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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04458-01

Fecha
4 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04458-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de media provisional solicitada por las razones expuestas. 15 Corte Constitucional. Sentencia T 736 de 2013. “La Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”. Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01 Demandante: UGPP Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirma improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP contra el Tribunal Administrativo de Atlántico, según lo explicado en precedencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04458-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 4 de diciembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia mediante la cual la autoridad judicial
demandada accedió a las pretensiones de la demanda, en un asunto de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se solicitó la nulidad de los actos administrativos
que negaron la reliquidación de una pensión de vejez.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte demandante en contra de la
Sentencia de 28 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 23 de agosto de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a
través de apoderado, presentó una acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Atlántico, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
“en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional”, con ocasión de la Sentencia de 4 de noviembre de 20223
proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-002-2016-00277-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “1. Declarar improcedente la solicitud de amparo iniciada por la UGPP contra el Tribunal Administrativo de

Atlántico, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia”.
3 Notificada a través de mensaje de datos de 23 de febrero de 2023.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRINCIPALES
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
DESPACHO 003 – SALA DE DECISIÓN ORAL SUBSECCIÓN B, por el evidente
detrimento del erario que se generó́ con el fallo impartido en razón al
reconocimiento prestacional superior al que realmente tiene derecho.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, se DEJE sin efectos la sentencia
proferida por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO DESPACHO 003 – SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B, del 4 de
noviembre de 2022, dentro del proceso contencioso administrativo No. 08001
333300220160027700, en razón a que aplicó a la prestación del causante, de
manera errada acorde con el régimen de transición establecido en el
parágrafo segundo del artículo de la Ley 33 de 1985, para efectos de
determinar el IBL y los factores salariales integrantes del mismo, dando
aplicación en forma errada a la Ley 6 de 1945, desconociendo así́ que el único
régimen pensional que le era aplicable para ese tema era el del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, pues adquirió́ su estatus de pensionado el 6 de mayo de
1994, lo que implica que solo podían tenerse en cuenta para la liquidación del
IBL los enlistados en el Decreto 1158 de 1994 devengados en el tiempo que le
hiciere falta para acceder a la prestación si este fuere inferior a 10 años, lo que
hace que desconocer esta situación genere no solo una errada interpretación
de la norma que debía regir el caso del señor RICARDO ANTONIO REYES
ZACCARO sino que se desconozcan las sentencias de unificación de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado que determinan el IBL y los factores
Salariales que se tienen en cuenta para liquidar las prestaciones de las personas
sujetas al régimen de transición, contenidas en las Como consecuencia de lo
anterior, se DEJE sin efectos la sentencia por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 – SALA DE DECISIÓN ORAL –
SECCIÓN B, del 4 de noviembre de 2022, dentro del proceso contencioso
administrativo No. 08001 333300220160027700, en razón a que aplicó a la
prestación del causante, de manera errada acorde con el régimen de
transición establecido en el parágrafo segundo del artículo de la Ley 33 de
1985, para efectos de determinar el IBL y los factores salariales integrantes del
mismo, dando aplicación en forma errada a la Ley 6 de 1945, desconociendo
así́ que el único régimen pensional que le era aplicable para ese tema era el
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues adquirió́ su estatus de pensionado el
6 de mayo de 1994, lo que implica que solo podían tenerse en cuenta para la
liquidación del IBL los enlistados en el Decreto 1158 de 1994 devengados en el
tiempo que le hiciere falta para acceder a la prestación si este fuere inferior a
10 años, lo que hace que desconocer esta situación genere no solo una errada
interpretación de la norma que debía regir el caso del señor RICARDO
ANTONIO REYES ZACCARO sino que se desconozcan las sentencias de
unificación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que determinan
el IBL y los factores Salariales que se tienen en cuenta para liquidar las
prestaciones de las personas sujetas al régimen de transición, contenidas en las
sentencias SU 395 de 2017, T- 494 de 2017, T- 328 de 2018, T- 039 de 2018 y
decisión del 28 de agosto de 2018, emitidas por la Sala Plena del Honorable
Consejo de Estado dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-
01, que generan un absoluto detrimento a la sostenibilidad financiera del
Sistema Pensional por la evidente irregularidad sustancial en las ordenes
impartidas.

