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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04510-01

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04510-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 21 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la acción, y, en su lugar, negar el amparo solicitado; y confirmarla en lo demás, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04510-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de noviembre de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 4 51 0- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., nueve (09) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04510-01
Accionante: Hugo Hernando Uriza
Accionados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en la que se confirmó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda tendientes a lograr el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a docente oficial afiliado al
FOMAG.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 21 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

El señor Hugo Hernando Uriza promovió acción de tutela para que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administración
de justicia, seguridad social y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y
perpetuatio jurisdictionis, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión.

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HECHOS

El señor Hugo Hernando Uriza afirmó que labora con la entidad territorial
certificada en Educación de Neiva, vinculado con posterioridad a 1990, por lo cual
tiene derecho al reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de
los intereses cada año.

Que el 15 de febrero de 2021 el Ministerio de Educación Nacional, en su condición
de empleador, no consignó las cesantías correspondientes a los servicios que
prestó en el 2020, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante FOMAG), al cual pertenece como trabajador del Estado.

Que el 18 de agosto de 2021, al haber transcurrido 6 meses sin que le fuera
realizada la respectiva consignación, solicitó, además de su pago, el
reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Que mediante el Acto Administrativo 26/8/2021 de esa fecha expedido por el señor
Geovany Córdoba Rodríguez, secretario de Educación Municipal, le negaron el
reconocimiento y pago de la sanción reclamada y la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías.

Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y el 30 de
septiembre de 2022 el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva dictó
sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones.

Que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior providencia, al
considerar que le asistía derecho a la mencionada sanción, conforme a lo
sostenido por la jurisprudencia de los órganos de cierre de las jurisdicciones
constitucional y contencioso administrativo. Además, refirió que el 6 de junio de
2023 el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, confirmó la
decisión recurrida.

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Consideró que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia y los principios de favorabilidad,
seguridad jurídica y perpetuatio jurisdictionis, porque su decisión no es acorde a la
abundante jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado sobre el derecho
que le asiste a la sanción moratoria.

Para el efecto, sostuvo, en primer lugar, que se superan todos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir la sentencia de la
autoridad judicial accionada, especialmente, el de relevancia constitucional, y, en
segundo lugar, se configuró una violación directa de la Constitución Política, por la
no aplicación del artículo 53 superior, esto es, el principio de favorabilidad, y un
defecto sustantivo.

Posteriormente, aseguró que la interpretación restrictiva de la aplicación de la
sanción moratoria genera un trato desigual de los docentes frente a otros
servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de
cesantías, a pesar de que aquellos tienen la condición de empleados públicos.

Además, realizó un recuento de los antecedentes sobre la obligación del Ministerio
de Educación Nacional de consignar de manera efectiva las cesantías de los
docentes vinculados después del 1.° de enero de 1990 en el FOMAG, antes del 15
de febrero de cada anualidad, y afirmó que la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha dictado 22 sentencias entre el 2021 y el 2023, en las que ha accedido al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria a favor de docentes oficiales
vinculados al FOMAG con posterioridad al 1.° de enero de 1990, en atención al
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, proveídos con los cuales se le generó la
confianza legítima de que su proceso sería resuelto en el mismo sentido, en
atención al principio de seguridad jurídica; no obstante, el Tribunal accionado
adoptó una decisión contraria.

Así, identificó las providencias dictadas, en su mayoría, por las distintas
subsecciones de la Sección precitada con las siguientes fechas y radicados: 6 de
agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, 2009-000867-01
(4854-2014); 29 de julio de 2019, 2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, 2014-

