Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04473-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04473-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04473-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04473-00
Accionante: Fabián Leonardo Mendoza Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD- No agotó los mecanismos ordinarios.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado contra el Tribunal Administrativo del
Cesar y el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar.
I. ANTECEDENTES
A. La demanda y sus fundamentos
1.- El 22 de agosto de 2023, el señor Fabián Leonardo Mendoza Rangel presentó
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar con el fin de que se dejaran sin
efectos las sentencias de 17 de mayo de 2019 y 16 de febrero de 20232, proferidas
por dichas autoridades judiciales en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho3 que promovió contra la Universidad Popular del Cesar.
2.- En primera instancia, el asunto lo conoció el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito de Valledupar, quien en fallo de 17 de mayo de 2017 negó las
súplicas de la demanda. Decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo
del Cesar en sentencia de 16 de febrero de 2023 al considerar que, no es cierto que
el acto demandado lleve intrínseco algún tipo de desviación de poder, por cuanto no
se encuentra demostrado que su expedición no obedeció a razones de buen servicio,
o que se produjo como represalia del rector. Precisó que los dos testimonios
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 20 de febrero de 2023.
3 Radicado: 20-001-33-33-003-2016-00328-01.
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Accionante: Fabián Leonardo Mendoza Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
practicados son la única prueba encaminada a demostrar tales afirmaciones, y los
mismos se quedan en simples apreciaciones y consideraciones subjetivas. Adicional
a ello en el expediente obra un documento denominado “informe Gestión Área
Administrativa y Financiara” del 23 de enero de 2012, suscrito por el Vicerrector
General de la UPC Seccional Aguachica, que contradice dicho en esas
declaraciones. Agregó que tampoco está demostrado que quien fue nombrada en
reemplazo del demandante no tuviese el perfil requerido, ni que su nombramiento
haya desmejorado el servicio, por lo que consideró infundado ese reproche.
3.- Por otra parte, indicó que debido a que el cargo de Director Administrativo y
Financiero de la UPC Seccional Aguachica desempeñado por el accionante, es un
empleo de libre nombramiento y remoción, el acto administrativo por medio del cual
se declara su insubsistencia no requería de ningún tipo de motivación para
predicarse su legalidad; además, que la excelente hoja de vida, la idoneidad y buena
conducta laboral del demandante, no es argumento suficiente que permita desvirtuar
la facultad discrecional conferida al nominador para la libre remoción. Así las cosas,
concluyó que al no existir prueba fehaciente en el plenario que exteriorice que el acto
acusado se fundó en razones diferentes a las del buen servicio y, teniendo en cuenta
que no se acreditó que con el retiro del accionante se hubiese desmejorado el
servicio o, que la decisión de declararlo insubsistente radicó en el desbordamiento
arbitrario de la potestad y facultad discrecional del rector de la Universidad Popular
del Cesar, la presunción de legalidad del acto acusado no ha sido desvirtuada.
4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela, la parte actora
advirtió que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia e imparcialidad del juez, así
como el principio de congruencia, al incurrir en los siguientes defectos:
5.- Defecto fáctico, por cuanto la sentencia proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Valledupar omitió el estudio de la causal de
nulidad por expedición irregular del acto demandado y declaró probada la excepción
de legalidad del mentado acto, sin realizar una valoración de las pruebas
testimoniales que reposaban en el expediente. Por otra parte, adujo que el Tribunal
Administrativo del Cesar, en la sentencia de segunda instancia de 16 de febrero de
2023, omitió también el estudio del cargo de expedición irregular del acto acusado,
por violación del artículo 7 del Acuerdo 065 del 2005, que modificó el Acuerdo 01 de
1.994 y 026 del 2008, proferidos todos por el Consejo Superior de la UPC. Además,
indicó que incurrió en un análisis arbitrario e irracional de las pruebas testimoniales
desestimando la credibilidad del testimonio rendido por María Irene Obregón y Rafel
Aponte, acudiendo a una prueba documental espuria introducida de forma ilegal por
parte de la demandada, específicamente, hizo referencia al informe de gestión del
área administrativa y financiera de 23 de enero de 2012, suscrito por el Vicerrector
General de la UPC Seccional Aguachica.
