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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04316-00

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04316-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Fabián Andrés Aguilar Guzmán, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso Nro. 11001-03-15-000- 2023-02187-01. Sentencia del 7 de septiembre de 2023. C.P. Milton Chaves García. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00 Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04316-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

11 de octubre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00
Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04316-00
Demandante FABIÁN ANDRÉS AGUILAR GUZMÁN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA PRIMERA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y por
violación directa de la constitución. Reajuste de subsidio familiar
Decreto 1794 de 2000. Soldado profesional.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán, quien
actúa a través de apoderada judicial, de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 11 de agosto de 20231, el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
“1. Se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, tutela judicial efectiva, debido
proceso y garantía de la confianza legítima en el sistema de justicia del señor FABIAN
ANDRES AGUILAR GUZMAN.
2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se declare
la NULIDAD de la sentencia en mención, en cuanto negó el reconocimiento y reajuste del
subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 del 2000.
3. Que una vez ordenada la Nulidad se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo
Del Caquetá, proferir nueva sentencia dentro del expediente No. 18001-33-33-001-2020-
00406-01 y en su lugar proceda a preferir fallo aplicando los efectos ex tunc de la
sentencia que declaro la nulidad del decreto 3770 de 2009, concediendo el derecho al
Subsidio familiar como lo establece el decreto 1794 de 2000.”

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1 Samai. índice 2. Fecha de radicación de la tutela a través del aplicativo de tutelas en línea de la Rama
Judicial.
2 Samai. índice 2.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00
Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

2.1. El señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán ingresó a las Fuerzas Militares de
Colombia en el año 2007, como soldado profesional.

2.2. El 2 de enero de 2014, el accionante declaró unión marital de hecho con la
señora Viviana Alexandra Castillo Muñoz. Motivo por el cual, le fue reconocido
el subsidio familiar establecido en el Decreto 1161 de 2014, el cual le fue
asignado en un total del 23%, correspondiendo el 20% por la unión marital y
el 3% por su hija.

2.3. El 31 de julio de 2018, el señor Aguilar Guzmán presentó solicitud de
reliquidación del subsidio familiar ante el Ministerio de Defensa, Ejercito
Nacional, toda vez que, consideró debía aplicársele lo establecido en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

En respuesta a la anterior solicitud, el demandado profirió el Oficio Nro.
20183111965071: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10
del 11 de octubre de 2018, mediante el cual, negó la reliquidación del subsidio
familiar solicitado por el señor Aguilar Guzmán.

2.4. Por lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán demandó a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, pretendiendo la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo
configurado en relación con la petición fechada el 31 de julio de 2018 y el acto
administrativo contenido en el Oficio Nro. 20183111965071: MDN-CGFM-
COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10 del 11 de octubre de 2018. A
título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento y pago del
reajuste salarial junto con las prestaciones de ley, a partir del 1° de diciembre
de 2007, incluyendo el retroactivo del subsidio familiar, el cual debía ser
liquidado de conformidad con el Decreto 1794 de 2000.

2.5. El medio de control fue conocido en primera instancia por el Juzgado Primero
Administrativo de Florencia bajo el radicado Nro. 18001-33-33-001-2020-00406-
00, que, mediante sentencia el 26 de agosto de 2022 negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas al demandante.

Como fundamento de su decisión, señaló que, respecto del reajuste salarial
del 20%, el requisito para devengar un salario mínimo incrementado en un
60%, era haber contado con la calidad de soldado voluntario, y posteriormente
haber sido escalafonado como soldado profesional, situación que no se
cumplió en el caso del señor Fabián Andrés dado que ingresó a la institución
el 19 de noviembre de 2007 en calidad de soldado profesional.

A su vez, señaló que frente al reajuste del subsidio familiar, no fue posible
realizar el estudio del caso, dado que el proceso carecía de material probatorio
que indicara la fecha en la cual el demandante consolidó la unión marital de
hecho, pues la sola manifestación en la demanda no era suficiente para tenerla
por cierta.

