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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04366-00

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04366-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores Yudi Andrea Agudelo Londoño, Javier Mauricio Melo Barrios, Ricardo Ramírez Cacais, Jimmy Betancourt Rojas, Héctor Germán Rico Ardila, Julián Fernando Galeano, Manuel Ruiz Pérez, Jorge Alfredo Hernández Duarte, Mario Henry González Medina, Carlos Hernando Bello Ramírez, Jonathan Ferney Rodríguez Díaz y Víctor Julián Sierra Cruz, contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas. Segundo.- ÍNSTASE al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, para que continúe impulsando el proceso ordinario laboral con radicado Nº 110013105002-2017-00203-00, iniciado por los demandantes contra GM Colmotores S.A., con el fin de que sea decidido dentro de un plazo razonable. Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por las consideraciones precisadas en esta providencia. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04366-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de noviembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04366-00
Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04366-00
Demandantes: YUDY ANDREA AGUDELO LONDOÑO Y OTROS1
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO
SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

TEMAS: Tutela contra autoridad judicial. Tardanza en proferir sentencia de
segunda instancia en proceso ordinario laboral y conformación de
litisconsorcio necesario en medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Yudi Andrea Agudelo Londoño, Javier Mauricio Melo
Barrios, Ricardo Ramírez Cacais, Jimmy Betancourt Rojas, Héctor Germán Rico
Ardila, Julián Fernando Galeano, Manuel Ruiz Pérez, Jorge Alfredo Hernández
Duarte, Mario Henry González Medina, Carlos Hernando Bello Ramírez, Jonathan
Ferney Rodríguez Díaz y Víctor Julián Sierra Cruz, quienes actúan en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “A” y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, en la que
piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Relacionados con el proceso ordinario laboral que adelantan los actores

Los accionantes sostuvieron que se desempeñaron en cargos operativos en el
ensamble de los vehículos marca Chevrolet en General Motors Colmotores S.A.,
(en adelante GM Colmotores S.A.), y que el 26 de julio de 2016 fueron
despedidos cuando presentaban enfermedades de tipo osteomuscular, sin que
mediara la autorización del Ministerio del Trabajo.

Por lo anterior, señalaron que el 27 de abril de 2017 promovieron demanda
ordinaria laboral contra GM Colmotores S.A., con el fin de obtener la protección
de los derechos a la estabilidad laboral reforzada, trabajo, mínimo vital y móvil y a

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Javier Mauricio Melo Barrios, Ricardo Ramírez Cacais, Jimmy Betancourt Rojas, Héctor Germán Rico Ardila, Julián
Fernando Galeano, Manuel Ruiz Perez, Jorge Alfredo Hernández Duarte, Mario Henry González Medina, Carlos Hernando
Bello Ramires, Jonathan Ferney Rodriguez Díaz y Víctor Julián Sierra Cruz.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04366-00
Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

la seguridad social, la cual le correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá (radicado No. 2017-00203). La demanda fue
admitida por auto del 23 de mayo de 2017.

Mencionaron que a pesar de intentarse la notificación personal y por aviso de la
demandada “se rehusó a notificarse de manera voluntaria, es por ello que fue
ordenado su emplazamiento”. Agregaron que solo hasta el 16 de agosto de 2018,
la empresa GM Colmotores S.A. se notificó de manera personal y presentó escrito
de contestación de la demanda el 31 del mismo mes y año.

Relataron que el 7 de septiembre de 2018 radicaron reforma de la demanda, en la
que incluyeron los actos administrativos por medio de los cuales el Ministerio de
Trabajo sancionó a GM Colmotores S.A. por el despido de 37 trabajadores que se
encontraban enfermos, sin que mediara la autorización correspondiente.

Indicaron que el 26 de febrero de 2020, en la audiencia inicial, se les advirtió que
la reforma de la demanda estaba extraviada, por lo que el 4 de marzo de 2020 la
remitieron nuevamente al despacho junto con sus anexos.

Sostuvieron que mediante auto de 11 de agosto de 2022, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Bogotá admitió la reforma de la demanda, corrió traslado
de la misma a GM Colmotores S.A. y negó la solicitud de reconstrucción del
expediente.

Expresaron que el 23 de agosto de 2022 GM Colmotores S.A. radicó contestación
de la reforma demanda y el expediente “estuvo al Despacho hasta el mes de
enero de 2023”.

Manifestaron que por auto de 24 de enero de 2023 la autoridad judicial fijó fecha
para la audiencia de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Sustantivo de
Trabajo para el día 16 de mayo de 2023 a las 10:00 am, por lo que los testigos de
las partes fueron convocados.

Por último, adujeron que el 16 de mayo de 2023, durante la audiencia inicial, la
juez consideró que “los interrogatorios y las declaraciones de terceros, debían
practicarse en un solo día sin interrupciones”, por lo que fijó la audiencia de pruebas
para el 7 de julio de 2023 a las 8:00 am. No obstante, por solicitud de GM
Colmotores S.A. fue reprogramada para el 25 de enero de 2024 a las 9:00 am.

Relacionados con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por GM Colmotores S.A

Expusieron que el 13 de marzo de 2019, GM Colmotores S.A., en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda
contra el Ministerio del Trabajo con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución No. 00089 del 24 de marzo de 2017, por medio de la cual se “sancionó
a la empresa GM COLMOTORES S.A. porque (…) no dio cumplimiento a lo establecido
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 al no solicitar Autorización al Ministerio de Trabajo
para dar por terminado los contratos laborales de los trabajadores”, y de la Resolución
No. 3860 del 31 de julio de 2018 que confirmó la anterior decisión.

