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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04491-01

Fecha
12 de enero de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 28 de septiembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones referidas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04491-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

12 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., doce (12) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-01
Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Tema. Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1. El requisito
general de relevancia constitucional. Decisión. Confirma el fallo de primera
instancia.

La Sala decide la impugnación presentada en contra del fallo proferido el 28 de
septiembre de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

Claudia Fernanda Barreiro Otalora interpuso acción de tutela1, a través de
apoderado judicial2, en procura de la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración
de justicia, y de los principios de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y a
la favorabilidad, que consideró vulnerados con el fallo emitido el 30 de mayo de
2023 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
41001333300520220002901.

2.- Hechos

2.1.- Claudia Fernanda Barreiro Otalora fue vinculada como docente oficial de la
Secretaría de Educación de Neiva, con posterioridad al 1 de enero de 1990.

2.2.- El 27 de julio de 20213 la accionante solicitó ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el

1 Obra en el documento con certificado C7A839969BF3C0FC 5A4B408A13CFC91E F93C2678C5ABB179
A6C66CD14D0AE685, índice 2.
2 El poder obra en el documento con certificado 6D0081161BBF016D 4D27BC58C6CD42E9
F06B34FA775F8751 F05D014BB3CF33FE, índice 2.
3 Obra en certificado CE779CCBD4558C56 D3E8CE12B21728C0 E33A51D67D02E07D 7F16A45313874AFE,

índice 11, link adjunto, carpeta Demanda, folios 48 a 53 en el expediente de tutela digital.

2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-01
Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Municipio de Neiva el pago de la sanción por mora contenida en la Ley 50 de 1990
con ocasión de la consignación extemporánea de sus cesantías en el Fondo de
Prestaciones Sociales, así como la indemnización de que trata la Ley 52 de 1975
por el pago tardío de los intereses a las cesantías; petición que fue resuelta
mediante acto administrativo No.1859 calendado el 4 de agosto del mismo año.

2.3.- Como consecuencia de lo anterior, Claudia Fernanda Barreiro Otalora presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y del Municipio de Neiva4 en la que solicitó
condenar al pago de la sanción moratoria contenida en la Ley 50 de 1990,
equivalente a un día de salario por cada día de retardo a partir del 15 de febrero de
2021, fecha en la que se debió consignar el valor de las cesantías del año 2020 en
el respectivo fondo prestacional, así como el reconocimiento de la indemnización
por el pago tardío de los intereses a las cesantías prevista en el artículo 1 de la Ley
52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

2.4.- En primera instancia el asunto fue conocido por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que, en sentencia dictada el 30 de
septiembre de 20225, negó las pretensiones de la demanda.

2.5.- La parte activa interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión6. La alzada correspondió a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila que, en fallo del 30 de mayo de 20237, confirmó lo resuelto
por el a quo.

Primero, dijo que el sistema de seguridad social y prestacional docente es especial
y que, sus regulaciones no vulneran el derecho a la igualdad.

Sentado lo anterior, y respecto a los pronunciamientos del Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, la Sala concluyó que no puede exigirse la aplicación de un
precedente si existen diferencias fácticas o jurídicas con el caso examinado.

4 Ibidem folios 1 a 44.
5 Ibidem cuaderno 025Sentencia.
6 Ibidem cuaderno 027ApelacionDemandante.
7Obra en el documento con certificado C54636200B2559A9 902EFC005C81A5ED 4876C6A0665CBFA1
E01E7889743947B2, índice 2.

3
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Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

3.- Fundamentos de la acción de tutela

La parte accionante invocó los siguientes argumentos:

3.1.- Trajo a colación más de 26 sentencias proferidas por el Consejo de Estado en
trámites ordinarios y de tutela durante los años 2019 a 2023 en las que se indicó
que docentes como la accionante tenían derecho a obtener el pago de la sanción
por mora de que tratan las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, pronunciamientos que
crearon en la tutelante una confianza legítima de que su caso sería resuelto
favorablemente, puesto que la postura del Alto Tribunal Contencioso Administrativo
ha sido pacífica en cuanto a este respecto.

3.2.- Agregó que el Tribunal Administrativo de Huila explicó someramente las
razones por las que no acogía la postura mayoritaria, por lo que su distanciamiento
de esta no se encuentra debidamente motivado, “despreciando la masividad de
sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da. del
H.C.E.”8, que afirman que los docentes tienen derecho a que les sea reconocida la
sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990.

