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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04446-00

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04446-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Gloria Elena Grisales Rojas, quien actúa por intermedio de apoderada judicial, por las razones expuestas.. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04446-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04446-00
Actora: Gloria Elena Grisales Rojas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04446-00
Demandante: GLORIA ELENA GRISALES ROJAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial que declara fundado recurso
extraordinario de revisión contra sentencia que ordenó reliquidar
pensión de vejez con fundamento en la sentencia de unificación de 4
de agosto de 2010. Requisito de la inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Gloria Elena Grisales Rojas, quien actúa por conducto de
apoderada judicial, contra la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a
la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso, igualdad y derechos
adquiridos, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 11 de noviembre
de 2021, que declaró fundado el recurso extraordinario de revisión promovido por
Pensiones de Antioquia contra el fallo 11 de diciembre de 2013, proferido por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó la decisión de 27 de febrero de
2013, dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, que
había ordenado la reliquidación de la pensión de vejez incluyendo todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó a la entidad Pensiones de Antioquia, con
el objeto de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 209 de 2008 y
162 de 2011, a través de las cuáles se reconoció a su favor la pensión de vejez, y
se negó la reliquidación de la misma conforme a todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicio.

Indicó que por sentencia de 27 de febrero de 2013, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda
con fundamento en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, emanada
de la Sección Segunda del Consejo de Estado que establecía que a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, se les debía
reconocer la pensión de vejez conforme al régimen anterior en los aspectos de
edad, tiempo de servicios y monto que incluía el IBL. Afirmó que esta decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala de Descongestión-,
por sentencia de 11 de diciembre de 2013.

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Actora: Gloria Elena Grisales Rojas

Manifestó que la entidad Pensiones de Antioquia presentó recurso extraordinario
de Revisión contra la sentencia de 11 de diciembre de 2013, con fundamento en
los numerales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Señaló que por sentencia de 11 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado
declaró fundado el recurso extraordinario de revisión y, en consecuencia, resolvió:
“INFIRMAR el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala de
Descongestión de fecha 11 de diciembre de 2013 y en consecuencia REVOCAR
la sentencia de 27 de febrero de 2013 dictada por el juzgado primero
administrativo de descongestión del circuito de Medellín, proferido dentro del
proceso con radicación 05001333100920110045601, por encontrarse incursa en
la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda”.

Por último, manifestó que el 13 de diciembre de 2021, a través de su apoderada,
solicitó que se corrigiera la precitada sentencia, pues en la parte resolutiva se hizo
referencia a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales, y lo correcto era Pensiones de Antioquia, la cual fue
resuelta por auto de 29 de junio de 2023, en el que se dispuso corregir el fallo en
ese sentido.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales a la seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso,
igualdad y derechos adquiridos, los cuales considera vulnerados con la sentencia
de 11 de noviembre de 2021, corregida el 29 de junio de 2023, en la que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión promovido por Pensiones de Antioquia contra el fallo de
11 de diciembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que
confirmó la sentencia de 27 de febrero de 2013, dictada por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Medellín, que había ordenado la reliquidación de la
pensión de vejez con la inclusión de todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicio.

Señaló que goza de su derecho pensional desde hace más de 15 años, que es
con lo que cuenta para su congrua subsistencia y que en la actualidad asciende a
$5.736.632, por lo que la decisión cuestionada altera gravemente sus condiciones
de vida toda vez que con esos ingresos garantiza el sostenimiento suyo, de su
hermana que se encuentra en situación de discapacidad y de sus dos sobrinos
que están en edad escolar. Agregó que Pensiones de Antioquia en diciembre de
2020 y enero de 2023, redujo el valor de su mesada pensional de conformidad
con la sentencia que decidió el recurso extraordinario de revisión, sin que se
hubiera resuelto la solicitud de corrección presentada.

Se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia al
señalar que no existe otro mecanismo para controvertir la sentencia que resolvió
el recurso extraordinario de revisión (subsidiariedad), además se promovió en un
término razonable teniendo en cuenta que, por auto de 29 de junio de 2023, la
autoridad judicial accionada resolvió la solicitud de corrección de la sentencia de
11 de noviembre de 2021.

