Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04375-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04375-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04375-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
28 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04375-00
Actor: Johan Sneyder Suárez Bernal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04375-00
Demandante: JOHAN SNEYDER SUÁREZ BERNAL
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ -DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Procedencia de la acción de
tutela para ordenar el reintegro de sumas de dinero descontadas por
concepto de retención en la fuente y el cumplimiento de una orden
judicial impartida por un juez constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Johan Sneyder Suárez Bernal, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, en la que pide
el amparo constitucional de los derechos fundamentales “al pago oportuno del
salario”, a la dignidad humana y al mínimo vital, supuestamente vulnerados con el
no reintegro de los dineros que le han sido descontados por concepto de retención
en la fuente en el año gravable 2023.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante relató que el 14 de abril de 2023 solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la devolución de dineros por
concepto de retención en la fuente del año en curso.
Afirmó que por falta de respuesta presentó acción de tutela contra el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, a la que se le asignó el radicado No. 11001-03-
15-000-2023-02841-00.
Sostuvo que el 26 de junio de 2023 formuló ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, solicitud de vigilancia judicial administrativa sobre el
referido trámite constitucional.
Indicó que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en fallo de
29 de junio de 2023, concedió el amparo del derecho fundamental de petición y
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Actor: Johan Sneyder Suárez Bernal
ordenó “al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la ejecutoria de este proveído, brinde una respuesta
clara, precisa y de fondo a la solicitud elevada por la parte accionante el 14 de
abril de 2023, la cual deberá ser notificada en debida forma […]”.
Por último, manifestó que, en razón al incumplimiento de la orden de tutela, el 14
de agosto de 2023 radicó solicitud de apertura de incidente de desacato y trámite
de cumplimiento del fallo de tutela, y que a la fecha de presentación de la acción
de tutela no ha recibido respuesta de fondo a la petición radicada ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, ni a la
solicitud de vigilancia judicial administrativa.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales “al pago oportuno del salario”, a la dignidad humana y al mínimo
vital, supuestamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá, “con la omisión prolongada e indefinida de las accionadas” de
reintegrar los montos que han sido descontados por concepto de retención en la
fuente durante el año gravable 2023.
3. Pretensiones
El actor formuló las siguientes:
“Primero. Solicito se sirva tutelar la protección de mis derechos fundamentales.
Segundo. Solicito se sirva ordenar a las accionadas las medidas que usted
considere con el fin de que se reestablezcan mis derechos fundamentales”.
4. Pruebas relevantes
El demandante allegó, junto con el escrito de tutela, copia digital de los siguientes
documentos relevantes:
• Solicitud de devolución de dineros por concepto de retención en la fuente
radicada el 14 de abril de 2023, ante la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.
• Correo electrónico de 14 de julio de 2023, enviado por el asistente de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.
• Sentencia de tutela de 29 de junio de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado (radicado No. 11001-03-
15-000-2023-02841-00).
5. Trámite procesal
Por auto de 22 de agosto de 2023, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades demandadas, así como a la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
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Actor: Johan Sneyder Suárez Bernal
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 87997 a 88004 de
25 de agosto de 20231, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”
En escrito de 29 de agosto de 2023, el magistrado ponente de la sentencia de
tutela pidió que se declare la improcedencia de la solicitud al configurarse la cosa
juzgada, comoquiera que existe identidad de partes, objeto y causa petendi con la
tutela radicada con el No. 11001-03-15-000-2023-02841-00, por lo que solicitó
rechazar por improcedente el presente trámite constitucional. En su defecto, pidió
que se declare la carencia actual de objeto por hecho superado.
6.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
A través de memorial de 7 de septiembre de 2023, la magistrada auxiliar de la
Oficina de la Presidencia pidió que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
Afirmó que la petición del demandante fue enviada a una cuenta electrónica de
uso exclusivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura no tuvo conocimiento de la
misma, lo que implica que ni siquiera con el ánimo de dar cumplimiento a la orden
de tutela se puede remitir por competencia a la autoridad responsable
funcionalmente de conformidad con la Ley 1755 de 2015, que en este caso es la
División de Asuntos Laborales de la Unidad de Recursos Humanos y/o Talento
Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Sostuvo que con el propósito de hacer más gravosa la situación de la parte actora,
ha requerido en diferentes oportunidades a la precitada Dirección Seccional para
que acate la orden impartida en la sentencia del 29 de junio de 2023, lo que fue
informado en respuesta al requerimiento previo a la apertura del incidente de
desacato efectuado por auto de 22 de agosto de 2023.