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00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, 2014-00208-01; 22 de octubre de 2020,
2014-00254-01 (4960-2017); 12 de noviembre de 2020, 2014-00132-01; 17 de
junio de 2021, 2015-00031-01; 17 de junio de 2021, 2014-00815-01 (4979-2017);
4 de noviembre de 2021, 2015-00445-02 (0483-20); 25 de noviembre de 2021,
2014-01127-01 (1002-2021); 25 de noviembre de 2021, 2017-00134-01 (2208-
2020); 11 de noviembre de 2021, 2015-90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre
de 2021, 2014-90022-01 (5154-2016); 20 de enero de 2022, 2017-00931-01
(1001-2021); 3 de marzo de 2022, 2015-00075-01 (2660-2020); 28 de abril de
2022, 2013-00756-01 (2224-2020); 9 de mayo de 2022, 2017-00795-01 (2659-
2020); 19 de mayo de 2022, 2019-00359-01 (4004-2021); 1.° de julio de 2022,
2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, 2015-00509-01 (2140-2020);
22 de septiembre de 2022, 2015-90124-01 (2394-2020); 19 de enero de 2023,
2012-00212-02 (4470-2021); y 26 de enero de 2023, 2018-0231-01 (0871-2020).

Adicionalmente, manifestó que esa posición también ha sido adoptada por la Corte
Constitucional en las sentencias C741/12, C486/16, SU336/17, SU098/18,
SU332/19 y SU041/20. Sobre el particular, añadió que en los tribunales
administrativos del país también existen precedentes judiciales, en los que se ha
reconocido el derecho a la sanción moratoria a docentes vinculados después del
1.° de enero de 1990, por la falta de consignación de las cesantías por parte del
patrono, Ministerio de Educación Nacional, el 15 de febrero del 2021, al FOMAG y
que corresponden a su labor como maestros oficiales en el 2020, como son las
sentencias con las siguientes fechas y radicados: 21 de julio de 2022, 2018-
00097-00; 24 de enero de 2023, 2019-00046-01; 31 de mayo de 2019, 2013-
00734-00. Así mismo, identificó las siguientes providencias expedidas por distintos
juzgados: 23 de junio de 2022, 2022-00020-00; 9 de septiembre de 2002, 2022-
00115-00; 21 de septiembre de 2022, 2022-00085-00; 27 de septiembre de 2022,
2022-00095-00; 28 de septiembre de 2022, 2022-00066-00; 28 de septiembre de
2022, 2022-00065-00; 30 de septiembre de 2022, 2022-00109-00; 6 de octubre de
2022, 2022-00072-00; 25 de octubre de 2022, 2022-00122-00; 16 de noviembre
de 2022, 2022-00008-00; y 19 de enero de 2023, 2022-00098-00.

Que si el accionado pretendía efectuar un cambio de jurisprudencia debió
argumentarlo de esa forma, pero ello no ocurrió en el asunto, pues lo único que
aquel expresó fue que, primero, existía el principio de unidad de caja en el manejo

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de los recursos del FOMAG —a pesar de que ello no es óbice para el
reconocimiento reclamado, pues esa unidad no se predica de los recursos que
aún no han sido transferidos por la cartera ministerial y, en todo caso, no puede
confundirse con el momento en que deben girarse los recursos—, y, segundo, que
no había sentencia unificada, con lo cual dejó de lado las múltiples providencias
expedidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, antes reseñadas.

Que el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, incurrió en tres
errores, comoquiera que para saber si existió o no mora en la consignación de las
cesantías es necesario que el Ministerio de Educación Nacional conozca
previamente el fondo al que está afiliado su empleado; la posición de aquel implica
desconocer de dónde proviene el patrimonio del FOMAG; y resulta un exabrupto
señalar que un docente vinculado por una entidad territorial tiene derecho a la
sanción moratoria, sin que la Nación se hubiese enterado y aquel no estuviese
afiliado a dicho fondo.

Que la conclusión del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión,
consistente en que el Ministerio de Educación Nacional no debe girar los recursos
de las cesantías en debida forma de los docentes que ya se encuentran afiliados
al FOMAG requiere una efectiva corrección de orden legal.

