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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04401-00

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04401-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por lo expuesto en esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el actor contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202304401-00 Actor: Wilder Mauricio Matapi

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04401-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

12 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202304401-00
Actor: Wilder Mauricio Matapi
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros1

Temas: La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela/alcance

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) trabajo y iii) mínimo
vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Wilder Mauricio Matapi contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Cundinamarca y Amazonas y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y Amazonas; el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Nariño.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 110010315000202304401-00
Actor: Wilder Mauricio Matapi

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca y Amazonas y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca y Amazonas; el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Nariño,
porque, a su juicio: i) la Dirección Ejecutiva Seccional, con ocasión a la no “[…]
intervención del Comité de convivencia laboral en los actos de persecución laboral
por parte de mi superior […]”; ii) el Consejo Seccional, al no resolver la petición de
2 de junio de 2023, mediante la cual se informó sobre “[…] las problemáticas que se
han presentado causados por la señora juez […]”; iii) el Tribunal, al no dar respuesta
a la petición de 10 de julio de 2023, mediante la cual solicitó “[…] INTERVENCIÓN […]
Y TRAMITE POR PRESUNTO ACOSO LABORAL […]”; y iv) el Juzgado, al expedir la
Resolución núm. 007 de 17 de julio de 2023: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, “[…] El 14 de enero de 2022 fui nombrado y posesionado en
provisionalidad como secretario Nominado del Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Puerto Nariño con sede en el Área No Municipalizada de la Pedrera,
Amazonas […]”.

4. Manifestó que, “[…] Desde el mes de marzo de 2022 hasta el último día que
laboré (17 de julio de 2023) fui acosado laboralmente […] situación que se mostró
con más intensidad en los últimos meses, los actos que constituyeron acoso laboral
fueron muy evidente y discriminatorios, hasta el punto que eleve la queja al COMITÉ
DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE LA

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

JUDICATURA DE CUNDINAMARCA y AMAZONAS, el pasado 20 de junio de 2023,
acompañado de 19 anexos enumerados, incluyendo grabación en audio de
reiteración de salida, (archivo N°17), el archivo PDF N°19 enuncia cada uno de los
hechos que constituyeron acoso laboral, los adjunto con demás expedientes, hasta
la fecha de presentación de la presente acción no hubo ninguna intervención que
permitiera cesar el constante acoso laboral y los problemas de trabajo que se
presentaron en la sede judicial, queja en la cual di a conocer, como se evidencia en
la constancia electrónica […]”.

5. Señaló que, el 2 de junio de 2023, se le comunicó a “[…] la Presidencia del
Tribunal de Cundinamarca de las problemáticas que se han presentado causados
por la señora Juez Carolina Prieto Molano y que quebrantan la coordinación ambas
justicias […] el cual se acusó recibido pero no hubo respuesta […]”.

6. Expuso que, “[…] El mismo 10 de julio remití copia del pronunciamiento, con
el antecedente de la queja por presunto acoso laboral dirigido al Honorable
Presidente del Tribunal de Cundinamarca, dado que no obtuve intervención del
Comité de convivencia laboral y los actos de persecución laboral por parte de mi
superior persistieron de manera más intensa […]”.

7. Indicó que, “[…] El 17 de julio de 2023 la señora Juez me notifico (sic) vía
electrónica el acto administrativo de insubsistencia debido a que no se encuentra
en el ANM de la Pedrera, Amazonas, por lo que el suscrito estuvo laborando hasta
el 17 de julio como único funcionario en el Despacho Judicial, en la parte resolutiva
del acto administrativo no permite que presente los recursos de ley a que tengo
derecho […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. El actor formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Solicito se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
salud, vida en condiciones dignas y al mínimo vital.

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

2. Consecuentemente se ordenará al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Puerto Nariño con sede en el Área No Municipalizada de la Pedrera, Amazonas
restablecerme en el cargo de secretario grado 09 del Juzgado Promiscuo Municipal
de Puerto Nariño. Amazonas [...]”.

8.1. Como fundamento de su solicitud, manifestó que:

“[…] Actualmente mi compañera permanente está a esperas de dar a luz a mi hijo,
con fecha probable de parto para el día 21 de julio de 2023, como se evidencia en la
historia clínica que aporto […] Situación que para mí y mi familia es preocupante
puesto a que me quede sin empleo y las garantías de brindar una calidad de vida
digna a mi hijo que está por nacer se ve afectada por las decisiones tomadas por la
señora Juez, pues soy la única fuente de ingreso de mi hogar y de mi familia.

