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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04350-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04350-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado - Sección Quinta, que declaró la improcedencia del amparo por falta del presupuesto de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04350-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

13 de diciembre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 04350 01
Accionante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04350 01
Accionantes: ERIKA JOHANA CAMPO CHASOY Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
los demandantes pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 28 de septiembre de 2023, dictado por el Consejo de Estado -
Sección Quinta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los señores Erika Johana Campo Chasoy, Luz Mariela Chasoy Piamba,
Sandra Yulieth y James Andrés Campo Chasoy, Luz Marina, Santiago y
Amparo Campo Campo, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron
el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la “reparación integral”, que
estiman vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera
• Subsección C, que revocó el fallo del 3 de marzo de 2021, dictado por el
Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y en su lugar declaró la falta de

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Accionante: Erika Johana Campo Chasoy y otros

legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), dentro del proceso de reparación directa que se
identificó con la radicación 11001-33-36-037-2017-00203-01.

1.2. Los demandantes manifiestan que, en el referido medio de control de
reparación directa, reclamaron la indemnización de los perjuicios causados
por la muerte del señor Robert James Campo Campo, causada por la falta
de atención médica adecuada, luego de sufrir un golpe en la cabeza
producto de una caída1, mientras se encontraba recluido en el
establecimiento penitenciario y carcelario La Esperanza del municipio de
Guaduas (Cundinamarca).

Señalan que el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia
del 3 de marzo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda al
considerar que, frente al fuerte golpe que sufrió el recluso en la cabeza,
lo propio era mantenerlo en observación durante seis a ocho horas, lo
cual no se hizo, sino que fue enviado a su celda. Por lo tanto, al día
siguiente, cuando fue hallado inconsciente, había perdido la oportunidad
de recuperación y finalmente falleció.

Informan que el INPEC apeló la decisión y anexó copia de los contratos
de aseguramiento celebrados con Caprecom EPS, para la prestación del
servicio de salud a los reclusos. Señalan que, mediante proveído del 8 de
febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera - Subsección C2, con fundamento en los documentos presentados
por el Inpec, revocó la decisión apelada y declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva material de la apelante, pues quien
prestó el servicio al señor Robert James Campo Campo fue la mencionada
EPS y, en consecuencia, era ésta la llamada a responder por las alegadas
fallas en la prestación del servicio médico.

1
Ocurrida el 27 de septiembre de 2015.
2
Notificada el 1º de marzo de 2023.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013336037201700203012
500023

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1.3. Los demandantes alegan que la anterior decisión incurrió en los
siguientes defectos:

1.3.1. Defecto fáctico, porque al proceso no se allegó el contrato
suscrito entre el Inpec y Caprecom EPS, que estuviera vigente a la época
de los hechos, por lo que el tribunal no podía dar por probada la existencia
de ese vínculo, ni que fuera dicha entidad de salud la responsable de
brindar la atención adecuada a la víctima, máxime cuando el contrato
estatal es solemne. A esa conclusión, enfatizó, no podía llegarse
únicamente con fundamento en el testimonio del señor Adán Darío
Ceballos Agudelo y en la historia clínica de enfermería e interconsultas.

1.3.2. Defecto sustantivo por (i) desconocimiento de las resoluciones
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y del artículo 104
de la Ley 65 de 1993, que establecen las condiciones para la prestación
de los servicios de salud a la población carcelaria; (ii) desconocimiento
del artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
establece el derecho a la integridad personal; (iii) falta de aplicación del
numeral 10º del artículo 18 y de los numerales 5º y 7º del artículo 19 del
Decreto 4151 de 2011, que establecen como funciones del INPEC la
supervisión, auditoría y monitoreo de la prestación de los servicios de
salud a la población privada de la libertad, y (iv) interpretación errónea
de las Leyes 1122 de 2007 y 1709 de 2014 y del Decreto 2496 de 2012,
al concluir que los servicios de salud a la población carcelaria deben ser
brindados por una EPS a la cual se encuentran afiliados.