En ese orden, alegó la configuración del desconocimiento del precedente judicial,
concretamente de las siguientes sentencias:

• Sentencia C-258 de 2013, sobre la cual citó apartes que precisan los
efectos de esa providencia respecto de las personas a quienes se les
había reconocido la pensión en los términos del artículo 17 de la Ley 4 de

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1992 y que superaban el tope de 25 SMLMV, en el sentido que de que
cuando no ha sido reconocida sin abuso del derecho y sin fraude a la ley,
“disminuir aún más las mesadas procediendo a reliquidar todas las
pensiones de manera retroactiva desconocería derechos adquiridos y
atentaría contra el principio de confianza legítima de quienes accedieron a
la pensión de buena fe, como titulares del derecho o por vía de una
sustitución pensional”.

Explicó que en la Sentencia SU-230 de 2015, la Corte Constitucional
señaló que en la C-258 de 2013, se estableció que el IBL no era un
aspecto que hiciera parte del régimen de transición, no obstante, resaltó,
que sí señaló el impacto que una reducción de las mesadas generaba
sobre el beneficiario de una pensión de vejez que fue reconocida sin abuso
del derecho y de acuerdo con las posturas jurisprudenciales vigentes.

• Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, respecto de
la cual, explicó que, fijó dos subreglas para establecer el IBL de aquellos
empleados públicos a quienes deba reconocerse la pensión de vejez bajo
el régimen establecido en la Ley 33 de 1985, por ser beneficiarios del
régimen general de transición, en el sentido que dicho reconocimiento se
hace en los términos de la Ley 100 de 1993, y solo se tienen en cuenta
factores sobre los que se hubiera cotizado. Sin embargo, adujo que en ese
pronunciamiento se estableció que los asuntos que ya se hubieren
reconocido o reliquidado con fundamento en la tesis que sostenía antes el
Consejo de Estado, no podían entenderse que habían sido reconocidas
con abuso del derecho o fraude a la ley.

Destacó que la “la decisión judicial que se impugna se aleja de los
alcances de la providencia unificadora, para extender los mismos a quienes
les fue reconocido su derecho conforme a la normatividad vigente al
momento de la sentencia que puso fin al proceso, de buena fe”.

• Sentencia de unificación de 11 de junio de 2021, emanada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que aplicó el criterio fijado en la precitada
sentencia, en casos de la Rama Judicial y el Ministerio Público. Precisó que
en esta providencia también se precisó que la decisión no tenía efectos
respecto de aquellos reconocimientos proferidos a través de sentencia
ejecutoriada.

Finalmente, señaló que la decisión desconoce los derechos adquiridos, lo cual no
se puede validar bajo el argumento de estabilidad financiera del sistema
pensional, en ese sentido, citó la sentencia SU-273 de 2022.

En esa línea, adujo que la Sección Segunda, Subsección “B” Consejo de Estado
ha declarado infundado el recurso extraordinario de revisión formulado contra las
sentencias que habían reconocido pensiones con la tesis que sostenía esta
Corporación sobre el IBL, como un aspecto que hace parte del régimen transición.
Así en la sentencia de 26 de noviembre de 2018 expresó lo siguiente: “Las reglas
jurisprudenciales que se fijaron en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de
2018, se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias, excluyendo de
su ámbito de aplicación a aquellos asuntos que se encuentran por resolver en
virtud un recurso extraordinario, pues los efectos de la citada providencia no
operan respecto de situaciones que ya fueron objeto de pronunciamiento y que
hicieron tránsito a cosa juzgada, en virtud de salvaguardar el principio de
seguridad jurídica. Se estableció que las reglas jurisprudenciales en ella fijadas, no
serían aplicables a aquellas situaciones que ya fueron resueltas por la jurisdicción

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ordinaria, en procura de propender por la protección del principio de seguridad
jurídica y cosa juzgada del cual se encuentran revestidas las decisiones judiciales
y en consecuencia, excluyéndose de su ámbito de aplicación aquellos asuntos que
se encuentran por resolver en virtud de un recurso extraordinario de revisión,
como es el presente caso”.

3. Pretensiones

La parte accionante, formuló las siguientes:

“PRIMERO: Con todo respeto, solicito el amparo de los derechos fundamentales de la
actora a la seguridad social, la vida digna y mínimo vital de las personas de la tercera
edad, los derechos adquiridos, el debido proceso y el derecho a la igualdad procesal,
vulnerados en la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el interior del recurso extraordinario de
revisión, con radicado número 11001032500020190021800.

