Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04409-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04409-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04409-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-04409-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO
SOLICITADO. LA ENTIDAD ACCIONADA NO HA VULNERADO LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ACTOR CON LA SOLA INCLUSIÓN DE SU CARGO EN LA
LISTA DE VACANTES DEFINITIVA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, AL
MÍNIMO VITAL, A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 20 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó el amparo solicitado.
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En adelante la Sección Tercera
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ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor BERNARDO OSPINA AGUIRRE, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida y a
la dignidad humana, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por
el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA y la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA al haber sido incluido en la lista de vacantes definitiva
el cargo de secretario del Juzgado Civil Municipal de Mosquera, el cual
ejerce actualmente en provisionalidad.
I.2.- Hechos
Afirmó que está vinculado a la Rama Judicial en provisionalidad desde
el 3 de octubre de 2011, en el cargo de secretario adscrito al Juzgado
Civil Municipal de Mosquera2 y que, mediante Resolución núm. 006
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En adelante el JUZGADO.
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ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE
de 6 de abril de 2021, su nominador le concedió estabilidad laboral
reforzada por tener a su cargo, responsabilidad y bajo dependencia
económica a sus padres, personas mayores de edad, de especial
protección por sus condiciones de salud y por no contar con ingreso
alguno.
Sostuvo que mediante requerimiento de 8 de marzo de 2022, el
Consejo Superior de la Judicatura solicitó precisar el alcance de la
medida de protección concedida, para lo cual el Juzgado Civil
Municipal de Mosquera emitió la Resolución núm. 4 de 1o. de abril de
2022, en la que aclaró que dicha medida de protección de estabilidad
laboral reforzada tendría vigencia siempre y cuando este tuviera la
condición de ser padre cabeza de familia.
Adujo que con ocasión de la lista de elegibles, a pesar de tener la
anotación de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada, se han
venido presentando solicitudes para el cargo que desempeña, razón
por la que ha solicitado al CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE CUNDINAMARCA la exclusión de su cargo de la
lista de elegibles, haciéndose caso omiso a ello por parte de la
entidad.
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ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE
Indicó que la señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA presentó
su postulación ante el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
DE CUNDINAMARCA, en su calidad de escribiente municipal en
propiedad de Centros de Servicios, Oficina de Servicios y de Apoyo
grado nominado, para ocupar en provisionalidad, durante una
licencia de 2 años, las vacantes de secretario de juzgado municipal
ubicados en Chía, o subsidiariamente, en Mosquera.
Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, mediante escrito
de 12 de julio de 2023 solicitó ante el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE CUNDINAMARCA dar cumplimiento al Acuerdo
CSJCUA20-18 de 13 de febrero de 2020, esto es, que se excluyera
de la lista de elegibles el cargo de secretario del Juzgado Civil
Municipal de Mosquera, el cual ejerce en provisionalidad, con
fundamento en la estabilidad laboral reforzada ya reconocida.
Refirió el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA a través de Oficio CSJCU023-1388 de 19 de julio
de 2023, le informó a la señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA
que su postulación sería remitida a los juzgados con la vacante que
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aspira, con el fin de que los respectivos nominadores decidieran la
petición.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, las accionadas han vulnerado sus derechos
fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida y a
la dignidad humana, pues se ha desconocido su condición de padre
de familia y que ya le fue reconocida la estabilidad laboral reforzada.
Afirmó que la publicación del cargo que ocupa en la lista de vacantes
ha llevado a que se presenten solicitudes de postulación del mismo,
situación que le ha ocasionado afectaciones emocionales,
psicológicas y físicas y que tienen impacto en su padre.
Manifestó que si bien el reconocimiento de la estabilidad laboral
reforzada está supeditado a su condición de padre cabeza de familia
y que su madre falleció en el año 2021, continúa a cargo de su padre,
quien cuenta con 87 años de edad.
