Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04297-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04297-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04297-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de octubre de 2023
Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04297-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04297-01
Demandante: MANUEL NEMECIO VERGEL VERGEL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Revoca negativa para declarar
la improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 14 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta que resolvió negar la
solicitud de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito presentado el 10 de agosto de 20231, el señor Manuel Nemecio
Vergel Vergel actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Arauca y el Juzgado Primero Administrativo de Arauca con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la providencia del 2 de junio de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Arauca, que confirmó el fallo del 15 de abril de 2015, proferido por
el Juzgado Primero Administrativo de Arauca, al interior del medio de control de
reparación directa, iniciado por actor contra la Dirección Nacional de Estupefacientes
identificado con el radicado 81001-33-31-001-2009-00107-00/01.
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Por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
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Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
(…) y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la decisión emitida por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA del 15 de abril de 2015 por adolecer de
defecto material o sustantivo.
DEJAR SIN EFECTOS la decisión proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ARAUCA de fecha 2 de junio de 2023 por desconocer el precedente jurisprudencial.
Consecuente a ello, se ORDENE a las entidades accionadas que profieran una nueva
decisión teniendo en cuenta la responsabilidad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES por los daños ocasionados en relación con la fumigación
realizada el día 27 de agosto de 2007, dentro de las cuales se vieron afectadas 30
hectáreas de cultivo lícito de carácter transitorio de Yuca Tecnificada Variedad
Armenia en la finca Bellavista ubicada en la Vereda El Salem- Límite Mate Caña,
Municipio Fortul, Departamento de Arauca, de propiedad del señor MANUEL
NEMECIO VERGEL VERGEL2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 27 de agosto de 2007, dos avionetas adscritas al área de erradicación de
cultivos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, sobrevolaron la finca de
propiedad del señor Manuel Nemecio Vergel Vergel, ubicada en la vereda El Salem,
municipio Fortul (Arauca) y fumigaron sus cultivos lícitos de yuca.
5. En virtud de lo anterior, interpuso demanda en ejercicio del medio de control
de reparación directa contra la Dirección Nacional de Estupefacientes (sucedida
procesalmente por el Ministerio de Justicia y del Derecho), con el objetivo de que
fuera declarada administrativamente responsable por los daños materiales en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante, así como por perjuicios morales,
con ocasión de la aspersión aérea.
6. Por medio de fallo del 15 de abril de 2015, el Juzgado Primero Administrativo
de Arauca resolvió declarar: i) no probada la excepción de falta de integración del
legítimo contradictorio; (ii) probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva y; (iii) negó las pretensiones de la demanda.
7. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia
dictada el 2 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo, tras considerar que:
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Transcripción literal que puede contener errores.
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En suma, respecto a lo afirmado por el demandante en cuanto a los perjuicios que se
le ocasionaron con ocasión de la fumigación vía aérea y con glifosato sobre los
plantíos de yuca sembrados en el inmueble de su propiedad situado en el municipio
de Fortul, el 27 de agosto de 2007, se tiene ampliamente demostrado que durante el
mes de agosto de 2007 la Policía Nacional—Dirección Antinarcóticos desarrolló en el
departamento de Arauca actividades de aspersión aérea a cultivos ilícitos, sin que
haya concurrido en dichas operaciones la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Por tal motivo, la entidad demandada carece de legitimación en la causa por pasiva,
ya que no se demostró que le sea imputable bajo los títulos de imputación de falla del
servicio, ni de riesgo excepcional, el daño antijuridico a que alude el demandante.
(…)
Por ello no le asiste razón al recurrente al pretender derivar la responsabilidad por los
hechos ocurridos el 27 de agosto de 2007 en su cultivo de yuca en el municipio de
Fortul, toda vez que lo reglado por la Resolución 0008 de 2007 corresponde a un
trámite administrativo que busca garantizar la compensación económica en relación
con los daños ocasionados a los propietarios que ejecuten actividades agropecuarias
lícitas y que hayan sido afectados en el marco del PECIG, sin que de allí pueda
colegirse alguna obligación, mandato, deber o competencia a cargo de la Dirección
Nacional de Estupefacientes en torno a los daños antijurídicos que se produzcan por
la eliminación de las plantaciones definidas por la Ley como ilegales.
