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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04483-00

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04483-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Yenid Figueroa Vargas en contra del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04483-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-00
Accionante: YENID FIGUEROA VARGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: Tutela contra providencias judiciales / derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad y acceso a la administración de justicia /
principios constitucionales a la situación más
favorable al trabajador y de la perpetuatio
jurisdictionis / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / sanción moratoria de
docentes

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Yenid Figueroa Vargas, quien actúa por conducto de apoderado,
en contra del Tribunal Administrativo del Huila, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la
expedición de la providencia del 30 de mayo de 2023, proferida en el
curso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 41001-33-33-002-2022-00065-01.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04483-00
Accionante: Yenid Figueroa Vargas

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de
justicia, y de los principios a la situación más favorable al trabajador y
de la perpetuatio jurisdictionis, se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La señora Yenid Figueroa Vargas fue vinculada como docente en el
municipio de Pitalito - Huila después del 1.° de enero de 1990 hasta la
fecha, por lo que su régimen de cesantías es anualizado.

El 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el auxilio de cesantías
por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

Por lo anterior, el 16 de julio de 2021 la accionante formuló petición
ante la Secretaría de Educación de Pitalito - Huila, a fin de obtener el
reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, solicitud que fue resuelta de manera negativa
mediante el Oficio PIT2021EE004270 del 10 de agosto de 2021.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho la accionante demandó el acto administrativo mencionado,
proceso que por reparto correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Neiva, dependencia judicial que,
mediante sentencia del 13 de septiembre de 2022, resolvió negar las
súplicas de la demanda.

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Accionante: Yenid Figueroa Vargas

Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el
cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del
Huila, a través de la sentencia del 30 de mayo de 2023, al considerar
que la demandante no era acreedora de la sanción moratoria porque se
encuentra afiliada al FOMAG, por lo que, el reconocimiento, liquidación
y pago de las cesantías y sus intereses del año 2020 se rigen por la Ley
91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Huila,
al proferir la sentencia del 30 de mayo de 2023, incurrió en la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia, y de
los principios a la situación más favorable al trabajador y de la
perpetuatio jurisdictionis.

Señala que con la decisión acusada se configuró un defecto
sustantivo por la no aplicación del régimen de cesantías adecuado,
dado que pertenece al sistema anualizado consagrado en las leyes 50
de 1990, 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago
oportuno de dicha prestación genera la sanción moratoria y una
vulneración al ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, alega una violación directa de la Constitución,
teniendo en cuenta la interpretación y aplicación de normas
relacionadas con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
la consignación tardía de cesantías a los docentes, mediante la cual se
concluye que i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de
todos los trabajadores que es protegida por la Constitución, ii) los
docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en cuenta las

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funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran
sometidos y la vinculación mediante nombramiento y por lo tanto
tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías.

Por otro lado, señala que se incurrió en un desconocimiento del
precedente establecido en la sentencia SU-098 del 17 de octubre de
2018 de la Corte Constitucional, en la que se dispuso que la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.

Asimismo, argumenta que no se tuvieron en cuenta las 22 sentencias
proferidas entre los años 2020, 2021 y 2022 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes de manera positiva al aplicar la Ley 50 de 1990 a los
docentes afiliados al FOMAG respetando la condición más favorable
respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA en la sentencia proferida el día 5/30/2023, en el expediente rad.
No. 41001333300220220006501, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la

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decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por
parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes […].

[…]». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto del 29 de agosto de 2023, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Huila como accionado y al municipio de Pitalito -
Huila y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio como terceros interesados en
las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.

4.2. El Tribunal Administrativo del Huila, a través del magistrado
ponente de la decisión acusada, sostuvo que deben negarse las
pretensiones de la acción de tutela en cuestión porque la autoridad
judicial no incurrió en ninguna de las causales específicas de
procedibilidad, ni la vulneración alguna de los derechos fundamentales

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alegados.

Expuso que no se configura un desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado sobre la materia objeto de controversia, pues hasta
la fecha no se conoce un pronunciamiento unificador de jurisprudencia
de esta corporación que sea de obligatorio acatamiento, además indicó
que en la sentencia del 30 de mayo de 2023 se estableció con
solvencia las razones del distanciamiento de la sentencia SU-098 de
2018 por lo que en manera alguna se transgredió el principio de la
seguridad jurídica.

4.3. La Nación – Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
rechace por improcedente la acción de tutela de la referencia por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, porque considera que la
parte accionante no hizo uso de todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa.

