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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04391-00

Fecha
30 de octubre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04391-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04391 00
Demandante: Luis José Gómez Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre

Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Régimen especial de carrera de la
Registraduría Nacional del Estado Civil / Delegado Departamental
/ Libre remoción / Ausencia del defecto alegado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

El señor Luis José Gómez Martínez a través de apoderado promueve acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mérito,
al trabajo, a la igualdad y a la legalidad.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados solicita:

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04391 00
Demandante: Luis José Gómez Martínez

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales del señor Luis José Gómez Martínez al
debido proceso, legalidad, acceso a la administración de justicia, mérito, trabajo,
igualdad y demás derechos fundamentales y principios constitucionales, los cuales
fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado No. 70001 33 33 007 2016
00274 03. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 23 de febrero de 2023,
del Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho, con Radicando No. 70001 33 33 007 2016 00274 03, por las razones
expuestas en este libelo.

SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR todos los derechos y principios constitucionales no nombrados en
virtud de las facultades ultra y extrapetita que ostenta el juez constitucional.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, señaló los siguientes:

i) El 27 de mayo de 2009, a través de Resolución 3286 el registrador nacional del
Estado Civil, nombró al señor Luis José Gómez Martínez en el cargo de delegado
departamental 0020-04 de la planta global de la sede central, empleo de libre
remoción, luego de superar un concurso de méritos adelantado en la Convocatoria 003
del 16 de diciembre de 2008.1

ii) El registrador nacional del Estado Civil designó al señor Luis Gómez Martínez
delegado departamental de Sucre, efectuándose su posesión el 1.° de junio de 2009
ante el gobernador de dicha ciudad.
iii) El señor Luis Gómez ingresó al régimen de carrera especial administrativa de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en el cargo de delegado departamental 0020-
04.

iv) El 30 de junio de 2016, por Resolución 5713 el registrador nacional del Estado Civil
declaró insubsistente el nombramiento del señor Luis José Gómez Martínez del cargo
que regentaba.

1 Por la cual se dio apertura para proveer mediante un concurso abierto de méritos, sesenta y cuatro (64) cargos

de Delegado del Registrador Nacional 0020-04, empleos de “libre remoción” del nivel directivo de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de la Sentencia C-230 A del 6 de marzo del 2008 y C-553 de 2010 de
la Corte Constitucional”. (transcripción hecha del libelo tutelar)

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04391 00
Demandante: Luis José Gómez Martínez

v) A través de apoderado, el señor Luis Gómez Martínez promovió el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Registraduría Nacional del Estado
Civil con el propósito de dejar sin efectos el acto administrativo de insubsistencia, y, a
título de restablecimiento, obtener el reintegro al cargo y la cancelación de los salarios,
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir con motivo de la
desvinculación.

vi) El 17 de mayo de 2019, el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo negó las
pretensiones de la demanda.

vii) El 23 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la sentencia
proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

Consideró que la providencia objeto de litis incurrió en los siguientes defectos:

1.3.1. Desconocimiento del precedente

i) Desconoció el contenido de la Sentencia C-553 de 2010, a través de la cual la Corte
Constitucional efectuó una armonización entre la facultad del registrador nacional para
«la libre remoción de sus subalternos que funjan como autoridades administrativas o
electorales y la obligación de motivar el acto administrativo de insubsistencia por medio
del cual sean apartados los funcionarios públicos que ejerzan dicha actividad».

ii) A su juicio, tal potestad debe ser compatible con la pertenencia a la carrera
administrativa especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil que la
Constitución confirió a dichos cargos, lo que implica que el acto de desvinculación, a
pesar de recaer en la órbita funcional del registrador, debe explicitar su motivación, -
contario a lo argumentado por el Tribunal Administrativo de Sucre- para garantizar la
legalidad del acto administrativo.

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Demandante: Luis José Gómez Martínez

iii) En Sentencia T-627 de 2016, la Corte Constitucional destacó la importancia de
motivar los actos administrativos por medio de los cuales se declara la insubsistencia,
como en el caso de una Delegada Departamental de la Registraduría, nombrada en
provisionalidad.

iv) El Tribunal se equivocó al estudiar la naturaleza del cargo de delegado que
ostentaba el accionante, a quien le atribuyeron la calidad de libre nombramiento y
remoción, olvidando que había ingresado a un régimen especial de carrera por mérito,
y, por tanto, no cobijado por dicho régimen, tema tratado en la sentencia inaplicada.

v) El Consejo de Estado, a través de sentencia del 26 de octubre de 2017, con radicado
68001 23 31 000 2009 00683 01, abordó la naturaleza de los cargos de la
Registraduría cobijados por el régimen especial de carrera que se caracterizan por
combinar el ingreso por mérito y la libre remoción para empleados de responsabilidad
política y administrativa.

vi) El señor Luis Gómez en su trayectoria como delegado departamental no recibió una
calificación negativa, ni se le adelantaron investigaciones disciplinarias por parte de su
nominador como tampoco penales, antes bien, observó una conducta proba acorde
con su cargo.

vii) Solicitó el amparo deprecado como mecanismo definitivo «para proteger los
derechos fundamentales de mi menor hija y los propios».