Tercero. Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO DESPACHO 003 – SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B, dictar
nueva sentencia ajustada a derecho de cara a lo regulado en el régimen de
transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y a las sentencias de unificación
tanto de la Corte como del Consejo de Estado relacionadas en este escrito.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón al no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera
transitoria y hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se
iniciaría en virtud de su orden tutelar el fallo de 4 de noviembre de 2022
proferido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 08001
333300220160027700 por el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 – SALA DE DECISIÓN ORAL – SECCIÓN B”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Ricardo Antonio Reyes Zaccaro trabajó al servicio de la Caja
Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE), desde el 24 de marzo de 1965
hasta el 17 de marzo de 1987.

5. 2) Mediante Resolución No. 30730 de 29 de diciembre de 1998,
CAJANAL le reconoció la pensión de vejez al señor Reyes Zaccaro y ordenó
su pago.

6. 3) El 1 de junio de 2015, Ricardo Antonio Reyes Zaccaro solicitó la
reliquidación de su pensión de vejez. Esta solicitud fue negada mediante la
Resolución No. 41785 de 9 de octubre de 2015 proferida por la Subdirectora
de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, y confirmada por la
Resolución No. 55293 de 23 de diciembre de 2015 proferida por la Directora
de Pensiones de la UGPP4.

7. 4) Inconforme con lo anterior, el señor Reyes Zaccaro presentó una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho5 orientada a obtener
la nulidad de las resoluciones por las cuales se le negó la reliquidación de su
pensión de vejez, para que, a título de restablecimiento del derecho, se
reliquidara su pensión teniendo en cuenta la (se trascribe) “totalidad de los
factores devengados en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio
esto es sueldo mensual, prima de antigüedad, alimentación, prima de
servicios, bonificación, prima vacaciones, prima de navidad”.

8. 5) El 27 de mayo de 2022, el Juzgado 2 Administrativo de Barranquilla
declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro

4 La solicitud presentada por el señor Reyes Zaccaro fue rechazada al considerar que la liquidación de la pensión

de vejez realizada en 1998 fue conforme a derecho.
5 Rad. 08001-33-33-002-2016-00277-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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de lo no debido, asimismo negó las pretensiones de la demanda. Frente a
esta decisión, el señor Reyes Zaccaro interpuso recurso de apelación.

9. 6) El Tribunal Administrativo de Atlántico, en Sentencia de 4 de
noviembre de 2022, revocó la Sentencia de 27 de mayo de 2022. En su lugar,
declaró la nulidad de los actos administrativos6 que negaron la reliquidación
de la pensión de jubilación y, ordenó, a la UGPP, reliquidar y reajustar la
pensión de jubilación incluyendo todos los factores salariales y pagar la
diferencia de la pensión reconocida inicialmente7. Frente a esta decisión se
interpuso una solicitud de adición que fue negada mediante Auto de 13 de
abril de 2023.

10. El fundamento de la vulneración radicó, según la parte actora, en que
el Tribunal Administrativo de Atlántico incurrió en (1) un defecto sustantivo
toda vez que le otorgó a una disposición jurídica -artículo 1 de la Ley 33 de
1985- un alcance que no tiene y, con fundamento en ello, reliquidó una
pensión de jubilación con una errada interpretación del régimen pensional
aplicable y los factores salariales que deben integrar el IBL.

11. (2) Desconocimiento del precedente toda vez que el Consejo de
Estado en Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 y la Corte
Constitucional en Sentencia SU-395 de 2017 fijaron la línea sobre cómo se
debe resolver los factores que integran el IBL de las personas sujetas al
régimen de transición.

12. (3) Violación directa de la Constitución, toda vez que con ocasión de
una contraria interpretación de una disposición normativa se le está dando
un trato diferencial al señor Reyes Zaccaro al hacerlo beneficiario de un
régimen de transición contemplado en la Ley 33 de 1985 al que no tiene
derecho.