PRETENSIONES

La parte actora solicitó declarar que el accionado, en la sentencia dictada el 6 de
junio de 2023 en el proceso que ella promovió, transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la
administración de justicia y los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y
perpetuatio jurisdictionis, al adoptar una decisión que no se ajusta a los postulados
legales y jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

En consecuencia, requirió ordenar al Tribunal Administrativo del Huila, Sala
Tercera de Decisión, dejar sin efectos el proveído precitado y proferir uno nuevo,
en el que atienda a la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema
edificó el máximo tribunal constitucional en las sentencias SU098/18, SU332/19 y

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SU041/20 y la Sección Segunda de esta corporación, en el sentido de ordenar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, como fue solicitado en la
demanda.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 25 de agosto de 2023,
mediante proveído, en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Tercera de Decisión, como accionado; al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Neiva, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y al
municipio de Neiva, como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión núm. 5, por conducto
del magistrado Enrique Dussán Cabrera, ponente de la decisión cuestionada,
manifestó que la parte accionante no hizo alusión a los defectos en que incurrió en
la providencia, pues centró su argumento en que aquella no se ajusta a los
postulados de ley. En esa medida, estimó que, si se considerara que el alegato se
limita al desconocimiento de la normativa, lo cierto es que esa circunstancia
implicaría la reiteración de las pretensiones del proceso ordinario, lo que tornaría
improcedente la acción de tutela, en tanto la decisión emitida tiene como soporte
el caudal probatorio recopilado en el medio de control y la normativa.

Solicitó negar el amparo deprecado, puesto que en la providencia atacada no se
observa la vulneración de algún derecho fundamental del señor Hugo Hernando
Uriza y no se configuró alguno de los requisitos específicos de procedencia de la
acción.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El municipio de Neiva, por medio del secretario de Educación Municipal, indicó
que trasladó la solicitud elevada por el accionante relacionada con la sanción
moratoria a la Dirección de Prestaciones Sociales de la Fiduprevisora y se le dio

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respuesta; agregó que las secretarías de Educación Certificadas de los Entes
Territoriales no realizan ningún giro o consignación por concepto de cesantías ni
intereses al FOMAG, por no tener la calidad de patrono y no ser administradoras
de los recursos de aquel.

Concluyó que ha actuado con diligencia y eficiencia en el trámite requerido por el
accionante, por lo que no existe vulneración a algún derecho fundamental y la
acción de tutela no está llamada a prosperar.

Adicionalmente, por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, señaló que,
como lo expuso el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión,
aplicar la Ley 50 de 1990 en lo relacionado a la forma de administrar, liquidar y
pagar las cesantías desconocería el régimen especial de la Ley 91 de 1989 de los
docentes, por lo que no es procedente.

Que la acción de tutela no es una instancia adicional para reabrir debates
meramente legales, como lo pretende la parte actora.

La Fiduprevisora S.A., mediante la coordinadora de tutelas, sostuvo que la
argumentación de la parte accionante es exigua en relación con la configuración
de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela para
discutir providencias judiciales, porque aquella está siendo utilizada para invalidar
actuaciones procesales realizadas con anterioridad.

De otra parte, adujo que, en virtud del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las
entidades administradoras de cesantías creadas en la Ley 50 de 1990 podrán
administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, lo
cual no es aplicable para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989,
bajo el principio de unidad de caja. Aclaró que la totalidad de los recursos con que
se constituye el mencionado fondo conforman el patrimonio autónomo que se
administra por medio de un esquema fiduciario, por lo que los recursos se
gestionan conforme a las indicaciones de la mencionada ley.

Que la imposibilidad física y jurídica de apertura de cuentas individuales para los
docentes afiliados al FOMAG se extiende a la consignación de cesantías, razón

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por la cual no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, ya que esta ocurre por la consignación inoportuna de las
cesantías.

Además, precisó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso
actuaron conforme a la normativa establecida, sin que pueda aducirse que
aquellas hayan inobservado los precedentes judiciales sobre la materia objeto de
la demanda o vulnerado las garantías fundamentales del accionante. Por
consiguiente, requirió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia y
desvincularlo, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 21 de septiembre de 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado denegó la
solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y declaró improcedente la
acción de tutela, puesto que consideró que no supera el requisito de relevancia
constitucional, en tanto la discusión planteada no involucra una afectación de
derechos fundamentales, sino que tiene una naturaleza eminentemente
económica.