2.6. La anterior decisión que fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, que en sentencia del 24

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de marzo de 2023 la confirmó3, al considerar que del material probatorio
obrante en el expediente no era posible tener certeza de la fecha de
constitución de la unión marital de hecho, aspecto relevante para definir si al
demandante le asistía el derecho que invocaba desde sede administrativa, por
lo que, no se cumplió con el deber de probar los supuestos de hecho, de
conformidad con el artículo 167 del CGP.
3. Fundamentos de la acción

El señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán consideró que en el caso en estudio se
cumplen con todos los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, y precisó que la sentencia del 24 de marzo de 2023
dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 18001-33-33-
001-2020-00406-00/01, incurrió en defecto fáctico y por violación directa de la
constitución. Los argumentos del accionante se exponen a continuación.

3.1. Defecto por violación directa de la Constitución. Precisó que el Tribunal vulneró
sus derechos a la igualdad, al debido proceso y el principio de confianza
legitima en el sistema de justicia, pues se le reconoció el subsidio familiar de
conformidad con el Decreto 1161 de 2014, en un monto del 23%, sin embargo
afirmó que el reconocimiento tuvo lugar el 2 de enero de 2014, momento en el
cual debía aplicarse el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, en razón al efecto
ex tunc de la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por la Subsección B,
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009.

3.2. Defecto fáctico. Señaló que se incurrió en este defecto en una dimensión
negativa, dado que el Tribunal omitió valorar algunos documentos,
concluyendo en la sentencia cuestionada que del material probatorio obrante
en el expediente no se advertía el nombre de la compañera permanente, ni la
fecha de constitución de la unión marital de hecho, supuestos que debían ser
probados por el demandante, y que eran relevantes para determinar el
reconocimiento del derecho.

Al respecto, el accionante indicó que, en el expediente obra el extracto de la
Hoja de Vida en el que se advierte que el 2 de enero de 2014 declaró la unión
marital de hecho con la señora Viviana Alexandra Castillo Muñoz, y que
mediante la orden administrativa de personal Nro. 1350 del 15 de marzo de
2017, con novedad fiscal del 30 de junio de 2016, se le reconoció el subsidio
familiar en un 20%.

Adicionó, que en la sentencia cuestionada se trascribió apartes del Oficio Nro.
38, por medio del cual el Ejército Nacional dio respuesta a una petición en
donde se mencionaba que al señor Aguilar Guzmán se le reconoció el 23% del
subsidio familiar discriminado así: “[…] 20% corresponde a la unión marital de hecho
con la señora VIVIANA ALEXANDRA CASTILLO MUÑOZ mediante Orden Administrativo de
Personal No. 1350 del 15 de marzo de 2017, con novedad fiscal 30 junio de 2016.” “3% a la
menor hija ANA ISABEL AGUILAR MONTIEL mediante Orden Administrativa de Personal No.
1527 del 30 de mayo de 2015, con novedad fiscal 31 de marzo de 2015 […]”, documentos

3 Se precisa que la información que obra en los numerales 9 y 10 de los hechos planteados en el escrito de
tutela no corresponden al proceso de referencia, por lo que puede corresponder a un error de transcripción.

3

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Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

públicos que no fueron tachados de falsos y de los cuales se presume su
autenticidad.

Finalmente indicó que el Tribunal erró al no dar por probada la fecha de
constitución de la unión marital de hecho que obraba en la ficha bibliográfica –
folio 38-, documento que resulta ser determinante, pues ese fue el argumento
del Tribunal para no estudiar la aplicación de los efectos ex tunc de la
sentencia del 8 de junio de 2017 proferida por la Subsección B, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 17 de agosto de 20234, se admitió la demanda de tutela, se ordenó
notificar a las partes, vincular como terceros con interés a la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional y al Juzgado Primero Administrativo de
Florencia y se reconoció como apoderada a la señora Elizabeth Moreno
Angarita.

4.2. Posteriormente en providencia del 7 de septiembre de 2023, el despacho
ponente dispuso notificar al Tribunal Administrativo del Caquetá, dado que el
correo electrónico enviado inicialmente se remitió de forma errada a la Oficina
de Soporte Técnico del Tribunal Administrativo de Florencia, razón por la cual
se consideró que el despacho no había rendido informe.