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I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
“[…] solicito señor Juez disponer y ordenar al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICTURA DE CUNDINAMARCA – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que proceda con la presente
acción a excluir de la lista de legibles el cargo de secretario del
Juzgado 01 Civil Municipal de Mosquera Cundinamarca, hasta
tanto se cumpla la condición por la cual se me otorgó la
Estabilidad Laboral Reforzada […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El JUZGADO informó que a la fecha el Consejo Superior de
la Judicatura no ha comunicado sobre el interés de alguna persona
que esté aspirando al cargo en el cual se encuentra vinculado el
actor.
En escrito allegado posteriormente, amplió la contestación en el
sentido de aclarar que la solicitud de postulación formulada por la
señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA fue declarada
improcedente, pues esta no cumplía con los requisitos para el
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traslado, sumado a la condición de estabilidad laboral que ostenta el
actor.
I.4.2.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA manifestó que corresponde a cada autoridad
nominadora decidir sobre las controversias que se presenten en los
nombramientos y solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los
empleados en provisionalidad, por lo que solicitó que se le desvincule
del presente trámite al carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
Sostuvo que mediante Oficio CSJCU023 de 19 de julio de 2023,
comunicó a los juzgados civiles municipales de Chía y Mosquera
sobre el interés de postularse de la señora NATALIA SUSANA
MURCIA OYOLA en el cargo de secretario municipal en alguno de
esos despachos judiciales, de tal forma que corresponde a esas
autoridades decidir sobre la solicitud de nombramiento.
Adujo que, de conformidad con la Circular CJC22-2 de 10 de febrero
de 2022, ha publicado todas las vacantes reportadas, con las
respectivas anotaciones relacionadas con condiciones de estabilidad
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laboral reforzada, en atención a los principios de publicidad y
transparencia.
Finalmente, puso de presente que prevalece el derecho de quienes
aspiran a ocupar un cargo por lista de elegibles o por traslado,
respecto de quienes ostentan un cargo en provisionalidad y tienen
una condición de estabilidad laboral reforzada.
I.4.3.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL explicó que corresponde al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca decidir sobre la solicitud de exclusión de
la lista el cargo de secretario que ocupa el actor, por lo que carece
de legitimación en la causa por pasiva.
I.4.4.- La señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA relató que,
si bien se postuló en el cargo de secretaria en el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Chía y en el Juzgado Civil Municipal de Mosquera,
el primero de estos en escrito de 21 de julio de 2023 le informó que
existían otras solicitudes de personas con mejor derecho, mientras
que del segundo no obtuvo respuesta alguna, razón por la cual perdió
interés en dichas plazas.
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De otra parte, destacó que en la actualidad se encuentra ocupando
un cargo que también era de su interés y que no tenía conocimiento
de la estabilidad laboral reforzada de la cual goza el actor.
Así las cosas resaltó que, teniendo en cuenta el reconocimiento de
protección laboral reforzada en favor del actor y que actualmente
ostenta otro cargo, el interés por dicha vacante ya no existe, por lo
que desiste de su postulación al cargo de secretario del JUZGADO.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 20 de octubre de 2023, la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación denegó el amparo solicitado al
estimar que no fueron vulnerados los derechos fundamentales
invocados por el actor.
Resaltó que el actor no ejerce funciones de secretario del JUZGADO,
con vinculación en propiedad, ya que fue nombrado en
provisionalidad, motivo suficiente para concluir que la estabilidad
laboral reforzada reconocida no es absoluta sino relativa, de tal forma
que de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional,
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pueden existir otras personas que al aprobar todas las etapas del
concurso de méritos, tengan mejor derecho sobre el accionante de
ser nombrado en el mencionado cargo de carrera judicial con el
cumplimiento de los demás requisitos previstos para tal fin, a pesar,
incluso, del reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada
reconocida al señor OSPINA AGUIRRE.
En ese orden de ideas, aseveró que la inclusión de esta plaza en la
lista de vacantes definitiva, lejos de vulnerar los derechos
fundamentales invocados, garantiza los principios de publicidad y los
derechos de los que son titulares terceras personas que aspiren a
ingresar a un cargo de carrera judicial por concurso de méritos.
Manifestó que, en todo caso, solo corresponde al titular del
JUZGADO resolver sobre las situaciones administrativas-laborales
de los cargos que pertenecen a su despacho y, en concreto,
garantizar el alcance de la estabilidad laboral reforzada reconocida al
actor de cara a las postulaciones que presenten aspirantes al cargo.
