Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04512-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04512-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04512-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
23 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04512-01
Demandante: Yanith Zambrano Sepúlveda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04512-01
Demandante: YANITH ZAMBRANO SEPÚLVEDA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 5 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 23 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, la señora Yanith Zambrano Sepúlveda pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
13 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Huila, que confirmó la
providencia que denegó las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en la Ley 50 de 1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el día 6/13/23, en el expediente rad. No. 41001333300220220001301,
transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04512-01
Demandante: Yanith Zambrano Sepúlveda
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora Yanith Zambrano Sepúlveda se encuentra vinculada como docente de la
secretaría de educación de Neiva.
El 27 de julio de 2021, la señora Zambrano Sepúlveda solicitó a la secretaría de
educación de Neiva el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía
de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías.
Mediante Oficio No. 1851 del 4 de agosto de 2021 fue denegado lo solicitado.
La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el municipio de Neiva, para que se declarara la nulidad del Oficio
No. 1851 del 4 de agosto de 2021. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se
ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el régimen de
cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de
las cesantías.
La demanda se adelantó bajo el radicado 41001333300220220001300 y correspondió al
Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que, por sentencia del 9 de diciembre de
2022, denegó las pretensiones porque los docentes están sometidos a un régimen
especial (Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada y
que, además, los docentes están expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 50
de 1990 por disposición del artículo 13 de la Ley 344 de 1996.
Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 y demás
sentencias de la Corte Constitucional invocadas en la demanda, el juzgado explicó que
no había identidad fáctica ni jurídica que permitiera la aplicación.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo del
Huila, en sentencia del 13 de junio de 20232, la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Señaló que, en todo caso, no existía un criterio
unificado del Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes.
Que, de hecho, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 había explicado
que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 era incompatible con el régimen
especial docente.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela
del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado
en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de
2 Notificada el 10 de julio de 2023.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04512-01
Demandante: Yanith Zambrano Sepúlveda
20203, 24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio de
20197, 2 de diciembre de 20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12 de
noviembre de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115, 20
de enero de 202216, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 202218, 919 y 19 de mayo de
202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223, 1924
y 2625 de enero de 2023.
Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.
5. Intervenciones
La gerente jurídica de negocios especiales de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con las causales generales y específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia
frente a las pretensiones de la acción de tutela.
Además, dijo que el caso de la demandante no podía ser estudiado a la luz de la Ley 50
de 1990, toda vez que el FOMAG funciona bajo el principio de unidad de caja y que, en
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-
01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867-
01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815
01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César
Palomino Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-
00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11
de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-
01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-
01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-
90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-
02 (4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231-
01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Yanith Zambrano Sepúlveda
todo caso, las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado citadas por
la parte actora tampoco resultan aplicables habida cuenta de que no compartían
supuestos fácticos.
El secretario de Educación y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de
Neiva solicitaron que se declarara improcedente la acción de tutela. Argumentaron que
el demandante busca usar la solicitud de amparo como una tercera instancia. Además,
dijeron que el municipio no tiene la obligación de hacer ningún tipo de pago al FOMAG
por concepto de cesantías e intereses al personal docente.
El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Precisó que la actora proponía una discusión estrictamente económica
que excedía la competencia del juez de tutela
El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva envío copia digital del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.
El Tribunal Administrativo del Huila no se pronunció pese a que fue notificado en
debida forma.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 5 de
octubre de 2023, denegó la solicitud de amparo. Explicó que el tribunal demandado
realizó un análisis fáctico, normativo y jurisprudencial con el que argumentó de manera
suficiente las razones de la negativa de las pretensiones.
Agregó que lo planteado en la acción de tutela se limitaba a evidenciar una diferencia de
criterios frente a la interpretación de una norma y que eso no era suficiente para calificar
una providencia como arbitraria, caprichosa o violatoria de derecho fundamental alguno.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Dijo que en el Consejo
de Estado existía una posición unificada sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó, nuevamente las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 19 23 y 2624 de enero de
2023 relacionadas en el escrito de tutela.
Agregó que la acción de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional y
fundamentó ese argumento en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en providencias del 23 de marzo y 17 de abril26 de 2023.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Yanith Zambrano Sepúlveda para que se deje sin efectos la sentencia del 13 de junio de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó la decisión de
denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 50 de 1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos en
el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de la actora, la sanción moratoria prevista en
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto,
revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará improcedente la
solicitud de amparo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los cargos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que
coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora
Yanith Zambrano Sepúlveda insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.