Sobre el asunto, aseveró que el Tribunal accionado:

“confunde la unidad de caja que posee en el Fomag cuando los recursos son
consignados a tiempo por parte del patrono, con los momentos en que el patrono,
en este caso el [Ministerio de Educación Nacional] debe apropiar los recursos al
Fomag de las cesantías parciales a los docentes vinculados después del 1 de enero
de 1990. Una vez esta entidad recibe los recursos, TIENE AUTONOMÍA para el
manejo de los mismos conforme a sus necesidades que va observando en el
manejo de esta entidad, pero eso no quiere significar que no existan tiempos o
momentos conforme a la ley, para que el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL, deba cancelar los recursos para atender las prestaciones a los
docentes, para el pago de sus pensiones o para sufragar los costos generados por
el servicio de salud del magisterio”.9

3.3.- Luego, procedió a transcribir apartes de las sentencias SU-098 de 2018, SU-
332 de 2019 y SU-041 de 2020 emitidas por la Corte Constitucional, mediante las
que se ampararon los derechos de docentes, en virtud del principio de favorabilidad,
a quienes no les fue aplicado el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 con

8 Folio 52 del escrito de tutela.
9 Ibidem.

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fundamento en que ellos gozan de un régimen especial que no contempla la sanción
moratoria en cuestión.

3.4.- Así mismo, citó apartes de las 24 sentencias proferidas por el Consejo de
Estado al interior de trámites de nulidad y restablecimiento del derecho y de tutela,
entre ellas la sentencia de unificación del 24 de enero de 2019 emitida al interior del
radicado No. 76001-23-31-000-2009-00867-01, en las que se resalta que en virtud
del principio de favorabilidad y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, los
docentes también tendrían derecho a obtener el pago de la sanción por mora de
que trata la Ley 50 de 1990.

4.- Pretensiones de la acción de tutela

La interesada solicitó:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA en la sentencia proferida el día 5/30/2023, en el expediente rad. No.
41001333300520220002901, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los
postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)”10

5.- Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 25 de agosto de 202311 se admitió la acción de tutela y se
ordenaron las notificaciones de rigor.

10 Folio 3 del escrito de tutela.
11Obra en el documento con certificado 07209CC14851A565 5580200D93886D25 06D6896F01C20797
FF2E61924266A39D, índice 5.

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Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

6.- Contestaciones

6.1.- El Tribunal Administrativo del Huila12 suplicó negar la solicitud de amparo, ya
que no se observa la vulneración de algún derecho fundamental y en razón a que
no se avista la configuración de los requisitos específicos de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales.

6.2.- El Municipio de Neiva13 expuso que la sentencia atacada no vulneró las
prerrogativas constitucionales alegadas y que las normas que la parte actora solicita
sean aplicadas difieren con el régimen especial establecido para los docentes.

6.3.- Los demás guardaron silencio.

7.- Fallo de tutela de primera instancia

7.1.- El 28 de septiembre de 202314 la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia del amparo por falta de relevancia constitucional.

7.2.- Refirió que el debate propuesto en la acción de tutela se dirige de manera
exclusiva a discutir argumentos que ya fueron debidamente debatidos, analizados
y resueltos en el trámite del proceso ordinario.

8.- Razones de la impugnación

Inconforme con la decisión tomada por la Sección Primera del Consejo de Estado,
la parte accionante presentó escrito de impugnación15 mediante el que reiteró los
argumentos del libelo introductorio y agregó que sí existe una posición unificada
frente a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes, pues desde el año 2019
hasta el presente se han proferido sentencias a favor de los demandantes que
requieren el pago de la sanción por mora contenida en la Ley 50 de 1990 con
ocasión de la consignación extemporánea de sus cesantías en el Fondo de

12 Obra en certificado 2C0932AEB9D4B190 4C913705437AE803 A3CB16070C67AE6F A16BE89C8E6DEAA0,

archivo 18_110010315000202304491002001, índice 12.
13 Obra en certificado D8B12E572CB5AFA5 072E539173E1D20F 6AB5F4FC6EE529E2 EE134185D4E7D8EA,

archivo 21_110010315000202304491002003, índice 13.
14 Obra en el documento con certificado E24FEE864FD5447E E9B9A138EE47E421 57059218331B4FAF

3CA99969FDE38A5F, índice 17.
15 Obra en el documento con certificado 35E6946C3DC796A2 948E89F899C2B4F4 03ED12C75B215E1E

7697AC128DB25212, índice 21.