1.4. Actuación procesal

i) El 22 de agosto de 2023, el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez manifestó
impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia, comoquiera que
tiene una relación de amistad cercana con la magistrada Tulia Isabel Jarava Cárdenas,
quien suscribió la decisión objeto de cuestionamiento en el presente asunto, el cual, al
ser declarado fundado por auto del 31 de igual mes y año, motivó su separación del
asunto objeto de litis.

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ii) Por auto del 6 de octubre de 2023 se admitió la presente acción de tutela, se ordenó
notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Tercera de Decisión, y se vinculó como tercero interesado a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, entidad que fungió como demandada en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33- 33-007-2016-
00274-00 [03], para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil,2
José Antonio Parra Fandiño, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo,
pues en el trámite del proceso ordinario no se presentó omisión alguna que afectara
los derechos fundamentales invocados por el accionante, pues se surtió con plena
garantía de las partes.

1.5.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre,3 César Enrique Gómez
Cárdenas, consideró que la acción de tutela promovida por el señor Luis Gómez
Martínez no cumple con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que
pretende reabrir una discusión sobre un tema agotado ante el juez natural de la causa.

Manifestó que el accionante simplemente está en desacuerdo con el análisis jurídico
y fáctico que realizó esa corporación al decidir el recurso de alzada, toda vez que
resultó lesivo a sus pretensiones.

2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.

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Demandante: Luis José Gómez Martínez

2.2. Problema jurídico

Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre, quebrantó los derechos
fundamentales invocados por el accionante al proferir la sentencia del 23 de febrero
de 2023 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 70001 33 33 007 2016 00274 00 [01], por medio de la cual resolvió confirmar
la providencia dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo que negó
las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció, en sus artículos 11, 12
y 40, la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda

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causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
Sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos y que se hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

4
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).

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Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

De acuerdo a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción
de tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías
judiciales ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste
suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, al mérito, al trabajo, a la igualdad y a la legalidad. y fueron
desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así como el defecto que, en
criterio del accionante se configuró en la decisión objeto de litis.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
en cuanto se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Sucre, que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en providencia
del 17 de mayo de 2019 por el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo, de modo
que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió
al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 23 de febrero de 2023, mientras que la acción de
tutela de la referencia fue radicada el 17 de agosto de igual anualidad,7 es decir, dentro
de los 6 meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como
prudencial para acudir al medio de amparo constitucional.

6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
7https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002023043910011001

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La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas, que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 27 de mayo de 2009, a través de Resolución 3286 el registrador nacional del
Estado Civil resolvió:8

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter ordinario en la Planta de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, establecida mediante Decreto Ley 1012 de 2000, al doctor
LUIS JOSÉ GÓMEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula […], para desempeñar el cargo de
DELEGADO DEPARTAMENTAL 0020-04, de la Planta Global de la Sede Central, empleo de
Libre Remoción del Nivel Directivo de la Entidad, con una asignación básica mensual de
$3.562.152.

[…]

2.4.2. El 30 de junio de 2016, por Resolución 5713 el registrador nacional del Estado
Civil en ejercicio de las atribuciones legales contenidas en el numeral 8.° del artículo
26 del Decreto 2241 de 1986 y 5.° del artículo 24 del Decreto Ley 1010 de 2000,
dispuso:9

ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, declarar insubsistente el nombramiento del
servidor LUIS JOSÉ GÓMEZ MARTÍNEZ, identificado con cédula […], del cargo de DELEGADO
DEPARTAMENTAL 0020-04, de la Planta Global de la Sede Central.

2.4.3. El 1.° de diciembre de 2016, el señor Luis José Gómez Martínez a través de
apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra

8 Folios 20 y 21 del expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
9 Folio 23 del expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Luis José Gómez Martínez

la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución 5713 del 30 de junio de 2016, por medio de la cual fue declarado
insubsistente del cargo de delegado departamental de Sucre, así como condenar a la
entidad demandada a reintegrarlo en el mismo cargo que ocupaba y al pago de los
salarios y emolumentos dejados de percibir.10

2.4.4. El 17 de mayo de 2019, el Juzgado Séptimo Administrativo de Sincelejo negó
las súplicas de la demanda.11

2.4.5. El 23 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la
sentencia proferida por el juez a quo.12

2.5. Análisis de la Sala

El accionante interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre,
pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, al mérito, al trabajo, a la igualdad y a la legalidad
presuntamente vulnerados con la sentencia del 23 de febrero de 2023, dictada dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 70001-33-
33-007-2016-00274-03 que negó las pretensiones del medio de control.