IMPUGNACIÓN

El accionante interpuso recurso de impugnación en contra de la sentencia de
tutela de primera instancia, para lo cual insistió en los argumentos iniciales y,
adicionalmente, afirmó que no es de recibo que no exista una posición unificada
respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial,
pues esta ha sido decantada desde el 2019 hasta la fecha, como se evidencia del
recuento jurisprudencial efectuado en el escrito de tutela.

Así mismo, adujo que la postura anterior sigue siendo acogida por el Consejo de
Estado, lo que resulta evidente si se tiene presente que en el interregno en que se
instauró la acción de tutela y la actualidad se profirió la sentencia del 19 de enero
de 2023 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
que se empleó aquella.

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Por último, iteró que existe un precedente unificado en la Corte Constitucional,
esto es, la Sentencia SU098/18 y que fue acogido por el Consejo de Estado, de
acuerdo con los principios de igualdad e indubio pro operario y la Ley 224 de
1995.

Solicitó revocar el fallo de tutela recurrido y, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales reclamados en protección y dejar sin efectos la sentencia objeto de
esta acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la
Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a
la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para
sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen
de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que
no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias
excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia

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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

A la Sala le corresponde determinar si, como lo concluyó la Sección Primera de
esta corporación, en la decisión de primera instancia de esta tutela, en el presente
asunto no se encuentra superado el requisito de relevancia constitucional o si, por
el contrario, sí está satisfecho y, de ser así, si se configuraron los defectos
invocados en esta acción constitucional.

Al respecto, debe aclararse que, en criterio de esta Subsección, el caso reviste
una marcada relevancia constitucional, en tanto a través de esta acción de tutela
se persigue la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, los
cuales el señor Hugo Hernando Uriza estimó vulnerados con ocasión de la
expedición de la sentencia del 6 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Huila, Sala Tercera de Decisión, por la estructuración de unas causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente la violación directa de la Constitución Política y el defecto
sustantivo, por la negativa de reconocer la sanción moratoria de que trata la Ley
50 de 1990 a los docentes del sector oficial afiliados al FOMAG.

Lo anterior permite evidenciar que no se trata de un asunto de mera legalidad y el
propósito del accionante no es crear una instancia adicional al proceso ordinario,
sino demostrar los defectos en que, a su juicio, incurrió la autoridad judicial
accionada.

Al encontrarse cumplida la exigencia mencionada y advertirse la satisfacción de
los demás requisitos generales de procedibilidad para discutir providencias

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judiciales, se analizarán los defectos invocados por el solicitante de la
salvaguarda.

Al respecto, se denota que los desacuerdos planteados por la parte accionante
pueden resumirse en el desconocimiento del principio de favorabilidad ante el no
reconocimiento de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, a pesar de
que tiene derecho a ella en su condición de docente oficial afiliado al FOMAG,
como lo han reiterado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en su
jurisprudencia.

Para resolver los disensos previos, resulta necesario mencionar que el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, en la sentencia discutida en
esta sede constitucional, luego de analizar las reglas de aplicación del precedente,
explicó que el reproche realizado en esa instancia se fundamentó en la no
aplicación de la Sentencia SU098/18, por lo que, en primer lugar, aludió a las
sentencias C369/04, C928/06, C928/04, en las que la Corte Constitucional
determinó que los docentes gozan de un régimen especial y no les resultaba
aplicable la Ley 50 de 1990, y, finalmente, a la decisión alegada.

Frente a esta última, precisó que en el caso allí examinado se trató de un docente
que se retiró del servicio público y nunca fue afiliado al FOMAG o algún fondo
privado o público, lo cual distaba del asunto analizado, en el que el demandante sí
estaba afiliado al FOMAG y se le habían reconocido y liquidado sus cesantías
anualmente, las cuales eran administradas por ese fondo. Aclaró que en la
providencia de la Corte Constitucional se buscó proteger a los docentes que por
mandato legal deben ser afiliados al FOMAG, pero que no lo fueron por una
omisión del empleador, como lo refirió aquella corporación judicial en la Sentencia
SU573/19.

