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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04488-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04488-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar: 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Nohemi Jaimes Parada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04488-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04488-01
Demandante: Nohemi Jaimes Parada

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04488-01
Demandante: NOHEMI JAIMES PARADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 21 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que denegó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 24 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, la señora Nohemí Jaimes Parada pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
23 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Huila, que confirmó la
providencia que denegó las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el día 5/23/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220007501,
transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

1 Índice 1 de Samai.

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04488-01
Demandante: Nohemi Jaimes Parada

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

En 2004, la señora Nohemí Jaimes Parada fue vinculada como docente de la secretaría
de educación de Neiva.

El 2 de septiembre de 2021, la señora Jaimes Parada solicitó a la secretaría de educación
de Neiva el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido
en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías.

Mediante Oficio No. 3092 del 7 de septiembre de 2021, la secretaría de educación de
Neiva denegó lo solicitado.

La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el municipio de Neiva, para que se declarara la nulidad del Oficio
No. 3092 del 7 de septiembre de 2021. A título de restablecimiento del derecho, pidió
que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen
de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías.

La demanda se adelantó bajo el radicado 41001333300220220007500 y correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que, por sentencia del 13 de diciembre de
2022, denegó las pretensiones porque los docentes están sometidos a un régimen
especial (Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada y
que, además, los docentes están expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 50
de 1990 por disposición del artículo 13 de la Ley 344 de 1996.

Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 y demás
sentencias de la Corte Constitucional invocadas en la demanda, el juzgado explicó que
no había identidad fáctica ni jurídica que permitiera la aplicación.

Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo del
Huila, en sentencia del 23 de mayo de 20232, la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Precisó que, incluso, la Corte Constitucional,
en sentencia SU-573 de 2019, había explicado que la sentencia SU-098 de 2018 no
resultaba un precedente aplicable para estos casos porque no tenía similutud fáctica ni
jurídica.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela
del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300.

En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:

2 Notificada el 26 de mayo de 2023.

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Demandante: Nohemi Jaimes Parada

En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado
en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de
20203, 24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio de
20197, 2 de diciembre de 20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12 de
noviembre de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115, 20
de enero de 202216, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 202218, 919 y 19 de mayo de
202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223, 1924
y 2625 de enero de 2023.

Que, además, el tribunal desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados
administrativos de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las
providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes
públicos.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Huila solicitó que se denegara la acción de tutela porque
en la sentencia cuestionada no se evidencia la vulneración de derechos fundamentales
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-

01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867-

01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01,

C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01,

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,

C.P. Nicolás Yepes Corrales.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-

01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-

01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-

01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815

01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César
Palomino Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-

00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-

01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-

90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11
de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-

01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-

01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-

01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-

01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-

01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-

01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-

01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-

90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-

02 (4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231-

01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.

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y, en todo caso, se está ejerciendo a modo de instancia adicional. Además, agregó que
no se configuró ninguno de los requisitos específicos de procedencia de la acción de
tutela.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Neiva pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la parte actora busca reabrir el debate jurídico del
proceso ordinario. Que, de todos modos, el tribunal demandado realizó un estudio
normativo y jurisprudencial aplicable al caso en concreto.

El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció, pese a que fue notificado en
debida forma.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 2023, denegó la solicitud de amparo, porque la providencia acusada no
incurrió en desconocimiento del precedente judicial. El a quo explicó que el “principio de
unidad de caja con el que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio administra
los recursos que le son girados para el pago de las prestaciones sociales de los maestros, tema
que, se insiste, hasta el momento no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional ni del Consejo de Estado”.

Dijo que tampoco se incurrió en defecto sustantivo porque, “los magistrados accionados
efectuaron una interpretación razonable de la Ley 50 de 1990, de la que concluyeron que los
docentes no pueden ser destinatarios de esta, por cuanto, se reitera, las prestaciones sociales
de aquellos se pagan conforme al referido principio de unidad de caja, en los términos de la Ley
1955 de 2019, que no prevé una consignación de cesantías causada anualmente a la cuenta
individual de cada maestro”.

Por último, señaló que no se desconoció el principio de favorabilidad previsto en el
artículo 53 de la Constitución Política, por cuanto en el proceso ordinario no se presentó
un conflicto en la aplicación de normas jurídicas que permitiera la aplicación de dicho
principio.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que en el
Consejo de Estado existía una posición unificada sobre la aplicación de la Ley 50 de
1990 a los docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó, nuevamente,
las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 19 23 y 2624 de enero
de 2023 relacionadas en el escrito de tutela.