6.- Decisión sin motivación, en tanto la sentencia de primera instancia proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar omitió el
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estudio de la causal de nulidad por expedición irregular y declaró probada la
excepción de legalidad del acto administrativo acusado sin realizar una valoración
de las pruebas testimoniales que reposaban en el expediente, por lo que, en ese
orden de ideas, la decisión en su motivación “resulta por lo menos insuficiente al no
estudiar todos los cargos de nulidad planteados”. Así mismo, reiteró que el Tribunal
accionado omitió el estudio del cargo de expedición irregular del acto acusado, y
realizó un análisis arbitrario e irracional de las pruebas testimoniales desestimando
la credibilidad de los testimonios rendidos al interior del proceso, acudiendo al
informe de gestión del área administrativa y financiera de 23 de enero de 2012, a
pesar de haber sido introducido al plenario de manera ilegal por la entidad
demandada, “con el fin de darle una apariencia de sustentación a la decisión
tomada”.
7.- Defecto procedimental absoluto, que se configuró por parte del Tribunal
Administrativo del Cesar, en la medida en que, reitera, omitió el estudio del cargo de
expedición irregular del acto demandado, e incurrió en un análisis arbitrario e
irracional de las pruebas testimoniales acudiendo a una prueba documental espuria
introducida de forma ilegal por parte de la Universidad Popular. Agregó que, al
convalidar esta prueba documental arrimada por vía de hecho, la autoridad judicial
accionada obró al margen de las normas procesales que regulan el procedimiento
administrativo estipulado en el CPACA y por integración normativa en el CGP.
8.- Error inducido, pues en el caso concreto, la prueba documental denominada
“Informe de Gestión Área Administrativa y Financiara” del 23 de enero de 2012,
suscrito por el Vicerrector General de la UPC Seccional Aguachica, fue introducida
por Ingrid Patricia Manjarrez Murgas, funcionaria de la universidad demandada,
mediante oficio CGGDH 201-1-03-07-0486/15 de 4 de mayo de 2015, como
respuesta a la solicitud de prueba documental, consistente en que allegara las
evaluaciones de desempeño del señor Mendoza Rangel. Informó que la mencionada
señora respondió así: “Con respecto al punto No 2. Allego copia de la hoja de vida
del señor Fabian Leonardo Mendoza Rangel (…) de igual manera, le informo que no
se encontró soporte alguno sobre evaluación de desempeño del señor Mendoza
Rangel, así mismo, se anexa certificación sobre un informe de actividades de fecha
26 de enero de 2012 y última (sic) remuneración laboral”. En razón a lo anterior,
consideró que es evidente la inconstitucionalidad e ilegalidad de esa prueba
introducida al expediente, pues no se solicitó ni aportó con la contestación de la
demanda, y tampoco fue decretada como prueba dentro de las oportunidades
procesales, pero el Tribunal le otorgó validez y luego la convirtió en pieza probatoria
fundamental para proferir la sentencia.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
9.- Por auto del 28 de agosto de 20234, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a las autoridades judiciales demandadas, y se vinculó a la Universidad
4 Notificada el 31 de agosto de 2023.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Popular del Cesar como tercera interesada. Así mismo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
Y se requirió la remisión del proceso ordinario.
(i) Tribunal Administrativo del Cesar5
10.- Hizo un resumen de la providencia cuestionada, y de las leyes y jurisprudencia
allí aplicadas, y sostuvo que, siendo el cargo de libre nombramiento y remoción, la
causa de retiro del servicio de quien lo desempeña procede por declaratoria de
insubsistencia discrecional sin necesidad de motivar el acto administrativo, el cual se
lo presume orientado al buen servicio y/o procura del interés general.
11.- Ahora, en relación con la carga de la prueba para desvirtuar la presunción de
legalidad del acto demandado, indicó que en la providencia censurada se hizo un
análisis detallado de los medios probatorios aportados al proceso, incluidos los
testimonios, lo que le permitió concluir que al no existir prueba fehaciente en el
plenario que exteriorice que el acto acusado se fundó en razones diferentes a las del
buen servicio y, además, teniendo en cuenta que no se acreditó que con el retiro del
accionante se hubiese desmejorado el servicio o, que la decisión de declarar
insubsistente el nombramiento del actor que se hallaba en un cargo de libre
nombramiento y remoción, radicó en el desbordamiento arbitrario de la potestad y
facultad discrecional del rector de la Universidad Popular del Cesar, la presunción de
legalidad del acto acusado no fue sido desvirtuada, por lo que era dable confirmar la
decisión de primera instancia.
12.- Finalmente, expuso que existe una ausencia de vulneración de derechos
fundamentales en la decisión tomada por esa Corporación, razón por la cual solicitó
que se niegue el amparo.
(ii) Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar6
13.- Primero, aclaró que el juez que conoció del proceso no se encuentra
actualmente vinculado a ese despacho, por lo tanto no es posible realizar
pronunciamiento o valoración alguna con respecto a las consideraciones del orden
legal, jurisprudencial y probatorias consignadas en la sentencia de primera instancia.
