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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04306-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04306-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, que negó el amparo de la acción de tutela y, en su lugar la DECLARARÁ IMPROCEDENTE por las razones expuestas en esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04306-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

8 de febrero de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2023 04306 01
Accionante: Karen Borre Durán y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04306 01
Accionante: KAREN BORRE DURÁN Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo de 19 de octubre de 2023, dictado por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Karen Borre Durán, Guido del Carmen Zuñiga Ospino,
Wilson Humberto Arrieta Saa, Enrique Mario Vanegas Cadrazco, Juan
Pedro Zarco Paternina, Mayra Victoria Padilla Pérez, María Eugenia Pérez
Rodríguez, Fanny Olarte Pajaro, Wilder Blanco Correa, María del Rosario
Rodríguez Leones, Adalgiza del Socorro Quintero Echernique, Josefina
Teresa Melgarejo Camargo, Patricia Isabel Lorduy Zabala y Temilda Ester
García Martínez, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia que estimaron
vulnerados por la sentencia de 12 de agosto de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, sala de decisión No. 3, que revocó el
fallo de 10 de julio de 2018, proferido por el Juzgado Décimo Tercero
Administrativo de Cartagena, y en su lugar denegó las pretensiones del

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Accionante: Karen Borre Durán y otros

medio de control de reparación directa promovido contra la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento de Bolívar.

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, los
demandantes manifestaron que instauraron demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de salud y protección social y al
Departamento de Bolívar, con la finalidad de que se les reconozcan las
prestaciones de la relación laboral que tuvieron con el Instituto
Oftalmológico Club de Leones de Cartagena, el cual fue liquidado
mediante decreto departamental expedido por la Gobernación de Bolívar.

Señalaron que, mediante sentencia de 10 de julio de 2018, el Juzgado
Décimo Tercero Administrativo de Cartagena accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda condenando al Ministerio de salud y
protección social y al Departamento de Bolívar a pagar a 16 de los 22
demandantes en el proceso, la indemnización por concepto de perjuicios
materiales.

Las personas que resultaron afectadas con la anterior decisión,
interpusieron recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante providencia de 12 de agosto de 2022, revocó la sentencia
apelada para en su lugar declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva al Ministerio de Salud y Protección Social y resolvió negar las
súplicas de la demanda en relación con el Departamento de Bolívar porque
consideró que no existía certeza sobre el daño antijurídico y la
imputabilidad endilgados al mismo.

1.3. Contra la anterior decisión los actores alegaron en la tutela que el
Tribunal Administrativo de Bolívar, incurrió en desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional contenido en la sentencia T-456 de
2005 y C-029 de 2011 y violación directa de la constitución,
específicamente al artículo 4 por no aplicar la regla jurisprudencial
dispuesta en la sentencia T-456 de 2005 que obliga a las demandadas a

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asumir el pago al no haber administrado correctamente la institución que
tenían a su cargo.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Admitida la tutela por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, el director técnico de la dirección jurídica del Ministerio
de Salud y Protección Social, alegó que dicho Ministerio no estaba
legitimado en la causa por pasiva, toda vez que no existe imputación
jurídica que le asigne algún tipo de responsabilidad, asimismo, solicitó se
declarara improcedente la acción de tutela toda vez que no es la entidad
competente para resolver la solicitud del accionante.

2.2. La titular del Juzgado Décimo Tercero Administrativo de
Cartagena, solicitó la desvinculación del proceso toda vez que no vulneró
derecho fundamental alguno, en razón a que la providencia que se
cuestiona no fue proferida por ese juzgado, y destaca que solo obedece
lo resuelto por su superior funcional.

