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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04351-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04351-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04351-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

30 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04351-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LA PRESENTE
ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE AMPARO POR NO CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la

sentencia de 20 de septiembre de 2023, mediante la cual la

SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 denegó el amparo de la referencia.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-04351-01
ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y al principio de favorabilidad en materia

laboral, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER2 al haber proferido la

providencia de 18 de abril de 2023, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 686793333003-2017-00019-01.

I.2.- Hechos

Afirmó que mediante Resolución núm. 635 de 15 de julio de 2014,

fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Auxiliar de Servicios

Generales de la Planta Global de la Dirección de Tránsito y Transporte

de Barbosa – Santander por el término de 6 meses.

2
En adelante el Tribunal

3

Número único de radicación: 110010315000-2023-04351-01
ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

Refirió que mediante acto administrativo de 15 de julio de 2016 se

dio por terminado su nombramiento en provisionalidad, el cual, a su

juicio, no se encontraba debidamente motivado.

Adujo que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio

de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el

Municipio de Barbosa y la Dirección de Tránsito y Transporte de

Barbosa, con el fin de que fuera reintegrada al cargo, proceso al cual

le fue asignado el número único de radicación 2017-00019-00.

Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado

Tercero Administrativo del Circuito de San Gil3 que, en sentencia de

26 de abril de 2019, denegó las pretensiones, al estimar que el acto

administrativo acusado estuvo debidamente motivado.

Relató que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia

de 18 de mayo de 2023, confirmó lo resuelto por el a quo, en la

medida en que el nombramiento en provisionalidad estaba

supeditado a la duración del cargo, por lo que la administración

3
En adelante el Juzgado.

4

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

estaba facultada para dar por terminada la relación laboral al

vencimiento del plazo pactado.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, en el presente asunto la autoridad judicial

accionada incurrió en defecto sustantivo al desconocer que de

conformidad con los artículos 125 de la Carta Política y 41 de la Ley

909 de 20044, el retiro del servicio de los empleados que ocupan en

provisionalidad cargos de carrera debe estar motivado.

Aseguró que, en ese mismo sentido, también se desconoció el

precedente jurisprudencial establecido tanto por la Corte

Constitucional5 como por el Consejo de Estado6, que ha dispuesto

que dicha motivación debe estar fundamentada en hechos probables

y en argumentos constitucionales admisibles.

4
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones”.
5
Sentencia T-405 de 2016.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 22 de abril de 2021, identificada con el número único de
radicación 110010315000-2021-00109-01.

5

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En esa medida, resaltó que el acto administrativo enjuiciado está

viciado de nulidad por falsa motivación.

I.3.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] Primero: Se me protejan mis derechos fundamentales,
solicitando dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia,
por vulneración a principios de rango constitucional, providencia
de fecha 18/05/2023.

Segundo: Se ordene que con estricta sujeción al debido proceso
y al derecho al acceso a la administración de justicia se resuelva
el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 26/04/2019
[…]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El TRIBUNAL sostuvo que al decidir el recurso de apelación

interpuesto por la actora contra la sentencia de primera instancia,

encontró a través de los medios probatorios allegados que el acto

administrativo acusado no incurrió en falta de motivación, toda vez

que estuvo sustentado en el vencimiento del término de duración del

nombramiento, acorde con lo señalado en la sentencia de unificación

SU-917 de 2010 y la sentencia T-147 de 2014, razón suficiente que

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llevó a confirmar la decisión del a quo.

Señaló que se cumplió a cabalidad con las etapas propias del proceso,

adaptándose al criterio que se consideró ajustado a la legalidad, en

virtud de la autonomía interpretativa y de una rigurosa interpretación

de las normas y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.

En esa medida, manifestó que los argumentos expuestos por la

actora indican que lo pretendido es buscar un cambio en la forma en

la que se resolvió el asunto para que sea favorable a sus intereses,

como si se tratara de una instancia adicional lo que contraría los

principios de autonomía judicial y juez natural.

Por lo anterior, resaltó que no puede aducirse violación alguna de los

derechos fundamentales invocados, por lo que solicitó declarar

improcedente el amparo solicitado.