Aunado a ello, hizo referencia al proceso de reconocimiento de cesantías de los
docentes de que trata la Ley 91 de 1989 y a la ausencia de identidad entre esta y
la Ley 50 de 1990.

Señalados los razonamientos del aquí accionado, la Subsección observa que
aquel realizó una mención expresa a los pronunciamientos de la Corte

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Constitucional sobre la materia, lo cual le permitió evidenciar que no resultaba
factible la aplicación de la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a favor
de los docentes oficiales afiliados al FOMAG.

Al respecto, se denota que el accionante difiere de la anterior conclusión, dado
que, a su modo de ver, sí existe una postura unificada, como se ha definido en las
decisiones judiciales proferidas por esta corporación y en las sentencias C741/12,
C486/16, SU336/17, SU098/18, SU332/19 y SU041/20 de la Corte Constitucional;
sin embargo, esta Subsección advierte que ninguna de las anteriores providencias
constituye precedente judicial para el caso concreto, dado que en ellas no se fijó
ninguna regla de decisión sobre la aplicación de la ley precitada para el referido
sector, como se pasa a explicar.

Ciertamente, en la primera sentencia referida la Corte Constitucional se pronunció
sobre las objeciones por inconstitucionalidad presentadas por el Gobierno
Nacional al Proyecto de Ley 114/09 Senado, 296/100 Cámara relativo al
reconocimiento de la pensión gracia a determinadas categorías de docentes. De
igual forma, en el segundo de los proveídos indicados aquella decidió la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 atinente al
presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Sobre estas decisiones resulta pertinente referir que, si bien en ambas se hizo
mención a que los docentes tienen la condición de empleados públicos, lo cierto
es que no se definió si les asistía el derecho a la sanción moratoria que la
accionante reclamó en el proceso contencioso administrativo y frente al cual
insiste en esta sede.

Ahora, en cuanto a las sentencias SU336/17 y SU098/18, esta Subsección
evidencia que en la primera el estudio se efectuó respecto a la aplicación de la Ley
244 de 1995 a favor de los docentes oficiales, mas no de la Ley 50 de 1990, y en
cuanto a la otra, si bien sí se analizó la procedencia de las disposiciones de esta
última Ley, concretamente de la sanción moratoria, ello únicamente se examinó en
relación con un docente oficial que no fue afiliado al FOMAG por parte del ente
territorial, debido a errores internos, lo cual implicaba la responsabilidad del

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segundo de los mencionados por la totalidad de las prestaciones sociales
respectivas, en los términos del artículo 1.° del Decreto 3752 de 2003, situación
fáctica que difiere de la del actor.

Así mismo, se evidencia que los supuestos fácticos estudiados en la Sentencia
SU098/18 son iguales a los que acontecieron en varios de los procesos que dieron
lugar a la expedición de las sentencias dictadas por las distintas subsecciones del
Consejo de Estado alegadas como desconocidas por el señor Hugo Hernando
Uriza, como lo son las del 6 de agosto de 2020, 2013-00666-01 (0833-16), en la
que, además, valga señalar, se unificó únicamente lo relativo al término de
prescripción de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990; 24 de enero de
2019, 2009-000867-01 (4854-2014); 28 de abril de 2022, 2013-00756-01 (2224-
2020); y 19 de mayo de 2022, 2019-00359-01 (4004-2021).

Es importante dilucidar que en las sentencias SU332/19 y SU041/20 se estudió la
sanción moratoria con fundamento en el artículo 5.° de la Ley 1071 de 2006, que
modificó el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995, no de la Ley 50 de 1990.

