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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04409-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04409-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04409-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04409-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL AMPARO
SOLICITADO. LA ENTIDAD ACCIONADA NO HA VULNERADO LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ACTOR CON LA SOLA INCLUSIÓN DE SU CARGO EN LA
LISTA DE VACANTES DEFINITIVA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, AL
MÍNIMO VITAL, A LA VIDA Y A LA DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 20 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó el amparo solicitado.

1
En adelante la Sección Tercera

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-04409-01
ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor BERNARDO OSPINA AGUIRRE, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida y a

la dignidad humana, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por

el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CUNDINAMARCA y la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA al haber sido incluido en la lista de vacantes definitiva

el cargo de secretario del Juzgado Civil Municipal de Mosquera, el cual

ejerce actualmente en provisionalidad.

I.2.- Hechos

Afirmó que está vinculado a la Rama Judicial en provisionalidad desde

el 3 de octubre de 2011, en el cargo de secretario adscrito al Juzgado

Civil Municipal de Mosquera2 y que, mediante Resolución núm. 006

2
En adelante el JUZGADO.

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ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE

de 6 de abril de 2021, su nominador le concedió estabilidad laboral

reforzada por tener a su cargo, responsabilidad y bajo dependencia

económica a sus padres, personas mayores de edad, de especial

protección por sus condiciones de salud y por no contar con ingreso

alguno.

Sostuvo que mediante requerimiento de 8 de marzo de 2022, el

Consejo Superior de la Judicatura solicitó precisar el alcance de la

medida de protección concedida, para lo cual el Juzgado Civil

Municipal de Mosquera emitió la Resolución núm. 4 de 1o. de abril de

2022, en la que aclaró que dicha medida de protección de estabilidad

laboral reforzada tendría vigencia siempre y cuando este tuviera la

condición de ser padre cabeza de familia.

Adujo que con ocasión de la lista de elegibles, a pesar de tener la

anotación de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada, se han

venido presentando solicitudes para el cargo que desempeña, razón

por la que ha solicitado al CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE CUNDINAMARCA la exclusión de su cargo de la

lista de elegibles, haciéndose caso omiso a ello por parte de la

entidad.

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ACTOR: BERNARDO OSPINA AGUIRRE

Indicó que la señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA presentó

su postulación ante el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA

DE CUNDINAMARCA, en su calidad de escribiente municipal en

propiedad de Centros de Servicios, Oficina de Servicios y de Apoyo

grado nominado, para ocupar en provisionalidad, durante una

licencia de 2 años, las vacantes de secretario de juzgado municipal

ubicados en Chía, o subsidiariamente, en Mosquera.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, mediante escrito

de 12 de julio de 2023 solicitó ante el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE CUNDINAMARCA dar cumplimiento al Acuerdo

CSJCUA20-18 de 13 de febrero de 2020, esto es, que se excluyera

de la lista de elegibles el cargo de secretario del Juzgado Civil

Municipal de Mosquera, el cual ejerce en provisionalidad, con

fundamento en la estabilidad laboral reforzada ya reconocida.

Refirió el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CUNDINAMARCA a través de Oficio CSJCU023-1388 de 19 de julio

de 2023, le informó a la señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA

que su postulación sería remitida a los juzgados con la vacante que

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aspira, con el fin de que los respectivos nominadores decidieran la

petición.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las accionadas han vulnerado sus derechos

fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida y a

la dignidad humana, pues se ha desconocido su condición de padre

de familia y que ya le fue reconocida la estabilidad laboral reforzada.

Afirmó que la publicación del cargo que ocupa en la lista de vacantes

ha llevado a que se presenten solicitudes de postulación del mismo,

situación que le ha ocasionado afectaciones emocionales,

psicológicas y físicas y que tienen impacto en su padre.

Manifestó que si bien el reconocimiento de la estabilidad laboral

reforzada está supeditado a su condición de padre cabeza de familia

y que su madre falleció en el año 2021, continúa a cargo de su padre,

quien cuenta con 87 años de edad.

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I.3.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] solicito señor Juez disponer y ordenar al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICTURA DE CUNDINAMARCA – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, que proceda con la presente
acción a excluir de la lista de legibles el cargo de secretario del
Juzgado 01 Civil Municipal de Mosquera Cundinamarca, hasta
tanto se cumpla la condición por la cual se me otorgó la
Estabilidad Laboral Reforzada […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- El JUZGADO informó que a la fecha el Consejo Superior de

la Judicatura no ha comunicado sobre el interés de alguna persona

que esté aspirando al cargo en el cual se encuentra vinculado el

actor.