13. (4) Finalmente, la parte actora manifestó que se configuró un abuso
palmario del derecho, como circunstancia de procedencia excepcional de

6 Resoluciones RDP 41785 de 9 de octubre de 2015 y 55293 de 23 de diciembre de 2015.
7 “PRIMERO. Revócase la sentencia proferida el 27 de mayo de 2022, por el Juzgado Administrativo Oral del Circuito

de Barranquilla (…) y en su ligar, declárese la nulidad de la Resolución RDP 041785 del 9 de octubre de 2015 y la
Resolución RDP 055293 del 23 de diciembre de 2015, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la UGPP, reliquidar y reajustar la pensión jubilación
al señor Ricardo Antonio Reyes Zaccaro, por el 75% del promedio de los salarios devengados en su último año de
servicio, en este caso, incluyendo además de los ya reconocidos, los factores de: prima de alimentación, prima
de servicio, prima de vacaciones y priva de navidad; asimismo se ordena a UGPP pagar la diferencia que resulte
de la pensión reconocida inicialmente y la reliquidación ordenada a partir 01 de junio de 2012 por haber operado
el fenómeno de la prescripción del pago de las diferencias de las mesadas causadas con anterioridad, de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad accionada queda
habilitada para descontar de las mesadas el monto del porcentaje que legalmente corresponda asumir al actor
de aquellos factores sobre los que eventualmente no se hubiera cotizado, sumas que deberán ser traídas a valor
presente en los términos indicados, de suerte que se garantice la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
TERCERO: Declárese que ha operado el fenómeno de la prescripción de las diferencias de las mesadas causadas
con anterioridad al 01 de junio de 2012 de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.
Cuarto. Sin costas (…)”

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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la acción de tutela y una evidente vía de hecho, en virtud de que el Tribunal
Administrativo de Atlántico incrementó, de forma injustificada, una mesada
pensional a un ciudadano que no tiene derecho a ello. Por lo anterior, afirmó
que cumplir la orden judicial controvertida genera un perjuicio irremediable
porque se le debe reconocer al señor Reyes Zaccaro una mesada pensional
mayor en $440.716,23 y un retroactivo de $72.0130.607,288.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

14. Mediante Sentencia de 28 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción al considerar
que no se acreditó el requisito de subsidiariedad. Al respecto, sostuvo que
en virtud del numeral 7 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, los argumentos
esgrimidos podían ser cuestionados a través del recurso extraordinario de
revisión. Además, sostuvo que no se configuró un abuso palmario del
derecho.

15. La parte actora impugnó la anterior providencia porque, a su juicio,
la misma desconoció que la acción de tutela era el mecanismo idóneo para
garantizar la protección de los derechos fundamentales alegados. Sostuvo
que si bien existe un mecanismo alternativo (se trascribe) “debido a sus
ritualidades procesales” no es eficaz para la protección inmediata de los
derechos. Adicionalmente, reprochó que en la sentencia de primera
instancia no se estudió la existencia del perjuicio irremediable, por la
necesidad de cumplir con una decisión judicial contraria a derecho que
impone la obligación de pagar un retroactivo pensional a quien no le asiste
el derecho.

16. Aunado a ello, solicitó, como media provisional (se trascribe)

“Conforme a la gravedad de la situación que se pone de presente ante su
Despacho solicitamos se suspenda la ejecución de la sentencia de 4 de
noviembre de 2022 (…) mientras se resuelve esta acción de tutela, ello para
evitar pagar un retroactivo pensional que no le asiste al causante, así como el
pago mes a mes una prestación muy superior a la que realmente tiene derecho
(…).”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencial judicial. 2.2
Conclusiones

8 De conformidad con los cálculos realizados en la solicitud de amparo en donde se relaciona que la mesada

pensional ajustada para el año 2023 y que actualmente percibe el actor es de $2.410.579,40 y con ocasión de la
orden judicial quedaría en $2.851.295,63.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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2.1 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial9

17. En el presente caso, la Sala confirmará la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, como
pasa a explicarse:

18. Sea lo primero resaltar que la UGPP pretendió, a través de la acción
de tutela, que se deje sin efectos la Sentencia de 4 de noviembre de 2022
proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho No. 08001-33-33-002-2016-00277-01.

