Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04380-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04380-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04380-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
11 de abril de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04380-00
Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04380-00
Demandante: ÓSCAR FERNANDO QUINTERO MESA
Demandado: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y OTRO
Temas: Tutela por desvinculación laboral. Temeridad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Institución Universitaria
Antonio José Camacho.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de julio de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
Óscar Fernando Quintero Mesa pidió la protección de los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la vida.
A juicio del actor, la vulneración se presenta porque la Institución Universitaria Antonio
José Camacho lo desvinculó del cargo. Además, por el supuesto incumplimiento de la
sentencia dictada por la CIDH el 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs
Colombia.
2. Pretensiones
El escrito de tutela es realmente confuso. Sin embargo, de la subsanación presentada
por el demandante el 2 de agosto de 2023 se advierte que formuló las siguientes
pretensiones.
PRIMERO: Tutelar el Derecho fundamental mínimo vital, vida digna y al derecho a la vida art.
11 de la C.N. ACCION DE TUTELA-Procedencia para la protección de derechos derivados de
la estabilidad laboral reforzada. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADORES DISCAPACITADOS O EN CONDICIONES DE DEBILIDAD MANIFIESTA-
Protección constitucional especial.
SEGUNDO: como consecuencia de ello debe ordenarse a la ACCIÓN DE TUTELA en contra
de la INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, Representada por el
Rector JAIRO PANESO TASCON, mayor de edad, vecina y presidente (sic) en Cali, o por quien
haga sus veces, para que el reintegro del suscrito OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA,
mayor de edad vecino y residente en Cali, al mismo cargo, en las mismas condiciones que
tenía en el momento de producirse la ruptura unilateral de contrato de trabajo y todos los
salarios dejados de percibir como las acreencias laborales a que tengo derecho incluyendo la
seguridad social desde la fecha de terminación de contrato y así sucesivamente.
TERCERO: Prevenir a la accionada para que evite incurrir nuevamente en las omisiones
ilegítimas que originaron la presente actuación, so pena de las acciones legalmente
correspondientes.
Además, en memorial del 7 de agosto de 2023, el señor Quintero Mesa afirmó que
reclamaba el cumplimiento de una sentencia proferida el 8 de julio de 2020 contra el
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Estado Colombiano en el caso Petro Urrego vs. Colombia y dijo formular «INCIDENTE
DE DESACATO por incumplimiento de la sentencia de TUTELA de la CIDH SENTENCIA DE
8 DE JULIO DE 2020, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas».
3. Hechos y argumentos de la acción de tutela
Del confuso escrito de tutela y de la subsanación, la Sala infiere los siguientes hechos
relevantes:
El señor Óscar Fernando Quintero manifestó que trabajó para la Institución
Universitaria Antonio José Camacho. Que, el 22 de diciembre de 2012, fue
desvinculado de esa institución, sin tener en cuenta que se encontraba en un estado
de debilidad manifiesta, porque padecía de varias enfermedades en el periodo de
ejecución del contrato laboral.
Debido a lo anterior, alegó que la Institución Universitaria Antonio José Camacho
vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida, por desconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, solicitó el reintegro “en las mismas
condiciones que tenía en el momento de producirse la ruptura unilateral de contrato de trabajo
y todos los salarios dejados de percibir”.
Adicionalmente, el actor relacionó apartes de la sentencia del 8 de julio de 2020,
proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH en el caso Petro
Urrego vs. Colombia.
4. Trámite procesal
Inicialmente, la acción de tutela correspondió al Juzgado 59 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá. Ese juzgado determinó que el escrito presentado
por el demandante correspondía a un trámite incidental por el aparente incumplimiento
de fallos dictados por el Juzgado 20 Civil Municipal de Cali y 12 Civil del Circuito de
Cali y, por lo tanto, remitió el expediente a esos despachos judiciales.
Por auto del 25 de julio de 2023, el Juzgado 20 Civil Municipal de Cali precisó que el
escrito aportado por el demandante no correspondía a un incidente de desacato, sino
a la presentación de una nueva acción de tutela y que debía someterse a reparto entre
los juzgados municipales de Cali.
La tutela fue repartida con el radicado número 76001318700820230003500 y
correspondió al Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cali, que, por auto del 27 de julio de 2023, inadmitió la demanda de tutela para que el
actor aclarara los hechos e identificara las autoridades contra las que dirigía la acción
de tutela.
Por auto del 2 de agosto de 2023, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cali requirió nuevamente al demandante para que aclarara los hechos
que motivaban la acción de tutela y contra qué entidades estaba dirigida.
Mediante auto del 4 de agosto de 2023, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali, estimó subsanada la demanda, la admitió y ordenó
notificar, en calidad de parte demandada, a la Institución Universitaria Antonio José
Camacho y, adicionalmente, vinculó a los juzgados Noveno de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali, 34 Civil Municipal de Cali y 18 y 19 Penal del Circuito
de Cali.
La secretaría de ese despacho realizó las respectivas notificaciones a través de
correos electrónicos enviados el 4 de agosto de 2023.