I.4.2.- El Juzgado, el Municipio de Barbosa y la Dirección de

Tránsito y Transporte de Barbosa, pese a ser notificados en

debida forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Segunda mediante sentencia de 20 de septiembre de

2023, denegó el amparo deprecado al estimar que no se configuraron

los yerros endilgados por la actora.

Para el efecto, sostuvo que después de realizar una lectura de la

providencia acusada era posible observar que las consideraciones

expuestas por el TRIBUNAL fueron acordes a la normativa, a la

jurisprudencia aplicable y a la interpretación efectuada al respecto

por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Afirmó que a través de la sentencia T-407 de 2016 la Corte

Constitucional estudió dos casos similares al presente, frente a lo

cual concluyó que la terminación del plazo de nombramiento era una

motivación válida para dar por terminada la vinculación en

provisionalidad, por lo que resultaba ser una razón suficiente para

determinar que no se configuró una falta o falsa motivación del acto.

Así las cosas, destacó que lo que existe es una inconformidad con el

resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es

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enjuiciable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los

hechos presentada por la autoridad judicial accionada cuenta con

soporte y está debidamente razonada y justificada, de tal forma que

este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó

que se revoque y, en su lugar, se atienda a la sana lógica, evitando

la vulneración de sus derechos fundamentales invocados, para lo cual

reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Afirmó que la sentencia de primera instancia desconoció que los

motivos de la terminación del vinculo laboral solo obedecieron a la

fecha de terminación del nombramiento, tan es así que continuó

vinculada en el cargo hasta la notificación del acto acusado, sin

contemplar razones diferentes como la provisión definitiva del

empleo, por concurso de méritos, la calificación insatisfactoria o

cualquier otra circunstancia, tornándose el cargo de carrera en uno

de período o de libre nombramiento y remoción.

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Aseguró que no se aplicó el principio de favorabilidad, toda vez que

se acogió el criterio mas desfavorable al trabajador y se desconoció

lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU-917 de 2010.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efectos la sentencia de 18 de mayo de 2023, proferida

por el TRIBUNAL, por medio de la cual confirmó la decisión del

JUZGADO de denegar las pretensiones de la demanda dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 686793333003-2017-

00019-01, promovido contra el Municipio de Barbosa y la Dirección

de Tránsito y Transporte de Barbosa.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

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justicia y al principio de favorabilidad en materia laboral, habida

cuenta que, a juicio de la actora, la autoridad judicial accionada

incurrió en los defectos sustantivo y en desconocimiento del

precedente al no tener en cuenta que el acto administrativo que la

retiró del servicio está viciado de nulidad por falsa motivación.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que denegó el amparo solicitado, toda vez que

las consideraciones expuestas por el TRIBUNAL fueron acordes a la

normativa, a la jurisprudencia aplicable y a la interpretación

efectuada al respecto por la Corte Constitucional y el Consejo de

Estado, por lo que no se incurrió en los defectos sustantivo y

desconocimiento del precedente endilgados.

La impugnación de la parte actora está estructurada sobre una

reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición

jurídica inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada

vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que se debió declarar

la nulidad del acto administrativo acusado por falsa y falta de

motivación, dado que la terminación del vínculo laboral solo obedeció

a la fecha de terminación del nombramiento, sin contemplar razones

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diferentes como la provisión definitiva del empleo por concurso de

méritos, la calificación insatisfactoria o cualquier otra circunstancia,

tornándose el cargo de carrera en uno de período o de libre

nombramiento y remoción.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”

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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de

[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

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validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

Descendiendo al caso concreto, la Sala de Decisión estima

pertinente precisar que las inconformidades de la actora se

encuentran relacionadas con que el acto administrativo que la retiró

del servicio se encuentra viciado de nulidad por falsa motivación,

debido a que el vencimiento del término de duración del

nombramiento en provisionalidad no es un motivo suficiente, por lo

que se debió acceder a las pretensiones de la demanda promovida

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho.