2.3. La titular del Tribunal Administrativo de Bolívar, allegó escrito
de contestación de la tutela de la referencia de forma extemporánea y por
ende no fue tenido en cuenta por el juez de tutela de primera instancia.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo de 19 de octubre de 2023, el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, negó el amparo al considerar que la providencia
cuestionada no incurrió en desconocimiento del precedente ni violación
directa de la constitución, toda vez que “[…] la decisión del Tribunal
Administrativo de Bolívar se fundamentó en el estudio razonable de los
hechos, las pruebas allegadas al proceso y la normativa aplicable al caso,
sin que se pueda evidenciar alguna actuación que afecte el procedimiento
o limite el acceso a las instancias o instrumentos judiciales de los
tutelantes.

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Así las cosas, se concluye que la providencia de 12 de agosto de 2022,
expedida dentro del proceso de reparación directa, no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, por cuanto no
se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso
ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya
una vía de hecho por violación directa a la Constitución, que amerite la
intervención del juez de tutela […]”.

De igual forma, manifestó el juzgador de primera instancia de tutela que
los argumentos de la parte actora demuestran es una inconformidad con la
decisión adoptada y, en suma, no logró probar que se presentó algún tipo
de irregularidad de orden constitucional, por lo cual consideró que lo que
pretende la actora es abrir una instancia adicional.

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y alegó que, no
se analizaron los artículos 4, 29, 229 y 230 de la constitución los cuales
fueron argumentos que sustentaron la acción de tutela, y a su vez, respecto
del desconocimiento del precedente judicial, indicó que “[…] las razones de
ser de la Sentencia de tutela T-456 del 2005, produce efectos vinculantes,
distintos a su parte resolutiva que sí produce efectos interpartes, tal y
como lo señaló la Corte Constitucional, al fijar las reglas en materia de
acatamientos de las razones de ser de sus sentencias, en la C-539 del
2011 […]”.

Para la actora no es admisible que no se fije como criterio aplicable a este
caso la sentencia T-456 de 2005, toda vez que este es el precedente
aplicable para este proceso de reparación directa, por ser afectados de la
irresponsabilidad del estado al momento de intervenir administrativamente
la Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena.

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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Karen Borre Durán, Guido del Carmen Zuñiga Ospino,
Wilson Humberto Arrieta Saa, Enrique Mario Vanegas Cadrazco, Juan
Pedro Zarco Paternina, Mayra Victoria Padilla Pérez, María Eugenia Pérez
Rodríguez, Fanny Olarte Pajaro, Wilder Blanco Correa, María del Rosario
Rodríguez Leones, Adalgiza del Socorro Quintero Echernique, Josefina
Teresa Melgarejo Camargo, Patricia Isabel Lorduy Zabala y Temilda Ester
García Martínez, solicitaron el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia que estimaron
vulnerados por la sentencia del 12 de agosto de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que revocó el fallo de 10 de julio de
2018, proferido por el Juzgado Décimo Tercero Administrativo de
Cartagena, y en su lugar denegó las pretensiones dentro del medio de
control de reparación directa, identificado con el núm. 13-001-33-33-013-
2013-00376-00/01

5.2.2. El Juzgado Décimo Tercero Administrativo de Cartagena, declaró
administrativamente responsables por la falla del servicio por omisión al
Departamento de Bolívar y al Ministerio de Salud y Protección Social y,
condenó a pagar a título de indemnización por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de daño emergente, el valor que está
pendiente por pagar, por concepto de salarios y prestaciones sociales
adeudados, a los demandantes como ex empleados del Instituto Clínica

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Oftalmológica Club de Leones de Cartagena de Indias, y a su vez, negó
las pretensiones de la demanda frente a determinados demandantes.

5.2.3. La anterior providencia fue apelada por los demandantes a los que
les fue negada las pretensiones, correspondiéndole al Tribunal
Administrativo de Bolívar, que mediante providencia de 12 de agosto de
2022, revocó la sentencia apelada y denegó las pretensiones de la
demanda, al considerar que en el proceso hubo deficiencia en el material
probatorio que imposibilitó la valoración o el estudio de los manejos que
realizó la entidad en liquidación y no se pudo determinar la falla en el
servicio alegada por los demandantes.