SEGUNDO: En consecuencia dejar sin efecto la sentencia del 11 de noviembre de
2021 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, aclarada
mediante auto del 29 de junio de 2023, la cual declaró fundada la acción de revisión
presentada por Pensiones de Antioquia contra el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala de Descongestión de fecha 11 de diciembre de 2013
y en su lugar, se dicte una providencia de reemplazo en la que se nieguen las
pretensiones de la acción de revisión.

TERCERO: Se conceda la medida provisional deprecada, suspendiendo cualquier
disminución de la mesada pensional de la actora mientras se resuelve la solicitud de
tutela”.

4. Pruebas relevantes

Obra copia de la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de agosto de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como a Pensiones de Antioquia, como tercera interesada en el resultado del
proceso.

Del mismo modo, dispuso oficiar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, para que allegara copia digitalizada del expediente No. 11001-03-
25-000-2019- 00218-00, demandante: Pensiones de Antioquia.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 89565 a 89568 de
29 de agosto de 20231, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

El magistrado titular del despacho ponente de la decisión cuestionada, rindió
informe sobre la acción de tutela y comenzó por advertir que se limitaría a los

1
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas fueron notificados a las siguientes direcciones
de correo electrónico: candelaria-777@hotmail.com; berthalucia86@hotmail.com,
notifjbedoya@consejodeestado.gov.co; notifcpalomino@consejodeestado.gov.co;
javilas@consejodeestado.gov.co; daniangap0128@gmail.com; kossaa@consejodeestado.gov.co;
abespiher@gmail.com; notifcperdomo@consejodeestado.gov.co; fulana06@gmail.com,
il:tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, pensantioquia@pensionesantioquia.gov.co;
notificajudiciales@pensionesantioquia.gov.co.

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fundamentos expuestos en la sentencia de 11 de noviembre de 2021, teniendo en
cuenta que no participó en la misma.

Comenzó por describir el relato de los hechos expresados por la actora como
causas de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

En ese marco, manifestó que la decisión cuestionada se fundamentó en que la
sentencia de 11 de diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia que había ordenado la reliquidación de la pensión de vejez percibida por
la señora Gloria Elena Grisales Rojas con la inclusión de todos los factores
salariales desconoció “la forma correcta de liquidar las pensiones de los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por la
Sala Plena Contenciosa que dispuso que la liquidación debe realizarse en
atención a la edad, monto y tiempo de servicio del sistema anterior y en cuanto al
IBL por los artículos 21 y 36 de esa misma ley, con inclusión de aquellos factores
enlistados en el Decreto 1158 de 1998”.

Explicó que aunque la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fue
proferida después de que se dictó la decisión objeto de revisión, la misma
resultaba aplicable porque proviene de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación en calidad de órgano de cierre de la
jurisdicción y se le otorgó efectos a los casos pendientes de solución, tanto en vía
administrativa como judicial, y esto incluía los asuntos que se encontraban en
trámite del recurso extraordinario de revisión, como el caso bajo análisis.

Adicionalmente, manifestó que en la precitada sentencia de unificación se analizó
el caso particular de los beneficiarios del régimen de transición que se les aplicaba
la Ley 33 de 1985, y señaló que el reconocimiento del derecho pensional de
dichos servidores debió guardar estricta observancia de los principios
constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad previstos
en el Acto Legislativo 01 de 2005.

De igual modo, adujo que no se cumple el presupuesto de la inmediatez, porque la
sentencia de 11 de noviembre de 2021, fue notificada el 7 de diciembre de 2021,
por lo que quedó ejecutoriada en los términos del artículo 302 del Código General
del Proceso. Por lo tanto, afirmó, la acción de tutela superó el plazo de seis meses
que se ha establecido como plazo razonable para promover contra providencias
judiciales. Al respecto, precisó que por auto de 29 de junio de 2023 se resolvió la
solicitud de corrección, en el sentido de acceder a corregir un error en la parte
resolutiva al indicarse que la autoridad demandada era la UGPP, cuanto lo
correcto era Pensiones de Antioquia.

Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo por
no cumplirse el requisito de la inmediatez o, en el evento en que se conozca de
fondo, se nieguen las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, vida
digna, mínimo vital, debido proceso, igualdad y derechos adquiridos, con la
sentencia de 11 de noviembre de 2021, corregida por medio de auto de 29 de
junio de 2023, que declaró fundado el recurso extraordinario de revisión promovido
por Pensiones de Antioquia contra el fallo 11 de diciembre de 2013, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la sentencia de 27 de febrero
de 2013, dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín,
que había ordenado la reliquidación de la pensión de vejez incluyendo todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios, al incurrir en
desconocimiento de precedente judicial.