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Mediante correo electrónico del 7 de agosto de 2023, el actor presentó nueva
información en la que reclamaba el cumplimiento de la sentencia del 8 de julio de 2020
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego
Vs. Colombia.
En consecuencia, por auto del 8 de agosto de 2023, el juzgado vinculó al trámite al
Ministerio de Relaciones Exteriores y en esa misma fecha la secretaría practicó la
notificación del vinculado a través de correo electrónico.
Por auto del 8 de agosto de 2023, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Cali solicitó al Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali que remitiera copia
de los fallos de tutela que dictó en los procesos 2023-00075 y 2023-00076, así como
en los demás procesos si los hubiere y que fueran de su conocimiento, en los que el
actor fuera Óscar Fernando Quintero Mesa.
El 9 de agosto de 2023, el Juzgado 13 Civil del Circuito de Cali aportó el fallo de tutela
proferido en el proceso 2023-00076, en el que actuó como demandante el señor
Quintero Mesa y demandado el Juzgado 33 Civil Municipal de Cali.
Por auto del 14 de agosto de 2023, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali ordenó remitir el expediente radicado No.
7600131870820230003500 al proceso con radicado número
11001031500020230129200, que se tramitaba en esta Sección, para el estudio de la
acumulación de tutela.
Por auto del 23 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador dispuso avocar
conocimiento de la acción de tutela y continuar con el trámite del proceso en el estado
en el que se encontraba, y denegó la acumulación del expediente
7600131870820230003500 al proceso 11001031500020230129200.
El 11 de octubre de 2023, los magistrados de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
manifestaron estar impedidos para conocer del asunto porque el señor Óscar
Fernando Quintero Mesa presentó denuncias en su contra ante la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Por auto del 16 de febrero de 2024, la Sala de conjueces declaró infundados los
impedimentos manifestados por los magistrados de la Sección Cuarta y ordenó
devolver el expediente al despacho de origen.
5. Intervenciones
El secretario general de la Institución Universitaria Antonio José Camacho solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela y, subsidiariamente, pidió que se
denegaran las pretensiones y se desvinculara a esa institución. Adicionalmente,
solicitó que: (i) se fijara multa o sanción por la evidente temeridad de la presente
acción de tutela y que se conminara al señor Óscar Fernando Quintero Mesa a fin de
que evitara interponer acciones de tutela por los mismos hechos y similares
pretensiones y (ii) compulsara copias a la Fiscalía General de la Nación para que
investigara la conducta del señor Quintero Mesa, “en la cual hace una falsa denuncia y
afecta el buen nombre no solo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, sino
también de quienes innumerables veces han sido vinculados en las respectivas acciones de
tutela”.
Dijo que la relación laboral que existió entre la institución y el señor Quintero Mesa
finalizó hace más de 10 años, por lo que la tutela no cumplía los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.
Explicó que el señor Quintero Mesa promovió proceso ordinario laboral que se tramitó
en primera instancia ante el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali, bajo el radicado
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
No. 2015 – 00127 y en sentencia de primera instancia fueron denegadas las
pretensiones. Que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali al
resolver el recurso de apelación declaró la nulidad de todo lo actuado, y ordeno él
envió del expediente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Que el Juzgado
Segundo Administrativo de Cali inadmitió la demanda y el 14 de marzo de 2018 fue
retirada.
Que el actor ha presentado más de 38 acciones de tutela en las que ha demandado
a la institución directamente o solicitado su vinculación, las cuales tienen los mismos
supuestos fácticos y propone las mismas pretensiones, situación que configuraba
temeridad en el actuar del demandante.
Adujo que lo anterior dejaba en evidencia el falso testimonio del actor al manifestar en
el escrito de tutela que no ha presentado otra acción por los mismos hechos y
derechos.
El juez 19 penal del circuito con funciones de conocimiento de Cali señaló que
conoció de dos acciones de tutela presentadas por el señor Quintero Mesa que fueron
declaradas improcedentes.
El juez 18 penal del circuito con funciones de conocimiento de Cali informó que
conoció de la acción de tutela 2023-00280 promovida por Oscar Fernando Quintero
Mesa en contra del Ministerio de Trabajo, la Fiduprevisora, la CNSC y la Secretaría
de Educación de Cali, que fue declarada improcedente mediante sentencia del 4 de
agosto de 2023.
El juez 13 civil del circuito de Cali envió copia de la sentencia de tutela del 24 de
marzo de 2023, dictada en el expediente 2023-00076, promovido por el señor Quintero
Mesa en nombre propio y como agente oficioso de Luz Stella Quintero Mesa en contra
del Juzgado 33 civil municipal de Cali.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y los Juzgados Noveno de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Cali y 34 Civil Municipal de Cali no rindieron
informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de
tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa para obtener el reintegro en la Institución
Universitaria Antonio José Camacho y para que se ordene cumplir la sentencia dictada
por la CIDH el 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs Colombia.