Adicional a esta situación he tenido que recurrir a ayuda profesional en Psicología
debido a los problemas emocionales y conexos causados por la doctora […] evento
que también informe y aporte como prueba en la que queja por presunto acoso laboral
ante el Comité de Convivencia laboral de Cundinamarca […]”.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de agosto de 2023: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, al Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca y Amazonas, al
Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas,
a los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y a la
Jueza Segunda Promiscua Municipal de Puerto Nariño, concediéndoles el término
de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; y iii) negó la medida
provisional solicitada por el actor.

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 13 de septiembre de 2023,
requirió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para que rindiera
informe sobre lo planteado por el actor en el escrito de tutela, concediéndole para tal
efecto el término de dos (2) días.

Intervención de la demandada

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
solicitó su desvinculación, al considerar que:

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

“[…] se pone de manifiesto que el actuar de esta Dirección se ha ajustado al
cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, realizando las gestiones,
trámites y verificaciones necesarias.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el Comité de Convivencia Laboral de la
Rama Judicial es un grupo de trabajadores (as) de la Rama Judicial, designados para
crear un espacio confidencial, conciliatorio y efectivo para la búsqueda de solución de
conflictos generados por Acoso Laboral, el cual no depende de esta Seccional, se
solicita de manera respetuosa tener en cuenta que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, carece de legitimidad por pasiva para acceder a lo
solicitado por el accionante […]”.

12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela,
al considerar que:

“[…] En reunión extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2023, el Comité de
Convivencia Laboral de la Seccional Cundinamarca y Amazonas aprobó autorizar al
Presidente del Comité, con el objeto de requerir al Comité de Convivencia Laboral de
Bogotá para la remisión de los asuntos que por competencia deberá asumir el recién
creado Comité, razones por las cuales en Oficio No. PCCLCA-2023-0002 del 14 de
julio de 2023, fueron solicitados.

En respuesta a lo anterior, mediante correo electrónico fechado 31 de julio de 2023,
fueron remitidos un total de 10 casos, dentro de los cuales no se encontraba el caso
del señor WILDER MAURICIO MATAPI, sin embargo, en comunicación sostenida con
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas,
desde la conformación del comité de convivencia, esto es desde el 29 de junio de
2023, específicamente por el grupo de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo,
fue comunicada la urgencia del caso, razones por las cuales, fue requerido con
urgencia el traslado del caso para conocimiento del Comité, es por ello que una vez
recibida, procedimos el día 11 de julio de 2023, a la convocatoria para la realización
de reunión extraordinaria, fijando el día 13 de julio de 2023.

Llegado el día 13 de julio de 2023, fue analizado el caso del señor WILDER
MAURICIO MATAPI, por unanimidad del comité se dispuso conforme a la Resolución
652 de 2012, articulo 6, numeral 3, el citarlo para el día jueves 27 de julio de 2023 a
las 4:00 pm a reunión virtual de ampliación de la queja, llegado el día se recepcionó
la ampliación de su queja, donde refirió los acontecimientos presentados con la titular
del despacho donde ocupaba el cargo de Secretario, en el Juzgado 02 Promiscuo
Municipal de Puerto Nariño – Sede en el Área No Municipalizada de la Pedrera –
Amazonas, para ese mismo día se ordenó escuchar a la Jueza 02 Promiscuo
Municipal de Puerto Nariño – Sede en el Área No Municipalizada de la Pedrera –
Amazonas […] para el día 1 de agosto de 2023, en respuesta al correo, el día 31 de
julio de 2023, informó la imposibilidad de atender el llamado del comité por
encontrarse en incapacidad médica, la cual concluía el día 9 de agosto de 2023.

Sin embargo, para el día 1 de agosto de 2023, el Comité de Convivencia Laboral de
Cundinamarca y Amazonas, sesionó analizando los casos que por reparto habían
sido remitidos por el Comité de Convivencia Laboral de Bogotá, como también se
estudió la solicitud de aplazamiento y excusa presentada por la doctora […], Jueza
02 Promiscuo Municipal de Puerto Nariño – Sede en el Área No Municipalizada de la
Pedrera, aceptando la misma, fijando nueva fecha para escucharla el día 16 de agosto
de 2023, empero la Jueza informó para el día 15 de agosto de 2023, la extensión de

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su incapacidad hasta el día 24 de agosto de la presente anualidad, sin que a la fecha
hubiese sido posible escucharla para proseguir con la actuación […]”.

[…]

“[…] Nótese que en el caso en comento desde que fue puesto en conocimiento del
Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y Amazonas, la corporación ha
realizado las actuaciones pertinentes para el desarrollo normal de sus competencias
frente a ese asunto, sin generar desatención o desconocimiento del caso, sino
garantizando a cada uno de los implicados su derecho de ser escuchado, cumplido
ello, si la situación lo amerita emitir acuerdos de sana convivencia o en su defecto
trasladar el asunto ante las autoridades que correspondan conocer el caso para evitar
un posible acoso laboral.