Así las cosas, concluyó que la sola publicación del cargo de secretario
en el JUZGADO en la lista de vacantes no define la permanencia y
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vinculación del actor que fue nombrado en provisionalidad y tiene
estabilidad laboral reconocida.
Finalmente, resolvió denegar la solicitud de desvinculación propuesta
por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA y, aceptarla respecto de la UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, al considerar que
esta entidad dentro de sus funciones no tiene la de elaborar listas de
las vacantes definitivas ni la de elegibles, así como tampoco define
las situaciones administrativas asignadas a los nominadores.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque, bajo los siguientes argumentos:
Señaló que, contrario a lo manifestado en la sentencia de primer
grado, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA mediante acuerdo CSJCUA20-18 de 13 de febrero
de 2020 estableció que se debe excluir de la lista de cargos aquellos
que cuentan con estabilidad laboral reforzada reconocida.
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Por lo anterior, solicitó no tener en cuenta el fallo de primera
instancia y, en su lugar, ordenar la exclusión del cargo de secretario
del JUZGADO de la lista de elegibles hasta que se cumpla la
condición resolutoria de la estabilidad laboral reconocida, condición
de carácter constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo,
a la igualdad, al mínimo vital, a la vida y a la dignidad humana en
personas protegidas, los cuales estimó vulnerados por el CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA y la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA al haber sido incluido en
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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la lista de elegibles el cargo de secretario del Juzgado Civil Municipal
de Mosquera, el cual ocupa actualmente en provisionalidad.
La acción de tutela de la referencia fue resuelta en primera instancia
por la SECCIÓN TERCERA que, en sentencia de 20 de octubre de
2023, denegó el amparo solicitado al estimar que no se vulneraron
los derechos fundamentales invocados.
El actor presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia, para lo cual señaló que mediante Acuerdo CSJCUA20-18
de 13 de febrero de 2020 el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE CUNDINAMARCA estableció que se debe excluir
de la lista de cargos aquellos que cuentan con estabilidad laboral
reforzada reconocida, por lo que se debió dar cumplimiento a lo allí
establecido.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la
accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor
o si, tal como lo consideró el a quo, no se observa violación alguna
de los mismos por parte de la entidad accionada.
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Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
precisar el alcance dado a los funcionarios nombrados en
provisionalidad que cuentan con estabilidad laboral y que
desempeñan cargos de carrera administrativa.
Sobre el particular, la Corte Constitucional4 ha precisado que los
servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de
carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa, por lo que
únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben
expresarse de forma clara y precisa en el acto de desvinculación; no
obstante, quienes sean sujetos de especial protección constitucional,
como padres o madres cabeza de familia, quienes estén próximos a
pensionarse o se encuentren en debilidad manifiesta “antes de
proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de
méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad
deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida
de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera
provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia
de los que se venían ocupando, siempre y cuando demuestren una
de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al
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Sentencia T-063 de 2022.
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momento del posible nombramiento.”5
En ese mismo orden de ideas, la Corte Constitucional en sentencia
T-405 de 2022 reiteró que “la Constitución otorga a los servidores
que ocupaban el cargo en provisionalidad y tienen la condición de
SEPC una protección constitucional cualificada frente al acto de
desvinculación6. Esta protección exige que, con el objeto de
garantizar sus derechos fundamentales, el empleador o nominador
les otorgue un “trato preferente”7 antes de desvincularlos y efectuar
el nombramiento del sujeto que ganó el concurso”, de tal forma que
prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso de méritos,
pues la estabilidad laboral reforzada de los empleados vinculados en
provisionalidad no es absoluta sino relativa.
Así las cosas, el Alto Tribunal Constitucional8 ha dispuesto que
cuando surge, con fundamento en el principio del mérito, la
obligación de nombrar de la lista de elegibles a la persona que superó
todas las etapas de un concurso de méritos, en un cargo de carrera
5
Sentencias T-373 de 2017 y T-464 de 2019.
6
Sentencia T-342 de 2021.