Indicaron que el proceso le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, que profirió fallo de primera
instancia el 11 de agosto de 2023, en el sentido de declarar la nulidad de los
actos administrativos demandados (radicado No. 25000234100020190022100).

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Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

Explicaron que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue
adelantada sin la debida integración de las partes, pues en su concepto debieron
intervenir como litisconsortes necesarios al igual que UNECOL y los demás
trabajadores relacionados en el acto demandado, por lo que solicitan que el juez
de tutela proteja el derecho fundamental al debido proceso declarando la nulidad
de todo lo actuado en el proceso.

2. Fundamentos de la acción

Los demandantes interpusieron acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideran vulnerados con la
tardanza judicial injustificada del proceso laboral que cursa en el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, y por la falta de integración del litis
consorcio necesario en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”, pues, a su juicio, debieron ser parte en el proceso.

Los argumentos en los que sustenta la presunta vulneración iusfundamental se
pueden dividir, así:

2.1. En relación con la mora judicial

Mencionaron que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá incurre en
mora judicial injustificada porque desde la presentación de la demanda han
trascurrido seis (6) años y cuatro (4) meses y no se ha surtido la etapa de práctica
de pruebas.

Afirmaron que necesitan con urgencia que el proceso termine porque doce de los
demandantes se encuentran en una condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta dado que presentan diagnósticos médicos en los que se evidencia
limitaciones físicas y funcionales2 Para el efecto, detallaron en un cuadro las
enfermedades que padecen de manera individualizada.

Agregaron que por sus condiciones de salud la mayoría no han conseguido un
empleo y subsisten gracias al apoyo de familiares, amigos y de actividades
informales, además que no se encuentran como cotizantes en el Sistema Integral
de Seguridad Social, por lo que no han tenido continuidad en el tratamiento
médico, suministro de medicamentos y calificación de enfermedades.

Sostuvieron que informaron de su difícil situación en el proceso laboral en la
“solicitud de AMPARO DE POBREZA y de MEDIDAS CAUTELARES, sin embargo, la
única entidad que nos apoyó fue la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y
Laborales de la Procuraduría General de la Nación, quien coadyuvó nuestra petición ante
el Tribunal, petición que fue denegada”, por lo que necesitan con urgencia que el
proceso termine con celeridad, eficiencia, diligencia, prontitud y preferencia.

Finalmente, adujeron que “no tenemos garantías de imparcialidad en el Juzgado 2
Laboral del Circuito de Bogotá, por tanto, sería indispensable contar con un garante que
vele por la transparencia e imparcialidad en el citado proceso, que incluya su asistencia a
la audiencia de 19 que trata el artículo 80 del CPT y SS, esto es Audiencia de trámite y
juzgamiento en primera instancia, y las demás instancias y etapas procesales faltantes”.

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Yudi Andrea Agudelo, Javier Mauricio Melo Barrios, Ricardo Ramírez Cacaís, Jimmy Betancourt Rojas Héctor Germán
Rico Ardila Julián Fernando Galeano Manuel Eduardo Ruiz Pérez, Jorge Alfredo Hernández Duarte, Mario Henry González
Medina, Carlos Hernando Bello Ramírez, Jonathan Ferney Rodríguez Díaz, Víctor Julián Sierra Cruz.

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Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

2.2. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho

Adujeron que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso porque la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por GM
Colmotores S.A. contra el Ministerio del Trabajo, fue adelantada sin su integración
como litisconsortes necesarios, porque los efectos de la declaratoria de nulidad
tienen incidencia directa en el proceso laboral de reintegro que adelantan.

Consideraron que debieron ser parte del proceso porque las resoluciones por
medio de las cuales el Ministerio del Trabajo sancionó a GM Colomotores S.A.,
son la prueba “sine qua non que tenemos en el proceso ordinario laboral de reintegro, ya
que ahí, el problema jurídico versa sobre la estabilidad laboral reforzada de personas en
situación de discapacidad”, motivo por el cual al declararse la nulidad de las mismas
favorecería al empleador demandado y “les dejaría graves perjuicios”.

Manifestaron que la sociedad tuvo una conducta desleal, al no informar en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sobre la existencia del
proceso ordinario laboral adelantado en su contra y viceversa.

Indicaron que se encuentran de forma individualizada en los actos administrativos
demandados, por lo que era fácil notificarlos del proceso para que hicieran parte
del mismo.

Por último, solicitaron la protección del derecho fundamental al debido proceso
“-sin requisitos previos de tipo formal - a fin de que se decrete la NULIDAD de todo lo
actuado en el citado proceso administrativo y se integre el Litis Consorcio Necesario, así
haya sentencia”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO. - Tutelar el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de los accionantes
YUDY ANDREA AGUDELO LONDOÑO, JAVIER MAURICIO MELO BARRIOS, RICARDO
AMÍREZ CACAIS, JIMMY BETANCOURT ROJAS, HÉCTOR GERMÁN RICO ARDILA,
JULIAN FERNANDO GALEANO, MANUEL EDUARDO RUIZ PEREZ, JORGE ALFREDO
HERNANDEZ DUARTE, MARIO HENRY GONZALEZ MEDINA, CARLOS HERNANDO
BELLO RAMIREZ, JONATHAN FERNEY RODRÍGUEZ DIAZ, VICTOR JULIAN SIERRA
CRUZ en el proceso ordinario laboral de primera instancia No. 11001310500220170020300
de Carlos Hernando Bello y otros contra General Motors Colmotores S.A que cursa en el
Juzgado 2 Laboral del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO.- Que como consecuencia de lo anterior se ordene al JUZGADO SEGUNDO
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que reprograme la audiencia de que trata el
artículo 80 del CPT y SS de práctica de pruebas, cierre del debate probatorio, alegaciones
de conclusión y fallo, cuya práctica deberá ser a más tardar dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación del fallo.