Así, indicó que en el sub lite la defensa con respecto al contenido de la providencia
acusada se limita a lo que en forma abstracta allí obra.
14.- Seguidamente sostuvo que el asunto no satisface el requisito de inmediatez,
por cuanto la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar quedó ejecutoriada el
23 de febrero de 2023, “razón por la que entre esta última fecha y la presentación de
la solicitud de amparo constitucional el 23 de agosto de 2023 transcurrieron seis (6)
meses, plazo que se encuentra por fuera de los lineamientos que la jurisprudencia
constitucional ha estimado”.
5 Contestación enviada a través de correo electrónico el 5 de septiembre de 2023, consta de 6 folios.
6 Contestación enviada a través de correo electrónico el 4 de septiembre de 2023, consta de 5 folios.
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15.- Concluyó que la decisión adoptada en la sentencia proferida por ese Juzgado
y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, se hizo con base en los
fundamentos jurisprudenciales aplicables al asunto bajo examen y en las pruebas
que formaban parte del expediente, con las cuales, no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado, esto es, la Resolución 0066 del 30 de
enero de 2012.
(iii) Universidad Popular del Cesar7
16.- Solicitó que se declare improcedente el amparo solicitado, en la medida en que
el juez de tutela “no puede ordenarles a las autoridades accionadas que fallen en
determinado sentido el proceso contencioso”, pues solo son competentes el juzgado
y el tribunal accionado para resolver sobre la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho puesta en su conocimiento, en virtud del principio de autonomía
funcional con el que gozan.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
17.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, ante la existencia de otros
mecanismos judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección de los derechos
invocados.
18.- La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
19.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 868 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 69 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
7 Contestación enviada a través de correo electrónico el 5 de septiembre de 2023, consta de 10 folios, con
anexos.
8 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
9 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
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de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
20.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela
deviene improcedente.
21.- Según la jurisprudencia constitucional, la improcedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, puede
configurarse, por ejemplo, en tres supuestos: (i) cuando el asunto se encuentra en
trámite, (ii) en el evento en que no se han agotado los mecanismos de defensa
judiciales ordinarios y extraordinarios y, (iii) cuando se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear las herramientas jurídicas previstas en
el ordenamiento jurídico10.
22.- En el caso objeto de estudio, a pesar de que la parte actora le endilgó cuatro
defectos a las providencias cuestionadas, se advierte a simple vista que todo se
centra en unos argumentos específicos. Así, frente a la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cesar, sobre la cual únicamente se hará el análisis del caso, al
ser la autoridad judicial que resolvió de manera definitiva la litis de asunto; se tiene
que el actor consideró que en la sentencia de 16 de febrero de 2023: (i) se omitió el
estudio del cargo de expedición irregular del acto acusado, por violación del artículo
7 del Acuerdo 065 del 2005, que modificó el Acuerdo 01 de 1.994 y 026 del 2008 y,
(ii) incurrió en un análisis arbitrario e irracional de las pruebas testimoniales
desestimando la credibilidad del testimonio rendido por María Irene Obregón y Rafel
Aponte, al acudir al informe de gestión del área administrativa y financiera de 23 de
enero de 2012, suscrito por el Vicerrector General de la UPC Seccional Aguachica,
el cual, a su juicio, fue introducido de forma ilegal al proceso por parte de la entidad
demandada, toda vez que no se solicitó ni aportó con la contestación de la demanda,
y tampoco fue decretada como prueba dentro de las oportunidades procesales.
23.- De conformidad con lo expuesto, como se anticipó, se advierte que la solicitud
de amparo es improcedente, toda vez que carece del requisito de subsidiariedad, en
la medida en que el accionante no agotó los mecanismos judiciales ordinarios,
idóneos y eficaces que el ordenamiento jurídico le otorgaba para proteger sus
derechos, pues frente a la supuesta omisión por parte de la accionada de
pronunciarse respecto de la causal de nulidad por expedición irregular del acto
demandado, podía presentar solicitud de adición de sentencia, tal como lo establece
el artículo 287 del Código General del Proceso.
24.- Sobre el particular, la mencionada disposición establece que:
<< ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley
10 Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en
la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre
que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente
para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a
solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal>> (subrayado
fuera del texto original).
25.- No obstante, se encuentra acreditado con las pruebas allegadas al plenario,
que el señor Mendoza Rangel nunca hizo uso de ese mecanismo judicial. En ese
sentido la presente acción de tutela se torna improcedente, comoquiera que esta
acción constitucional no puede sustituir ni revivir etapas procesales previamente
vencidas, y no se puede utilizar como mecanismo para subsanar yerros cometidos
dentro del proceso ordinario.