La Sala anticipa que la acción de tutela es improcedente, porque la pretensión de
reintegro es temeraria debido a que el actor ya había promovido una acción de tutela
con identidad de partes, causa y objeto, y frente a la pretensión de cumplimiento de la
sentencia dictada por la CIDH el 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs Colombia
el demandante no explicó de qué forma esa situación afectaba algún derecho subjetivo
del que sea titular.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) de la actuación temeraria, y (iii) análisis del
caso concreto.
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2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
3. De la actuación temeraria
El artículo 381 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria
cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También
señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán
desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en
la indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe
(i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante,
en cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante;
(iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción.
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades a actuar con base en
el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de “respetar los derechos ajenos
y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la
justicia”.
Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, “busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad
pública”2.
4. Análisis del caso concreto
El demandante alegó, por un lado, que la Institución Universitaria Antonio José
Camacho vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida, por cuanto
lo desvinculó, sin tener en cuenta su estado de vulnerabilidad por condiciones de salud
y, por otro, que se debe ordenar el cumplimiento de la sentencia dictada por la CIDH
el 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs Colombia. En ese mismo orden, la
Sala analizará los cargos de la demanda.
1 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones
a que haya lugar.
2 Sentencia T-507 de 2011.
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4.1. Sobre las pretensiones de reintegro
Como se vio, el demandante expone haber sido retirado de la Institución Universitaria
Antonio José Camacho cuando era beneficiario de estabilidad laboral reforzada por
encontrarse en estado de vulnerabilidad.
Por su parte, la Institución Universitaria Antonio José Camacho manifestó que la
presente acción de tutela guardaba identidad con varias acciones de tutela, entre ellas,
la de la de radicado 76001400301320220042700/01, decididas por el Juzgado 13 Civil
Municipal de Cali y Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, respectivamente.
De la verificación de los anexos aportados por la Institución Universitaria Antonio José
Camacho del proceso de tutela número radicado 76001400301320220042700/01, la
Sala encuentra lo siguiente:
En cuanto a la identidad de partes. En la presente demanda de tutela como en la de
radicado 2022-00247-00/01 el actor demanda a la Institución Universitaria Antonio
José Camacho.
Es decir, coincide los extremos procesales: señor Óscar Fernando Quintero Mesa e
Institución Universitaria Antonio José Camacho.
Frente a la identidad fáctica. Tanto en la demanda de tutela que aquí se estudia
como en la solicitud de amparo de radicado 2022-00247-00/01, radica el
cuestionamiento en la desvinculación del señor Quintero Mesa de la Institución
Universitaria Antonio José Camacho en el año 2012, con inobservancia, según relata,
de la condición de su estado de salud
Siendo así, también está cumplida la identidad fáctica, debido a que las dos acciones
de tutela tienen el mismo origen.
Respecto a la identidad de objeto. En esencia, las pretensiones de este proceso
coinciden con las del proceso 2022-00247-00/01, pues, en últimas, el actor pretende
el reintegro a la Institución Universitaria Antonio José Camacho, así como el pago de
indemnizaciones (así lo menciona en el proceso 2022-00247-00/01) y salarios y
seguridad social (propuesto en la presente acción de tutela).
Se encuentra, entonces, acreditada la identidad fáctica e identidad de objeto entre las
demandas de tutela presentadas por el señor Óscar Fernando Quintero Mesa y, por
lo tanto, está configurada la actuación temeraria por parte del demandante.
Por último, la Sala no puede pasar por alto que el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa ejerce de manera abusiva la acción de tutela, pues, a sabiendas de que ya ha
promovido múltiples solicitudes de amparo por los mismos hechos y razones, las
cuales fueron declaradas improcedentes, insiste en el uso de este mecanismo.
Justamente por lo anterior, la Sala llama la atención del demandante para que, en lo
sucesivo, se abstenga de presentar acciones de tutela por los mismos hechos y
razones aquí manifestadas.
4.2. Sobre las pretensiones de cumplimiento de la sentencia dictada por la CIDH
el 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego vs Colombia
La Sala destaca que, en escrito del 7 de agosto de 2023, el señor Quintero Mesa afirmó
que reclamaba el cumplimiento de la sentencia proferida el 8 de julio de 2020 en contra
del Estado Colombiano en el caso Petro Urrego vs. Colombia y dijo formular
«INCIDENTE DE DESACATO por incumplimiento de la sentencia de TUTELA de la CIDH
SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas».
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Demandante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Al respecto, la Sala encuentra que la acción de tutela tiene como objeto3 «la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública».
Sin embargo, el señor Óscar Fernando Quintero Mesa no explicó cuáles son los
derechos fundamentales que estima vulnerados o amenazados ni cómo podría
afectarlo el supuesto incumplimiento de la sentencia del 8 de julio de 2020 dictada por
la CIDH.
Esa situación impide a la Sala realizar un pronunciamiento de fondo sobre lo
pretendido. En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo, en los
términos el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Prevenir al señor Óscar Fernando Quintero Mesa para que, en lo sucesivo, se
abstenga de presentar acciones de tutela por los mismos hechos y razones aquí
expuestas.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 1.
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