TERCERO. - Que, en virtud del principio de CELERIDAD, se ordene que los tiempos de
trámite y solución en las demás instancias procesales (segunda instancia y recurso
extraordinario de casación, de ser el caso), no superen los seis (6) meses contados desde
la notificación del fallo de la sentencia de primera instancia.

CUARTO.– Que, se ordene la VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA por parte del
Consejo Seccional de la Judicatura en el proceso ordinario laboral de primera instancia No.
11001310500220170020300 de Carlos Hernando Bello y otros contra General Motors
Colmotores S.A., en todas sus etapas procesales.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04366-00
Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

QUINTO.- Que, para la práctica de la audiencia de que trata el artículo 80 del CPT y SS, se
asigne dos (2) veedores, uno del Consejo Seccional de la Judicatura, y otro, de la
Procuraduría delegada para Asuntos Laborales de la Procuraduría General de la Nación.

SEXTO: Tutelar el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA de los accionantes YUDY ANDREA AGUDELO LONDOÑO, JAVIER
MAURICIO MELO BARRIOS, RICARDO RAMÍREZ CACAIS, JIMMY BETANCOURT OJAS,
HÉCTOR GERMÁN RICO ARDILA, JULIAN FERNANDO GALEANO, MANUEL EDUARDO
RUIZ PEREZ, JORGE ALFREDO HERNANDEZ DUARTE, MARIO HENRY GONZALEZ
MEDINA, CARLOS HERNANDO BELLO RAMIREZ, JONATHAN FERNEY RODRÍGUEZ
DIAZ, VICTOR JULIAN SIERRA CRUZ en el proceso que se tramita en el Tribunal
Administrativo – Sección Primera – Mixta Oral de Bogotá, de GENERAL MOTORS
COLMOTORES S.A. en contra del Ministerio de Trabajo de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, radicado No. 25000234100020190022100.

SÉPTIMO: Que, como consecuencia de lo anterior se decrete la NULIDAD de todo lo
actuado desde la notificación de la demanda en el proceso de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No. 25000234100020190022100 de GENERAL
MOTORS COLMOTORES S.A. en contra del Ministerio de Trabajo que cursa en Tribunal
Administrativo – Sección Primera – Mixta Oral de Bogotá.

OCTAVO: Que, los suscritos YUDY ANDREA AGUDELO LONDOÑO, JAVIER MAURICIO
MELO BARRIOS, RICARDO RAMÍREZ CACAIS, JIMMY BETANCOURT OJAS, HÉCTOR
GERMÁN RICO ARDILA, JULIAN FERNANDO GALEANO, MANUEL EDUARDO RUIZ
PEREZ, JORGE ALFREDO HERNANDEZ DUARTE, MARIO HENRY GONZALEZ MEDINA,
CARLOS HERNANDO BELLO RAMIREZ, JONATHAN FERNEY RODRÍGUEZ DIAZ,
VICTOR JULIAN SIERRA CRUZ seamos vinculados como LITISCONSORTES
NECESARIOS en el proceso NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO No.
25000234100020190022100 de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. en contra del
Ministerio de Trabajo que cursa en Tribunal Administrativo – Sección Primera – Mixta Oral
de Bogotá.

NOVENO. – Que, se ordene la VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA por parte del
Consejo Seccional de la Judicatura en el proceso NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO No. 25000234100020190022100 de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.
en contra del Ministerio de Trabajo que cursa en Tribunal Administrativo – Sección Primera
– Mixta Oral de Bogotá.

DÉCIMA: - Lo que considere el Despacho, en ejercicio del beneficio de ULTRA y EXTRA
PETITA, sentencia T-104 de 2018 Corte Constitucional”.

Como medida provisional solicitaron que:

“Se ordene la SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
proferida el día 14 de agosto de 2023, por el Tribunal Administrativo – Sección Primera –
Mixta Oral de Bogotá, dentro de la Acción de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO No. 25000234100020190022100 de GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A.
en contra del Ministerio de Trabajo, hasta que se emita el fallo de tutela”.

4. Pruebas relevantes

Al trámite de la tutela se allegó el expediente del proceso ordinario laboral
radicado con el No. 2017-00203, demandantes: Yudi Andrea Agudelo Londoño y
otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas,
así como a la Nación – Ministerio del Trabajo, a GM Colmotores S.A. y al señor
Ferney Polanía Dussán, como terceros interesados en el resultado del proceso.