En escrito allegado posteriormente, amplió la contestación en el

sentido de aclarar que la solicitud de postulación formulada por la

señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA fue declarada

improcedente, pues esta no cumplía con los requisitos para el

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traslado, sumado a la condición de estabilidad laboral que ostenta el

actor.

I.4.2.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CUNDINAMARCA manifestó que corresponde a cada autoridad

nominadora decidir sobre las controversias que se presenten en los

nombramientos y solicitudes de estabilidad laboral reforzada de los

empleados en provisionalidad, por lo que solicitó que se le desvincule

del presente trámite al carecer de legitimación en la causa por

pasiva.

Sostuvo que mediante Oficio CSJCU023 de 19 de julio de 2023,

comunicó a los juzgados civiles municipales de Chía y Mosquera

sobre el interés de postularse de la señora NATALIA SUSANA

MURCIA OYOLA en el cargo de secretario municipal en alguno de

esos despachos judiciales, de tal forma que corresponde a esas

autoridades decidir sobre la solicitud de nombramiento.

Adujo que, de conformidad con la Circular CJC22-2 de 10 de febrero

de 2022, ha publicado todas las vacantes reportadas, con las

respectivas anotaciones relacionadas con condiciones de estabilidad

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laboral reforzada, en atención a los principios de publicidad y

transparencia.

Finalmente, puso de presente que prevalece el derecho de quienes

aspiran a ocupar un cargo por lista de elegibles o por traslado,

respecto de quienes ostentan un cargo en provisionalidad y tienen

una condición de estabilidad laboral reforzada.

I.4.3.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL explicó que corresponde al Consejo Seccional de la

Judicatura de Cundinamarca decidir sobre la solicitud de exclusión de

la lista el cargo de secretario que ocupa el actor, por lo que carece

de legitimación en la causa por pasiva.

I.4.4.- La señora NATALIA SUSANA MURCIA OYOLA relató que,

si bien se postuló en el cargo de secretaria en el Juzgado Tercero

Civil Municipal de Chía y en el Juzgado Civil Municipal de Mosquera,

el primero de estos en escrito de 21 de julio de 2023 le informó que

existían otras solicitudes de personas con mejor derecho, mientras

que del segundo no obtuvo respuesta alguna, razón por la cual perdió

interés en dichas plazas.

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De otra parte, destacó que en la actualidad se encuentra ocupando

un cargo que también era de su interés y que no tenía conocimiento

de la estabilidad laboral reforzada de la cual goza el actor.

Así las cosas resaltó que, teniendo en cuenta el reconocimiento de

protección laboral reforzada en favor del actor y que actualmente

ostenta otro cargo, el interés por dicha vacante ya no existe, por lo

que desiste de su postulación al cargo de secretario del JUZGADO.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 20 de octubre de 2023, la SECCIÓN

TERCERA de esta Corporación denegó el amparo solicitado al

estimar que no fueron vulnerados los derechos fundamentales

invocados por el actor.

Resaltó que el actor no ejerce funciones de secretario del JUZGADO,

con vinculación en propiedad, ya que fue nombrado en

provisionalidad, motivo suficiente para concluir que la estabilidad

laboral reforzada reconocida no es absoluta sino relativa, de tal forma

que de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional,

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pueden existir otras personas que al aprobar todas las etapas del

concurso de méritos, tengan mejor derecho sobre el accionante de

ser nombrado en el mencionado cargo de carrera judicial con el

cumplimiento de los demás requisitos previstos para tal fin, a pesar,

incluso, del reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada

reconocida al señor OSPINA AGUIRRE.

En ese orden de ideas, aseveró que la inclusión de esta plaza en la

lista de vacantes definitiva, lejos de vulnerar los derechos

fundamentales invocados, garantiza los principios de publicidad y los

derechos de los que son titulares terceras personas que aspiren a

ingresar a un cargo de carrera judicial por concurso de méritos.

Manifestó que, en todo caso, solo corresponde al titular del

JUZGADO resolver sobre las situaciones administrativas-laborales

de los cargos que pertenecen a su despacho y, en concreto,

garantizar el alcance de la estabilidad laboral reforzada reconocida al

actor de cara a las postulaciones que presenten aspirantes al cargo.