Luego entonces no prospera el reparo formulado por el recurrente, pues si bien en el
presente caso se encuentra probado el daño antijurídico, no se logró establecer que
haya sido causado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, motivo por el cual se
confirmará la sentencia emitida por el Juez de primera instancia por las razones que
se han discurrido en la presente providencia.
8. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 12 de junio de 2023.
1.4. Fundamentos de la vulneración
9. En primer lugar, el tutelante manifestó que el Juzgado Primero Administrativo
de Arauca, incurrió en un defecto sustantivo, en la providencia del 15 de abril de
2015, en razón a que el caso se resolvió con fundamento en la Resolución 0005 del
2000, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, norma inexistente al
momento de los hechos, debido a que esta fue revocada mediante Resolución 0013
de 2003 proferida por la misma entidad administrativa.
10. En segundo término, adujo que el Tribunal Administrativo de Arauca
desconoció el precedente judicial sentado por el Consejo de Estado sobre la
responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el desarrollo del
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida Glifosato (en adelante
PECIG).
11. De forma específica mencionó la sentencia del 8 de septiembre de 2017,
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proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado3, de la cual
refirió que se encontró a la Dirección Nacional de Estupefacientes legitimada en la
causa por pasiva al tener constitucional y legalmente el deber de adelantar las
operaciones relacionadas con el PECIG y se determinó que «(…) no cumplió “con las
obligaciones relacionadas con el seguimiento de las diferentes actividades de aspersión con
glifosato en aras de identificar en debida forma los predios a asperjar y medir los impactos
reales sobre el medio ambiente agua, suelo, vegetación, usos del suelo y la salud del
demandante, infringiendo de esta manera el plan de manejo ambiental adoptado por el
entonces Ministerio del Medio Ambiente».
12. Así las cosas, indicó que en el presente asunto, las autoridades judiciales
accionadas debieron declarar administra y extracontractualmente responsable a la
Dirección Nacional de Estupefacientes, por los daños que se le ocasionaron,
teniendo en cuanta que dicha entidad era la encargada de implementar la política
antidrogas del país, ejecutando las decisiones del Consejo Nacional de
Estupefacientes y las políticas del Gobierno Nacional en materia de control,
prevención y represión de estupefacientes, de conformidad con el artículo 5 del
Decreto 2159 de 1992.
13. Finalmente, concluyó que la fumigación realizada con glifosato en el predio de
su propiedad sobrepasó el límite permisible o tolerable por parte del Estado,
imponiéndole una carga que no estaba en el deber legal de soportar.
1.5. Trámite de la acción de tutela
14. El magistrado ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en auto
del 14 de agosto de 2023: i) admitió la tutela contra el Tribunal Administrativo de
Arauca y al Juzgado Primero Administrativo de Arauca; ii) vinculó, en calidad de
tercero con interés, al ministro de Justicia y del Derecho y, iii) le reconoció personería
para actuar al abogado Marcos Raúl Contreras Higuera como apoderado judicial del
señor Vergel Vergel.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Arauca
15. Por medio de correo electrónico remitido el 22 de agosto de 2023, el
magistrado ponente de la decisión enjuiciada, expuso que la acción de tutela es un
mecanismo residual y subsidiario y no, una tercera instancia, como se pretende por
parte del actor.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia 08.09.17, Rad. 52001-23-31-000-2006-00435-01.
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16. Señaló que no se vulneró derecho fundamental alguno del señor Vergel Vergel
y que el presente mecanismo no superaba el requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional, dado que solo se dedicaba a exponer una crítica de las
decisiones judiciales, sin sustentación fáctica y jurídica aceptable.
17. Además, relató que las providenciadas acusadas se encontraban respaldadas
normativa y jurisprudencialmente y lo pretendido era una nueva valoración probatoria
de elementos que ya fueron analizados de forma suficiente e idónea.