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Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

En el mismo auto se resolvió negar la medida provisional solicitada por la parte
accionante, que consistía en suspender el término de ejecutoria de la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “A”. La decisión se sustentó en que, de lo
manifestado en el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la
demanda, no se encontró acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la
adopción de la medida provisional para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 88021 a 88026 de
25 de agosto de 2023 y 112855 de 11 de octubre de 2023, con el fin de notificar a
las partes3.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A”

El magistrado a cargo del trámite de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado No. 250002341000-2019-00221-00, solicitó que, en lo relacionado con
esa corporación judicial, se niegue la protección del derecho fundamental al
debido proceso alegado porque los accionantes pretenden utilizar la acción de
tutela como un instrumento para debatir argumentos propios del juez ordinario.

Afirmó que por sentencia de 11 de agosto de 2023 resolvió declarar la nulidad de
las resoluciones acusadas porque prosperó la caducidad de la facultad
sancionatoria del Ministerio del Trabajo alegado por GM Colmotores S.A., por lo
que, en aplicación del principio de economía procesal, se abstuvo de estudiar los
demás cargos alegados en la demanda.

Explicó que en el proceso se estudió la legalidad de los actos sancionatorios
expedidos por el Ministerio del Trabajo de conformidad con el ordenamiento
jurídico y con base en las pruebas aportadas al proceso, sin que se realizara algún
análisis respecto de derechos subjetivos o personales de los trabajadores que
presentaron las quejas ante el Ministerio de Trabajo. Además, mencionó que no se
presentaron solicitudes para la vinculación de terceros al medio de control.

Anotó que en el proceso administrativo sancionatorio no se ordenó el reintegro de
los trabajadores ni se resolvió a favor de ellos algún tipo de controversia laboral o
económica, por lo que al declararse la nulidad del mismo no se afectó ningún
derecho fundamental.

6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá

La titular del despacho judicial rindió informe en el que indicó que se encuentra
posesionada en el cargo desde del 6 de junio de 2023, por lo que si se ha
generado alguna tardanza, no se le puede endilgar a ella, sino que obedece a la
alta carga laboral y congestión en que se encuentra el juzgado, la cual impide un
avance efectivo en el trámite de los procesos.

3
La parte actora, las autoridades demandadas y los terceros fueron notificadas en las siguientes direcciones de correo
electrónico: betancourt.jimmy@gmail.com, camonobe@hotmail.com, agudeloyudy48@gmail.com,
Javiermelo581@gmail.com, ricardoramirezcacais1981@gmail.com, betancourt.jimmy@gmail.com,
myfriendgm@hotmail.com, frescoenano@hotmail.com, ruiizmanuel91@gmail.com, jorgehernandez79@hotmail.com,
marslp03@yahoo.es, jhonatan1003_15@hotmail.com, juliansierracr@hotmail.com,
scsec01tadmincdm@cendoj.ramajudicial.gov.co, utelasnacionales@defensajuridica.gov.co, daniel.bayona@gm.com,
jlato02@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudiciales@mintrabajo.gov.co,

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Realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso ordinario laboral
radicado con el No. 110013105002201700203 y señaló que desde el 16 de marzo
de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza
mayor por el COVID-19, estuvieron vigentes las medidas adoptadas por el
Consejo Superior de la Judicatura relacionadas con el cierre de los despachos
judiciales y la suspensión de términos con algunas excepciones, conforme con los
Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCJSA20-11519, PCSJA20-11520,
PCSJA20-11532, PCSJA20-11546 y PCSJA20-11567, lo que conllevó la
implementación de “trabajo en casa”.

Puso de presente que la única intervención que ha tenido a su cargo es la
acaecida el 5 de julio de 2023, en la que accedió a la petición de la parte
demandada, en el sentido de que la audiencia de pruebas se realizara de manera
presencial, la cual se encuentra programada para el 25 de enero de 2024.

Afirmó que con corte a 30 de septiembre de 2023, el despacho judicial reportó un
total de 1.627 procesos activos y “la gran cantidad de asuntos que se manejan como
calificación de demandas y contestaciones de demanda, resolución de recursos y
nulidades; tutelas, incidentes de desacato; habeas Corpus, sentencias, contestación a
derechos de petición, Tutelas y Vigilancias Judiciales, incidentes de desacato, estudio de
las demandas ejecutivas, liquidaciones de crédito y de costas, emplazamientos,
designación de curadores entre otras, genera congestión en las diferentes actuaciones
como la aquí discutida y por la carencia de personal que impide físicamente darles
impulso procesal a los mismos de manera continua, así como también el atraso que
presenta el despacho, por lo cual la suscrita ha efectuado un plan de mejoramiento para
brindar a los usuarios una óptima administración de justicia”.

Sostuvo que se encuentra comprometida para garantizar un acceso adecuado a la
administración de justicia, por lo que ha fijado metas y tareas específicas con el fin
de resolver de forma oportuna e inmediata la totalidad de los requerimientos
presentados por los usuarios de la justicia.

Por último, allegó el vínculo del expediente radicado No.
110013105002201700203, 11001310500220170020300 - OneDrive
(sharepoint.com)

6.3. Respuesta del Ministerio del Trabajo

6.3.1. El coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica
de la cartera ministerial informó que el 28 de agosto de 2023 se notificó la
sentencia de 11 de agosto del mismo año, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, resolvió
declarar la nulidad de la resolución “por medio de la cual se resuelve una investigación
administrativa laboral” y su confirmatoria, por lo que aseguró que el apoderado del
proceso judicial se encuentra estudiando el fallo para determinar la presentación o
no del recurso de apelación.

6.3.2. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Atención Jurídica de la
Dirección Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela en relación con la entidad y se desvinculara
porque no vulneró los derechos fundamentales de los demandantes.