26.- Ahora, respecto al segundo reproche, relacionado con que el Tribunal incurrió
en un análisis arbitrario e irracional de las pruebas testimoniales al desestimarlas y
tener en cuenta el informe de gestión del área administrativa y financiera de 23 de
enero de 2012, suscrito por el Vicerrector General de la UPC Seccional Aguachica,
como prueba, sin haber sido incorporado en las oportunidades procesales, la Sala
advierte que también carece del requisito de subsidiariedad.
27.- Lo anterior, por cuanto el actor dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho pudo presentar recurso de reposición, en los términos
del artículo 242 del CPACA11 si no estaba de acuerdo con las pruebas que se
tuvieron como incorporadas de forma legal al proceso en la audiencia de pruebas
celebrada el 19 de agosto de 2015. Revisado el expediente, se advierte que en dicha
diligencia se incorporó como prueba “(…) copia de la hoja de vida del señor FABIAN
LEONARDO MENDOZA RANGEL(…) (fol. 502 - 744)”, y entre los documentos que
se relacionan en los citados folios, está el informe de gestión del área administrativa
y financiera que el actor ahora alude como incorporado de forma “ilegal” al plenario.
28.- Por ende, se advierte con claridad que el actor no presentó ningún tipo de
oposición frente a las pruebas allegadas e incorporadas al expediente por ser
conducentes y pertinente, pues en la referida audiencia de pruebas, cuando se le
corrió traslado de los documentos allegados por la Universidad accionada en virtud
del requerimiento realizado por el despacho judicial, el apoderado del señor Mendoza
Rangel solo manifestó su inconformidad porque “(…) en la hoja de vida allegada del
11 “ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En
cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04473-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
demandante hace falta una constancia de permiso por estudio otorgado a este para
realizar una maestría y del folio 757 no se encuentra lo pertinente a los puntos 1 al 5
(…)”12, pero no dijo absolutamente nada de la prueba que ahora aduce como ilegal
o indebidamente incorporada. En ese sentido es claro que el despacho judicial de
primera instancia, le puso en conocimiento los documentos aportados a efectos de
que ejerciera su derecho a la contradicción, y teniendo la oportunidad para ello no
presentó ningún reproche orientado a que se excluyera el documento que hoy
censura.
29.- Teniendo claro lo anterior, ante la omisión del señor Fabián Mendoza Rangel
de presentar los recursos ordinarios de ley, sólo resta resaltar, de nuevo, que la
acción constitucional no está instituida para sustituir ni revivir etapas procesales
vencidas y no se puede utilizar como mecanismo para subsanar yerros cometidos
dentro del proceso ordinario.
30.- Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que:
<<(…) nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad
de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los
recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le
otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta Política), el interesado se abstuvo
de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la
institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por
cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción (…)>>13. (resaltado fuera del
texto original)
31.- Asimismo, se observa que la parte accionante tampoco acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a
intervenir como mecanismo transitorio en asuntos que no son de su competencia,
pues, no hizo manifestación alguna al respecto y tampoco esbozó ninguna
justificación para no haber interpuesto en las oportunidades procesales respectivas
los recursos procedentes antes descritos.
32.- Finalmente, la Sala no observa que se haya incurrido en un análisis arbitrario e
irracional de las pruebas testimoniales, sino que, por el contrario, las mismas fueron
estudiadas y analizadas de forma coherente y racional, no obstante, tal como lo
expuso el tribunal accionado, aquellas se quedaban en simples apreciaciones
subjetivas de los testigos, por lo que el juez, en virtud del principio de libre valoración
de la prueba, les dio la interpretación que consideró ajustada a derecho. En razón a
lo anterior, se advierte que, que contrario a lo afirmado por la parte actora, no se
deduce que la autoridad judicial accionada hubiere incurrido en una indebida
motivación, en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido
12 Información sustraída del expediente allegado en préstamo junto con el audio de la audiencia de pruebas
celebrada el 19 de agosto de 2015.
13 Corte Constitucional, sentencias C-543 de 1992, T-469 de 2000, T-018 de 2017, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04473-00
Accionante: Fabián Leonardo Mendoza Rangel
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de efectuar un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya
otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la
tutela formulada14. Por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro sustento
en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación
subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del
material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas
legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto, así como la
jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la conclusión de que en el
caso bajo estudio no se había desvirtuado la legalidad de la Resolución acusada.
33.- En ese sentido, habrá de declararse improcedente la solicitud de amparo
promovida por el señor Fabián Leonardo Mendoza Rangel, por los motivos antes
expuestos.
34.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
14 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de
2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
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