18. Por último, resaltó que en la sentencia referida como desconocida sí se
demandó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección
de Antinarcóticos.
1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
19. A través de documento allegado el 25 de agosto del año en curso, el
apoderado judicial de la entidad explicó que la cuestión discutida carecía de
relevancia constitucional en razón a que el debate planteado por el accionante no
versaba sobre la presunta afectación o violación de derecho fundamental alguno,
sino, sobre su inconformidad respecto de la valoración probatoria que el operador
judicial realizó, buscando un nuevo estudio de las razones y fundamentos que
edificaron la providencia judicial de segunda instancia.
20. Así las cosas, solicitó la negativa de las pretensiones.
21. Pese a que el Juzgado Primero Administrativo de Arauca fue notificado en
debida forma, guardó silencio4.
1.7. Fallo impugnado
22. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de septiembre
de 2023, negó la solicitud de tutela.
23. En primer lugar, recordó que el Tribunal Administrativo de Arauca encontró
que, pese a que se encontraba acreditado el daño antijurídico, no le era imputable a
la Dirección Nacional de Estupefacientes porque quien ejecutaba la aspersión aérea
con glifosato era la Policía Nacional a través de la Dirección Antinarcóticos.
24. Respecto de la sentencia del 8 de septiembre de 2017 referida como
desconocida, indicó que no constituía un precedente aplicable al caso, dado que si
bien en esa sentencia también fue estudiado un caso de responsabilidad
extracontractual por aspersión aérea con glifosato que afectó un cultivo lícito,
circunstancia que, en principio, daría la apariencia de similitud fáctica, lo cierto es
4
Índice 7 de Samai.
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Demandante: Manuel Nemecio Vergel Vergel
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que en ese proceso actuó como demandada, además de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, y fue desde esa
perspectiva que se adoptó la decisión, mientras que el señor Vergel Vergel demandó
únicamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes.
25. En consecuencia, argumentó que no se trataba de un precedente que el juez
natural del proceso hubiese dejado de aplicar. Por el contrario, advirtió que la
decisión del tribunal atendió los lineamientos de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
26. Para sustentar la anterior afirmación expuso dos providencias de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado de los años 2021 y 20225, en las que
fue señalado que la Policía Nacional debía responder por desconocer las previsiones
impuestas por el PECIG y que el Ministerio de Justicia y del Derecho como sucesor
procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes carecía de legitimación en la
causa por pasiva, dado que la erradicación de cultivos ilícitos estaba a cargo de la
Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1.º de la Resolución 0013 de junio 27 de 2003 expedida por el Consejo
Nacional de Estupefacientes.
27. Así las cosas, señaló que el tribunal no incurrió en el desconocimiento del
precedente.
1.8. Impugnación
28. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de septiembre de 20236, la
parte actora impugnó la sentencia de primera instancia.
29. El señor Vergel Vergel dirigió sus reparos frente al cargo del desconocimiento
del precedente de la sentencia del 8 de septiembre de 2017, frente a lo cual sostuvo
que «(…) no se puede establecer que un precedente no es aplicable bajo la mera premisa
que no se demandó a las mismas entidades que en la sentencia sobre la cual se solicita la
aplicación de determinado precedente».
30. Seguido de ello, relató las circunstancias fácticas del precedente, manifestó
que se debió haber declarado que el Ministerio de Justicia y del Derecho era el
sucesor procesal de la Dirección Nacional de Estupefacientes y citó varios apartes
del líbelo introductorio, para solicitar que fuera revocada la sentencia de primer grado
constitucional.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, M.P.
Alberto Montaña Plata, Sentencia 09.07.21, Rad. 52001-23-31-000-2010-00511-01; M.P. Fredy Ibarra
Martínez, Sentencia 23.11.22, Rad. 18001-23-31-000-2011-00273-01;
6
La sentencia de primera instancia fue notificada el 19 de septiembre de 2023.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación
presentada por el señor Manuel Nemecio Vergel Vergel contra la sentencia del 14 de
septiembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
No. 080 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
32. Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 14 de septiembre de 2023 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para lo
cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?
33. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:
• ¿El Tribunal Administrativo de Arauca vulneró los derechos fundamentales del
señor Manuel Nemecio Vergel Vergel con ocasión de la providencia del 2 de
junio de 2023, que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Dirección Nacional de Estupefacientes?
34. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii)
estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
7
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró su
procedencia9.
36. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
38. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional10
39. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que revocará la sentencia del 14 de
septiembre de 2023 mediante la cual la Sección Cuarta de la corporación negó las
pretensiones de la acción de tutela, para en su lugar, declarar la improcedencia de la
solicitud por carecer de relevancia constitucional puesto que no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202211.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
9
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
11
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
40. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
41. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:
(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
42. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
43. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal12 (Énfasis de la Sala).
44. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
12
Sentencia SU-573 de 2019.
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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico13; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional14”.
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”15 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”16
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto17, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal18. (Resaltado de la Sala)
2.5. Caso concreto
45. El señor Manuel Nemecio Vergel Vergel argumentó tanto en el líbelo
introductorio como en el escrito de impugnación que el Tribunal Administrativo de
Arauca incurrió en defecto por desconocimiento del precedente, al inaplicar la
sentencia del 8 de septiembre de 2017, dictada por la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado19.
46. El accionante argumentó que al interior de la providencia mencionada se
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-128 de 2021.
17
Sentencia SU-573 de 2019.
18
Ibid.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Sentencia 08.09.17, Rad. 52001-23-31-000-2006-00435-01.
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declaró a la Dirección Nacional de Estupefacientes legitimada en la causa por pasiva
al tener constitucional y legalmente el deber de adelantar las operaciones
relacionadas con el PECIG.
47. Así las cosas, indicó que en el caso concreto, se debió declarar administrativa
y extracontractualmente responsable a la Dirección Nacional de Estupefacientes, por
los daños que se le ocasionaron, teniendo en cuanta que dicha entidad era la
encargada de implementar la política antidrogas del país, ejecutando las decisiones
del Consejo Nacional de Estupefacientes y las políticas del Gobierno Nacional en
materia de control, prevención y represión de estupefacientes, de conformidad con el
artículo 5 del Decreto 2159 de 1992.
48. Por su parte, en el fallo del 2 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Arauca encontró que si bien se acreditó el daño alegado por el señor Vergel Vergel,
no logró probarse la estructuración de la responsabilidad en el asunto sometido a
examen desde la perspectiva del régimen subjetivo de falla en el servicio, ni del
régimen objetivo del riesgo excepcional, por cuanto no se acreditó por el demandante
que la producción de daño antijurídico esgrimido obedeciera a alguna acción u
omisión endilgable a la entidad demandada.
49. De igual forma, refirió que de acuerdo con los artículos 1.º y 2.º la Resolución
0013 del 27 de junio de 200320, proferida por el Consejo Nacional de
Estupefacientes, se determinó que el PECIG se encontraba a cargo de la Policía
Nacional – Dirección de Antinarcóticos, así como también se estipuló en los artículos
77 de la Ley 30 de 198621, 2 del Decreto 432 de 198722 (acogido permanentemente
por el artículo 1º del Decreto 2253 de 199123) y en la Resolución 1065 de 200124
(modificada por la Resolución 1054 de 200325).
50. En consecuencia, la autoridad judicial accionada advirtió que «(…) las
responsabilidades correspondientes a la aspersión aérea de plantaciones que produzcan
estupefacientes, recaen de manera exclusiva en la Policía Nacional—Dirección
Antinarcóticos, que tiene por tanto la obligación de efectuar labores de identificación,
ubicación, extensión y establecimiento del medio circundante del posible cultivo ilícito,
además dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, debiéndose apoyar en el Sistema
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)».
51. Además, aclaró que por el contrario, la Dirección Nacional de Estupefacientes
no tenía responsabilidades directas o indirectas en relación con las actividades de la
20
«Por la cual se revocan las resoluciones 1 del 11 de febrero de 1994 y 5 del 11 de agosto de 2000 y
se adopta un nuevoprocedimiento para el programa de erradicación de cultivos ilícitos».