1.3.3. Desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional3 y
del Consejo de Estado4, relacionado con las obligaciones del INPEC en
cuanto a la prestación de los servicios de salud a la población carcelaria y

3
Al respecto, citaron la Sentencia T-703 de 2003.
4
Al respecto, citaron, entre otras: “Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. M.P. Alberto Montaña Plata. Radicación: 05001-23-31-000-
2001- 02612-01(45949)”; “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Consejero ponente: Alberto Montaña Plata, Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veinte
(2020), Radicación: 05001-23-31-000-2005-00616-01(50348)”; “Radicación número: 68001-23-31-000-
2011-00845-01 (56.281) de fecha ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022) Consejera ponente: María
Adriana Marín”, y “Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, subsección C,
del 9 de julio de 2014. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, rad interno 36554”.

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a la responsabilidad por los daños derivados de dicha actividad y de la
falta de vigilancia y control sobre los centros médico-asistenciales.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Tercera - Subsección C, ponente de la sentencia del 8 de febrero
de 2023, alegó que la tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues los demandantes se limitan a señalar los derechos
fundamentales que consideran vulnerados, pero sin sustentar de manera
clara y concreta la importancia de la discusión que plantean, desde el
punto de vista de la Carta Política.

En cuanto al supuesto defecto fáctico, alegó que, si bien es cierto que al
plenario no se allegó el contrato suscrito entre el INPEC y Caprecom EPS,
eso no impedía que el tribunal valorara otras pruebas que le permitieran
concluir que, para la época de los hechos, el encargado de la prestar los
servicios médicos a los reclusos era dicha entidad promotora de salud.

En cuanto al defecto sustantivo, adujo que el tribunal había interpretado
razonablemente las disposiciones que regían el asunto para concluir que
el INPEC únicamente tenía la obligación de afiliar a la población privada
de la libertad a una EPS del régimen subsidiado, la cual asume la
responsabilidad de prestarle los servicios de salud. Agregó que
actualmente no existe, como anteriormente ocurría, un área de sanidad
atendida por un médico de planta del INPEC, y que, si bien esa entidad
tiene a cargo la supervisión de las instituciones de salud, esto no la hace
responsable de la prestación de los servicios, pues el riesgo transferido
por el usuario lo asume la EPS.

Finalmente, adujo que la decisión objeto de tutela no incurrió en
desconocimiento de los precedentes invocados en la demanda, porque
éstos no son aplicables al caso, si se tiene en cuenta que se refirieron a
hechos diferentes a los que en este se discutieron.

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2.2. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y el INPEC guardaron
silencio.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 28 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado - Sección
Quinta declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, al considerar que la controversia planteada en la demanda
no giraba en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

Señaló que, si bien los demandantes identificaron las providencias que
contienen el precedente que a su juicio se desconoció, no identificaron la
regla de derecho que resulta aplicable al caso, ni expusieron por qué éstas
resultaban aplicables a su situación particular.

IV. IMPUGNACIÓN

Los demandantes impugnaron la sentencia de primera instancia. Alegaron
que en el escrito de tutela señalaron claramente las razones por las cuales
la sentencia controvertida vulneró sus derechos fundamentales, esto es,
que no se realizó una adecuada valoración de las pruebas y que no se
atendieron los parámetros de decisión aplicables a los eventos en los que
se discute la responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio
salud en establecimiento de reclusión.

Enfatizaron que, contra las conclusiones del fallo impugnado, el escrito de
tutela sí expuso las razones por las cuales los precedentes invocados eran
aplicables al caso, esto es, que en éstos también se había discutido sobre
la falla en la prestación del servicio de salud a personas recluidas en centros
penitenciarios.

Por otra parte, señalan que el a quo no estudió los argumentos de la tutela,
los cuales reiteraron.

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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Los señores Erika Johana Campo Chasoy, Luz Mariela Chasoy
Piamba, Sandra Yulieth Campo Chasoy, James Andrés Campo Chasoy, Luz
Marina Campo Campo, Santiago Campo Campo y Amparo Campo Campo
instauraron demanda de reparación directa contra el INPEC, con la finalidad
de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la muerte del
señor Robert James Campo Campo, causada por la falta de atención médica
adecuada, luego de sufrir un golpe en la cabeza producto de una caída,
mientras se encontraba recluido en el establecimiento penitenciario y
carcelario La Esperanza.

5.2.2. El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 3
de marzo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda. La anterior
providencia fue apelada por el INPEC y, mediante proveído del 8 de
febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera - Subsección C la revocó y en su lugar declaró probada la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad demandada.

5.2.3. La parte actora interpuso acción de tutela al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales por la anterior decisión.