Asimismo, aseveró que existen argumentos para determinar que el
Ministerio de Salud y Protección Social no está legitimado en la causa por
pasiva en el presente proceso y, además, que no se encontraron pruebas
que identifiquen el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo
endilgado al Departamento de Bolívar.

Finalizó indicando que “[…] Así entonces, siendo que no existe claridad
sobre el daño y su imputabilidad a las accionadas, es menester revocar la
decisión de origen y, en cambio, negar las pretensiones de la demanda
[…]”.

5.2.4. Los señores Karen Borre Durán, Guido del Carmen Zuñiga Ospino,
Wilson Humberto Arrieta Saa, Enrique Mario Vanegas Cadrazco, Juan
Pedro Zarco Paternina, Mayra Victoria Padilla Pérez, María Eugenia Pérez
Rodríguez, Fanny Olarte Pajaro, Wilder Blanco Correa, María del Rosario
Rodríguez Leones, Adalgiza del Socorro Quintero Echernique, Josefina
Teresa Melgarejo Camargo, Patricia Isabel Lorduy Zabala y Temilda Ester
García Martínez, interpusieron acción de tutela por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, como consecuencia de la anterior decisión.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

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5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación1,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20222, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

1
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
2
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideraron
vulnerados por la sentencia del 12 de agosto de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que revocó el fallo de 10 de julio de
2018, proferido por el Juzgado Décimo Tercero Administrativo de
Cartagena, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda en
el proceso de reparación directa promovido contra la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social y el Departamento de Bolívar identificado con
radicación No. 13-001-33-33-013-2013-00376-00/01.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia

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constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20193, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 4.

3
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
4
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

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5.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho5:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

5.3.2. Caso concreto

5.3.2.1. Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional,
además de lo dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con

5
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2.2. En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades expuestas
por el actor en sede de tutela giran en torno al posible desconocimiento
del precedente dado que, no tuvo en cuenta la sentencia C-029 de 2011
y en especial no aplicó la regla jurisprudencial dispuesta en la sentencia
T-456 de 2005 ambas de la Corte Constitucional, desconociendo de esta
manera el artículo 4 de la Constitución Política

En ese orden, se advierte que, frente al argumento planteado por la parte
actora correspondiente a la existencia de un posible desconocimiento del
precedente judicial, el juez de tutela de primera instancia consideró que
i) los precedentes citados por la parte actora no eran aplicables al caso

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bajo estudio y, ii) que no hubo suficiente carga argumentativa ni
probatoria, que demostrara la configuración de este defecto y en
consecuencia negó el amparo solicitado.

No obstante lo anterior, esta Sala considera que el presunto
desconocimiento de precedente judicial presentado por la parte actora no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en atención a que la
sentencia del 19 de noviembre de 20216, sostuvo que la acción de tutela
contra providencia judicial en la que se alega el desconocimiento del
precedente exige, como carga argumentativa mínima, que se
identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas y subreglas
jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la sentencia
invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y (iii) los
problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, los demandantes se limitaron a invocar las
sentencias T-456 de 2005 y la C-029 de 2011 de la Corte Constitucional,
pero sin identificar el problema jurídico que allí se resolvió, ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados en ese caso, para acreditar que
las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables
a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó el tribunal demandado,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

6
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04306 01
Accionante: Karen Borre Durán y otros

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar al precedente que a su juicio le resultaba más
favorable.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con el derecho fundamental
cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, declarará la
improcedencia del amparo.

5.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 19 de
octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B, que negó el amparo de tutela y, en su lugar la declarará
improcedente al constatar la ausencia del requisito de relevancia
constitucional.

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04306 01
Accionante: Karen Borre Durán y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 19 de octubre de 2023, dictada por
el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, que negó el
amparo de la acción de tutela y, en su lugar la DECLARARÁ
IMPROCEDENTE por las razones expuestas en esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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