27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Yanith Zambrano Sepúlveda
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 9 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
Inconforme con la decisión, la parte actora recurre en apelación indicando que si bien los docentes
tienen un régimen especial, ello no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
pues la postura jurisprudencial vigente tanto en la Corte Constitucional como del Consejo de Estado
ha sido constante en señalar que el régimen contemplado para los docentes afiliados al FOMAG no
puede contemplar condiciones menos favorables que el general, máxime si tales servidores se
equiparan a la categoría de empleados públicos.
(…)
Destaca que una es la sanción moratoria nacida del reconocimiento y pago tardío de las cesantías
tramitadas ante la entidad territorial para retiro parcial o definitivo, y otra muy distinta es la sanción
moratoria por falta de consignación de las cesantías al fondo del trabajador que aquí́ se reclama
junto con la indemnización por no consignación de intereses antes del 31 de enero de cada año, ya
que a partir de la sentencia SU-098 de 2016, para estas últimas existe una línea jurisprudencial
unificada de la Corte Constitucional que permite la aplicación de las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1976
a los docentes afiliados al FOMAG, en tanto que existe un vacío normativo respecto de la Ley 91 de
1989 que no contempla los parámetros para la consignación de las cesantías de los docentes y el
pago de los respectivos intereses.
(…)
De otra parte, enlista providencias del Consejo de Estado que afirma contienen decisiones que
ratifican la línea jurisprudencial vigente de esa corporación en casos análogos y aduce que es
reiterada la jurisprudencia que extiende a los servidores públicos, incluyendo a los docentes oficiales,
el reconocimiento de la sanción moratoria, y que la causación de la misma cesa con la respectiva
consignación al FOMAG, en ese sentido, considera que era indispensable el decreto de pruebas en
primera instancia a efectos de establecer la fecha exacta de la consignación de las cesantías a la
aquí́ demandante, ya que la certificación aportada solo es un reporte de la liquidación mas no la
evidencia de su consignación.
Por su parte, en la acción de tutela y la impugnación, la señora Yanith Zambrano
Sepúlveda insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a
efectos de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y,
además de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya
fueron invocadas en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17
y 28 de junio de 2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22
de agosto de 2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, en
providencia del 13 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró
En resumen, se confirmará la sentencia de primera instancia y se negarán las pretensiones, pues la
demandante, en su condición de docente oficial y al encontrarse afiliada al FOMAG, le es aplicable
el régimen especial de cesantías previsto en las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003 y por ende, la
entidad demandada no está obligada a consignar las cesantías de manera individual a la
demandante cada año y no existe sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
anuales como lo dispone el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y tampoco a reconocer la indemnización
que contempla la Ley 52 de 1975, toda vez que dicha norma es aplicable para trabajadores
particulares y los docentes oficiales se regulan sésguenle Acuerdo 039 de 1998.
Adicionalmente, porque no existe norma o pronunciamiento de unificación de la Corte Constitucional
o del Consejo de Estado que haga posible extender la sanción moratoria prevista en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990 a la demandante y acceder a lo pretendido implicaría introducir un cambio en
la regulación sobre el funcionamiento interno del FOMAG en lo que respecta a la administración de
los recursos, el cual se rige por el principio presupuestal de unidad de caja.
Como se ve, se trata de argumentos con los que la señora Zambrano Sepúlveda
pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar
el régimen aplicable a las cesantías. Y si bien la actora está alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las
citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
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Demandante: Yanith Zambrano Sepúlveda
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades30.
Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300,
que la demandante cita para demostrar la relevancia constitucional de la acción de tutela,
basta decir que esa decisión fue impugnada y mediante auto del 113 de junio de 2023,
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado, a partir del
auto que admitió esa acción de tutela. Como consecuencia de esa nulidad, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 17 de octubre de 2023 dictó nueva
sentencia y denegó las pretensiones de la demanda de tutela. De modo que no puede
utilizarse como argumento para fundamentar la relevancia constitucional ni para acceder
a las pretensiones en el presente asunto.
Sobre la sentencia del 17 de abril31 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, la Sala destaca que
esa decisión fue impugnada y con sentencia del 17 de julio de 2023, la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, declaró improcedente la
acción de tutela. Por lo tanto, los precedentes que cita el actor fueron dejados sin efectos
en decisiones posteriores.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por
cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario”
ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
30 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de
mayo de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson
Ramos Girón y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García
Camacho. C.P. Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00,
Actor: Alfonso Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora:
Julia Inés Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala revoque la decisión de primera instancia y, en
su lugar, declare improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Yanith
Zambrano Sepúlveda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar:
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Yanith Zambrano
Sepúlveda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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