Razones suficientes para solicitarle a su honorable judicatura la declaratoria de
improcedencia de la acción constitucional por inexistencia del hecho generador
denunciado en la acción constitucional, por cuanto la Corporación que represento ha
realizado lo propio de su competencia, una vez tuvo conocimiento del asunto
cuestionado por el accionante, que sin mayor dilación fue escuchado, dándole la
oportunidad a la Jueza involucrada el poder ejercer sus derechos dentro de la
actuación, sin embargo, como hemos informado, ésta se ha encontrado incapacitada
en las fechas cuando ha sido citada, circunstancia que no la puede prever el Comité.

Para constancia, se remiten copia de las citaciones y excusa presentada por la Jueza
[…]”.

13. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas solicitó
negar la acción de tutela, al considerar lo siguiente:

“[…] indefectiblemente, a la luz de la pretensión constitucional, pone de relieve que la
presente acción deviene improcedente pues, en suma, el actor cuenta con medios
ordinarios e idóneos para discutir y solucionar su inconformidad, como la venido
haciendo tanto así que este Seccional a través CSJCUO23-1597 del 24/08/2023,
remitió por competencia recurso de queja contra el auto del 8 de agosto hogaño
mediante el cual rechazó de plano el recurso de reposición (declaración de
insubsistencia), formulado por el señor Wilder Mauricio Matapi al organismo
competente para atender dicho recurso de queja estos es el superior jerárquico
administrativo, es decir, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
por ser la Corporación efectivamente el superior jerárquico administrativo de los
jueces del Distrito.

Ello es así porque, conforme al artículo 86 superior, la acción de amparo es un
mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter subsidiario que, en
manera alguna, puede utilizarse para abreviar los caminos y vehículos dispuestos por
la ley para someter asuntos al conocimiento y decisión de la jurisdicción, ya ordinaria,
ya de lo contencioso administrativo.

Si así se admitiera, no solo se desconocerían los procedimientos y tramites
predispuestos en la ley para justiciar ciertos asuntos, sino que, además, de forma
grave, se sustituiría al juez competente vulnerando el principio de legalidad.

Igualmente, cabe resaltar que, a lo largo del escrito contentivo de la petición de
amparo constitucional, el peticionario no explica o evidencia, aquellas eventuales

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

situaciones que, en el particular caso, pudieran dar a entender que hay una latente
afectación irreparable que permitiera la intervención constitucional.

Por lo tanto, al contar con medios ordinarios, idóneos, para dar solución a sus
peticiones e inconformidades, el ejercicio de la acción constitucional es
evidentemente improcedente y así deberá declararse.

Por otra parte, de los hechos consignados en el escrito de demanda, el señor Matapi
acciona al Consejo Seccional de Cundinamarca al no resolver la petición de 2 de junio
de 2023, mediante la cual se informó sobre “[…] las problemáticas que se han
presentado causados por la señora juez […]”, comunicación proveniente de la
Asociación de autoridades indígenas de la Pedrera – Amazonas A.I.P.E.A., suscrita
por el señor Humberto Acosta Tanimuca, en la que se señalaron las inconformidades
presentadas con la señora Juez Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Nariño –
Amazonas; comunicado remitido al [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co, correo que no
corresponde a esta Corporación sino a la Presidencia del Tribunal Superior de
Cundinamarca, no obstante, dicho Tribunal, corrió traslado del mismo a este
Seccional, tal como se le informa al señor Matapi en la imagen inserta visible a folio
13 del escrito tutelar.

Sin embargo, aun cuando en el referido escrito no subyace petición alguna ni
motivación para la adopción de otra acción por parte de este Seccional, en sesión
ordinaria No. 022 del 15 de junio de 2023, se dispuso comunicarle la denominada
“CARTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA – REALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO
SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO NARIÑO CON SEDE EN LA
PEDRERA, AMAZONAS” a la Doctora […] - Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Puerto Nariño – Amazonas a través de oficio No. CSJCUO23-1210 del 29/06/2023,
poniéndole de presente la documental aportada, además de invitarla a impactar
positivamente en el acceso de justicia […]”.

[…]

“[…] En virtud de lo decidido por esta Corporación en sesión ordinaria No. 34 del 6 de
septiembre del año en curso, y dando alcance a nuestro oficio CSJCUO23-1657 del
31/08/2023, mediante el cual se dio respuesta a la acción constitucional arriba
referenciada, nos permitimos poner de presente el oficio No. 2023-133 del
31/08/2023, suscrito por la Doctora […] – Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Puerto Nariño mediante el cual da respuesta a la carta del Presidente de AIPEA sobre
la “REALIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO” de 2 de junio de 2023,
mismo que se remite junto con los anexos […]”.

14. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Nariño solicitó declarar
la improcedencia de la acción de tutela. Para tal efecto, consideró que:

“[…] aduce una serie de inconformidades, irregularidades y una presunta persecución
laboral que ejercía esta servidora judicial contra él, para lo cual cuenta con el
correspondiente el accionar disciplinario ante la respectiva entidad y el Comité de
Convivencia Laboral de la Dirección Seccional de Administración Judicial
Cundinamarca y Amazonas donde ya interpuso la queja que consideró y que
encuentra en trámite, sobre la cual esta funcionaria judicial, aun estando en
incapacidad laboral debidamente acreditada, el pasado 15 de agosto de 2023 remitió
escrito con un relato secuencial de lo vivido por ella dentro y fuera del despacho
judicial, residiendo y laborando en La Pedrera, Amazonas, lo cual terminó con el

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consecuente accidente laboral reportado, y calificado luego por el médico tratante de
la IPS de la ARL como enfermedad laboral, que al día de hoy se le informa a la suscrita
que ya cuenta con dictamen de parte de la junta, con el propósito que dicho Comité
de Convivencia contara con argumentos y pudiera avanzar en la materia.

Y, en segundo lugar, el Acuerdo PSAA13-10038 de 2013, define los requisitos del
cargo de secretario de Juzgado Municipal Nominado de la Rama Judicial, dentro de
los cuales, para desempeñar dicho cargo, se requiere del título profesional en
derecho, que el tutelante no acreditó, a pesar de haber tenido un tiempo más que
suficiente (20 meses) para que cumpliera con la fase final de sus requisitos para
lograrlo, ya que como él mismo informa en su escrito, en la actualidad se encuentra
“en proceso final de presentaron de examen preparatorio de Derecho Privado I y
Derecho Público como últimos requisitos de grado en el título de abogado” destaco
que es la misma argumentación de cuando fue designado como secretario, como lo
afirma en el hecho 2 […] pero, cabe decir que esta circunstancia no es habilitante
para su permanencia: el requisito habilitante es ser abogado titulado […]”.

[…]

“[…] Téngase en cuenta que, se encuentra pendiente de resolver un recurso de queja
que instauró el accionante en contra de la negativa de reponer la Resolución que lo
declaró insubsistente y de la negativa de conceder el recurso de apelación, amén de
estar pendiente el trámite de la queja que por el presunto acoso laboral instauró contra
esta funcionaria judicial […]”.

[…]

“[…] La decisión Resolución 2023-007 fue debidamente motivada, y en ella se
expresa claramente que contra dicho acto NO PROCEDE RECURSO ALGUNO. Sin
embargo, a 31 de julio de 2023, interpone los recursos de reposición y en subsidio de
apelación, contra dicha Resolución, los cuales fueron despachados
desfavorablemente por el juez que me reemplazaba en el despacho (por cuanto a 18
de julio la ARL Positiva me incapacita por enfermedad laboral y el Tribunal Superior
de Cundinamarca y Amazonas, nombra el juez que cubriría dicha incapacidad) y en
forma clara y motivada jurídicamente, niega los recursos por improcedentes. El señor
Matapí impulsa el recurso de reposición y en subsidio el de queja, el cual se encuentra
en curso en el Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas, para ser resuelto,
así, NO se han agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada […]”.

[…]

“[…] Una vez revisada la acción que nos concita, considera esta funcionaria judicial,
que la Resolución en cuestión se ha tramitado en legal forma, y el amparo
constitucional se torna improcedente, por cuanto no es éste el mecanismo para
cuestionar la legalidad de la Resolución No. 2023-007 del 17 de julio de 2023, razón
por lo cual, debe decantarse ante el juez natural […]”.

[…]

“[…] Efectivamente esta circunstancia en la que dice el accionante que se encuentra
de su condición de padre cabeza de familia nunca fue informada al Juzgado para
soportar una solicitud de estabilidad laboral reforzada que argumenta, circunstancia
que solo viene a conocerse en la notificación de la presente acción constitucional
[…]”.

[…]

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

“[…] Aduce el accionante ser padre cabeza de familia sin ingreso alguno que le
permita subsistir, pues no cuenta con el mínimo vital lo cual resulta no ser cierto, por
las siguientes razones:

Me enteré por rumores en La Pedrera y Leticia de que el señor es un empresario
dedicado a la comercialización mayorista de Pescado entre Leticia, La Pedrera y
Villavicencio, con esos datos y por el número de su cédula solicité un Certificado en
la Cámara de Comercio de Villavicencio, el cual me fue expedido y que adjunto a esta
comunicación […] Y del Certificado de Constitución y Gerencia se desprende que, el
señor WILDER MAURICIO MATAPÍ es Representante Legal y presidente de la Junta
Directiva de la sociedad “AMAZON PEZ J&M S.A.S.”, identificada con el NIT
901251.285-7, Matrícula Mercantil 345592, Inscrita el 04 de febrero de 2019, con
domicilio en la ciudad de Villavicencio, sociedad que cuenta con un total de activos
de $45.801.000 […]”.

15. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca rindió informe en
los siguientes términos:

“[…] El 10 de julio de 2023, se recibió en esta Corporación un correo enviado por
el señor Wilder Mauricio Matapi, secretario del Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Puerto Nariño con sede en el corregimiento de La Pedrera, dirigido
al Doctor […] como Presidente del Tribunal Superior
de Cundinamarca, quien en realidad ejerce la presidencia del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, en el que solicitaba la intervención del Tribunal
y trámite por acoso laboral, correo que fue llevado a la sesión de Sala Plena de
esta Corporación del 18 de julio pasado, en la que se dispuso remitirlo, por
competencia, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el cual fue
enviado al citado Consejo Seccional el 21 de julio del año en curso y en el día de
hoy con oficio 478 se le informó al señor Matapí el trámite dado a su solicitud […]”.

16. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y la Directora Ejecutiva
de Administración Judicial guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

17. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

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20213 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20184 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20195, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

18. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

19. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

20. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
5 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

21. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20066, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[7].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

22. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá solicitó su desvinculación, al considerar que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

6 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

23. Al respecto, la Sala advierte que, de conformidad con el acervo probatorio y
los informes rendidos por las partes, en el caso sub examine, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá no es la competente frente a lo
pretendido por el actor, sino que, en razón a sus competencias, los reparos del
tutelante se dirigen contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca y Amazonas.

24. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá no le asiste interés en la decisión
de tutela que esta Sala profiera.

25. En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada respecto de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.

Problemas jurídicos

26. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, frente al reparo propuesto por el actor relacionado con
que el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas no
resolvió la petición de 2 de junio de 2023, mediante la cual se informó sobre “[…]
las problemáticas que se han presentado causados por la señora juez […]”, se
cumplen o no los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, en especial si
el actor está legitimado en la causa por activa para interponer la presente acción, y
en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, establecer si en
el presente caso se vulneraron los derechos fundamentales invocados supra; y ii)
establecer si, en efecto, frente a los demás reparos propuestos por el actor es
procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con
el requisito general de la subsidiariedad.

27. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de
tutela; ii) el requisito general de la subsidiariedad de la solicitud de tutela; iii) marco

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normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial al trabajo; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial al mínimo vital; vi) análisis del caso en concreto y, finalmente vii) las
conclusiones de la Sala.

La legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción de tutela

28. Al respecto el inciso primero artículo 86 de la Constitución Política de 1991
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. La norma establece textualmente lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. […]”
(Resaltado por la Sala).

29. Frente a la legitimación en la causa por activa dentro del marco de la acción
de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece:

“[…] Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

30. Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta
directamente por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado
donde se acredite el respectivo poder y iii) por medio de la figura de la agencia
oficiosa. Frente al tema la Corte Constitucional ha dicho8:

“[…] En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución

8 Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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del fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el
funcionario judicial pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es
propio del demandante […]”.

31. La regla contenida en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y 10
del Decreto núm. 2591 de 1991, impone que el actor de tutela debe estar legitimado
en la causa por activa, en la medida que solamente podrá ejercer esta acción
constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio
de la agencia oficiosa de derechos. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
considerado lo siguiente:

“[…] 3.2.3. LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA.

Tal como se encuentra estipulado en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción
de tutela es un mecanismo judicial en virtud del cual a través de un procedimiento
preferente y sumario, toda persona puede acudir ante cualquier juez a solicitar la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos
resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de autoridades públicas.

Desde sus inicios esta Corte ha sido enfática en señalar que, la acción de tutela tiene
como una de sus características esenciales la del ejercicio informal, “es decir que no
limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen
de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños,
los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo individuo
de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano.”9

Sin embargo, las normas reglamentarias de la tutela exigen como requisito la
legitimidad e interés del accionante, conforme se advierte en lo estipulado en el
artículo 10° del Decreto 2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de
derechos ajenos cuando el titular no esté en condiciones de promover su propia
defensa, y la intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros
municipales.

Por ello, este mecanismo de defensa judicial no admite que se pueda asumir de
manera indeterminada o ilimitada la representación de otro y demandar
protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza a la
acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa10 […]” (Resaltado
por la Sala).

Requisito general de subsidiariedad de la solicitud de tutela

32. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 11, indica que

9 Corte Constitucional, Sentencia T-459 de 15 de julio de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

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la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

33. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios
que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se
encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el
caso concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la
protección de sus derechos.