De igual modo, señaló que la tutela bajo estudio carece de relevancia
constitucional, en virtud del precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-128 de 2021, la cual exige que el
asunto debe tener trascendencia superior y no solamente legal o de
otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica de
connotaciones particulares y privadas.

4.4. La Alcaldía del Municipio de Pitalito - Huila, por intermedio de
apoderada judicial, pidió que se rechace por improcedente la acción de
tutela de la referencia, puesto que no cumple con el requisito general
de relevancia constitucional sino que involucra controversias respecto
de la interpretación normativa legal efectuada por el tribunal accionado.

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II. CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo del Huila, con la expedición de la sentencia del 30 de
mayo de 2023, incurrió en un defecto sustantivo, una violación directa
de la Constitución y un desconocimiento del precedente y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración
de justicia, y de los principios a la situación más favorable al trabajador
y de la perpetuatio jurisdictionis de la parte accionante.

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y sólo de encontrarla procedente, iii) el
defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso
concreto.

2. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación1, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del

1
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar

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claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

2.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 30 de mayo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 24
de agosto de 2023.

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3.1.4. Finalmente, el asunto por resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento
del precedente, una violación directa de la Constitución y un defecto
sustantivo en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

2.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional2, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales3, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»4.

2
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»5.

3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma6. En ese sentido, el
precedente judicial7 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues

5
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
6
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de
2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
7
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

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no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho8.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido9. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”10.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales11, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los

8
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
9
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por
una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al
respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.

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principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial12.

3.4. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales»13.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar
una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando
se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez
en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el segundo, la
jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que la
Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción
de inconstitucionalidad»14.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como

12
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
14
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4°) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.

3. CASO CONCRETO

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 30 de
mayo del 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación
inoportuna de las cesantías al demandante, bajo las siguientes
consideraciones:

« Como el reproche efectuado es exclusivamente a la consideración del juez de
primera instancia de no reconocer como un precedente al caso en estudio la
sentencia SU098 de 2018, en primer lugar, se debe abordar el acierto o no de esa
conclusión. (…)

En materia fáctica es indiscutible el argumento del juez de primera instancia, porque
los hechos en que se fundamentó la sentencia de unificación fue de un servidor
público docente que se retiró del servicio público y nunca había sido afiliado al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio o a fondo privado o público alguno
para la administración de sus cesantías, dice la providencia constitucional:

“3. El 21 de abril de 2009, en ejercicio del derecho de petición, el señor Bonilla Guerrero
elevó una solicitud ante el alcalde de Santiago de Cali, en la cual solicitó el
reconocimiento, liquidación y pago de la sanción moratoria con fundamento en el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Lo anterior, porque dicho ente
territorial no le consignó las cesantías en la fecha que establece la ley en el respectivo
Fondo de Cesantías[4], los intereses sobre las cesantías ni los rendimientos financieros
que se causaron con dicho retardo.

4. En respuesta a la anterior solicitud, el ente territorial le manifestó al peticionario que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ni
a otro fondo por un error interno, esto es, porque se presentó una inconsistencia en el
aplicativo de afiliación al fondo con respecto a algunos docentes técnicos
provisionales.” (Resaltado propio)

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Accionante: Yenid Figueroa Vargas

Mientras que en este proceso la actora SI se encuentra afiliada al FOMAG y, se le
han reconocido y liquidado sus cesantías en forma anualizada y son administradas
por dicho fondo.

En el proceso de análisis constitucional, la Corte procedió a valorar los diferentes
pronunciamientos del Consejo de Estado respecto a la aplicación de la ley 50 de
1990 y su propia posición en sede de tutela en servidores públicos, así:

De SI reconocimiento o aplicación de la ley 50 de 1990, caso docente universitario
no destinatario de la ley 91 de 1989, a quien no habían realizado la consignación de
cesantías por deficiencias administrativas de la entidad, sentencia del 10 de octubre
de 2013 del Consejo de Estado.

De NO reconocimiento o aplicación de la ley 50 de 1990 de docentes que deberían
estar afiliados al FOMAG por considerar que son del orden nacional y que, la ley
344 de 1996 solo aplica a docentes territoriales vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 y afiliados a fondos privados; Sentencias del consejo de estado
del 14 de junio de 2018 radicado 08001-23-33-000-2013-00762-01(3472-15), y
08001- 23-33-000-2013-00831-01(3583-15).

Y la posición de la Corte Constitucional de SI reconocimiento y aplicación de la
sanción moratoria de la ley 50 de 1993, por no afiliación al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en Sentencia T-008 de 2015.