4.3. El Juzgado Primero Administrativo de Florencia5, realizó un breve recuento
del trámite que surtió el expediente Nro. 18001-33-33-001-2020-00406-00/01
en primera y segunda instancia. Señaló que todas las decisiones que se
adoptaron en el proceso fueron sustentadas en la jurisprudencia aplicable al
caso y en las pruebas que obraban en el expediente, por lo que, consideró que
no existía vulneración alguna de derechos fundamentales.

A su vez, adjuntó el enlace y copia de los documentos, para consultar el
expediente ordinario.

4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional y el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión, a pesar de ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

4 Samai, índice 4.
5 Samai. índice 8.
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7 y especiales8 que
deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será
procedente.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si esta acción
cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad.

En caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 24
de marzo de 2023, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado Nro.
18001-33-33-001-2020-00406-00/01, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Primera de Decisión, incurrió en defecto fáctico, por ausencia de valoración de
algunos documentos obrantes en el expediente.

De considerar que se incurrió efectivamente en el defecto mencionado, se
procederá a analizar la incidencia de tal valoración probatoria en la decisión de
segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para
determinar la existencia de la posible vulneración de derechos fundamentales.

7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso Nro.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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4. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional

Lo primero es indicar que en el caso concreto se cumplieron los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque
(i) la solicitud de amparo se presentó en un término razonable, dado que fue
radicada el 11 de agosto de 2023 y la sentencia que se acusa se notificó el 14 de
abril de 202310; (ii) en el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos
y de los defectos de los que la parte actora considera que adolece la providencia;
(iii) contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que
permita la protección de los derechos que se estiman desconocidos; (iv) el caso
comporta relevancia constitucional, porque se aduce la vulneración de derechos
fundamentales que tienen como presunta causa una providencia judicial de segunda
instancia, en relación con las premisas fácticas en las que la autoridad judicial
accionada fundamentó su decisión. Y si bien en ambas instancias del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se negaron las pretensiones de la
parte actora, se advierte que las razones que le asistieron al juez de primer grado
difieren de las del Tribunal de segunda instancia, motivo por el cual no se advierte
una reiteración de argumentos; y (v) finalmente, se advierte que la providencia
cuestionada no corresponde a una decisión dictada en trámite de tutela.

5. Defecto fáctico y análisis del caso

5.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se
ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo probatorio en
que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente
inadecuado para el caso concreto11.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que, la acción de tutela contra
providencias judiciales es de carácter “estrictamente excepcional”12 a fin de
proteger los principios de autonomía, especialidad e independencia judicial,
así como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. En consecuencia, es
pacífico concluir que los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Dicho esto, es dable declarar que el estudio de la acción de tutela adquiere
especial connotación y se torna más riguroso frente al defecto fáctico, pues es
pacífico13 que el juicio de valoración probatoria desplegado por el juez natural
de la causa está prevalido de un amplio margen de discrecionalidad propio del
sistema de libre valoración acogido en el Código General del Proceso 14.

10 Samai, índice 13. Constancia de ejecutoria. Expediente Nro. 18001-33-33-001-2020-00406-01.
11 Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en
una vía de hecho, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
12 Sentencia SU215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU129 de 2021. M.P. Jorge Enrique Ibáñez (párr. 56);
sentencia SU132 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; sentencia T-117 de 2013 M.P. (acápite 3.4)
14 Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.

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Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, es decir,
no equivale a arbitrariedad o capricho, lo que implica es que corresponde al
juez de la causa analizar y establecer si una hipótesis fáctica está o no
respaldada en las pruebas del proceso. En este ejercicio de análisis y
apreciación debe servirse de las reglas de la sana crítica 15 y la exigencia de
necesidad de la prueba y motivación de la decisión.