34. Asimismo, esta Sección12 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
considerado:

“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201313, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite14; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios15; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”16”.17 […]”.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre

de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
13 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006,

T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
15 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos

judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017

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35. Frente al cumplimiento del requisito general de subsidiariedad de solicitudes
de tutela presentadas contra procesos disciplinarios, esta Sección 18 ha
considerado que:

“[…] esta acción tiene como característica la subsidiariedad, toda vez que sólo resulta
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no
ser que procure evitar un perjuicio irremediable.

En el asunto bajo examen, la parte actora insiste en que la procuradora ad hoc no
podía proferir el fallo de primera instancia por cuanto i) debía darle trámite a la
recusación, previo a decidir; ii) su imparcialidad estaba afectada por haber sido
recusada, y iii) violó el derecho de defensa de los accionantes, pues no notificó en
debida forma a la firma Ibáñez Abogados S.A.S. las decisiones que profirió.

En relación con el primer punto de inconformidad, la Sala advierte que, tal como lo
expuso en el informe rendido por la accionada y se infiere del fallo de primera instancia
en esta acción, está pendiente de resolver por parte del superior funcional de la
Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal Ad Hoc la recusación
presentada, tratándose de la autoridad encargada de decidir sobre la misma y no el
juez constitucional; por lo que, frente a este punto, la acción de tutela deviene en
improcedente […]”.

[…]

“[…] Además, se reitera que, en este caso, está pendiente de ser resuelta por una
instancia superior la recusación, así como la decisión de fondo del asunto, por lo que
la acción de tutela también es improcedente respecto de este punto […]”.

36. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista otro
medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado19:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no
procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000-23-15-000-2021-00019-01.
19 Sentencia T-030 26 de enero de 2015

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37. Así las cosas, de acuerdo con el requisito de subsidiariedad, la tutela resulta
improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los medios
ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general encuentra
la excepción si el juez constitucional logra determinar que los mecanismos y
recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados;
y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

38. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

39. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes

20 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

40. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

41. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente21:

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

42. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

21 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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43. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho22:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Análisis del caso concreto

44. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

22 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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46.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.

46.2. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.

Solución del caso concreto

Análisis de la legitimación en la causa por activa

47. La Sala, al estudiar el presente caso, advierte que uno de los reparos
propuestos por el actor está relacionado con que el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y Amazonas no ha resuelto la petición de 2 de junio
de 2023, mediante la cual se informó sobre “[…] las problemáticas que se han
presentado causados por la señora juez […]”.

48. Sobre el particular, la Sala debe establecer si el actor tiene legitimación en la
causa por activa, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

49. Al respecto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y
Amazonas rindió informe en los siguientes términos:

“[…] Por otra parte, de los hechos consignados en el escrito de demanda, el señor
Matapi acciona al Consejo Seccional de Cundinamarca al no resolver la petición de 2
de junio de 2023, mediante la cual se informó sobre “[…] las problemáticas que se
han presentado causados por la señora juez […]”, comunicación proveniente de la
Asociación de autoridades indígenas de la Pedrera – Amazonas A.I.P.E.A.,
suscrita por el señor Humberto Acosta Tanimuca, en la que se señalaron las
inconformidades presentadas con la señora Juez Segundo Promiscuo Municipal de
Puerto Nariño – Amazonas; comunicado remitido al [...]@cendoj.ramajudicial.gov.co,
correo que no corresponde a esta Corporación sino a la Presidencia del Tribunal
Superior de Cundinamarca, no obstante, dicho Tribunal, corrió traslado del mismo a
este Seccional, tal como se le informa al señor Matapi en la imagen inserta visible a
folio 13 del escrito tutelar […]”.

50. En ese orden de ideas, de conformidad con el acervo probatorio, la Sala
advierte que, en efecto, quien presentó la petición de 2 de junio de 2023, a la cual
hace referencia el actor, fue Humberto Acosta Tanimuca, es decir, no el actor.

51. En ese sentido, la Sala considera que quien tiene legitimación en la causa
por activa para alegar la vulneración de sus derechos fundamentales es quien

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presentó la petición, en la medida que es el titular del derecho fundamental y, por
ende, la persona que presuntamente está siendo afectada.

52. Frente a la configuración de la legitimación en la causa por activa dentro del
marco de la acción de tutela, esta Corporación23 ha considerado lo siguiente:

“[…] 12. En primer lugar, la Sala advierte que el señor Alfredo Duarte Gómez está
legitimado en la causa por activa, a luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
la medida en que la acción de amparo puede ser desplegada por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por
sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia
oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del
pueblo y los personeros municipales24.

