Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04340-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04340-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04340-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
31 de agosto de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04340-00
de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas
• Archivo Central.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04340-00
Accionante: FUNDACIÓN THESEUS
Accionado: Presidencia de la República
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la FUNDACIÓN THESEUS, a
través de su representante legal y suplente, en contra de la Presidencia de la
República.
ANTECEDENTES
FUNDACIÓN THESEUS, a través de su representante legal y suplente, instauró
acción de tutela en aras de que se le ampare su derecho fundamental de petición.
HECHOS
Manifestó que el 2 de agosto de 2023 presentó ante la Presidencia de la
República petición, donde requirió información sobre la Agencia Nacional de
Tierras por sospechas de corrupción. El 9 del mismo mes y año la autoridad
accionada le indicó que la solicitud sería remitida a la Agencia, comoquiera que
lo pedido estaba relacionado con las funciones y actividades de esta.
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El accionante considera que la respuesta brindada por la accionada fue evasiva
e incongruente, pues las preguntas realizadas fueron dirigidas exclusivamente al
presidente de la República y no a la Agencia Nacional de Tierras, por lo tanto, no
había lugar a remitir dicha petición.
PRETENSIONES
Solicita que se le ampare su derecho fundamental de petición y, en consecuencia,
se le ordene a la Presidencia de la República dar respuesta a la petición del 2 de
agosto de 2023, de manera clara, completa, congruente y de fondo.
Adicionalmente, pidió dar aplicación al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 y
condenar en costas a la accionada, dada la renuencia injustificada en cumplir la
ley y la jurisprudencia.
TRÁMITE DEL PROCESO
La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 15 de agosto de 2023 se dispuso su admisión y se ordenó notificar a la
accionada.
POSICIÓN DE LA ACCIONADA
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República allegó
informe donde señaló que mediante los OFI23-00147487 / GFPU 12000000 del
9 y OFI23-00157341 / GFPU 12000000 del 24 de agosto de 2023, se dio
respuesta a la petición realizada el 2 del mismo mes y año, y se redirigió la
solicitud a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Tierras,
por ser las autoridades competentes.
Así las cosas, pidió que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado, por haber contestado de fondo el requerimiento realizado.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración del derecho
fundamental de la accionante, para lo cual se abordarán los siguientes temas: I)
derecho de petición, II) carencia actual de objeto por hecho superado y III) caso
concreto.
I) Derecho de petición
En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas, para
que puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta; adicionalmente, este
derecho comprende no sólo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que
las solicitudes se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna.
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la respuesta a las
solicitudes que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir
los siguientes requisitos: ser oportuna, resuelta de fondo, clara, precisa y
congruente con lo pedido, así como ser puesta en conocimiento del titular;
además, ha precisado que la respuesta no significa que se acceda a lo solicitado.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con
el término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos
y señalar el término en el cual se dará la contestación. Asimismo, en el evento en
que la petición se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá
remitirla al que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.
De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de
petición con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones
de los particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en
relación con las solicitudes de los ciudadanos van en contra del cumplimiento de
los deberes de los funcionarios públicos de resolver de manera oportuna las
peticiones provenientes de los particulares.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
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manifestación adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para
la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta al interesado.
II) Carencia actual de objeto por hecho superado
Ha establecido la Corte, que si durante el trámite de la acción de tutela, la
situación que da origen a la misma es superada, desapareciendo los hechos
que vulneraban los derechos reclamados, pierde objeto la acción de tutela y
debe declararse el hecho superado:
“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional
pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección
judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico
resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo
constitucionalmente previsto para esta acción”1.
“Frente a estas circunstancias la Corte ha entendido que: el hecho superado se
presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el requerimiento del actor en
la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de objeto
el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido la
expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en la tutela”2.
III) Caso concreto
La FUNDACIÓN THESEUS solicitó la protección de su derecho fundamental de
petición, cuya vulneración atribuye a la Presidencia de la República, ante la
respuesta evasiva e incongruente que brindó a la petición elevada el 02 de agosto
de 2023, mediante la cual requirió lo siguiente:
“1. Por favor, informe si, en calidad de presidente de la república o por intermedio
de terceras personas, ha ordenado de forma verbal o escrita a los funcionarios de
la Agencia Nacional de Tierras, responsables de la compra y asignación de predios
para el cumplimiento de los acuerdos de paz y la reforma agraria, limitar el acceso
público a la información de los expedientes de adquisición de predios (estudios de
títulos, propuestas económicas, levantamientos topográficos, etc.) catalogando
dicha información como reservada.
2. Por favor, informe si, en calidad de presidente de la república o por intermedio
de terceras personas, ha ordenado de forma verbal o escrita a los funcionarios de
1 Sentencia T-096 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
2 Sentencia SU-047 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Posición retomada en la sentencia T-047 de 2016.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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la Agencia Nacional de Tierras, responsables de la compra y asignación de predios
para el cumplimiento de los acuerdos de paz y la reforma agraria, ocultar,
distorsionar o modificar las transacciones relacionadas con la adquisición de
dichos bienes.
3. Por favor, informe si como presidente de la república ha impartido directrices u
órdenes para garantizar la transparencia y el acceso a la información respecto a la
compra de predios destinados al cumplimiento de los acuerdos de paz y la reforma
agraria que adelanta su gobierno.
4. Por favor, informe cuál es su apreciación personal frente al hecho de que la
Agencia Nacional de Tierras mantenga secretismo y reserva respecto a la compra
de predios destinados al cumplimiento de los acuerdos de paz y la reforma agraria
que adelanta su gobierno.