En esta instancia, el señor Luis José Gómez Martínez consideró que el Tribunal
Administrativo de Sucre incurrió en desconocimiento del precedente, al considerar
que la providencia objeto de cuestionamiento desconoció la Sentencia C-553 de 2010,
a través de la cual la Corte Constitucional efectuó una armonización entre el ejercicio
de la facultad del registrador nacional de libre remoción respecto de sus subalternos
que funjan como autoridades administrativas o electorales y la obligación de motivar
el acto administrativo de insubsistencia por medio del cual sean apartados los
funcionarios públicos que ejerzan dichas actividades.

A su juicio, tal potestad debe ser compatible con la pertenencia a la carrera
administrativa especial de la Registraduría Nacional del Estado Civil que la

10
Folios 1 a 18 del expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Luis José Gómez Martínez

Constitución le ha conferido a dichos cargos, lo que implica que el acto de su
desvinculación, a pesar de recaer en la órbita funcional del registrador, debe hacer
explícita su motivación.

Esta Sala considera pertinente destacar que el Tribunal, luego de un recuento
normativo,13 y jurisprudencial,14 -incluida la Sentencia C-553 de 2010-, determinó que
dada la naturaleza del cargo de delegado departamental -el cual ostentaba el aquí
accionante-, así como los alcances de la facultad discrecional para desvincular a un
empleado de dicha categoría por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
ostentaba la naturaleza de libre remoción, pero no de libre nombramiento, pues los
cargos de responsabilidad administrativa o electoral del régimen especial previsto en
la Constitución para esa entidad, combina el ingreso mediante concurso de méritos y
la libre remoción para la separación del cargo.

Así, a partir de la valoración de todos los medios probatorios, obtuvo la certeza de que
los reparos expuestos por el señor Gómez Martínez en el recurso de apelación
relativos a que la Resolución 5713 de 2016 -por medio de la cual fue declarado
insubsistente el nombramiento- se expidió con desviación de poder y falsa motivación,
no desvirtúan la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, por
cuanto las solas afirmaciones del actor catalogando de subjetivo su retiro del servicio
no constituían prueba ni motivos para concluir que se presentó un abuso de poder de
la autoridad nominadora y que el acto demandado era contrario a derecho, «máxime
cuando el cumplimiento del deber funcional y la facultad de libre remoción no se
excluyen ni oponen entre sí, pues aquel no enerva esta».

Conforme a lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Sucre concluyó que no existía
duda de que el señor Luis José Gómez Martínez era un empleado de libre remoción,
y bien podía ser retirado de manera libre y discrecional por el nominador, al efecto
discurrió:

13 Acto legislativo 01 de 2003, artículo 266 de la Constitución, artículo 6.° de la Ley 1350 de 2009.
14 Corte Constitucional: C-103 de 2003, C-230 de 2008, SU-917 de 2010, C-553 de 2010, Consejo de Estado, Sala

de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda: i) del 26 de febrero de 2006, radicación número: 25000 23 25
000 2002 01649 01, ii) del 2 de marzo de 2017, radicado número 63001 23 31 000 2009 00276 01, iii) del 23 de
febrero de 2011, radicación número 17001 23 31 000 2003 01412 02, iv) del 28 de octubre de 2021, radicación
número 2500 23 42 000 2014 01082 01.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04391 00
Demandante: Luis José Gómez Martínez

[…]

Por otra parte, es necesario considerar como lo ha expuesto de manera unánime y
pacífica la jurisprudencia del del Consejo de Estado, que el desempeño de un cargo de
libre nombramiento y remoción no confiere fuero de inamovilidad o prerrogativa de
permanencia alguna al empleado que lo ocupa, como tampoco su desempeño, porque
ello, no es otra cosa, que el cumplimiento de sus deberes como servidor público e
inherentes con el ejercicio de la función pública, sin dejar de lado claro está, que las
razones del buen servicio, que dicho sea paso, se presumen, pueden ser desvirtuadas
presentando pruebas que tiendan a infirmarla.