Así las cosas, concluyó que la sola publicación del cargo de secretario

en el JUZGADO en la lista de vacantes no define la permanencia y

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vinculación del actor que fue nombrado en provisionalidad y tiene

estabilidad laboral reconocida.

Finalmente, resolvió denegar la solicitud de desvinculación propuesta

por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CUNDINAMARCA y, aceptarla respecto de la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, al considerar que

esta entidad dentro de sus funciones no tiene la de elaborar listas de

las vacantes definitivas ni la de elegibles, así como tampoco define

las situaciones administrativas asignadas a los nominadores.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, bajo los siguientes argumentos:

Señaló que, contrario a lo manifestado en la sentencia de primer

grado, el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CUNDINAMARCA mediante acuerdo CSJCUA20-18 de 13 de febrero

de 2020 estableció que se debe excluir de la lista de cargos aquellos

que cuentan con estabilidad laboral reforzada reconocida.

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Por lo anterior, solicitó no tener en cuenta el fallo de primera

instancia y, en su lugar, ordenar la exclusión del cargo de secretario

del JUZGADO de la lista de elegibles hasta que se cumpla la

condición resolutoria de la estabilidad laboral reconocida, condición

de carácter constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el

fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo,

a la igualdad, al mínimo vital, a la vida y a la dignidad humana en

personas protegidas, los cuales estimó vulnerados por el CONSEJO

SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA y la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA al haber sido incluido en

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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la lista de elegibles el cargo de secretario del Juzgado Civil Municipal

de Mosquera, el cual ocupa actualmente en provisionalidad.

La acción de tutela de la referencia fue resuelta en primera instancia

por la SECCIÓN TERCERA que, en sentencia de 20 de octubre de

2023, denegó el amparo solicitado al estimar que no se vulneraron

los derechos fundamentales invocados.

El actor presentó impugnación contra la sentencia de primera

instancia, para lo cual señaló que mediante Acuerdo CSJCUA20-18

de 13 de febrero de 2020 el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE CUNDINAMARCA estableció que se debe excluir

de la lista de cargos aquellos que cuentan con estabilidad laboral

reforzada reconocida, por lo que se debió dar cumplimiento a lo allí

establecido.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la

accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor

o si, tal como lo consideró el a quo, no se observa violación alguna

de los mismos por parte de la entidad accionada.

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Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente

precisar el alcance dado a los funcionarios nombrados en

provisionalidad que cuentan con estabilidad laboral y que

desempeñan cargos de carrera administrativa.

Sobre el particular, la Corte Constitucional4 ha precisado que los

servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de

carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa, por lo que

únicamente pueden ser removidos por causales legales que deben

expresarse de forma clara y precisa en el acto de desvinculación; no

obstante, quienes sean sujetos de especial protección constitucional,

como padres o madres cabeza de familia, quienes estén próximos a

pensionarse o se encuentren en debilidad manifiesta “antes de

proceder al nombramiento de quienes superaron el concurso de

méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad

deberán ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida

de las posibilidades, deben vincularse nuevamente de manera

provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia

de los que se venían ocupando, siempre y cuando demuestren una

de esas condiciones especiales al momento de su desvinculación y al

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Sentencia T-063 de 2022.

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momento del posible nombramiento.”5

En ese mismo orden de ideas, la Corte Constitucional en sentencia

T-405 de 2022 reiteró que “la Constitución otorga a los servidores

que ocupaban el cargo en provisionalidad y tienen la condición de

SEPC una protección constitucional cualificada frente al acto de

desvinculación6. Esta protección exige que, con el objeto de

garantizar sus derechos fundamentales, el empleador o nominador

les otorgue un “trato preferente”7 antes de desvincularlos y efectuar

el nombramiento del sujeto que ganó el concurso”, de tal forma que

prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso de méritos,

pues la estabilidad laboral reforzada de los empleados vinculados en

provisionalidad no es absoluta sino relativa.

Así las cosas, el Alto Tribunal Constitucional8 ha dispuesto que

cuando surge, con fundamento en el principio del mérito, la

obligación de nombrar de la lista de elegibles a la persona que superó

todas las etapas de un concurso de méritos, en un cargo de carrera

5
Sentencias T-373 de 2017 y T-464 de 2019.
6
Sentencia T-342 de 2021.
7
sentencias C-640 de 2012, T-373 de 2017 y T-342 de 2021. Ver también, sentencias SU-446 de 2011,
SU-691 de 2017, T-096 de 2018, T-469 de 2019 y T-063 de 2022.
8
Sentencia T-063 de 2022.