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Prestaciones Sociales, así como la indemnización de que trata la Ley 52 de 1975
por el pago tardío de los intereses a las cesantías. En concreto, citó sentencias
proferidas por la Sección Segunda de esta Corporación en el año 2023 al interior de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho16.

Por otra parte, sostuvo que la solicitud de amparo sí goza de relevancia
constitucional ya que el asunto recae sobre la vulneración de derechos
fundamentales con ocasión de la negativa de conceder el auxilio de cesantías,
prestación que es una obligación a cargo del empleador y a favor del trabajador.

9.- Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

9.1.- Mediante auto del 27 de octubre de 202317 el a quo concedió la impugnación.

II.- CONSIDERACIONES

1.- Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No.
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 28 de septiembre de 2023 por la Sección Primera del
Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3.- La acción de tutela en contra de providencias judiciales

La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos

16 Trajo a colación las sentencias emitidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicados Nos. 76001-23-31- 000-2012- 00212-01 y 47001-23-33- 000-2018- 00231-01.
17 Obra en el documento con certificado CD6A5624C522C9B8 7B6B9E9C389ED3B0 191E7C1D13535CBE

BFE2963C45CDE1ED, índice 25.

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requisitos de procedibilidad18 y de procedencia19 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.

4.- El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

4.1.- Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”20.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber21: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202222,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se

18 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
19 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;

defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
20 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
21 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.
22 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.

4.2.- Ab initio, para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface
el requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio
dirigido a revivir el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Huila dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 41001 33 33
005 2022 00029 01, como si este mecanismo fuera una instancia adicional, según
se explicará.

4.3.- Claudia Fernanda Barreiro Otalora alegó, en esencia, que la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta una gran cantidad de pronunciamientos emitidos por
el Consejo de Estado entre los años 2019 y 2023 en los que se estableció que
docentes como ella tenían derecho a obtener el pago de la sanción por mora de la
que tratan las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, además de que la sentencia atacada
no fue debidamente motivada ya que el Tribunal no puso de presente razones
suficientes para apartarse del precedente constitucional aplicable. Adicionalmente,
alegó que fue desconocido el principio de favorabilidad, pues la Corte
Constitucional, en distintas sentencias de unificación, afirmó que los docentes
también tendrían derecho a obtener el pago de la sanción por mora prevista en la
Ley 50 de 1990.

4.3.1.- Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en la providencia del 30 de
mayo de 2023 dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Huila, se dilucidan las siguientes consideraciones:

“Como el reproche efectuado es exclusivamente a la consideración del juez de
primera instancia de no reconocer como un precedente al caso en estudio la
sentencia SU098 de 2018, en primer lugar, se debe abordar el acierto o no de esa
conclusión.

En material del sistema de seguridad social y prestacional docentes las altas
cortes han tenido varias oportunidades de evaluar y pronunciarse sobre su
sistema, reconociendo que es especial y que, sus regulaciones no vulneran el
derecho a la igualdad, no siendo admisible su aplicación seleccionada de normas

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del sistema espacial y general a conveniencia del beneficiario. En sentencia C-
369 de 2004;

(…)

Hasta este momento es claro que la Corte Constitucional en sede de control de
constitucionalidad determinó que los docentes gozan de un régimen especial y
diferente en materia prestacional y en específico en materia de cesantías dijo
que la ley 50 de 1990 no le es comparable o posible examinar aisladamente.

6.5.1. La sentencia SU 098 de 2018

En materia fáctica es indiscutible el argumento del juez de primera instancia,
porque los hechos en que se fundamentó la sentencia de unificación fue de un
servidor público docente que se retiró del servicio público y nunca había sido
afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio o a fondo privado o
público alguno para la administración de sus cesantías(…)

Mientras que en este proceso la actora SI se encuentra afiliada al FOMAG y, se
le han reconocido y liquidado sus cesantías en forma anualizada y son
administradas por dicho fondo.