Indicó que la solicitud de amparo deviene improcedente, pues el actor pretende
anteponer un pronunciamiento del juez de tutela, sin que se hayan agotado en su
totalidad los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para la protección
del derecho fundamental de petición.
Finalmente, manifestó que el planteamiento formulado por el accionante deberá
ser analizado y resuelto por el juez que accedió al amparo, a través del incidente
de desacato formulado el 14 de agosto de 2023, en tanto no puede acudir a una
nueva acción para lograr un pronunciamiento anticipado, máxime cuando el
asunto se encuentra en curso y a la espera de que sea resuelto.
6.3. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
En oficio de 28 de agosto de 2023, el presidente de la corporación solicitó que se
niegue por improcedente la acción de tutela, en razón a que el actor la presentó
por los mismos hechos y pretensiones, la cual ya fue resuelta.
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La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: ces2secr@consejodeestado.gov.co, johans-suarezb@unilibre.edu.co;
scprocesos@hotmail.com, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
notifjduque@consejodeestado.gov.co; mcastillol@consejodeestado.gov.co; notifrsuarez@consejodeestado.gov.co;
despachorfsv@gmail.com; notifgvalbuena@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co,
csjsdbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co,
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co y deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Actor: Johan Sneyder Suárez Bernal
Afirmó que al verificar con el personal de la Secretaría del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá que maneja la cuenta de correo
csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co, se estableció que, si bien es cierto que el 26
de junio de 2023 se recepcionó la solicitud, también lo es que ese mismo día se le
informó al actor que el asunto se remitiría por competencia al Consejo de Estado.
Resaltó que en relación con la solicitud de vigilancia judicial administrativa
presentada por el accionante, esa autoridad no es competente para adelantarla en
contra de las altas cortes, toda vez que estas no cuentan con una distribución
territorial de despachos judiciales a nivel nacional que permita a determinado
Consejo Seccional de la Judicatura asumir competencia por el factor territorial al
que hace referencia el artículo 1º del Acuerdo PSAA11- 8716 de 6 de octubre de
2011, en tanto son órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones.
Sostuvo que la vigilancia pretendida por el accionante no es de competencia de
esa Seccional, en razón a que el Consejo de Estado es una autoridad judicial del
orden nacional, aunado a que es la máxima instancia de la jurisdicción
contencioso administrativa y se estaría desconociendo el principio de jerarquía
que enmarca la estructura de la Rama Judicial.
Indicó que la solicitud de amparo constitucional se encamina a la protección del
derecho fundamental de petición, en virtud de la solicitud radicada el 14 de abril de
2023 ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
entidad que actúa como ordenador del gasto y es la competente para estudiar la
viabilidad o no de la devolución de los dineros por retención en la fuente, conforme
a la directrices que sobre el particular ha entregado el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los términos de
los artículos 99 y 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Señaló que las áreas de Talento Humano y Financiera de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, es la entidad competente para
brindar respuesta a la solicitud del accionante relacionada con la devolución de
dineros por concepto de deducciones de retención en la fuente.
Agregó que el actor previamente interpuso otra acción de tutela por los mismos
hechos y pretensiones cuyo radicado es el No. 11001-03-15-000-2023-02841-00,
en la que se dictó fallo el 29 de junio de 2023 proferido por Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, lo que permite concluir que está incurso en
perjurio al presentar esta nueva acción, donde reconoce el otro trámite, pero se
contradice al prestar el juramento necesario para esta nueva acción.
Por último, manifestó que no tiene ninguna relación con las funciones
administrativas del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y las
pretensiones que motivan la solicitud de amparo constitucional, las cuales se
dirigen de manera exclusiva contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, entidad frente a la que se dictó la orden de
tutela y respecto a la cual solicitó iniciar el incidente de desacato para obtener el
cumplimiento del fallo.
6.4. Respuesta de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá
6.4.1. En escrito de 4 de septiembre de 2023, el director seccional solicitó que se
nieguen las pretensiones de la acción de tutela por considerarla improcedente, a lo
que agregó que es viable que se declare la configuración de un hecho superado
por carencia actual de objeto.