7
sentencias C-640 de 2012, T-373 de 2017 y T-342 de 2021. Ver también, sentencias SU-446 de 2011,
SU-691 de 2017, T-096 de 2018, T-469 de 2019 y T-063 de 2022.
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Sentencia T-063 de 2022.
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ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección “[…]
las entidades deben proceder con especial cuidado antes de efectuar
los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas
afirmativas, (dispuestas en la constitución art. 13 numeral 3º, y en
la materialización del principio de solidaridad social -art.
95 ibídem),9 relativas a su reubicación, y en caso de no adoptarse
tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en
provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían
ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una
de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como
en el momento del posible nombramiento […]”.
Ahora, mediante Acuerdo núm. PSAA08-4856 de 2008 la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso que,
una vez reportadas las vacantes definitivas por los respectivos
nominadores, los Consejo Seccionales de la Judicatura deben
publicar en la página web de la Rama Judicial, las sedes y cargos
vacantes, de la siguiente manera:
“[…] ARTÍCULO TERCERO.- Cada vez que se presente una vacante
definitiva en los cargos de empleados de carrera de la Rama
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Sentencias T-373 de 2017.
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Judicial, la autoridad nominadora correspondiente, lo informará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según corresponda.
De igual manera, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y las Direcciones Seccionales, en ejercicio de sus funciones, tienen
la obligación de comunicar en forma inmediata a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura,
las novedades administrativas relacionadas con vacantes
definitivas de los empleados vinculados a despachos judiciales
ubicados en su circunscripción territorial.
Verificadas las vacantes definitivas, las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, según corresponda,
publicarán, a través de la página web de la Rama Judicial
(www.ramajudicial.gov.co), durante los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes, las sedes y cargos vacantes, indicando las
categorías y especialidades de los mismos, con el fin de que los
integrantes del Registro de Elegibles manifiesten su disponibilidad
para el desempeño de los cargos […]”.
En cuanto al Acuerdo núm. CSJCUA20-18 de 13 de febrero de 2020,
el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA estableció el procedimiento interno para el
trámite de las solicitudes de reconocimiento de estabilidad laboral
reforzada.
El mencionado acuerdo establece que para el caso de servidores
judiciales vinculados en provisionalidad con estabilidad laboral
reforzada que se encuentren en estado de embarazo o tengan calidad
de pre pensionados, la consecuencia directa es la exclusión del cargo
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de la lista de vacantes hasta tanto se cumpla el primer año de vida
del menor o las semanas mínimas de cotización, dependiendo del
caso.
Situación diferente ocurre con las personas que cuentan con
estabilidad laboral por ostentar la calidad de madres o padres cabeza
de familia, pues en este caso el acuerdo no determina de manera
específica la exclusión de la lista como sí ocurre en los eventos
anteriores.
En ese orden de ideas, de conformidad con lo expuesto en líneas
anteriores, es deber de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura reportar las vacantes definitivas y, a su vez,
corresponde a los Consejos Seccionales de la Judicatura publicarlas,
por lo que no puede la accionada sustraerse de cumplir con sus
deberes, como erradamente lo pretende el actor.
Sumado a lo anterior, revisadas las pruebas allegadas al expediente,
es dable concluir que en la lista de vacantes publicada, si bien fue
incluido el cargo de secretario que ostenta el actor, se procedió a
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efectuar la anotación “reconocida estabilidad laboral reforzada por
parte del nominador”, tal como se observa a continuación:
De lo anterior es forzoso concluir que la inclusión en la lista de
vacantes por parte de la accionada, contrario a lo advertido por el
actor, no vulnera sus derechos fundamentales invocados, máxime
cuando en ella se advierte que dicho cargo lo ostenta una persona
que se encuentra con estabilidad laboral reforzada reconocida por el
nominador.
Así las cosas, lejos de vulnerar los derechos fundamentales del actor,
la entidad accionada garantizó el principio de publicidad, así como el
derecho al mérito y a la carrera administrativa del concurso de
méritos de la Rama Judicial.
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Lo anterior, impone a la Sala confirmar la sentencia impugnada, que
denegó el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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