Agregó que la acción de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional y
fundamentó ese argumento en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en providencias del 23 de marzo y 17 de abril 26 de 2023.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Nohemí Jaimes Parada para que se deje sin efectos la sentencia del 21 septiembre de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó la decisión de

26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 50 de 1990.

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos en
el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de la actora, la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto,
revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará improcedente la
solicitud de amparo.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.

En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los cargos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que
coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora
Nohemi Jaimes Parada insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990
es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 13 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
La parte demandante apeló la anterior decisión solicitando se revoque y en su lugar se acceda a las
pretensiones de la demanda, para lo cual expuso que conforme a la sentencia SU-098 de 2018 y
precedente del Consejo de Estado30 el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los
docentes, agregando que desde las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se estableció que
los docentes se equiparan a los empleados públicos y por ello “les resulta aplicable el régimen
general en aquello que no se encuentre regulado en el régimen especial”, tal como ocurre con la
sanción moratorio por la consignación tardía de las cesantías “en el único fondo para trabajadores
de la educación” contenida en la disposición antedicha.
(…)
Frente a la inexistencia de identidad fáctica con la sentencia SU-098 de 2018, advertida por el juez
de primera instancia en tanto los demandantes en dicha causa no estaban afiliados al Fomag, señaló
que “no existe sanción por la no afiliación al fondo, la no afiliación al fondo trae como consecuencia lógica que
no va a existir una consignación y lo que se puede sancionar a favor del trabajador es la falta de consignación
y este es el término contenido en la Ley 50 de 1990”.

Por su parte, en la acción de tutela y la impugnación, la señora Nohemi Jaimes Parada
insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de
reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de las
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron invocadas
en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28 de junio de
2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1° de julio de 2022, 22 de agosto de
2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, en
providencia del 23 de mayo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:

Se debe recordar entonces que en materia de sentencias de constitucionalidad existe diferenciación
en su observancia y obligatoriedad, y en este caso se han citado sentencias de constitucionalidad
que han reconocido la especialidad del régimen prestacional de los docentes y la no comparación
con la ley 50 de 1990, y una excepción por sentencia de unificación de tutela, cuando el docente no
es afiliado al FOMAG y no se cumple con el pago de las cesantías, por lo cual el precedente que se
reclama en el caso de estudio no tiene identidad material o jurídica con ese precedente.
(…)
Por lo cual, no puede exigirse la aplicación de un precedente sin que se evalúen las condiciones
específicas del caso, y si existen diferencias fácticas o jurídicas, simplemente no es un precedente
a ser aplicable al caso en evaluación.
(…)
Llegando a la conclusión entonces que las pretensiones no están llamadas a prosperar en atención
a la existencia de un régimen especial que regula en forma expresa el trámite de reconocimiento de
cesantías e intereses a las cesantías de servidores públicos docentes que están afiliados al FOMAG
sin que pueda ser objeto de aplicación en el mismo los tramites de la ley 50 de 1990.

Como se ve, se trata de argumentos con los que la señora Jaimes Parada pretende
continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar el
régimen aplicable a las cesantías. Y si bien la actora está alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las
citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.

30 Cita el texto original: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A, sentencia de enero 20 de 2022, Rad.

0800123330093101(1001-2021)
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04488-01
Demandante: Nohemi Jaimes Parada

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades31.

Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300,
que la demandante cita para demostrar la relevancia constitucional de la acción de tutela,
basta decir que esa decisión fue impugnada y mediante auto del 13 de junio de 2023, la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto
que admitió esa acción de tutela. Como consecuencia de esa nulidad, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 17 de octubre de 2023 dictó nueva sentencia
y denegó las pretensiones de la demanda de tutela. De modo que no puede utilizarse
como argumento para fundamentar la relevancia constitucional ni para acceder a las
pretensiones en el presente asunto.

Sobre la sentencia del 17 de abril32 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, la Sala destaca que
esa decisión fue impugnada y con sentencia del 17 de julio de 2023, la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, declaró improcedente la
acción de tutela. Por lo tanto, los precedentes que cita la actora fueron dejados sin
efectos en decisiones posteriores.

Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:

(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.

Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”

ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por
cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario”

31 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de
mayo de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson
Ramos Girón y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García
Camacho. C.P. Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00,
Actor: Alfonso Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora:
Julia Inés Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp

11001031500020230096500.
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Demandante: Nohemi Jaimes Parada

ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”

(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Lo anterior es suficiente para que la Sala revoque la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declare improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Nohemí
Jaimes Parada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar:

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Nohemi Jaimes Parada,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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