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Actor: Johan Sneyder Suárez Bernal
Expresó que mediante correo electrónico de 4 de septiembre de 2023, remitió a la
acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2023-02841-00, el soporte de
la respuesta a la petición presentada por el demandante, sin que esto signifique
obligatoriamente que sea a su favor.
6.4.2. En correo electrónico de 4 de septiembre de 2023, el Grupo de Apoyo
Acciones Constitucionales pidió al juez constitucional que se nieguen las
pretensiones de la acción, al configurarse un hecho superado por carencia actual
de objeto, con sustento en que el 4 de septiembre de 2023 se informó al
demandante sobre la respuesta otorgada en relación con la solicitud de devolución
de los dineros por concepto de retención en la fuente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
De conformidad con el escrito de tutela y las contestaciones rendidas en este
trámite constitucional, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela
promovida por el demandante es procedente para ordenar la devolución de los
dineros descontados por retención en la fuente durante el año gravable 2023,
debido al amparo del derecho fundamental de petición que le otorgó la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 29 de junio de
2023 (rad. 2023-02841-00), lo que, a juicio del actor, conlleva la vulneración de los
derechos fundamentales “al pago oportuno del salario”, a la dignidad humana y al
mínimo vital.
De igual modo, se verificará si el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
conculcó alguna garantía fundamental del demandante, con la supuesta falta de
respuesta a la solicitud de vigilancia judicial administrativa formulada.
Como quiera que en los informes rendidos por las diferentes autoridades se indicó
que el demandante incurrió en una actuación temeraria, de manera previa, en el
caso concreto, se efectuará el análisis sobre este particular.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
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casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Como cuestión inicial, la Sala observa que la figura de la temeridad invocada
por las entidades accionadas en los informes rendidos en este trámite
constitucional no se configura, por las siguientes razones:
La acción de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2023-02841-00, si bien
guarda similitud de partes, en razón a que son el mismo accionante y accionadas,
además que puede existir coincidencia en algunos de los hechos, lo cierto es que
las pretensiones difieren, pues en la solicitud que ocupa la atención de la Sala
pretende el reintegro de los dineros en virtud de la retención en la fuente que se le
practicó al actor en lo que va corrido del año gravable 2023, mientras que en la
acción de tutela primigenia se solicitó el amparo del derecho fundamental de
petición.
Al respecto, valga recordar que la Corte Constitucional ha precisado que “la
configuración de la temeridad implica, entonces, que el caso no solo comparta la
concurrencia de triple identidad2 a la que ya se ha hecho referencia al momento de
caracterizar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, sino también la
acreditación plena del actuar doloso y de mala fe de quien activa el recurso de
amparo”3.
Por lo anterior, se evidencia que el presente asunto no ostenta triple identidad ni
se acreditó un actuar doloso o de mala fe del señor Johan Sneyder Suárez Bernal,
razón por la cual se descarta ese alegado consistente en la configuración de la
temeridad, propuesto en los escritos de contestación.
4.2. De otra parte, la Sala encuentra que, como se indicó en el problema jurídico,
el propósito de esta solicitud de amparo constitucional es que se ordene al
Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá -Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, efectuar el reintegro de los valores
descontados al demandante por concepto de retención en la fuente en el año
gravable 2023, lo que solicitó en la petición de 14 de abril de 2023.
Al respecto, de conformidad con la teleología de la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política, como mecanismo de defensa judicial
residual y subsidiario encaminado a la protección de los derechos fundamentales,
lo pretendido por el demandante es improcedente pues no es el medio idóneo
para ordenar la devolución de sumas dinerarias.
En efecto, la Corte Constitucional ha considerado que “la acción de tutela no es el
instrumento apto para lograr que se ordene el pago de las sumas de dinero (…)”, a
lo que ha agregado que en los casos en que esté de por medio una pretensión
relacionada con el reintegro o devolución de dineros es improcedente, en razón a
que la parte interesada cuenta con diferentes mecanismos que dispone el
ordenamiento jurídico, con el fin de plantear este debate4.
2
Mismo objeto, causa petendi y partes.
3
Sentencia T-250 de 2021, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
4
Sentencias T-594 de 2007, T-304 de 2009, T-650 de 2011 y T-513 de 2017.
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Por lo anterior, como la Sala entiende que lo pretendido por el accionante es que
se devuelvan las sumas de dineros que han sido descontadas por concepto de
retención en la fuente en lo que va corrido del año gravable 2023, es evidente que
la acción de tutela no se encuentra instituida para plantear este debate de
naturaleza económica.