Consideró que los accionantes cuentan con otro medio de defensa para proteger
sus derechos fundamentales como son “las acciones contencioso-administrativas,
en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la
suspensión del acto”.

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6.4. Respuesta de GM Colmotores S.A.

La sociedad, por intermedio de su apoderado judicial, se opuso a las pretensiones
de la demanda y pidió que se declare la improcedencia del amparo constitucional
porque no existen pruebas que permitan establecer la vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes, por las siguientes razones:

Aseveró que los demandantes en el proceso ordinario laboral gozan de asesoría
técnica y el juzgado programó la audiencia de pruebas para el 25 de enero de
2024.

Mencionó que antes de que se profiriera sentencia de primera instancia, los
actores tenían conocimiento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que había instaurado la sociedad, sin embargo, no manifestaron su interés de
hacer parte del mismo, por lo que su inactividad no puede ser subsanada
mediante el amparo constitucional. Agregó que, teniendo en cuenta que la
decisión puede ser recurrida por el Ministerio de Trabajo, los demandantes pueden
solicitar su vinculación ante la autoridad judicial.

Para terminar, manifestó que la acción de tutela no es una instancia adicional para
resolver conflictos de rango legal.

Con la contestación aportó certificados de la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres de Yudy Andrea Agudelo
Londoño, Javier Mauricio Melo Barrios, Julián Fernando Galeano Plazas, Mario
Henry González Medina, Carlos Hernando Bello Ramírez, Jonathan Ferney
Rodríguez Díaz, Víctor Julián Sierra Cruz, Jimmy Betancourt Rojas y Héctor
Germán Rico Ardila, en los que figuran activos al régimen contributivo de salud.

6.5. Intervención de Porthand Central America Solidarity Committee

A través de su coordinadora de la Sección de Colombia, la entidad informó que es
una organización no gubernamental ubicada en Proland, Oregon, en Estados
Unidos, que están monitoreando las violaciones laborales de la empresa GM
Colmotores S.A. y la respuesta y control del gobierno colombiano.

Hicieron un relato de los hechos y mencionaron que “a ver estás irregularidades
siendo cometido al parecer siempre en una manera que favorece los intereses de la
empresa estamos dejados con algunas dudas serias sobre los mecanismos de control
gubernamentales y judiciales. Vemos que la nulidad de esta resolución puede causar
daño a muchos trabajadores, incluso a trabajadores quienes hasta el día de hoy están
entrando a laborar en una planta que está produciendo enfermedades osteomusculares
tanto como está produciendo vehículos. Nos parece un fracaso estatal los resultados de
estos dos procesos paralelos sabiendo que el gobierno colombiano tiene una
responsabilidad ante la parte más débil, y reconociendo que los trabajadores enfermos
deben contar con una protección estatal especial”.

6.6. Intervención de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT-

El presidente y el secretario general de la organización intervinieron en el proceso
para solicitar que se les garanticen los derechos a los doce 12 accionantes que se
están viendo afectados por la demora en el proceso laboral y porque no hicieron
parte del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró
GM Colmotores S.A. contra el Ministerio de Trabajo.

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Aclaró que no es la entidad llamada a rendir informe sobre el amparo
constitucional

6.7. Intervención de Ferney Polanía Dussán

Manifestó que laboró en la empresa GM Colmotores S.A. desde el 13 de julio de
2011 en el cargo de operario de ensamble final II, pero que al igual que los
demandantes fue despedido el 26 de julio de 2016, presentando enfermedades
osteomusculares en la columna vertebral, zona lumbar y cervical, rodillas,
hombres y manos, sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo.

Mencionó que por medio de un fallo de tutela fue reintegrado a su cargo de
manera transitoria y que en el año 2020 llegó a un acuerdo conciliatorio con su
empleador, por lo que desistió del proceso laboral que se tramita en el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá.

Manifestó que “ (…) una de las razones que tuve para aceptar el acuerdo conciliatorio
fue el temor que sentí frente al proceso laboral, ya que había presenciado el segundo
despido de mis compañeros, la pérdida de una parte del expediente y la demora del
proceso, esto en razón a que ya había transcurrido más de tres (3) años desde la
presentación de la demanda hasta la fecha del acuerdo conciliatorio, y aún no teníamos
ninguna decisión de fondo en el proceso. Posiblemente de haber tenido una sentencia
para aquella época, mi decisión hubiese sido diferente, me hubiese sentido seguro”.

Por lo anterior, solicita “justicia por mis (12) compañeros ya que yo viví esa injusticia y
como consecuencia de ello, tomé una decisión basado en el temor”.

6.8. Intervención de los accionantes

En escrito de 28 de agosto de 2023, los accionantes solicitaron que se conceda la
medida provisional solicitada mientras se toma una decisión de fondo en la acción
de tutela, con el fin de proteger el derecho fundamental al debido proceso.

De igual forma, aportaron una línea del tiempo donde se evidencian las
actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario laboral.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con el escrito de tutela y los informes rendidos por las autoridades
judiciales accionadas, le corresponde a la Sala determinar: (i) si el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Bogotá vulneró supuestamente los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al
incurrir en mora judicial, por lo que se debe acceder a las pretensiones de los
actores tendientes a reprogramar la audiencia de pruebas con el fin de que finalice
el periodo probatorio, se corra traslado para alegar de conclusión y, en
consecuencia, se proceda a dictar fallo, a más tardar dentro de los próximos

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treinta días siguientes y ordenar que los tiempos de trámite y solución de las
demás instancias procesales no superen los seis meses contados desde la
notificación del fallo de primera instancia, y (i) si el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, vulneró el derecho fundamental
al debido proceso, al no vincular a los demandantes como litisconsortes
necesarios en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con
el No. 250002341000-2019-00221-00 en el que se dictó sentencia el 11 de agosto
de 2023, y si le corresponde al juez de tutela declarar la nulidad de todo lo actuado
en ese trámite judicial.