En el proceso de análisis constitucional, la Corte procedió a valorar los diferentes
pronunciamientos del Consejo de Estado respecto a la aplicación de la ley 50 de
1990 y su propia posición en sede de tutela en servidores públicos, así:

De SI reconocimiento o aplicación de la ley 50 de 1990, caso docente universitario
no destinatario de la ley 91 de 1989, a quien no habían realizado la consignación
de cesantías por deficiencias administrativas de la entidad, sentencia del 10 de
octubre de 2013 del Consejo de Estado.

De NO reconocimiento o aplicación de la ley 50 de 1990 de docentes que deberían
estar afiliados al FOMAG por considerar que son del orden nacional y que, la ley
344 de 1996 solo aplica a docentes territoriales vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 y afiliados a fondos privados; Sentencias del consejo de estado
del 14 de junio de 2018 radicado 08001-23-33-000-2013-00762-01(3472-15), y
08001- 23-33-000-2013-00831-01(3583-15).

Y la posición de la Corte Constitucional de SI reconocimiento y aplicación de la
sanción moratoria de la ley 50 de 1993, por no afiliación al Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en Sentencia T-008 de 2015.

Con lo cual emerge con claridad que la providencia en cita busca proteger a
aquellos docentes que por mandato legal deben ser afiliados al FOMAG para
cumplir con la carga prestacional de pago de cesantías, frente a los cuales el
empleador no cumple con su obligación de afiliación, y con ello el trabajador no
cuenta con mecanismo legal alguno de protección, porque la ley 91 de 1989 no
regulo ese aspecto en específico, y además, que no es proporcional y justificado
constitucionalmente que se otorgue ante esa situación (no afiliación y
reconocimiento de cesantías al fondo) un trato diferencial a si es empleado es del
orden nacional o territorial, y por tanto, la ley 50 de 1990 en esas situaciones
específicas si es aplicable (…)

Por tanto, la sentencia SU98-2018 si fijo una regla jurisprudencial pero especifica
y determinada a regular la protección del servidor público docente que por
mandato legal debe afiliarse al FOMAG pero que no se cumple con dicha
obligación y por ello, no puede gozar en términos de oportunidad y protección con
el beneficio económico de las cesantías, y la ley especial no regulo amparo o
sanción alguna pues, la regulación normativa como es la ley 244 de 1995 es frente

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a un supuesto diferente, que es un servidor público si afiliado y se presenta mora
en reconocerse; y además, que no puede diferenciarse por el tipo de vinculación.

En esa medida, la Sala no comparte la apreciación del recurrente de que “no existe
sanción por la no afiliación al fondo, la no afiliación al fondo trae como
consecuencia lógica que no va a existir una consignación y lo que se puede
sancionar a favor del trabajador es la falta de consignación ...”, pues la falta de
afiliación del docente al FOMAG hace que no quede regulado por la Ley 91 de
1989 y por eso opera la Ley 50 de 1990 pero no ocurre lo contrario, si está afiliado,
se rige por el régimen especial de los docentes.

6.5.2. la Ratio decidendi en sentencia SU098 de 2018 Se debe recordar entonces
que en materia de sentencias de constitucionalidad existe diferenciación en su
observancia y obligatoriedad, y en este caso se han citado sentencias de
constitucionalidad que han reconocido la especialidad del régimen prestacional de
los docentes y la no comparación con la ley 50 de 1990, y una excepción por
sentencia de unificación de tutela, cuando el docente no es afiliado al FOMAG y
no se cumple con el pago de las cesantías, por lo cual el precedente que se
reclama en el caso de estudio no tiene identidad material o jurídica con ese
precedente, en sentencia C-621 de 2015 se dijo (…)

6.5.3. Regla de NO aplicación del precedente por la Corte Constitucional –
Sentencia SU-573 de 2019 El ejercicio argumentativo de esta providencia además
ha sido plenamente aplicado por la Corte Constitucional y es sustento de una
sentencia de unificación que determina que la sentencia SU-098 de 2018 no es
absoluta y por el contrario tiene aspectos facticos particulares que deben
evaluarse (…)

6.6. Del proceso de reconocimiento de cesantías de docentes en la ley 91 de 1989

Ahora bien, en el caso objeto de estudio entonces se trata de un servidor público
docente que se encuentra afiliado al FOMAG y en el cual administran sus
cesantías.

Dentro del sistema existe un proceso específico y especial de administración
regulado en el decreto 2831 de 2005 y el decreto 1272 de 2018, que parte de la
afiliación del servidor público, la existencia de las cesantías a favor del empleado
público, una petición expresa de pago por el interesado, y una evaluación,
proyección y emisión de un acto administrativo, esto lo encontramos a partir del
artículo 2.4.4.2.3.2.1. a 2.4.4.2.3.2.28.