Establecido lo anterior, es útil recordar que el defecto fáctico16 tiene dos
dimensiones: la negativa que se produce por omisiones del juez, como por
ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso17; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión18; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo19.
La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión20;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia21.
5.2. El accionante afirma que el Tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico
porque no valoró dos documentos que, en su concepto, eran relevantes para
determinar la procedencia de la aplicación a su caso, del artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, dentro del proceso ordinario.
Los mencionados documentos son los siguientes: (i) la ficha bibliográfica
visible a folio 38, y (ii) la valoración del Oficio Nro. 20183111965071: MDN-
CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1-10.
5.3. Sea lo primero indicar que, al presentar el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia en el medio de control, el demandante planteó
un argumento dirigido a debatir la afirmación realizada por el juzgado, en la
cual, la autoridad judicial señaló que no era posible realizar el estudio del caso
pues carecía de “material probatorio que nos indique la fecha en la cual el demandante
consolido la unión marital de hecho, pues la sola manifestación de la demanda no es
suficiente para tener por cierta la fecha”. Esto dado que el juez consideró que no se
allegó prueba que acreditara tal condición.
Al respecto, el señor Fabián Andrés mencionó que no era cierto que no se
hubiera acreditado la fecha de la unión marital de hecho, pues esta información
estaba visible en la ficha bibliográfica que se anexó junto con la demanda en
el folio 38. Añadió que si bien no contaba con la escritura pública de
constitución de la unión marital, la fecha que reposaba en ese documento fue
diligenciada por la misma entidad demandada, luego de que él reportara el

15 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
16 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
17 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
19 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-417 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
20 Ibidem. Óp. Cit. 10
21 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-226 de 2013. C.P. Alexei Julio Estrada.

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cambio del estado civil, para lo cual, en su momento allegó ante el Ejército
Nacional el documento correspondiente.
Frente a tal argumento, el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera
de Decisión, en sentencia de segunda instancia, señaló que no
necesariamente debía aportarse la escritura pública de constitución de unión
marital, por cuanto ese aspecto podía establecerse de la información laboral
reportada por el Ejército Nacional. Sin embargo, revisada la ficha bibliográfica
únicamente aparecía en el ítem de estado civil “unión marital de hecho”, sin
más información, por lo que se advertía la ausencia de datos como el nombre
de la compañera o la fecha de constitución de la unión. Agregó que, tampoco
podría acreditarse esa información desde la respuesta contenida en el acto
demandado, dada la falta de certeza de la fecha de constitución de la unión
marital de hecho. Esto en los siguientes términos:
“[…] tampoco podría tenerse por acreditada tal información desde la respuesta contenida en
el acto administrativo cuestionado frente a la negativa del subsidio familiar, ya que aunque se
señale allí que actualmente tiene reconocida dicha prestación en el equivalente al 20% por la
unión marital de hecho con la señora VIVIANA ALEXANDRA CASTILLO MUÑOZ, según OAP
N° 1350 del 15 de marzo de 2.017, con novedad fiscal 30 de junio de 2.016, resulta evidente
la falta de certeza de la fecha de constitución de dicha unión; por lo que no podría accederse
a lo pretendido únicamente con la indicación de la fecha referida en la demanda, en tanto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 167 del CGP, incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, lo que
no ocurre en este proceso. […]”

Añadió el Tribunal que no le correspondía al Ejército Nacional probar la fecha
de constitución de la unión marital de hecho, pues esta entidad probó lo que
le correspondía, en este caso, que el actor devengó el subsidio familiar desde
el año 2016, lo que demostraba la existencia de una situación jurídica
consolidada, afirmación que le correspondía desestimar a la parte actora.
Por lo que, el ad quem consideró innecesario establecer si al señor Aguilar
Guzmán le asistía derecho de obtener el reconocimiento del subsidio familiar
bajo la aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, pues no se acreditó
que su derecho hubiera nacido antes de la entrada en vigor del Decreto 1161
de 2014.
El actor presentó la acción de tutela de la referencia para cuestionar la posible
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
dado que, en su criterio, el Tribunal no valoró la ficha bibliográfica visible a folio
38 y el Oficio Nro. 20183111965071: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPER-1-10; documentos con los cuales acreditaba su estado civil, la
fecha de constitución de la unión marital de hecho, el nombre de su compañera
permanente, el porcentaje de subsidio familiar reconocido y el número de la
Orden Administrativa de Personal, con la fecha de la novedad fiscal.
5.4. Revisado el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho allegado al
presente trámite constitucional, advierte la Sala que, el Tribunal realizó una
valoración probatoria de los documentos allegados, y en la providencia
cuestionada enumeró y analizó el contenido de estos en los acápites
denominados “De las pruebas allegadas al proceso” y en la “Solución del asunto”,
como se observa a continuación:
“[…] 3.3. De las pruebas allegadas al proceso.
Para resolver el del asunto, cuenta la Sala con el siguiente material probatorio:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04316-00
Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