21
«Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones».
22
«Por el cual se agrupan los Servicios Especializados de Policía de Control de Sustancias que
producen Adicción Física o Psíquica y el Servicio Aéreo de la Policía Nacional».
23
«Por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de
las facultades del Estado de Sitio».
24
«Por medio de la cual se impone un plan de manejo y se toman otras determinaciones».
25
«Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones».
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erradicación forzosa por aspersión aérea sobre cultivos ilícitos, pues no intervenía
durante las fases de detección, aspersión y verificación, por cuanto la operación era
competencia de la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos, según lo consagrado
en los Decretos 494 de 199026, 2272 de 199127 y el artículo 13 de la Ley 785 de
200228.
52. Con el fin de aclarar la nula posibilidad de que la responsabilidad del hecho
dañoso recayera sobre la Dirección Nacional de Estupefacientes, el tribunal explicó
que si bien en la Resolución 0017 de 200129, se indicó que la Dirección Nacional de
Estupefacientes y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional tenían
responsabilidades compartidas de atender y tramitar las quejas presentadas por los
ciudadanos presuntamente afectado por el PECIG, por medio de la Resolución 0008
del 2 de marzo de 200730, se fijó la de manera exclusiva la competencia en cabeza
de la Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos para atender las reclamaciones de
carácter económico presentadas debido a la presunta afectación de sus actividades
agropecuarias lícitas, generadas en el marco del PECIG.
53. Ahora bien, en lo referente al fallo indicado como desconocido se encuentra
que se tramitó al interior del medio de control de reparación directa en el que también
se estudió la responsabilidad extracontractual por aspersión aérea con glifosato,
dado la afectación que sufrió un cultivo lícito de pertenencia del accionante, sin
embargo, en aquella oportunidad el extremo pasivo fue conformado por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos –
Dirección Nacional de Estupefacientes.
54. Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia
constitucional, ya que el debate propuesto frente al defecto por desconocimiento del
precedente obedece al mismo asunto discutido en el proceso ordinario en relación
con que, a juicio de la parte actora, se debió debió declarar la legitimidad por pasiva
del la Dirección Nacional de Estupefacientes, es decir que se advierte su simple
inconformidad con respecto a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia,
que confirmó decisión del a quo.
26
«Por el cual se expiden normas sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes y se dictan otras
disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público».
27
«Por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de
las facultades del estado de sitio».
28
«Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con la administración de los bienes incautados en
aplicación de las Leyes 30 de 1986 y 333 de 1996».
29
«Por la cual se adopta un procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos
daños causados por la aspersión aérea con el herbicida glifosato dentro del marco Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos».
30
«Por la cual se modifica la Resolución número 0017 del 04 de octubre de 2001 que establece un
procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión
aérea con el herbicida glifosato, dentro del marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos».
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55. Así, es posible concluir que la línea argumentativa en sede constitucional
apunta a convertir la acción de tutela en una tercera instancia, máxime cuando los
fundamentos que ahora enmarca en el referido yerro, ya fueron resueltos por el ad
quem y se basan en la interpretación de una providencia de la cual no se advierte un
análisis irrazonable como se explicó; lo que evidencia que lo pretendido por el
tutelante es convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia.
56. Se concluye entonces que el simple alegato de una vulneración al debido
proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de
justicia, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista
necesariamente relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en el
escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever
que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho
fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección
efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter legal o a
estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.
57. Se reitera que, lo anterior deja en evidencia que la parte actora pretende
utilizar esta acción de tutela como una instancia adicional donde pueda volver a
debatir lo expuesto en el proceso de reparación directa. En ese sentido, para la Sala
el asunto no supera el requisito de la relevancia constitucional.
2.6. Conclusión
58. Por las razones expuestas, se revocará la sentencia objeto de impugnación,
para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción tutelar, toda vez que no se
satisface el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de septiembre de 2023 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó la acción de tutela, para en su
lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo interpuesto interpuesta por
el señor Manuel Nemecio Vergel Vergel.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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