De manera previa, la Sala procederá a verificar si la acción de tutela cumple con el
requisito de la inmediatez, en tanto fue alegado por la parte accionada.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el
2
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
3
Ibídem.
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20165, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace
desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término
breve; (ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos
de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales. En estos casos,
para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el
momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación
de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó;
(iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si
la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de
vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación
contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el
análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se
identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela.
Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose
de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la
demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos
que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”6

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación, mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite
temporal que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.

4. Estudio y solución del caso concreto

La parte actora presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B”, en defensa de los derechos fundamentales a la
seguridad social, vida digna, mínimo vital, debido proceso, igualdad y derechos
adquiridos, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 11 de noviembre
de 2021, corregida por auto de 29 de junio de 2023, que declaró fundado el
recurso extraordinario de revisión promovido por Pensiones de Antioquia contra el
fallo 11 de diciembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que confirmó la decisión de 27 de febrero de 2013, dictada por el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín, que había ordenado la
reliquidación de la pensión de vejez incluyendo todos los factores salariales
percibidos durante el último año de servicios.

Concretamente, alegó el desconocimiento del precedente judicial, causal que se
habría configurado por el desconocimiento de (i) la sentencia C-258 de 2013 que
al declarar la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 estableció
que no era posible reliquidar las mesadas pensionales de manera retroactiva
conforme a ese nuevo parámetro porque desconoce derechos adquiridos y el
principio de confianza legítima, (ii) la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, que estableció que sus
efectos no se extendían a pensiones reconocidas con la postura que sostenía el

5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Ibídem.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04446-00
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órgano de cierre anteriormente frente a la forma de determinar el IBL a
beneficiarios del régimen de transición y (iii) la sentencia de unificación de 11 de
junio de 2021, emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado que aplicó
el criterio fijado en la precitada sentencia, en casos de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, y señaló que no tenía aplicación en reconocimientos
pensionales a través de sentencias ejecutoriadas.

Señaló que la decisión cuestionada altera gravemente sus condiciones de vida,
porque antes de la decisión cuestionada percibía una mesada pensional
correspondiente a $5.736.632, ingresos con los que garantiza el sostenimiento
suyo, de su hermana que se encuentra en situación de discapacidad y de sus dos
sobrinos que están en edad escolar.

De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
inmediatez, pertinente para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

Al respecto, se observa que la sentencia de 11 de noviembre de 2021 proferida
por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado se notificó a la
parte demandante mediante correo electrónico el 7 de diciembre de 2021, tal
como se evidencia en el índice 25 del Sistema para la Gestión Judicial SAMAI9
correspondiente al recurso extraordinario de revisión con radicado No. 11001-03-
25-000-2019-00218-00.

Lo anterior, permite concluir que la decisión objeto de reproche constitucional se
notificó por correo electrónico el 7 de diciembre de 2021, mientras que la solicitud
de amparo fue promovida el 22 de agosto de 202310, es decir, transcurrió un (1)
año, ocho (8) meses y quince (15) días entre el momento de la notificación y el
de la interposición de la acción constitucional, término que desborda el plazo
razonable establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación,
acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Constitucional en decisiones recientes ha
ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar que el plazo
razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término fijo, puede
entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse
en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones del
accionante y los derechos que subyacen en la pretensión”11, respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para
satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es
perentorio”12.

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto”13.

9

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001032500020190021800110
0103.
10
Constancia de radicación por medios electrónicos que reposa en el índice 2 de Samai en el Link
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-03-15-000-2023-04446-00.
11
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04446-00
Actora: Gloria Elena Grisales Rojas

De otra parte, resulta importante resaltar que la Corte Constitucional en sentencia
T-001 de 202214, señaló que para determinar si se presentó una tardanza
injustificada en la interposición de la solicitud de amparo, se debe verificar la
razonabilidad15 y la oportunidad16 de la acción de tutela, para lo cual se torna
relevantes los siguientes aspectos: “(a) si el accionante pertenece a un grupo
vulnerable; (b) las situaciones personales o coyunturales que le hayan impedido
acudir de forma inmediata a la jurisdicción constitucional; (c) el aislamiento
geográfico; (d) la condición económica del actor y la posible agravación de su
situación; (e) la eventual vulneración de derechos de terceros; (f) la falta absoluta
de diligencia por parte del afectado; y (h) “la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica”.

