [la] vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte
del funcionario competente; (ii) [el desborde del] concepto de
plazo razonable que involucra [un] análisis sobre la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la
conducta de la autoridad competente y el análisis global de
procedimiento;[y finalmente;] (iii) la falta de motivo o
justificación razonable en la demora´[63]13 […]”14

Además, la jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en
la resolución de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en
circunstancias específicas, puede derivar en vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, de manera que habrá que analizar “[…]
(i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, (ii)
el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del
funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv)
el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal.
[…]”15, en aras de determinar si se está ante un escenario de mora judicial
injustificada o si la ponderación de las circunstancias específicas explica
el retardo.

Así, por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en los
que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende, o Se constata la existencia de problemas estructurales,
de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles. […]”16

Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de
justicia, la Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 2018
17, al estudiar también un caso sobre mora en la adopción de una decisión

judicial, estimó que, dentro de las garantías ínsitas de este derecho, se
encuentra el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo
exige de la autoridad judicial un pronunciamiento respecto del asunto
sometido a su definición, sino, además, que esa respuesta de la judicatura
sea oportuna; de allí que el artículo 228 de la Constitución Política
establezca que “los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado”.

Una vez revisado el referido expediente, la Sala advierte que se han
surtido las siguientes actuaciones:

13
Nota original de la providencia en cita: [63] Sentencia T-297 de 2006.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-803 del 11 de octubre de 2012. MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Corte Constitucional, sentencia T-366 de 8 de abril de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
16
Op. Cit. T-803 de 2012.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 11001-03-
15-000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

1) El 31 de mayo de 2023, la señora Daza Sierra, actuando en nombre
propio, radicó ante el Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga,
incidente de desacato, con radicado núm. 680013333010-2023-00108-
00.

2) El 28 de junio de 202318, el Juzgado requirió al representante legal de
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y al Director del
Comando de Personal del Ejército Nacional, para que informaran sobre el
cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela. Siendo
notificados el 29 de junio de 2023.

3) El 22 de agosto de 2023, se dio apertura al incidente de desacato.
Decisión notificada el 22 de agosto de 2023.

4) El 25 de agosto de 2023, la apoderada del representante legal de la
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía -Caja de Honor-, dio
respuesta al incidente, en el que solicitó cerrar el incidente por
cumplimiento del fallo, dado que el 24 de agosto de 2023 mediante oficio
oficio No. 03-01- 20230824027795, indicó a la accionante que, “en vida,
el señor Enrique Sánchez Roa (Q.E.P.D.) retiró la totalidad de los recursos de su
cuenta individual, por lo que no existen saldos por retirar, y remitió certificación
detallada de la cuenta individual del causante”.

De acuerdo con este recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, la Sala no evidencia inactividad injustificada por parte
del Juzgado Décimo Administrativo de Bucaramanga que configure mora
judicial; por el contrario, encuentra la Sala que dentro del trámite
incidental el juzgado cumplió con el trámite correspondiente en tiempos
razonables.

Ahora bien, consultado el sistema de gestión judicial -SAMAI-, el proceso
no ha ingresado al despacho para fallo; es decir, contrario a lo
manifestado por la accionante, para la Sala el trámite que ha surtido el
expediente corresponde a términos razonables, teniendo en cuenta la
carga y congestión de los despachos judiciales.

En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por la accionante en
la presente acción de tutela, en relación con la mora judicial por las razones
aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la
señora Luz Marina Daza Sierra, respecto de la providencia del 24 de julio
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680013
18

333010202300108006800133 . índice 9.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04280-00
Accionante: Luz Marina Daza Sierra

conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia por la presunta mora
judicial en el trámite del incidente de desacato propuesto por la señora
Luz Marina Daza Sierra y adelantado en el Juzgado Décimo Administrativo
de Bucaramanga.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19
de noviembre de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA
Consejero de Estado GARZÓN
Presidente Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

11

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