Mientras que la ley 50 de 1990 parte de la premisa de que se realiza el
reconocimiento y consignación individual por el empleador de las cesantías del
servidor público, quien solicita su pago y es otro, un tercero o fondo quien realiza
su pago.

Por lo cual ese trámite (ley 50 de 1990) es jurídicamente incompatible al régimen
especial (ley 91 de 1989), es más, el régimen especial de los docentes hace
imposible el evaluar la sanción moratoria de la ley 50 de 1990 en los docentes
como pasara a expresarse.

6.6.1. El empleador no reconoce o administra recurso alguno destinado a
cesantías de docentes

Se debe recordar que con ocasión a la ley 715 de 2001 artículos 6 y 7 se hizo
transferencia de la relación jurídica de los docentes hacia las entidades
territoriales como departamento o municipios certificados, con lo cual la relación
laboral empleador – trabajador es de departamento o municipio a servidor público,
excluyendo a la Nación de la misma.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-01
Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Además de esto, se recuerda que por mandato constitucional artículo 356 los
gastos en materia de educación tienen su propia fuente de financiación, el sistema
general de participaciones, el cual es administrado por la Nación, y en materia de
giro de recursos de cesantías la ley 715 de 2001(…)

Llegando a la conclusión entonces que las pretensiones no están llamadas a
prosperar en atención a la existencia de un régimen especial que regula en forma
expresa el trámite de reconocimiento de cesantías e intereses a las cesantías de
servidores públicos docentes que están afiliados al FOMAG sin que pueda ser
objeto de aplicación en el mismo los tramites de la ley 50 de 1990”.23

4.3.2.- Luego de relatado lo que precede, se observa que, en sede de tutela, la
accionante pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados en
el asunto ordinario y resueltos por la autoridad judicial accionada en la sentencia
atacada, con el objetivo de que le sea reconocido el pago de la sanción en virtud de
la Ley 50 de 1990.

Al efecto, se advierte que en sede de nulidad y restablecimiento del derecho el
Tribunal accionado explicó in extenso los motivos por los que de conformidad con
la Ley 91 de 1989, régimen aplicable a la accionante, no era posible conceder la
sanción por mora en el pago de las cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, ya
que la ley de 1989 no contempla la aplicación de tal sanción ni existe un precedente
que establezca que en la situación en la que se encuentra la convocante resulte
procedente la aplicación de la Ley 50 de 1990; además de que aceptar las súplicas
invocadas significaría una violación al principio de inescindibilidad de la norma y un
cambio en la regulación del funcionamiento interno del FOMAG en cuanto a la
administración de los recursos.

4.3.3.- En este punto, no puede desconocer la Sala que la Sección Segunda del
Consejo de Estado se pronunció y unificó el tema objeto de tutela, en sentencia
SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en los siguientes términos:

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

Cuarto.- Advertir a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los
que se pretenda la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación,

23 Obra en certificado C54636200B2559A9 902EFC005C81A5ED 4876C6A0665CBFA1 E01E7889743947B2,

índice 2.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-01
Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

de manera que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación
con el tema objeto de unificación constituyen precedente obligatorio en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en vía administrativa como judicial.

Quinto. – Precisar que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables”24.

4.4.- Resulta claro, entonces, que la parte accionante pretende utilizar la acción de
tutela como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite
ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación de la tutelante sobre la
prohijada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila.

En punto de lo anterior, las denuncias acá formuladas están destinadas a plantear
un desacuerdo frente a las conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa,
lo que impide estudiar el fondo de los defectos alegados.

En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.

4.5.- Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada25, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario26.

5.- En consecuencia, como lo estimó el a quo, el presupuesto de relevancia
constitucional no se encuentra superado en este caso y hace que la acción

24 Sentencia que se notificó el 12 de octubre de 2023, tal y como se puede corroborar en la plataforma SAMAI,

índice 77 del expediente radicado al número 66001333300120220001601.
25 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
26 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04491-01
Accionante: Claudia Fernanda Barreiro Otalora
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

constitucional resulte improcedente, motivo por el que se confirmará la decisión
impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 28 de septiembre de
2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones referidas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado

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