• Oficio No. 20173171958201: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-
1.10 del 3 de noviembre de 2.017, suscrito por el Oficial Sección Nómina del Ejército
Nacional, mediante el cual se informa la cantidad de soldados profesionales que devengan
como soldados voluntarios.
• Copia de la petición presentada el 31 de julio de 2.018 por el actor, a través de apoderado
judicial, solicitando la reliquidación y reajuste del 20% del salario básico y de las
prestaciones sociales desde el ingreso a la institución como soldado profesional, así como
el reajuste del subsidio familiar.
• Oficio No. 20183111965071: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER DIPER-
1.10 del 11 de octubre de 2.018 suscrito por el Oficial Sección Ejecución Presupuestal del
Ejército Nacional, por medio del cual se negó el reconocimiento del subsidio familiar bajo
los parámetros del Decreto 1794 de 2.000, a saber: […]
• Constancia de tiempo de servicios del soldado profesional FABIAN ANDRÉS AGUILAR
GUZMAN, quien ingresó a ser soldado profesional desde el 1 de diciembre de 2.007 y
hasta el 17 de septiembre de 2.020. […]
• Certificación de nómina del soldado profesional FABIAN ANDRÉS AGUILAR GUZMAN en
el mes de agosto de 2.020, en el cual se hace constar, entre otras cosas, que devengó el
subsidio familiar en el equivalente al 23%.
• Ficha bibliográfica del soldado profesional AGUILAR GUZMAN, de la cual se resalta la
siguiente información -relevante para dirimir la presente causa procesal-, a saber:
[…]
En cuanto al reajuste del subsidio familiar señalado como el primer aspecto de inconformidad
en el recurso de alzada, la Sala ha de manifestar que comparte lo aducido por la juez de
primera instancia y pese a que no necesariamente tenía que aportarse la respectiva escritura
pública de constitución de la unión libre, por cuanto dicho aspecto se podía establecer de la
información laboral reportada por el Ejército Nacional, lo cierto es que revisado el material
probatorio ha de señalarse que si bien en la respectiva ficha bibliográfica del actor se reporta
como estado civil: el de unión libre, no hay ninguna otra información al respecto, pues no
aparece ni siquiera el nombre de su compañera permanente y menos aún, la fecha de
constitución de dicha unión; de suerte que ello obedece al aspecto más relevante
probatoriamente para definir si le asiste el derecho que invoca desde la sede administrativa y,
por ende, en esta sede judicial -vía recurso de alzada-. […]

Ahora bien, tampoco podría tenerse por acreditada tal información desde la respuesta
contenida en el acto administrativo cuestionado frente a la negativa del subsidio familiar, ya
que aunque se señale allí que actualmente tiene reconocida dicha prestación en el
equivalente al 20% por la unión marital de hecho con la señora VIVIANA ALEXANDRA
CASTILLO MUÑOZ, según OAP N° 1350 del 15 de marzo de 2.017, con novedad fiscal 30 de
junio de 2.016, resulta evidente la falta de certeza de la fecha de constitución de dicha unión
[…]”

Tal valoración probatoria partió de un error pues, verificado el contenido de la
ficha bibliográfica, en efecto se observa que en la primera parte se hace
referencia al estado civil del señor Aguilar Guzmán con la información “Unión
marital de hecho”, como se afirma en la sentencia de segunda instancia. Sin
embargo, en el segundo cuadro que obra en el mismo folio se incluye
información familiar del conyugue o compañero permanente, dentro del cual
se precisa el parentesco, el nombre, el numero de identificación, el lugar de
nacimiento, la clase de unión, la fecha del matrimonio, entre otros. Así:

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Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

Luego quiere decir que, en efecto el Tribunal Administrativo del Caquetá erró
al afirmar la inexistencia de tal información dentro del mencionado documento,
pues allí se encontraba. Sin embargo, tal situación no tiene un efecto decisivo
o determinante que pudiera modificar la decisión de segunda instancia, como
se pasa a explicar.