Así las cosas, la Sala advierte que los fundamentos de la sustentación

de la presunta vulneración de los derechos deprecados por la actora

son los mismos que fueron puestos a consideración ante la

jurisdicción de lo contencioso administrativo y se evidencia que lo

pretendido es crear una instancia adicional trayendo argumentos que

ya fueron suficientemente debatidos por los jueces naturales del

litigio.

Así, al revisar la providencia acusada se advierte que el TRIBUNAL

sustrajo del recurso de apelación interpuesto por la actora los

siguientes argumentos:

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“[…] En la sustentación del recurso de apelación la parte
demandante solicita revocatoria de la sentencia de primera
instancia insistiendo en los argumentos que soportaron la
demanda, y considera que el A quo desconoció el precedente
jurisprudencial frente al tema objeto del litigio, por tanto,
manifiesta que el plazo que autoriza a las entidades no constituye
propiamente una causal de retiro, ni una “razón suficiente”,
además que el acto demandado no se fundó en necesidad del
servicio.

Considera que, el vencimiento del término de duración del
nombramiento provisional o el de su prorroga no son motivos
suficientes para el retiro del personal provisional, en cuanto esta
situación no está consagrada como causal de retiro del servicio de
estos empleados. Además que, era necesario que la entidad
accionada iniciara el trámite para proveer de manera definitiva el
cargo a través de un concurso de méritos […]”.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la parte

actora se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

accionada desconoció las normas y los precedentes jurisprudenciales

que prevén que el plazo del nombramiento en el cargo en

provisionalidad no constituye una causal válida de retiro y, en

consecuencia, solicitó anular el acto administrativo controvertido,

debido a que no se encontraba ajustado a derecho por indebida

motivación.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión meramente legal, que gira

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en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez

natural del asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma

admisible, así:

“[…] 3.1. Sobre los nombramientos en provisionalidad y su
estabilidad laboral relativa.

La Constitución Política de Colombia en su artículo 53 ha
establecido el estatuto del Trabajo el cual propende por la
protección de los siguientes principios mínimos fundamentales:
[…]

Por su parte el artículo 125 señala, que los empleos públicos de
los órganos y entidades del Estado son de carrera
administrativa, exceptuando aquellos que se provean a través
de elección popular, los que se han denominado de libre
nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley; dice la disposición constitucional: […]

La Ley 909 de 2004, indica que hacen parte de la función
pública: Los empleos públicos de carrera, empleos públicos de
libre nombramiento y remoción, empleos de período fijo y
empleos temporales. El criterio de mérito, de las calidades
personales y de la capacidad profesional, son los elementos
sustantivos de los procesos de selección del personal que integra
la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos
públicos de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con lo
previsto en la misma normatividad.

Por su parte se encuentra la vinculación en calidad de
provisional, la cual constituye un modo de proveer cargos
públicos cuando se presentan vacancias definitivas o temporales
y mientras éstos se proveen en propiedad conforme a las
formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó
la vacancia temporal; estos cargos, son de carácter transitorio y
excepcional los cuales buscan solucionar las necesidades del
servicio. Estos nombramientos se reducen a precaver las
siguientes situaciones: a) Las vacancias temporales de cargos
ocupados por empleados de carrera, por el tiempo que dure la
situación, si no fuere posible encargar empleados
escalafonados.; y b) mientras se produce la calificación del
período de prueba.

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

La H. Corte Constitucional17 ha manifestado que los empleados
vinculados en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral
relativa, en razón a la naturaleza del cargo y el tipo de funciones
que desempeñan, por lo que no pueden ser asimilables para
efectos de su retiro a los empleados de libre nombramiento y
remoción.

Ha considerado la Corte Constitucional que los provisionales
gozan de una estabilidad intermedia, pues no tienen la misma
estabilidad que ostenta el servidor inscrito en carrera, pero
tampoco pueden ser desvinculados como si su nombramiento se
tratara de uno de libre nombramiento y remoción; razón por la
cual, la estabilidad de un funcionario nombrado en
provisionalidad se concreta en que al ser desvinculado se
le indiquen específicamente las razones de su declaración
de insubsistencia, por lo que la falta de motivación es causal
de nulidad del acto.