19. En concordancia con lo anterior, resulta preciso recordar que, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86
constitucional, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

20. La Corte Constitucional10 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.

21. La Sala, en el presente caso, encuentra improcedente la acción de
tutela al no encontrar superado el requisito que se revisa porque: a) no se ha
ejercido el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003; b) no se trata de un sujeto de especial protección y;
c) no se acreditó un perjuicio irremediable.

22. Bajo ese contexto, también resulta necesario recordar que, en la
Sentencia SU-427 de 2016, la Corte Constitucional indicó que, en el
ordenamiento jurídico vigente, se prevé el recurso extraordinario de revisión,
contenido en el artículo 20 de la Ley 797 de 200311, como un mecanismo
judicial que permite la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del
derecho. En esa oportunidad, la Corte concluyó (se trascribe):

"[...] ante la existencia de otro mecanismo judicial como lo es el recurso de
revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en principio, las
acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones
judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho
son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución”. (Negrilla fuera
del texto)

9 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-66 de 2019.
10 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
11 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y

se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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23. La expresión “en principio” fue explicada por esa Corporación,
cuando agregó que, en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente al
fallo judicial, en donde exista una prestación reconocida con un “palmario
abuso del derecho”, la tutela sería el medio procedente. No obstante, en la
mencionada providencia se omitió establecer unas reglas claras para
determinar cuándo se estaba frente a ese tipo de abuso.

24. Sin embargo, en la Sentencia SU-631 de 2017, la Corte Constitucional
precisó el alcance de la expresión "palmario abuso del derecho" e indicó
que se configura cuando (se trascribe) "[a] además de una vinculación
precaria, [b] se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y
con él una ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y
solidaridad en el caso concreto". La configuración del “palmario abuso del
derecho” hace procedente acción de tutela, pese a existir el recurso de
revisión.

25. Adicionalmente, conviene indicar que, en la Sentencia SU-115 de 2018,
esa Corporación retomó las reglas de procedencia de la tutela cuando se
trate de un abuso del derecho palmario, agregó que (se trascribe) "en caso
de que no se acreditara tal supuesto [entiéndase vinculación precaria e
incremento excesivo de la mesada], el medio judicial disponible [recurso de
revisión] sería no solo eficaz, sino, además, no podría considerarse que se
tratara de un caso de perjuicio irremediable, que ameritara la protección
constitucional transitoria".

26. Para el presente caso, debe precisarse que, pese a que la postura
jurisprudencial antes reseñada fue estructurada por la Corte Constitucional,
el juez de tutela deberá establecer, en cada caso, qué configura un
“palmario abuso del derecho”, para determinar si es procedente o no la
acción de tutela.

27. Al respecto, es preciso resaltar la postura adoptada por la Corte
Constitucional12 para explicar las características que debe tener tal aumento
en una mesada pensional (se trascribe):

“el incremento excesivo de la mesada pensional se materializa, siempre que
entregue al beneficiado una ventaja ilegítima exuberante. Se trata de un
tratamiento diferente a favor de quien la obtuvo, diferencia que evidencia un
acrecentamiento protuberante de la mesada de la prestación. Nótese que este
elemento debe ser evaluado en cada caso particular.” (Negrillas propias de la
Sala)

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-114 de 2018.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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28. Así las cosas, no se evidencia una vinculación precaria ni un
“acrecimiento protuberante” de la mesada pensional de Ricardo Antonio
Reyes Zaccaro por lo que no resulta procedente la solicitud de amparo.