Igualmente, resulta pertinente precisar que la sentencia del 29 de julio de 2019,
2018-03499-01, fue proferida en sede de acción de tutela, por lo que tampoco
constituye un pronunciamiento de obligatorio acatamiento, más allá de los efectos
para el caso concreto. Lo anterior desvirtúa el argumento del accionante acerca de
la existencia de un precedente en casos similares al suyo con fundamento en las
decisiones previamente identificadas.

Aunado a ello, un gran número de los proveídos indicados por el actor se limitaron
a estudiar la prescripción de la sanción moratoria reclamada, por ser ese el objeto
de discusión en la segunda instancia, y, en esa medida, la ratio decidendi versó
sobre ese aspecto. Bajo este contexto, no es factible concluir que se formuló una
regla decisoria sobre el reconocimiento de esa sanción, que el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, debió indefectiblemente aplicar
al caso. Dentro de este grupo de sentencias se encuentran las del 25 de
noviembre de 2021, 2014-01127-01 (1002-2021); 25 de noviembre de 2021, 2014-
01127-01 (1002-2021); 25 de noviembre de 2021, 2017-00134-01 (2208-2020); 11
de noviembre de 2021, 2015-90008-01 (2387-2020); 11 de noviembre de 2021,

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2014-90022-01 (5154-2016); 20 de enero de 2022, 2017-00931-01 (1001-2021);
1.° de julio de 2022, 2019-00376-01 (4462-2021); y 22 de septiembre de 2022,
2015-90124-01 (2394-2020).

De otro lado, la providencia del 4 de noviembre de 2021, 2015-00445-02 (0483-
20), no versó sobre la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, sino
sobre liquidación de cesantías, por lo cual tampoco constituye un precedente
obligatorio.

Esta Subsección considera que las demás providencias no son sentencias de
unificación, en los términos de los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, ni
puede aceptarse que lo allí examinado sea la posición armónica o uniforme del
Consejo de Estado y que, por lo tanto, deba ser aplicada por las autoridades
judiciales de inferior jerarquía, máxime cuando aquellas, en virtud de su autonomía
e independencia judicial, estiman que no es la posición acorde con el
ordenamiento jurídico y justifican concretamente las razones para ello.

Ahora bien, el señor Hugo Hernando Uriza también estima que, con la decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, se transgredió el
principio de favorabilidad, porque, ante la existencia de duda sobre la aplicación
de las fuentes formales del derecho vigente, la autoridad judicial debe aplicar la
que resulte más favorable al trabajador, por lo cual en este asunto son
procedentes las previsiones de la Ley 50 de 1990 para los docentes oficiales.

Sin embargo, se aprecia que en el presente asunto no se presenta la duda
alegada, pues para el accionado es claro que los docentes oficiales afiliados al
FOMAG no tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990, debido a que su régimen es especial y no existe
norma que extienda la aplicación de la Ley precitada.

En consecuencia, esta Subsección no evidencia la configuración de los defectos
alegados en esta acción constitucional, sino que, por el contrario, advierte que el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, adoptó la decisión que
aquí se controvierte, luego de analizar el desarrollo normativo y las diversas
posiciones jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de la sanción

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moratoria de la Ley 50 de 1990 para los docentes oficiales afiliados al FOMAG, lo
que le permitió concluir que el accionante no tenía derecho al reconocimiento y
pago de aquella.

Finalmente, es oportuno esclarecer, debido a que el actor insiste en que la
aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes es la posición actual del Consejo
de Estado, que recientemente, esto es, el 11 de octubre de 2023, la Sección
Segunda de esta corporación, en el proceso con radicado 66001-33-33-001-2022-
00016-01, dictó sentencia de unificación, en el sentido de precisar que «[l]os
docentes afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible
con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989».

Por consiguiente, al no evidenciarse la configuración de los defectos invocados y,
por contera, la transgresión de derechos fundamentales, se revocará la sentencia
del 21 de septiembre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, en cuanto declaró improcedente la acción, y, en su lugar, se negará el
amparo solicitado; y se confirmará en lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 21 de septiembre de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la
acción, y, en su lugar, negar el amparo solicitado; y confirmarla en lo demás, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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