Con lo cual emerge con claridad que la providencia en cita busca proteger a aquellos
docentes que por mandato legal deben ser afiliados al FOMAG para cumplir con
la carga prestacional de pago de cesantías, frente a los cuales el empleador no
cumple con su obligación de afiliación, y con ello el trabajador no cuenta con
mecanismo legal alguno de protección, porque la ley 91 de 1989 no regulo ese
aspecto en específico, y además, que no es proporcional y justificado
constitucionalmente que se otorgue ante esa situación (no afiliación y
reconocimiento de cesantías al fondo) un trato diferencial a si es empleado es del
orden nacional o territorial, y por tanto, la ley 50 de 1990 en esas situaciones
específicas si es aplicable.

(…)

Por tanto, la sentencia SU98-2018 si fijo una regla jurisprudencial pero especifica
y determinada a regular la protección del servidor público docente que por mandato
legal debe afiliarse al FOMAG pero que no se cumple con dicha obligación y
por ello, no puede gozar en términos de oportunidad y protección con el beneficio
económico de las cesantías, y la ley especial no regulo amparo o sanción alguna
pues, la regulación normativa como es la ley 244 de 1995 es frente a un supuesto
diferente, que es un servidor público si afiliado y se presenta mora en reconocerse;
y además, que no puede diferenciarse por el tipo de vinculación.(…)

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De lo anterior, se advierte que la decisión del tribunal accionado de
confirmar la decisión que negó las súplicas de la demanda obedeció a
que, en su criterio, los docentes oficiales no son acreedores de la
sanción moratoria, ni de la indemnización procurada, comoquiera que
la Ley 50 de 1990 no les es aplicable, toda vez que ellos cuentan con
un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989.

Ello lo llevó a concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098
de 2018 no es aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, la
Corte Constitucional en dicha oportunidad se refirió a unos docentes
que no fueron afiliados al FOMAG y no al reconocimiento de la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para
aquellos afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

En esa medida, señaló que la sanción solicitada no es compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989 prevé la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar
el desembolso, sin que contemple sanción alguna.

En consecuencia, la autoridad judicial accionada sostuvo que, de
acuerdo con la normatividad aplicable al caso y las pruebas adjuntadas
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Yenid Figueroa Vargas no es acreedora de la sanción moratoria
pretendida en la demanda.

Lo expuesto permite a la Sala de Subsección concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas

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al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes.

Lo anterior, porque los docentes tienen un régimen especial dispuesto
por la Ley 91 de 1989 y porque, además, no era dable seguir el criterio
señalado en la sentencia SU098 de 2018, por cuanto allí la Corte
Constitucional se refirió sobre varios asuntos de presupuestos fácticos
diferentes, entre ellos, el hecho de que los allí demandantes no
hubieran sido afiliados al FOMAG, situación que difiere de la de la hoy
accionante, que sí se encuentra vinculado a dicho fondo.

En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU-573 de 2019, en la que
precisó:

«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela15, pues la intervención del juez constitucional se justifica para
“proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez
ordinario” 16,ante “desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de
precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica”17. Para la Sala, el
presente asunto carece de relevancia constitucional, por esta segunda razón, ya que no se
advierte un escenario de afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los
accionantes, por dos razones.

59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó adecuadamente por
qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los artículos 99, 102 y 104 de
la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado

15
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y
controvertir pruebas, (iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv)
el derecho a la segunda instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación de las reglas
procesales o, en otros términos, el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad en las
actuaciones que se surten en el marco de un proceso. Conforme a tal interpretación, en principio, solo
serán objeto de revisión las decisiones judiciales que se aparten de los elementos del debido proceso
constitucional descritos y que, por tanto, conlleven anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el
proceso, al restringir o enervar en forma grave el equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las
sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
16
Sentencia T-685 de 2003.
17
Ibid.

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anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador
que incumpla esta obligación”.