En suma, en el presente asunto, por tratarse de un empleado de libre remoción, el
nominador goza de facultad discrecional para disponer su retiro, potestad que se
presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del servicio oficial; aclarando eso
sí, como lo condicionó la Corte Constitucional, que el cargo de delegado registrador
ocupado por el actor, es de libre remoción, pero no de libre nombramiento, porque su
ingreso no depende de la voluntad del nominador, sino por mérito, razón por la que el
Consejo de Estado ha señalado que tiene naturaleza mixta, pero aclarando que, ello no
muta o enerva la facultad discrecional de retiro.

La Corte Constitucional, sobre el uso de la facultad de retiro discrecional para cargos de
libre remoción ha indicado que esta es atemporal y puede ser ejercida en cualquier
tiempo.

[…]

Además, no pierde de vista la Sala, que el actor fue nombrado como Delegado
Departamental 0020 -04, el 27 de mayo de 2009, mediante Resolución No.3286 de 2009,
fecha para la cual había entrado a regir el Acto Legislativo 01 de 2003, que como ya se
vio se caracteriza porque el régimen especial de carrera de la Registraduría Nacional del
Estado Civil está referenciado por el ingreso mediante concurso a todos los cargos de la
entidad y la libre remoción para los empleados de responsabilidad electoral y/o
administrativa, como su caso.

Lo anterior, demuestra que en el caso que se estudia al actor le es aplicable la regulación
contenida en el Decreto 1014 de 2000 y en el Acto Legislativo 1 de 2003, según los
cuales los cargos de responsabilidad administrativa o electoral, como lo es el de
Delegado Departamental, es de libre remoción, característica que se refuerza con la
expedición de la Ley 1350 de 2009 que en su artículo 6º: establece como excepción que
entre los cargos que son de libre nombramiento y remoción se encuentran, Los cargos
de responsabilidad administrativa o electoral que conforme con su ejercicio comportan
la adopción de políticas o realización de funciones de dirección, conducción, asesoría y
orientación institucionales, entre ellos el de Delegado Departamental.

En consecuencia, no existiendo duda que el actor era un empleado de libre remoción,
bien podía ser retirado de manera libre y discrecional por el nominador, a través de acto
que no requiere motivación, como en efecto se realizó a través del acto censurado, por
manera que no se puede predicar la falta de motivación, pues en este evento, no era un
elemento indispensable de la decisión administrativa, no se pueda predicar violación de
la ley por expedición irregular del mismo.

Ahora, si bien la norma indica que la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe reiterar que la regla y medida

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04391 00
Demandante: Luis José Gómez Martínez

de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la
razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder que se ejercita
conforme a derecho, y que implica el ejercicio de atributos dentro de límites justos y
ponderados, ejercicio abusivo que en el presente asunto, cuando se analizó la
desviación de poder, se concluyó que no estaba probado.

Como corolario de lo hasta aquí expuesto, esta Sala observa que -contrario a lo
manifestado por el accionante- el Tribunal estableció, conforme al marco normativo
existente y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional -C-553 de 2010- y del Consejo
de Estado, que la Registraduría Nacional del Estado Civil posee un régimen especial
de carrera administrativa, el cual se caracteriza por el ingreso mediante el sistema de
concurso para todos los cargos de la entidad, y el retiro flexible y la libre remoción
aplica para los empleados de responsabilidad electoral y/o administrativa, dentro del
cual, por mandato del legislador se encuentra incluido el cargo de delegado
departamental del registrador nacional, régimen de personal del cual surge la facultad
discrecional del registrador nacional para la desvinculación -mediante la declaratoria
de insubsistencia del nombramiento- del señor Luis José Gómez Martínez.

Ahora bien, el Tribunal respecto de la motivación del acto administrativo de
desvinculación, -reparo adicional propuesto por el accionante- señaló: «si bien la
norma indica que la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es
discrecional y no requiere motivación, cabe reiterar que la regla y medida de la
discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la
razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder que se ejercita
conforme a derecho, y que implica el ejercicio de atributos dentro de límites justos y
ponderados, ejercicio abusivo que en el presente asunto, cuando se analizó la
desviación de poder, se concluyó que no estaba probado».

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, razones por las cuales el Tribunal, en ejercicio de
la autonomía e independencia judicial, adoptó la decisión que consideró correcta,
motivo por el cual no se está en presencia del defecto alegado.

3. Conclusión

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04391 00
Demandante: Luis José Gómez Martínez

Con fundamento en los argumentos precedentes, la Sala concluye que la providencia
del 23 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, no vulneró
los derechos fundamentales invocados por el señor Luis José Gómez Martínez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Denegar el amparo solicitado a través de la acción de tutela promovida por
el señor Luis José Gómez Martínez, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Con impedimento Firmado electrónicamente
CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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