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5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

5.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

5.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al determinar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Con la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional6 hizo énfasis en
“la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales
satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su
razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad
tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”.
Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
6
M. P. Natalia Ángel Cabo.

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En este caso, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la “reparación integral”, que estiman
vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de febrero de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección C, que recovó el fallo del 3 de marzo de 2021, dictado por el
Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y en su lugar declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del INPEC, proceso que se identificó con
la radicación 11001-33-36-037-2017-00203-01.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar si la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

5.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discute resulta
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primer requisito general de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales es que el asunto que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,

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esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta decisión, el concepto de la relevancia ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la sentencia SU–573
de 20197, el alto tribunal explicó que este requisito busca tres objetivos:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 8.

5.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o

7
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
8
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.

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recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho9:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia que viene de citarse, cabe destacar que en el
fallo C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual

9
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

5.3.2. Caso concreto

La Sala advierte que las inconformidades planteadas en la tutela contra
la sentencia controvertida consisten en la configuración de: (i) un defecto
fáctico que radicaría en haber dado por probada la existencia un contrato
estatal entre el INPEC y Caprecom EPS, sin que se hubiera allegado el
documento físico del mismo, lo que era necesario por tratarse de un
negocio solemne, (ii) un defecto sustantivo por desconocimiento de las
normas que consagran el deber del INPEC de garantizar los servicios de
salud a la población carcelaria, y (iii) desconocimiento del precedente de
la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que se habrían referido
a la responsabilidad del INPEC en cuanto a la prestación de los servicios
de salud a los reclusos.

5.3.2.1. Para la Sala es claro que los argumentos en los que la demanda
de tutela sustentó el supuesto defecto fáctico se orientan simplemente a
controvertir la valoración probatoria efectuada por el tribunal accionado,
y constituyen la reiteración del debate que ya se agotó en el proceso

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ordinario respecto de a quién le correspondía la responsabilidad frente a
la prestación de los servicios de salud al señor Robert James Campo
Campo, como recluso de la cárcel de La Esperanza de Guaduas, para la
época de los hechos.

Lo anterior deja en claro que los demandantes sólo buscan ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado, esto es, pretenden que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
distinta resolución sobre el particular, pero sin proponer en torno a sus
argumentos una nueva discusión de índole propiamente constitucional,
por lo que es evidente que sólo quieren acceder a una instancia adicional.

5.3.2.2. Idéntica situación se presenta respecto del defecto sustantivo
alegado, pues es claro que los actores simplemente se encuentran
inconformes con las conclusiones a las que llegó el tribunal accionado en
cuanto a la entidad sobre la cual recaía la obligación legal de brindar los
servicios de salud al señor Campo Campo y que sólo buscan obtener un
nuevo pronunciamiento sobre el particular.

5.3.2.3. En cuanto al supuesto desconocimiento del precedente, se debe
tener en cuenta que esta Sala, en sentencia del 19 de noviembre de 2021,
sostuvo que en la acción de tutela contra providencia judicial en la que se
alega el desconocimiento del precedente, es necesario, como carga
argumentativa mínima10, identificar: (i) la providencia desconocida, (ii)
las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi
de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a
resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser
análogos o similares.

En el caso sub examine, la parte demandante se limitó a invocar varios
pronunciamientos de la Corte Constitucional y de esta corporación, pero
sin identificar el problema jurídico que en cada una de ellas se resolvió y

10
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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sin efectuar una comparación entre los hechos estudiados en esos casos
y los del sub lite, para acreditar que las reglas y subreglas contenidas en
la ratio decidendi le eran aplicables.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó el tribunal demandado,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo

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de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
argumentar que decidió sin tener en cuenta el alcance que, según su
parecer, le debió dar a las pruebas recaudadas en el proceso y a las
normas aplicables, y que no aplicó el precedente que a su juicio le
resultaba más favorable.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con los derechos
fundamentales cuya protección se solicitó en este caso. Siendo así, resulta
completamente innecesario el estudio sobre el posible cumplimiento de

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los restantes presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra
decisiones judiciales.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará el fallo impugnado,
que declaró improcedente la tutela, al constatar la ausencia del requisito
de relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de septiembre de 2023,
dictada por el Consejo de Estado - Sección Quinta, que declaró la
improcedencia del amparo por falta del presupuesto de relevancia
constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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