En contraposición con las manifestaciones anteriores, el H.
Consejo de Estado18 en su momento sostuvo que las personas
que desempeñan cargos en provisionalidad no poseen ninguna
estabilidad laboral, pues sus cargos se asemejan a los de libre
nombramiento y remoción; sin embargo, dicha posición ha
variado y el H. Consejo de Estado ha sostenido que “Los actos
administrativos por medio de los cuales se declara la
insubsistencia de una persona nombrada en provisionalidad
deben ser motivados, lo que determinó la decisión del juez de
segunda instancia del contencioso de nulidad y restablecimiento
del derecho”. […]

En la sentencia T-407 del 4 de agosto de 2016, la Corte
Constitucional analizó en sede de revisión, dos casos similares
al presente asunto, estableciendo que la terminación del plazo
de nombramiento era una motivación válida para dar por
terminada la vinculación en provisionalidad y que, por lo tanto,
era una razón suficiente que no configuraba una falta o falsa
motivación del acto. En la sentencia en mención la alta Corte
manifestó: “Ese motivo de desvinculación resulta
constitucionalmente admisible a la luz de la jurisprudencia
constitucional. Específicamente, de las sentencias SU-917 de
2010, T-753 de 2010 y T-360 de 2015. En aquellas decisiones,

17
Sentencia T-147/13
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero
Ponente: Alfonso Vargas Rincón, Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012),
radicación número: 25000-23-25-000-2001-09480-01(2378-08), actor: Graciela Carranza de Rincón,
demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

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la Corte aceptó que no son causales taxativas los motivos de
desvinculación de un cargo en provisionalidad y que, como
sucede en este caso, la expiración o vencimiento del término del
contrato resulta razonable a la luz de la Constitución y vigencia
de los derechos fundamentales”.

En un reciente pronunciamiento del H. Consejo de Estado19, se
analizó en sede de tutela una providencia en la que se decidió
un caso de características similares al presente y, se negaron las
pretensiones de la demanda al considerar que el vencimiento del
plazo pactado sí es un argumento suficiente para dar por
terminado el vínculo laboral, exponiéndose las siguientes
razones: […]

Expuesto lo anterior se debe indicar que, de la revisión del acto
administrativo atacado del 15 de julio de 2016, se advierte de
manera inicial que en la misma no se declaró la insubsistencia
del nombramiento de la señora Leydi Hoana Castellanos Calvo,
sino que se dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad del cargo de Auxiliar de Servicios Generales
Código 470 Grado 03, bajo el argumento principal del
vencimiento del término por el que fue pactado el vínculo
laboral, pues en la resolución No. 635 del 15 de julio de 2014 se
evidencia que el nombramiento de la señora Calvo Castellanos
fue estipulado de manera inicial por 6 meses.

Observa la Sala que, en el acto administrativo sin numeración y
denominado “aviso de notificación terminación de
nombramiento de provisionalidad” se encuentran plasmadas las
razones que llevaron a la Dirección de Tránsito y Transporte de
Barbosa Santander a dar por terminado el nombramiento de la
provisionalidad en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales
Código 470 Grado 03, de la señora Leydi Hoana Castellanos
Calvo, pues como ya se indicó, el nombramiento en
provisionalidad de la demandante, se encontraba sujeto al
cumplimiento de un plazo de 6 meses; situación que cesó para
el 15 de julio de 2015, fecha a partir de la cual la entidad
accionada contaba con la facultad de desvincular a la accionante.

En ese sentido es evidente que, el acto atacado de
ninguna manera fue expedido con falta de motivación,
pues de su lectura resulta claro que la decisión se
encuentra debidamente sustentada en el vencimiento del

19
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA CONSEJERO
PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-05741-01

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

término de duración del nombramiento, pues en la misma,
además de hacerse alusión a la sentencia de unificación
SU-917 de 2010 (la cual dispuso la necesidad de sustentar
los actos administrativos que realizan la terminación de
los nombramientos en provisionalidad), también citó la
sentencia T-147 de 2013, en el que se dispuso la
procedencia de dar por terminado el nombramiento en los
casos en los que opera el vencimiento del periodo por el
cual fue designado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la principal de inconformidad
expuesta en el recurso de apelación, se relaciona con determinar
si el argumento del vencimiento del plazo del nombramiento es
una razón suficiente para desvincular del cargo de Auxiliar de
Servicios Generales Código 470 Grado 03 a la señora Leydi
Hoana Castellanos Calvo, al considerar la parte demandante que
se omitió la aplicación del precedente jurisprudencial.