13. En el caso concreto, esta Colegiatura advierte que, el tutelante constituye la
parte directamente afectada con la presunta omisión de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura por ser él
quien presentó la solicitud del 28 de julio de 2020 en la que pidió el
reconocimiento y pago de: i) las acreencias laborales adeudadas con ocasión de los
servicios que el señor Oliveros Motta prestó, así como ii) de la indemnización moratoria
derivada de la consignación tardía de las cesantías; igualmente, pidió que le
certificaran: a) el tiempo de servicio y cada uno de los cargos desempeñados por el
señor Oliveros Motta entre el 18 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018; b) el
salario devengado mes a mes en cada uno de los cargos desempeñados; c) los
dineros adeudados por concepto de acreencias laborales; d) las razones fácticas y/o
jurídicas que la entidad ha tenido en cuenta para “no efectuar los pagos en su debido
momento de las acreencias laborales adeudadas (…)” y; finalmente, e) copia de las
resoluciones y demás actos administrativos que ha proferido la Dirección Ejecutiva,
relacionados con el pago de las acreencias laborales que le adeudan al señor Oliveros
por los servicios prestados entre el 18 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.

14. Lo anterior, en la medida que, si bien la información que el accionante solicitó ante
la administración se relaciona con el señor Hernán Mauricio Oliveros Motta, lo cierto
es que, tal como se mencionó en el primer pie de página de esta providencia, el señor
Duarte Gómez no presentó la petición en nombre y representación de este, sino que
lo hizo en causa propia […]”. (Resaltado por la Sala)

53. En ese orden de ideas, para la Sala no se configura la legitimación en la
causa por activa del actor, toda vez que no fue quien presentó la solicitud que
cuestiona en sede de tutela.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 28 de enero de

2021, número único de radicación 110010315000202005128-00, C.P. Rocío Araújo Oñate.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27.9.2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Análisis del cumplimiento del requisito general de la subsidiariedad

54. El actor presentó reparos relacionados con la falta de “[…] intervención del
Comité de convivencia laboral en los actos de persecución laboral por parte de mi
superior […]” y la declaratoria de insubsistencia en el cargo de Secretario del
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Nariño.

55. Al respecto, la Sala considera que la solicitud de tutela no cumple con el
requisito general de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la
medida en que, por un lado, de conformidad con el material probatorio obrante en
el expediente, se observa que el caso del actor por un presunto acoso laboral se
encuentra en trámite ante el Comité de Convivencia Laboral de Cundinamarca y
Amazonas, autoridad competente que conforme al procedimiento previsto para tal
fin se encuentra adelantado las diligencias necesarias para determinar si se
configura o no un acoso laboral por parte de la Jueza Segunda Promiscua Municipal
de Puerto Nariño frente al actor.

56. Por otra parte, se advierte que frente a la expedición de la Resolución núm.
007 de 17 de julio de 2023, mediante la cual se declaró insubsistente al actor, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas rindió informe en
los siguientes términos:

“[…] indefectiblemente, a la luz de la pretensión constitucional, pone de relieve que la
presente acción deviene improcedente pues, en suma, el actor cuenta con medios
ordinarios e idóneos para discutir y solucionar su inconformidad, como la venido
haciendo tanto así que este Seccional a través CSJCUO23-1597 del 24/08/2023,
remitió por competencia recurso de queja contra el auto del 8 de agosto hogaño
mediante el cual rechazó de plano el recurso de reposición (declaración de
insubsistencia), formulado por el señor Wilder Mauricio Matapi al organismo
competente para atender dicho recurso de queja estos es el superior jerárquico
administrativo, es decir, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,
por ser la Corporación efectivamente el superior jerárquico administrativo de los
jueces del Distrito.

Ello es así porque, conforme al artículo 86 superior, la acción de amparo es un
mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter subsidiario que, en
manera alguna, puede utilizarse para abreviar los caminos y vehículos dispuestos por
la ley para someter asuntos al conocimiento y decisión de la jurisdicción, ya ordinaria,
ya de lo contencioso administrativo.

Si así se admitiera, no solo se desconocerían los procedimientos y tramites
predispuestos en la ley para justiciar ciertos asuntos, sino que, además, de forma

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

grave, se sustituiría al juez competente vulnerando el principio de legalidad […]”.
(Resaltado por la Sala)

57. En el mismo sentido, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto
Nariño manifestó que:

“[…] Téngase en cuenta que, se encuentra pendiente de resolver un recurso de
queja que instauró el accionante en contra de la negativa de reponer la
Resolución que lo declaró insubsistente y de la negativa de conceder el recurso
de apelación, amén de estar pendiente el trámite de la queja que por el presunto
acoso laboral instauró contra esta funcionaria judicial […]”.