3. De la mora judicial

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia4.

En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20135 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la
resolución de conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la
obtención de una respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos; y (vi) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y en observancia del debido proceso.

Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se
hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un
debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en aquellos
supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la organización y
funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para establecer que el retraso
es justificado es necesario, además, mostrar que se han intentado agotar todos los
medios que las circunstancias permitan para evitarlo6.

Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte
7
Constitucional en la sentencia SU-394 de 2016 indicó que la acción de tutela es
,

procedente cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada,
teniendo en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido
proceso se lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo
8
que puede materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables . La mora
judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un
incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que
justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial9.

4
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
5
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6
Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
9
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.

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Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable, se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv)
la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.
10
En sentencia T-441 de 2020 , la Corte Constitucional acogió dicha postura e
indicó que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado
social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos y
deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se agota en la
mera facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales, pues también se
extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las controversias, las cuales
deben ser adoptadas en un término razonable de tal forma que la respuesta judicial sea
oportuna”, lo que implica para el juez de tutela que en caso de verificar la existencia
de mora judicial pueda ordenar la resolución del asunto en un término perentorio o
con observancia de los plazos previstos en la ley.

La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte
11
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) , en la que se establecieron
criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación
al plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas.

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San
José), consagra en su artículo 8.1 (garantías judiciales) el derecho de toda
persona a ser oída por un juez o tribunal competente dentro de un plazo razonable
y con las garantías debidas, lo que se complementa con el artículo 25.1 en el que
se reconoce el derecho al recurso judicial efectivo.

La Corte IDH interpretó en conjunto dichas normas, particularmente en el Caso
12
Genie Lacayo contra Nicaragua , donde retomó la postura de la Corte Europea de
Derechos Humanos (Corte EDH), que afirma que la razonabilidad del plazo debía
valorarse atendiendo los siguientes criterios: “a) la complejidad del asunto; b) la
13
actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales”

Estos tres requisitos fueron complementados posteriormente en el Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia14, en el cual se agregó un último criterio para
determinar la razonabilidad del plazo, al considerar que se debe “tomar en cuenta
la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de
la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la
materia objeto de controversia”.

En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora, se debe
realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia
de darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la

10
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11
Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas
Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina,
sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
12
Corte IDH, sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 77.
13
Cfr. Ibídem, Corte EDH; Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de 1991, Series A Nº 195-A, párrafo 30; Caso
Ruiz Mateos vs España, sentencia de 23 de junio de 1993, Series A Nº 262, párrafo 30.
14
Corte IDH, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 155.

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conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora presentó acción de tutela con el fin de que se ordene al
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá que reprograme la audiencia
pruebas de que trata el artículo 80 del Código de Procedimiento del Trabajo, cierre
el periodo probatorio, corra traslado para alegar de conclusión y, en consecuencia,
proceda a dictar fallo, a más tardar dentro de los próximos treinta días siguientes.
Así mismo, pidieron que, en virtud del principio de celeridad, se ordene que los
tiempos de trámite y solución de las demás instancias procesales no superen los
seis meses contados desde la notificación del fallo de primera instancia.

A juicio de los demandantes, el juzgado demandado vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva, por la tardanza que lleva el proceso en proferir sentencia,
dado que han transcurrido más seis (6) años y cuatro (4) meses contados desde la
presentación de la demanda, sin que se haya emitido la decisión de primera
instancia, pasando por alto que se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta por sus limitaciones físicas.

4.2. La titular del despacho judicial demandado señaló que se encuentra
posesionada en el cargo a partir del 6 de junio de 2023, por lo que en caso de
encontrarse probada la mora judicial no puede ser atribuible a ella, a lo que agregó
que obedece a la alta carga laboral y congestión en que se encuentra el juzgado lo
cual impide un avance efectivo en el trámite de los procesos. Además, advirtió que
la audiencia de pruebas se encuentra programada para realizarse el 25 de enero
de 2024.

Explicó que los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo
al 30 de junio de 2020 por las medidas de COVID-19, y que de acuerdo con el
inventario del despacho con corte a 30 de septiembre de 2023, tiene un total de
1627 procesos activos entre los que están “demandas y contestaciones de demanda,
resolución de recursos y nulidades; tutelas, incidentes de desacato; habeas Corpus,
sentencias, contestación a derechos de petición, Tutelas y Vigilancias Judiciales,
incidentes de desacato, estudio de las demandas ejecutivas, liquidaciones de crédito y de
costas, emplazamientos, designación de curadores entre otras”.

Así mismo, aseguró que se encuentra comprometida para garantizar un acceso
adecuado a la administración de justicia, por lo que está efectuando un plan de
mejoramiento fijando metas y tareas específicas con el fin de resolver de forma
oportuna e inmediata la totalidad de los requerimientos presentados por los
usuarios de la justicia.