Al respecto debe indicar la Sala que, sobre la presente
controversia han existido diversos pronunciamientos, pues antes
del año 2016 el H. Consejo de Estado consideraba que el
vencimiento del término pactado no era un argumento suficiente
para dar por terminada la relación laboral, sin embargo, dicha
posición varió cuando la H. Corte Constitucional profirió en sede
de revisión la sentencia T-407 de 2016 en la que consideró que
“el vencimiento de los seis meses de vinculación en
provisionalidad en cargo de carrera era un motivo suficiente y
razonable para dar por terminado el vínculo laboral.”

En este mismo sentido, se advierte que en sede de tutela el H.
Consejo de Estado en reciente pronunciamiento ha realizado
análisis sobre providencias en las que se estudió la legalidad de
actos administrativos en los que se da por terminada la relación
por el vencimiento del término pactado, en los que de manera
enfática sostiene que: “En ese orden de ideas, la Sala considera
que las sentencias SU-917 de 2010 y T-407 de 2016 no se
contraponen. Como lo explicó la misma Sala Plena de la Corte
Constitucional, la sentencia dictada en sede de revisión aplicó
las reglas fijadas por la sentencia de unificación, de ahí que, en
realidad, lo que hizo fue complementarla para incluir entre los
motivos de retiro de un cargo en provisionalidad, el relativo a la
expiración del plazo de nombramiento, en cuanto es una razón
suficiente a la luz de la jurisprudencia de ese órgano de cierre.”

Así las cosas, es claro para esta Sala que el A quo en ningún
momento desconoció el precedente jurisprudencial que

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existe sobre la materia, por el contrario, aplicó las tesis
más recientes de la H. Corte Constitucional y el H. Consejo
de Estado, razón por la que no se accederán a los argumentos
presentados en el recurso de apelación […]”. (Destacado fuera
de texto).

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

el TRIBUNAL realizó un análisis de los pronunciamientos emitidos

tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado en

el asunto, para finalmente determinar que el acto administrativo

cuestionado no fue expedido con falta de motivación, toda vez que

la decisión de retirarla del servicio se encontró debidamente

sustentada en el vencimiento del término de duración del

nombramiento y, además de hacer alusión a la SU-917 de 2010,

también se refirió a la sentencia T-147 de 2013, en la cual se previó

la procedencia de dar por terminado el nombramiento cuando opera

el vencimiento del plazo pactado.

Para lo anterior, la autoridad judicial accionada aseveró que, de

conformidad con la sentencia T-407 de 2016, el vencimiento del

tiempo de vinculación en provisionalidad en un cargo de carrera, es

un motivo suficiente y razonable para dar por terminado el vínculo

laboral, posición que no se contrapone con la dispuesta en la SU-917

de 2010, sino que la complementa para incluir entre los motivos de

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retiro de un cargo en provisionalidad, el relativo a la expiración del

plazo de nombramiento, por ser una razón suficiente a la luz de la

jurisprudencia.

Corolario a lo anterior, la autoridad judicial accionada advirtió que en

ningún momento se desconoció el precedente jurisprudencial que

existe sobre el asunto, sino que, contrario a ello, se aplicó la tesis

mas reciente de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en

cuanto a la terminación del nombramiento en provisionalidad con

ocasión de la expiración del plazo pactado.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, porque a través de esta

la actora lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad

accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.

Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta

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al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la

que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto

sometido a su consideración.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201720, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201821, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

21
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión del a quo que denegó

las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,

declarará improcedente el amparo solicitado por carencia del

requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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ACTORA: LEYDI HOANA CASTELLANOS CALVO

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Ausente con excusa

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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