60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones contradictorias
en casos idénticos”18, dado que el sub iudice no comparte identidad fáctica y jurídica con
las decisiones judiciales que sustentan el supuesto desconocimiento del precedente y, por
tanto, no es posible evidenciar prima facie un precedente que el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede
comprobar a partir de la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes
presuntamente desconocidos:

Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU-336 Sentencia T-008 de
Consejo de de 2017 2015
Estado19
Tipo de Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria Sanción moratoria por
sanción por la no por el pago tardío por el pago tardío la omisión
moratoria consignación de de sus cesantías de sus cesantías injustificada en la
solicitada cesantías en el definitivas. definitivas. afiliación al
fondo FOMAG.
correspondiente.
Fundamento Artículos 99, 102 y Leyes 244 de 1995 y Leyes 244 de 1995 y Decretos 3752 de
jurídico el 104 de la Ley 50 de 1071 de 2006. 1071 de 2006. 2003 y Decreto 1582
reconocimiento 1990 y la Ley 344 de 1998, por el cual se
de la sanción de 1996, reglamentan
reglamentada por parcialmente los
el Decreto 1582 de artículos 13 de la Ley
1998. 344 de 1996 y 5 de la
Ley 432 de 1998.
(…)
66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”20. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes21 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga22-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los

18
Sentencia SU-053 de 2015.
19
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
20
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
21
Ibid.
22
Sentencia T-425 de 2019.

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cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199823, pero no
cancelada.

68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201824, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de
las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”25. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”26, como pasa a explicarse.
Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el escalafón
Vinculación Docente en provisionalidad. docente de carrera con
nombramiento en propiedad.
El vínculo del docente terminó,
dado que se acogió a lo dispuesto
en el Decreto 1278 de 2002. Por tal
razón, la Secretaría de Educación Actualmente, los docentes se
de este municipio expidió la encuentran vinculados con el
Vigencia del vínculo Resolución N° 4143.3.21.5447 del Departamento del Atlántico y su
laboral 22 de octubre de 2007, por la cual vínculo laboral se ha mantenido
reconoció el pago de las vigente sin solución de
27
prestaciones sociales definitivas e continuidad .
informó que el pago se realizaría
en el respectivo Fondo de
Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron afiliados al
Sociales del Magisterio (FOMAG)
FOMAG FOMAG.
ni a otro fondo, por un error
interno.
Una vez culminó su relación
Los docentes no reclamaron el
laboral con el Municipio de
Reclamación pago efectivo de las cesantías de
Santiago de Cali, al docente le
efectiva de pago de los años 2001, 2002 y 2003. No
reconocieron el pago de las
las cesantías obstante, sí solicitaron el pago de
prestaciones sociales, entre
la sanción moratoria por no
estas, las cesantías.

23
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
24
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
25
Sentencia SU-098 de 2018.
26
Sentencia SU-354 de 2017.
27
Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.

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consignación de las cesantías por
dicho periodo.

El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
reconocimiento, liquidación y
Tipo de sanción reconocimiento y pago de la
pago de la sanción moratoria por
moratoria sanción moratoria por la no
la no consignación de las
reclamada consignación oportuna de las
cesantías, los intereses a las
cesantías.
cesantías ni los rendimientos.

69.- Finalmente, es preciso agregar que la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-
332 de 2019, en relación con el régimen prestacional de los docentes oficiales. En dicha
sentencia señaló que “los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías”28,
prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Con todo, esta
decisión no tiene efectos vinculantes frente al asunto decidido en esta oportunidad, por
cuanto: (i) esta providencia de unificación es posterior a las decisiones judiciales
cuestionadas por los accionantes29 y (ii) no existe identidad fáctica ni jurídica con el asunto
sub iudice, toda vez que los accionantes reclaman el pago de la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990».

Es claro, entonces, que lo planteado en esta sede constitucional se
limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación
de una norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno pues, como quedó visto, no ha sido expedida una
sentencia de unificación vinculante que imponga el reconocimiento de
la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por la consignación
tardía de las cesantías a los docentes que se encuentran en la misma
situación fáctica del accionante y, en ese sentido, el tribunal resolvió el
asunto bajo un análisis plausible, con una carga de argumentación
suficiente y razonable que debe ser respetada en virtud de los principios
de autonomía e independencia judicial.

28
Sentencia SU-332 de 2019.
29
Las providencias cuestionadas fueron dictadas por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018
(expediente T-7.457.373), el 24 de agosto de 2018 (expediente T-7.457.923) y el 16 de agosto de 2018
(expediente T-7.466.562), mientras que las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019 fueron
proferidas por la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019, respectivamente.

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Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.

De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.

En este orden de ideas, al no evidenciarse que se haya incurrido en
ninguna de las causales específicas de procedibilidad, esta Sala de
Subsección negará el amparo solicitado mediante la acción de tutela
instaurada por la señora Yenid Figueroa Vargas en contra del Tribunal
Administrativo del Huila.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Accionante: Yenid Figueroa Vargas

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por la señora Yenid Figueroa Vargas en
contra del Tribunal Administrativo del Huila, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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