[…]

“[…] La decisión Resolución 2023-007 fue debidamente motivada, y en ella se
expresa claramente que contra dicho acto NO PROCEDE RECURSO ALGUNO. Sin
embargo, a 31 de julio de 2023, interpone los recursos de reposición y en subsidio de
apelación, contra dicha Resolución, los cuales fueron despachados
desfavorablemente por el juez que me reemplazaba en el despacho (por cuanto a 18
de julio la ARL Positiva me incapacita por enfermedad laboral y el Tribunal Superior
de Cundinamarca y Amazonas, nombra el juez que cubriría dicha incapacidad) y en
forma clara y motivada jurídicamente, niega los recursos por improcedentes. El señor
Matapí impulsa el recurso de reposición y en subsidio el de queja, el cual se
encuentra en curso en el Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas, para
ser resuelto, así, NO se han agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada […]”.

[…]

“[…] Una vez revisada la acción que nos concita, considera esta funcionaria judicial,
que la Resolución en cuestión se ha tramitado en legal forma, y el amparo
constitucional se torna improcedente, por cuanto no es éste el mecanismo para
cuestionar la legalidad de la Resolución No. 2023-007 del 17 de julio de 2023, razón
por lo cual, debe decantarse ante el juez natural […]”. (Resaltado por la Sala)

58. En ese orden de ideas, la Sala advierte que frente al reparo propuesto por el
actor contra la declaratoria de insubsistencia en el cargo de Secretario del Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Nariño, la solicitud de tutela tampoco
cumple con el requisito general de la subsidiariedad, en la medida en que aún se
encuentra pendiente de resolver un recurso de queja que el actor interpuso dentro
del procedimiento administrativo y, en todo caso, el actor contará, previo al
cumplimiento de los requisitos legales, con los mecanismos judiciales pertinentes
previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo para cuestionar la legalidad de dicho acto e, incluso, podrá solicitar el
decreto de medidas cautelares si así lo considera; sin que en el caso sub examine

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Actor: Wilder Mauricio Matapi

se encuentre acreditada alguna circunstancia especial que imponga al juez
constitucional intervenir de manera directa.

59. En ese orden de ideas, el estudio del presunto acoso laboral y el
procedimiento relacionado con la declaratoria de insubsistencia no han sido
definidos por la autoridad competente.

60. En ese orden de ideas, como lo ha considerado esta Sección25 no se cumple
el requisito de subsidiariedad, en la medida que dichos asuntos se encuentran en
trámite:

“[…] esta acción tiene como característica la subsidiariedad, toda vez que sólo resulta
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no
ser que procure evitar un perjuicio irremediable.

En el asunto bajo examen, la parte actora insiste en que la procuradora ad hoc no
podía proferir el fallo de primera instancia por cuanto i) debía darle trámite a la
recusación, previo a decidir; ii) su imparcialidad estaba afectada por haber sido
recusada, y iii) violó el derecho de defensa de los accionantes, pues no notificó en
debida forma a la firma Ibáñez Abogados S.A.S. las decisiones que profirió.

En relación con el primer punto de inconformidad, la Sala advierte que, tal como lo expuso en
el informe rendido por la accionada y se infiere del fallo de primera instancia en esta acción,
está pendiente de resolver por parte del superior funcional de la Procuradora Primera
Delegada para la Contratación Estatal Ad Hoc la recusación presentada, tratándose de la
autoridad encargada de decidir sobre la misma y no el juez constitucional; por lo que,
frente a este punto, la acción de tutela deviene en improcedente […]”.

[…]

“[…] Además, se reitera que, en este caso, está pendiente de ser resuelta por una
instancia superior la recusación, así como la decisión de fondo del asunto, por lo que la
acción de tutela también es improcedente respecto de este punto […] En cuanto al perjuicio
irremediable, el recurrente afirma que éste se configura porque, pese a recusar a la
funcionaria, ésta siguió tramitando el proceso disciplinario teniendo viciada su imparcialidad,
y que en todo caso presentó los recursos que tenía a su alcance; la Sala observa al respecto
que de la argumentación expuesta por los accionantes no se desprende que éste tenga
existencia, y menos que concurran las características de inminente, urgente, grave y las
medidas a adoptar sean impostergables, ni de los hechos narrados en la solicitud de amparo
se deduce que resulte imperativa la intervención del juez constitucional […]”. (Resaltado por
la Sala)

61. En ese orden de ideas, para la Sala la solicitud de tutela no cumple con el
requisito general de subsidiariedad, en la medida en que el estudio del presunto
acoso laboral y el procedimiento relacionado con la declaratoria de insubsistencia

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de

2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000-23-15-000-2021-00019-01.

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no han sido definidos por la autoridad competente, es decir, no han culminado, sino
que se encuentran en trámite.

Análisis del perjuicio irremediable

62. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

63. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional26:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”27[…]”.

64. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

65. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

26 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Conclusiones de la Sala

66. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva formulada por Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, por lo expuesto en esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por el actor
contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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