5.5. Lo primero que conviene decir es que, el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
creó el subsidio familiar a favor de los soldados profesionales, disposición que
fue derogada por el Decreto 3770 de 2009, sin embargo, posteriormente, fue
expedido el Decreto 1161 de 2014, que, a partir del 1° de julio de 2014, creó
nuevamente el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de
marina profesionales en servicio activo, que no lo percibían a la luz del Decreto
1794 de 2000.

Así, resulta pertinente indicar que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
sentencia del 8 de junio de 2017, declaró la nulidad total del Decreto 3770 de
2009, con efectos ex tunc, lo cual generó la reviviscencia de las disposiciones
normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y, que, valga
decir, en nada afectó la vigencia del Decreto 1161 de 2014.

Ahora bien, debe indicarse que tanto el juez de primera como el de segunda
instancia circunscribieron el debate judicial frente a la solicitud de reliquidación
del subsidio familiar, como se advierte en las pretensiones de la demanda,
aterrizándolo en la determinación de la fecha en la que se declaró la unión
marital de hecho con la señora Viviana Alexandra Castillo Muñoz, que en este
caso, como lo manifiesta el accionante y como se evidencia en el documento
antes mencionado, sería el 2 de enero de 2014, cuando aún estaba vigente el
Decreto 3770 de 2009 (anulado por sentencia del 8 de junio de 2017), y no se
acreditó en el proceso ordinario la fecha en la cual el señor Fabián Andrés
Aguilar Guzmán solicitó por primera vez el reconocimiento del subsidio lo que,

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Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

en criterio de esta Sala22, determinaría si se encontraba fuera o no de la
vigencia de esta última norma, o si eventualmente le fueran aplicables las
disposiciones del Decreto 1794 de 2000, en virtud de la norma de transición
que previó el decreto anulado.

5.6 Esto, dado que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
aportó la copia de la petición presentada el 31 de julio de 2018, que
corresponde a la solicitud de reajuste del subsidio familiar que ya venía
devengando, junto con la copia del Oficio No. 20183111965071: MDN-
COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER DIPER-1.10, por medio del cual se
negó el reconocimiento del reajuste del subsidio familiar bajo los parámetros
del Decreto 1794 de 2000. Pero no se allegó documento que probara la fecha
de la solicitud inicial que presentó el accionante y que dio lugar al
reconocimiento del subsidio familiar establecido en el Decreto 1161 de 2014,
el cual le fue asignado en un total del 23%, correspondiendo el 20% por la
unión marital y el 3% por su hija. Datos que son los que permiten determinar
la norma que rige su derecho al subsidio familiar.

Lo que quiere decir que, si bien el Tribunal incurrió en un error en la valoración
de la ficha bibliográfica, tan falencia por sí sola no acredita la fecha de la
primera solicitud que presentó el señor accionante ante el Ejército Nacional,
para que le fuera reconocido y pagado el subsidio familiar, lo que implica que
tal prueba no resulta determinante para modificar la decisión del Tribunal
Administrativo del Caquetá, pues era la fecha de la primera solicitud la que
permitiría determinar si era aplicable o no el Decreto respecto del cual se
solicitó el ajuste. Conforme a lo anterior, la Sala no encuentra acreditado un
defecto fáctico con vocación de incidencia en la sentencia del 24 de marzo de
2023, proferida en el medio de control Nro. 18001-33-33-001-2020-00406-00/01.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones formuladas en la acción
de tutela incoada por el señor Fabián Andrés Aguilar Guzmán, al no encontrarse
acreditado el defecto fáctico alegado.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Fabián Andrés
Aguilar Guzmán, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso Nro. 11001-03-15-000-
2023-02187-01. Sentencia del 7 de septiembre de 2023. C.P. Milton Chaves García.

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Demandante: Fabián Andrés Aguilar Guzmán

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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