5. Por favor, informe si tiene conocimiento de hechos que relacionen la recepción
de (comisiones de dinero) por parte de algunos funcionarios de la Agencia Nacional
de Tierras, como contraprestación por escoger, avalar y aceptar los predios
presentados en las ofertas de venta voluntaria presentadas a la Agencia Nacional
de Tierras.
6. Por favor, informe si ha ordenado de forma verbal o escrita la declaración de
insubsistencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras por sospechas de
corrupción relacionadas con sus funciones.”
Mediante el OFI23-00147460/ GFPU 12000000 del 9 de agosto de 2023 la
accionada le contestó a la fundación que como la información solicitada estaba
relacionada con las funciones y actividades de la Agencia Nacional de Tierras, la
petición sería enviada a esta, para lo pertinente3.
A través del OFI23-00157257 / GFPU 12000000 del 24 de agosto de 2023 la
accionada le dio alcance a la anterior contestación, para lo cual expuso que la
solicitud relacionada con “los presuntos actos delictivos por parte de funcionarios
de la Agencia Nacional de Tierras”, sería remitida4 a la Fiscalía General de la
Nación, para lo de su competencia.
Asimismo, la Presidencia de la República precisó que:
“frente a las demás solicitudes sobre temas de la Agencia Nacional de Tierras, es
preciso señalar que el Primer Mandatario no interviene en las decisiones internas
de la entidad, teniendo en cuenta que es una Agencia estatal de naturaleza
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y
3 A través del OFI23-00147487/ GFPU 12000000 del 9 de agosto de 2023 se le envió la petición al director
de la Agencia Nacional de Tierras – ANT.
4 Mediante el OFI23-00157341 / GFPU 12000000 del 24 de agosto de 2023 se le envió la petición a la
Fiscalía General de la Nación
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financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima
autoridad de las tierras de la Nación en los temas de su competencia.”
Dicho lo anterior, sea del caso mencionar que la Corte Constitucional, en la
sentencia C 951 de 2014 señaló que, si bien la autoridad debe dar respuesta de
fondo a las peticiones, esto no significa que se vaya a acceder a lo solicitado,
veamos:
“Ahora bien, en materia de respuesta de fondo a las solicitudes, la Corte ha
advertido que la resolución de la solicitud no implica otorgar lo pedido por el
interesado. Lo anterior, en razón de que existe una diferencia entre el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, que consiste en que: “el derecho de petición se
ejerce y agota en la solicitud y la respuesta. No se decide propiamente sobre él
[materia de la petición], en cambio si se decide por ejemplo sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo invocado ante la administración para la adjudicación de
un baldío, el registro de una marca, o el pago de una obligación a cargo de la
administración5”. Así, el derecho a lo pedido implica el reconocimiento de un
derecho o un acto a favor del interesado, es decir el objeto y contenido de la
solicitud, la pretensión sustantiva. Por ello, responder el derecho de petición
no implica otorgar la materia de la solicitud.” (negrilla fuera de texto original)
Aunado a lo anterior, la Corte precisó que la falta de competencia de la autoridad
requerida, no la exime de dar respuesta, sino que esta deberá a) fundamentar
porque no está facultada; b) remitir la petición a quien tiene la potestad para
resolver el asunto y, c) informar al peticionario de esto.
“Incluso, esta Corporación ha precisado que la falta de competencia de una
autoridad para desatar un asunto no sirve de sustento para desatender un derecho
de petición. En esos eventos, la administración deberá fundamentar la carencia de
competencia, remitir a la entidad que tiene la potestad para tramitar el asunto e
informar de esa decisión al peticionario6. Con el cumplimiento de esas condiciones,
la autoridad satisface el derecho de petición: “Para la Corte, la simple respuesta
de incompetencia constituye una evasiva a la solicitud, con lo cual la administración
elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira
la función administrativa”
5 Sentencias T-242 de 1993 y C-510 de 2004.
6 Sentencias T-628 de 2002 y T-760 de 2009.
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Al respecto, la Sala advierte que mediante los OFI23-00147460/ GFPU 12000000
del 9 y OFI23-00157257 / GFPU 12000000 del 24 de agosto de 2023, la
Presidencia de la República dio respuesta de fondo a la petición del 2 del mismo
mes y año, dado que fundamentó su carencia de competencia, bajo el entendido
que, por un lado, no interviene en las decisiones internas de la Agencia Nacional
de Tierras, por ser esta una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, técnica y financiera y, por otro lado, que los presuntos
actos delictivos son competencia de la Fiscalía General de la Nación.
De igual forma, la Subsección observa que la accionada mediante los OFI23-
00147487/ GFPU 12000000 del 9 y OFI23-00157341 / GFPU 12000000 del 24
de agosto de 2023 remitió la petición a la Agencia Nacional de Tierras y a la
Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia y le informó esta
decisión a la fundación, tal y como esta lo puso de presente en el escrito de la
tutela.
Con los elementos relacionados, la entidad accionada dio respuesta a la
solicitud del 02 de agosto de 2023 y de esta manera se superó la vulneración
del derecho de petición.
En consecuencia, encontrándose la carencia actual de objeto respecto del
derecho de petición y no acreditándose la vulneración de otros derechos por
parte de la accionada, la Sala declarará el hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Se declara la carencia actual de objeto por hecho superado, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase
el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
HAPC
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