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ocupado en provisionalidad por un sujeto de especial protección “[…]

las entidades deben proceder con especial cuidado antes de efectuar

los respectivos nombramientos, mediante la adopción de medidas

afirmativas, (dispuestas en la constitución art. 13 numeral 3º, y en

la materialización del principio de solidaridad social -art.

95 ibídem),9 relativas a su reubicación, y en caso de no adoptarse

tales medidas, de ser posible, han de ser vinculados de nuevo en

provisionalidad en un cargo similar o equivalente al que venían

ocupando, de existir la vacante, siempre y cuando demuestren una

de esas condiciones, tanto para la época de su desvinculación, como

en el momento del posible nombramiento […]”.

Ahora, mediante Acuerdo núm. PSAA08-4856 de 2008 la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispuso que,

una vez reportadas las vacantes definitivas por los respectivos

nominadores, los Consejo Seccionales de la Judicatura deben

publicar en la página web de la Rama Judicial, las sedes y cargos

vacantes, de la siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO TERCERO.- Cada vez que se presente una vacante
definitiva en los cargos de empleados de carrera de la Rama

9
Sentencias T-373 de 2017.

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Judicial, la autoridad nominadora correspondiente, lo informará
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su ocurrencia, a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la
Judicatura, según corresponda.

De igual manera, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y las Direcciones Seccionales, en ejercicio de sus funciones, tienen
la obligación de comunicar en forma inmediata a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura,
las novedades administrativas relacionadas con vacantes
definitivas de los empleados vinculados a despachos judiciales
ubicados en su circunscripción territorial.

Verificadas las vacantes definitivas, las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura y la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, según corresponda,
publicarán, a través de la página web de la Rama Judicial
(www.ramajudicial.gov.co), durante los cinco (5) primeros días
hábiles de cada mes, las sedes y cargos vacantes, indicando las
categorías y especialidades de los mismos, con el fin de que los
integrantes del Registro de Elegibles manifiesten su disponibilidad
para el desempeño de los cargos […]”.

En cuanto al Acuerdo núm. CSJCUA20-18 de 13 de febrero de 2020,

el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

CUNDINAMARCA estableció el procedimiento interno para el

trámite de las solicitudes de reconocimiento de estabilidad laboral

reforzada.

El mencionado acuerdo establece que para el caso de servidores

judiciales vinculados en provisionalidad con estabilidad laboral

reforzada que se encuentren en estado de embarazo o tengan calidad

de pre pensionados, la consecuencia directa es la exclusión del cargo

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de la lista de vacantes hasta tanto se cumpla el primer año de vida

del menor o las semanas mínimas de cotización, dependiendo del

caso.

Situación diferente ocurre con las personas que cuentan con

estabilidad laboral por ostentar la calidad de madres o padres cabeza

de familia, pues en este caso el acuerdo no determina de manera

específica la exclusión de la lista como sí ocurre en los eventos

anteriores.

En ese orden de ideas, de conformidad con lo expuesto en líneas

anteriores, es deber de la Sala Administrativa del Consejo Superior

de la Judicatura reportar las vacantes definitivas y, a su vez,

corresponde a los Consejos Seccionales de la Judicatura publicarlas,

por lo que no puede la accionada sustraerse de cumplir con sus

deberes, como erradamente lo pretende el actor.

Sumado a lo anterior, revisadas las pruebas allegadas al expediente,

es dable concluir que en la lista de vacantes publicada, si bien fue

incluido el cargo de secretario que ostenta el actor, se procedió a

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efectuar la anotación “reconocida estabilidad laboral reforzada por

parte del nominador”, tal como se observa a continuación:

De lo anterior es forzoso concluir que la inclusión en la lista de

vacantes por parte de la accionada, contrario a lo advertido por el

actor, no vulnera sus derechos fundamentales invocados, máxime

cuando en ella se advierte que dicho cargo lo ostenta una persona

que se encuentra con estabilidad laboral reforzada reconocida por el

nominador.

Así las cosas, lejos de vulnerar los derechos fundamentales del actor,

la entidad accionada garantizó el principio de publicidad, así como el

derecho al mérito y a la carrera administrativa del concurso de

méritos de la Rama Judicial.

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Lo anterior, impone a la Sala confirmar la sentencia impugnada, que

denegó el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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