4.3. Ahora bien, de acuerdo con la información suministrada en el Sistema de
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial en el proceso bajo
el radicado No. 110013105002-2017-00203-00 y las actuaciones que obran en el
expediente ordinario laboral allegado como prueba, la Sala destaca las siguientes
actuaciones generales:

• El 27 de abril de 2017, los accionantes radicaron la demanda ordinaria
laboral.
• Mediante auto de 24 de mayo de 2017, el Juzgado Segundo Laboral del

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Circuito de Bogotá ordenó su admisión.
• El 23 de marzo de 2018, se ordenó notificar a la sociedad demandada.
• El 30 de noviembre de 2018, se negó la medida cautelar de amparo de
pobreza.
• Por auto de 12 de diciembre de 2018, se concedió el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión que negó la medida cautelar, en el efecto
suspensivo.
• El 21 de enero de 2019, se remitió el expediente al superior funcional.
• Por auto de 26 de noviembre de 2019, se tuvo por contestada la demanda.
• El 4 de marzo de 2020, los accionantes allegaron reforma de la demanda.
• El 12 de agosto de 2022, se ordenó la admisión del escrito de la reforma de
la demanda y se corrió traslado a la parte demandada.
• El 23 de agosto de 2022, se recibió memorial con la contestación a la
reforma de la demanda.

En relación con la audiencia de pruebas se surtieron las siguientes actuaciones:

• El 25 de enero de 2023, se profirió auto que dio por contestada la reforma
de la demanda por GM Colmotores S.A., y se citó a las partes para la
audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, el 16
de mayo de 2023 a las 10:00 am.
• El 16 de mayo de 2023 se surtió la citada audiencia y se fijó como fecha el
7 de julio de 2023 a las 8:00 am, para audiencia de práctica de
interrogatorios y testimonial.
• El 28 de junio de 2023 GM Colmotores S.A. solicitó que la audiencia de
pruebas se realizara de manera presencial.
• El 5 de julio de 2023, mediante auto el juzgado, “aplaza audiencia señalada
para el 07 de julio del 2023, accede a la audiencia presencial en la sede del
juzgado ubicado en el Nemqueteba, fijara fecha una vez se encuentre las
condiciones técnicas para su realización".
• El 6 de julio de 2023, los demandantes pidieron que la diligencia se
realizara al día siguiente.
• Mediante auto de 31 de julio de 2023 se reprogramó la audiencia de
pruebas para el 25 de enero de 2024, a las 9:00 am.

4.4. De conformidad con lo expuesto, la Sala evidencia que si bien han
transcurrido más de seis (6) años desde que se admitió la demanda ordinaria
laboral, lo que en principio desconocería la noción de plazo razonable para
resolver un asunto de carácter laboral donde los accionantes aducen estar en
condiciones de debilidad manifiesta por afecciones de salud, lo cierto es que se
han presentado circunstancias objetivas que justifican la tardanza en el proceso,
las cuales se concretan en: (i) la congestión judicial que existe en el despacho
demandado, pues presenta un aproximado de 1627 procesos activos (inventario al
30 de septiembre de 2023), (ii) la titular del despacho se encuentra posesionada
en el cargo a partir del 6 de junio de 202315, y (iii) durante el año 2023 se han
surtido las siguientes actuaciones: a) el 25 de enero se citó a la partes para la
práctica de la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del
Trabajo, b) el 16 de mayo se celebró de manera virtual la mencionada audiencia y
se determinó que la práctica de interrogatorios y pruebas testimoniales se
realizaría el 7 de julio de 2023 a las 8:00 am, c) el 28 de junio GM Colmotores S.A.
solicitó que la audiencia fuera reprogramada, y d) el 31 de julio de 2023 se
reprogramó la audiencia de pruebas para el 25 de enero de 2024, a las 9:00 am.

15
Desde que se admitió la demanda, han estado tres (3) jueces diferentes a cargo del proceso.

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En efecto, la Sala destaca que pese a que se evidencia una tardanza en el trámite
del proceso laboral, existen circunstancias objetivas que la justifican como es la
congestión judicial que se presenta en el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Bogotá.

Así las cosas, la dilación en la resolución del proceso no es imputable a la titular
del despacho demandado, principalmente, que como lo mencionó la Corte
Constitucional en sentencia SU-179 de 202116, si bien la congestión judicial “no
constituye por sí misma una excusa válida para dejar de atender los deberes propios del
cargo, sí es un problema estructural que afecta la adecuada prestación del servicio
público de administración de justicia”.

Resulta pertinente mencionar que esta Sala17, en consonancia con la
19
jurisprudencia de la Corte IDH18 y la Corte Constitucional , ha indicado que para
analizar la configuración de la mora judicial injustificada, se debe revisar no sólo la
tardanza en emitir la decisión, sino también otros aspectos tales como: la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las
autoridades judiciales y la congestión judicial.

Por lo anterior, la Sala encuentra que la mora judicial se encuentra justificada,
dado que existen circunstancias objetivas que explican la tardanza, la cual no
resulta atribuible a la funcionaria a cargo del proceso.

Ahora bien, teniendo en consideración que lo que se discute en el proceso laboral
es el reintegro de los demandantes, quienes presuntamente se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta por cuestiones de salud, la Sala instará al
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá para que continúe impulsando el
proceso con radicado Nº 110013105002-2017-00203-00, con el fin de que sea
decidido dentro de un plazo razonable.