En vista de lo anterior, se observa que no siempre el simple transcurso del tiempo
puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda
vez que pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
acción de tutela no se haya presentado en un término razonable y oportuno, sino
que demuestren que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental
sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre
actual.

Ahora bien, frente al presupuesto de la inmediatez la actora efectuó un análisis
tomando como referente el auto de 29 de junio de 2023, que resolvió la solicitud
de corrección de la sentencia de 11 de noviembre de 2021, en el sentido de
cambiar en la parte resolutiva el nombre de la entidad demandada pues se hizo
referencia inicialmente a la UGPP, cuando lo correcto era Pensiones de Antioquia.

Al respecto, la Sala debe precisar que este presupuesto tiene como referente el
conocimiento del hecho que se alega como causa de la violación de los derechos
fundamentales que, en este caso, es la decisión adoptada en la sentencia de 11
de noviembre de 2021, de la cual tuvo conocimiento el 7 de diciembre de 2021,
cuando le fue notificado dicho fallo a través de correo electrónico.

Ahora bien, teniendo en cuenta que una vez dictada la sentencia por regla general
no es modificable ni alterable por la Sala de Decisión que la profirió, solo es
factible la enmienda de algunos errores a través de la corrección. Sobre este
particular, el artículo 286 del Código General del Proceso prevé:

“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y
OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente
aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de
oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por
aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión
o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella”.

14
M.P.: Paola Andrea Meneses Mosquera. Postura que se reitera de la Sentencia SU-108 de 2018.
15
“(a) la tardanza en la interposición de la tutela supone una eventual violación de los derechos de terceros;
(b) “cuánto tiempo trascurrió entre la expedición de una sentencia de unificación novedosa de esta Corte
sobre una materia discutida y la presentación del amparo”; (c) cuánto tiempo pasó entre el momento del
hecho que fundamentó la acción de tutela y la interposición de la misma; y (d) “cuál ha sido el lapso que la
jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable en casos similares al que está por resolverse””
16
“(a) la existencia de motivos de peso para la inactividad de los accionantes; (b) “si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión”; (c) si existe un nexo causal
entre la demora en la interposición de la tutela y la vulneración de las garantías ius fundamentales alegadas; y
(d) si el fundamento de la acción de tutela surgió con posterioridad al acaecimiento de la actuación lesiva de
derechos fundamentales, “de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición””

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9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04446-00
Actora: Gloria Elena Grisales Rojas

Al respecto la Corte Constitucional ha precisado que “la corrección, es una
solicitud que bien puede presentarse en cualquier tiempo, y no es cualquier razón
la que faculta al juez para aclarar o adicionar su decisión, sino que, para lo
primero, deben haberse consignado conceptos o frases oscuras, confusas que
ofrezcan verdadero motivo de duda y que ameriten ser esclarecidas, siempre que
estén contenidos en la parte resolutiva de la decisión o que influyan en ella”17.

Es decir, teniendo en cuenta que la corrección solo podría realizarse en el sentido
solicitado, esto es, modificar el error de digitación sobre el nombre de la
administradora de pensiones en la parte resolutiva, pues resulta evidente que era
Pensiones de Antioquia y no la UGPP como se plasmó en el resto de la
providencia, y por lo tanto, el sentido de la decisión que es lo que constituye la
causa de violación ius fundamental invocada permanecería incólume, la actora
pudo acudir al mecanismo de protección constitucional dentro del término de seis
meses que se ha establecido como razonable para controvertir una providencia
judicial, máxime cuando Pensiones de Antioquia dio cumplimiento a lo ordenado
en la sentencia cuestionada al reducir la mesada pensional “en diciembre de 2020
y enero de 2023”. Dicho en otros términos, la solicitud de corrección no afecta la
ejecutoria de la providencia, en tanto puede ser presentada en cualquier tiempo.

Por las razones expuestas, la acción de tutela fue presentada con
desconocimiento del requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar
su improcedencia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Gloria Elena Grisales Rojas, quien actúa por intermedio de apoderada
judicial, por las razones expuestas..

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

17
Sentencia T-429 de 2016. Reiterada en el Auto 191 de 2018.

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10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04446-00
Actora: Gloria Elena Grisales Rojas

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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11

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