29. Para la Sala, a partir de las pruebas que obran en el expediente y su
valoración, se logró advertir que (1) la vinculación de Ricardo Antonio Reyes
Zaccaro no fue precaria, toda vez que prestó sus servicios en el sector
público desde el 24 de marzo de 1965 hasta el 17 de marzo de 1987; y (2) no
existe acrecimiento protuberante en la pensión de retiro por vejez
reconocida. Aunado a ello, tampoco se demostró que el señor Reyes
Zaccaro hubiese cambios abruptos de vinculación durante el mencionado
tiempo que estuvo vinculado al sector público.

30. En consecuencia, el medio de defensa con el que cuenta la UGPP
(recurso extraordinario de revisión) resulta ser eficaz para perseguir la
protección de los derechos que se solicitan, en esa medida, mal podría
hablarse de la existencia de perjuicio irremediable alguno que justifique el
tratamiento de la tutela como mecanismo transitorio.

31. En este punto, para la Sala es importante resaltar que la UGPP alega
en su impugnación que en la sentencia de primera instancia no fue
estudiada la existencia del perjuicio irremediable. A juicio del accionante,
dicho perjuicio se configura, en el caso de no accederse a la solicitud de
amparo porque se debe pagar mes a mes una mesada pensional superior a
la que el causante tiene derecho y un retroactivo que afecta la
sostenibilidad del sistema. Además, porque la sentencia debe ser acatada
por la entidad y de conformidad con el artículo 253 del CPACA, en ningún
caso, el trámite del recurso de revisión suspende el cumplimiento de la
sentencia.

32. La Sala recalca que las afirmaciones del accionante no prueban la
existencia de un perjuicio irremediable y, por el contrario, ponen de presente
que la decisión aún no se ha cumplido, y que dado que quedó ejecutoriada
el 20 de abril de 202313, tal como lo señaló la misma parte actora, de
conformidad con el artículo 192 del CPACA14, el mecanismo del recurso

13 La Sentencia de segunda instancia se profirió el 4 de noviembre de 2022, pero fue notificada a las partes el 23

de febrero de 2023. Encontrándose en término, la parte demandante del proceso presentó solicitud de adición
de la sentencia que fue resuelta desfavorablemente el 13 de abril de 2023. Esta providencia se notificó por estado
el 20 de abril de 2023.
14 “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.

Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de
dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su
comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades
públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de
diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario
deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (…)”

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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extraordinario de revisión continúa siendo eficaz y no hay un perjuicio que
requiera de una urgente atención por parte del juez de tutela.

33. Por otro lado, la Sala encuentra que la parte demandante, no es un
sujeto de especial protección constitucional15, razón por la cual se entiende
que la acción de tutela no era el mecanismo judicial idóneo para defender
sus intereses.

34. Sobre la pretensión subsidiaria, es preciso señalar que la parte actora
pretendió que se suspendieran los efectos de la providencia enjuiciada hasta
tanto se resuelva un eventual recurso extraordinario de revisión. Sin embargo,
la Sala estima que no está llamada a prosperar porque no quedó
demostrado el abuso palmario del derecho, ni el perjuicio irremediable, que
hiciere procedente un amparo transitorio de tutela.

35. Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de medida provisional, la
Sala estima que no hay lugar a decretarla dada la etapa procesal en la que
se encuentra la presente acción de tutela y toda vez que lo que se persigue
con ella es precaver un futuro fallo favorable que, en el presente caso, resultó
con la improcedencia de la solicitud de amparo.

2.2 Conclusiones

36. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
subsidiariedad no se cumplió en el caso concreto y, por tal motivo, se
abstendrá de emitir pronunciamiento sobre los demás requisitos de
procedencia y, en consecuencia, confirmará la decisión que declaró
improcedente el amparo solicitado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de media provisional solicitada por las
razones expuestas.

15 Corte Constitucional. Sentencia T 736 de 2013. “La Corte Constitucional ha señalado como sujetos de especial

protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia, a las personas en situación de discapacidad, a la
población desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad
manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por
el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad
de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un
tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados”.

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04458-01
Demandante: UGPP
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de septiembre de 2023 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
contra el Tribunal Administrativo de Atlántico, según lo explicado en
precedencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTINEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

16 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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