En relación con las pretensiones atinentes a que se disponga que los tiempos de
trámite y solución de las demás instancias procesales (segunda instancia y
recurso extraordinario de casación), es suficiente indicar que la acción de tutela no
está instituida para resolver sobre cuestiones futuras e inciertas 20. Así mismo,
respecto de las pretensiones encaminadas a que se ordene vigilancia judicial
administrativa, dicho trámite debe adelantarse a petición de parte, por lo que no le
corresponde al juez de tutela intervenir oficiosamente, pues ello desborda su
ámbito de competencia previsto en el artículo 86 de la Carta Política.

Así las cosas, la Sala negará las pretensiones formuladas por los demandantes
contra el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones
expuestas, e instará al despacho judicial para que continúe impulsando el proceso.

4.5. De otra parte, los actores solicitan el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, de contradicción de la

16
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de marzo de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-00316-00;
sentencia de 5 de febrero de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04336-00; sentencia de 21 de junio de 2018, exp. Nº
11001-03-15-000-2018-00078-00, sentencia de 14 de junio de 2018, 11001-03-15-000-2017-03278-00; sentencia de 17 de
agosto de 2017, exp. Nº 11001-03-15-000-2017-00571-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
18
Caso Genie Lacayo vs Nicaragua, Sentencia de 29 de enero de 1997, (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Valle
Jaramillo y otros vs Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Kawas
Fernández vs Honduras, sentencia de 3 de abril de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas); Caso Mémoli vs Argentina,
sentencia de 22 de agosto de 2013, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).
19
Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa. Sentencia T-030 de 2005. M.P. Jaime
Córdoba Triviño. sentencia T-1154 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otras.
20
Corte Constitucional, sentencia T-652 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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prueba y a la tutela judicial efectiva, que consideran vulnerados por no haber sido
vinculados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por
GM Colmotores S.A., contra el Ministerio del Trabajo como litisconsortes
necesarios (radicado No. 250002341000-2019-00221-00).

Consideran que deben hacer parte de ese medio de control por cuanto se discute
la legalidad de las resoluciones por medio de las cuales el Ministerio del Trabajo
sancionó a GM Colmotores S.A. por el despido de 37 trabajadores que se
encontraban enfermos, sin que mediara la respectiva autorización que, a su juicio,
es la prueba “sine qua non” que tienen en el proceso ordinario laboral, por lo que al
declarar la nulidad de los actos se afectan gravemente sus derechos
fundamentales. Por lo anterior, pidieron que se declare la nulidad de todo lo
actuado.

4.6. La Sala observa en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada
de la Rama Judicial que la sociedad GM Colmotores S.A. interpuso demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio del Trabajo, con la
pretensión de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 000889 de 24
de marzo de 2017, No. 003321 de 10 de julio de 2018 y No. 003860 de 31 de julio
de 2018, por medio de las cuales esa cartera ministerial le había impuesto multa
por un valor de 925 SMMLV.

El 11 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “A” profirió sentencia en la que resolvió declarar la nulidad de
las resoluciones demandadas, al encontrar probado que se configuró la caducidad
de la facultad sancionatoria del Ministerio de Trabajo.

El 3 de octubre de 2023, el Ministerio de Trabajo presentó recurso de apelación
contra la anterior decisión, el cual fue concedido mediante auto de 4 del mismo
mes y año y fue enviado al Consejo de Estado el 18 de octubre de 2023.

En el asunto bajo examen, la Sala observa que, respecto de la supuesta falta de
vinculación como litisconsortes necesarios al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, los hoy demandantes tienen la posibilidad de
solicitar la nulidad de lo actuado en ese trámite, de conformidad con el numeral 8
del artículo 133 del Código General del Proceso21, razón suficiente para concluir
que la acción de tutela es improcedente.

La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad entraña
tres supuestos que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b)
cuando no se hayan agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se
dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

En este sentido, los accionantes contaron con la posibilidad de solicitar su
intervención en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
como litisconsortes necesarios y, en cualquier caso, presentar el correspondiente
incidente de nulidad, circunstancias que tornan improcedente la acción
constitucional, en tanto, conforme con la jurisprudencia antes reseñada, la tutela

21
Artículo 133. causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…) 8.
Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al
Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04366-00
Demandante: Yudi Andrea Agudelo Londoño y otros

no puede erigirse como un mecanismo sustituto de otros, previstos en el
ordenamiento jurídico.

En conclusión, por las razones expuestas, las Sala negará las pretensiones
relacionadas con el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá e instará al
mencionado despacho judicial para que continue impulsando el proceso laboral.
Así mismo, declarará improcedente la acción de tutela respecto del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por los
señores Yudi Andrea Agudelo Londoño, Javier Mauricio Melo Barrios, Ricardo
Ramírez Cacais, Jimmy Betancourt Rojas, Héctor Germán Rico Ardila, Julián
Fernando Galeano, Manuel Ruiz Pérez, Jorge Alfredo Hernández Duarte, Mario
Henry González Medina, Carlos Hernando Bello Ramírez, Jonathan Ferney
Rodríguez Díaz y Víctor Julián Sierra Cruz, contra el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Bogotá, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- ÍNSTASE al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, para
que continúe impulsando el proceso ordinario laboral con radicado Nº
110013105002-2017-00203-00, iniciado por los demandantes contra GM
Colmotores S.A., con el fin de que sea decidido dentro de un plazo razonable.

Tercero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, por
las consideraciones precisadas en esta providencia.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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