4.3. Ahora bien, si lo que pretende el actor es que se brinde respuesta clara, de
fondo y congruente a la petición que radicó el 14 de abril de 2023, respecto de la
cual fue beneficiario de un amparo constitucional, la conclusión a la que se debe
arribar es que este medio de defensa es igualmente improcedente, con sustento
en lo siguiente:
Del expediente de tutela, se observa que para el momento de la presentación de
la acción de tutela estaba en curso un incidente de desacato en el que se pedía el
cumplimiento de la sentencia proferida el 29 de junio de 20235 por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado (radicado No. 11001-03-15-000-
2023-02841-00), en la que se amparó el derecho fundamental de petición del
señor Suárez Bernal y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura -Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, que en el término de 48
horas contadas a partir de la ejecutoria de ese proveído, brindara una respuesta
clara, precisa y de fondo a la solicitud elevada por la parte accionante el 14 de
abril de 2023.
Con base en esa protección constitucional, el demandante solicitó la apertura de
un incidente de desacato, con el fin de que se diera cumplimiento al fallo de tutela
de 29 de junio de 2023, en razón a que las entidades accionadas no habían
entregado respuesta a la petición ni se habían reintegrado los dineros que son
objeto de la solicitud de 14 de abril de 2023.
Al verificar en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI se constató que la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en auto de 22 de agosto
de 2023, requirió a la entidad accionada con el fin de que allegara un informe
sobre el cumplimiento del fallo de tutela, así:
“RESUELVE
Primero: Por Secretaría General, asignar un número de radicado, para adelantar el
trámite del presente incidente de desacato.
Segundo: Requerir al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, para que informe a este despacho, en el término
de tres (3) días, el nombre, apellido, identificación y cargo del funcionario que debe dar
cumplimiento a la orden impuesta por esta Subsección en el fallo de tutela del 29 de
junio de 2023 y resolver la situación planteada por el accionante.
Tercero: Remitir copia del expediente de la referencia, para su conocimiento”.
Aunado a lo anterior, se observa que el expediente correspondiente al incidente de
desacato ingresó al despacho el 26 de septiembre de 2023.
Es decir, que la solicitud de amparo se radicó cuando se encontraba en trámite la
verificación del cumplimiento de la orden de tutela, por lo que el requisito de la
subsidiariedad no se cumple, lo que evidencia que esta acción se presentó
estando en curso el incidente de desacato, escenario en el que se deberá
determinar si la orden judicial que dispuso el amparo del derecho fundamental de
petición se encuentra cumplida.
5
La decisión de tutela se sustentó en que “la petición fue radicada el 14 de abril de 2023 y a la fecha no ha sido resuelta,
[por lo que] esta Subsección concluye que la parte accionada excedió el término que dispuso el artículo 14 de la Ley 1755
de 2015, para resolver este tipo de solicitudes, por lo que resulta forzoso conceder el amparo deprecado”.
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Al respecto, valga precisar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto
está en trámite, toda vez que el interesado cuenta con la posibilidad de agotar los
medios de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico. En la sentencia
T-103 de 2014, dicha Corporación sostuvo que el requisito de subsidiariedad
cuando se atacan decisiones judiciales se puede presentar en dos escenarios i)
cuando el proceso ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso, escenario en
el que “la intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la
acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver
6
problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario” .
En esas condiciones, la acción de tutela es improcedente respecto del
cumplimiento de la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, porque el actor promovió
incidente de desacato, el cual se encuentra en trámite.
Finalmente, respecto a la solicitud de vigilancia judicial administrativa que el
demandante radicó el 26 de junio de 2023 ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, se observa de las pruebas aportadas por el mismo
accionante, que la misma fue remitida por competencia al Consejo de Estado por
correo electrónico de la misma fecha, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 217 de la Ley 1437 de 2011, sin que se evidencie alguna vulneración del
derecho fundamental de petición por parte de dicha corporación.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela, habida cuenta de que i) no está instituida para ordenar el reintegro de
sumas dinerarias y ii) porque el actor cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para verificar el cumplimiento de un fallo de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Johan Sneyder Suárez Bernal, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá -Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
6
En el mismo sentido, véase la sentencia de tutela 2 de marzo de 2023, exp. 2023-00138-00, M.P. Wilson Ramos Girón.
7
ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El
nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro
del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no
existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04375-00
Actor: Johan Sneyder Suárez Bernal
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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