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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04520-01

Fecha
11 de enero de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04520-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 2 de octubre de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar, ORDENAR a la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá- Quindío que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, conceda a Humberto Ardila Téllez las vacaciones solicitadas y, en el mismo término, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a cargo del despacho judicial, mientras el asistente jurídico disfruta de sus vacaciones, en los términos de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04520-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

11 de enero de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04520-01
Accionante: Humberto Ardila Téllez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., once (11) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2023-04520-01
Accionante: Humberto Ardila Téllez
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Armenia
Referencia: Acción de tutela
Tema: acción de tutela.
Subtema 1: derecho al descanso.
Subtema 2: expedición certificado de disponibilidad presupuestal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Armenia, en contra de la sentencia del 2 de octubre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Humberto Ardila Téllez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela1 en
contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia,
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la salud. El accionante consideró
vulneradas las anteriores garantías con la negativa de la entidad a expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para la persona que lo reemplazaría en
su cargo de asistente jurídico del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Calarcá, mientras disfruta de sus vacaciones.

1.2. Hechos

1.2.1. Humberto Ardila Téllez ocupa el cargo de asistente jurídico en el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, por lo tanto,
es beneficiario del régimen individual de vacaciones.

1.2.2. El accionante, el 8 de agosto de 2023, radicó una solicitud ante la titular del
juzgado, con el fin de que le fuera concedido el periodo de vacaciones, efectivo a
partir del 4 hasta el 28 de septiembre de 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta que
tenía un periodo de vacaciones pendiente por disfrutar que se causó del 21 de
agosto de 2021 al 20 de agosto de 2022.

1.2.3. La titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Calarcá solicitó la disponibilidad presupuestal para atender el nombramiento de
la persona que reemplazaría al accionante, pero la coordinadora de presupuesto de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Armenia, el 15 de agosto de 2023, respondió
que no era posible expedir tal certificado, toda vez que, de conformidad con la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, la asignación de recursos para
reemplazo por vacaciones está autorizada solo para funcionarios y,

1 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia, identificado

con certificado BDC871234C28DF71 549F43771BDE1A61 B6050D8E29322E02
A193AAFA676C541B.

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Accionante: Humberto Ardila Téllez

excepcionalmente, para empleados de despachos judiciales con plantas de
personal con tres o menos cargos. Para el efecto aportó el oficio DESAJARCER23-
87.

1.2.4. Por lo anterior, la jueza primera de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Calarcá, por medio de la Resolución número 19 del 17 de agosto de
20232, negó las vacaciones solicitadas por Humberto Ardila Téllez. Puso de
presente que, debido a las necesidades del servicio y a la considerable carga laboral
del servidor, no era procedente otorgarle el disfrute del periodo vacacional, sin
perjuicio de que posteriormente se analice la procedencia de concederlo.

1.3. Pretensiones y argumentos de la acción de tutela

1.3.1. Humberto Ardila Téllez solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la salud, y que, como
consecuencia de ello, se ordenara a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Armenia que adelante todas las gestiones administrativas
y presupuestales que correspondan para que disponga la asignación presupuestal
para nombrar su reemplazo con el fin de disfrutar sus vacaciones causadas del 21
de agosto de 2021 al 20 de agosto de 2022

1.3.2. El actor explicó que la alta carga laboral del despacho para el que labora
implica que, cuando se conceden vacaciones a un servidor, los demás compañeros
se vean avocados a suplir sus funciones, de manera que el otorgarle el descanso a
un empleado causa un perjuicio al normal funcionamiento del despacho y afecta a
los demás servidores del juzgado que además de cumplir con sus funciones
habituales deben suplir la ausencia del trabajador.

1.3.3. Fundamentó su petición de amparo constitucional en los derechos y garantías
establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia constitucional, para la
protección de su derecho al descanso. Citó sentencias proferidas por diferentes
juzgados en las cuales se amparaban los derechos fundamentales de los actores y
se ordenaba a conceder las vacaciones. Adicionalmente, sostuvo que la Corte
Constitucional en sentencia SU-296 de 2023 se pronunció sobre varias tutelas
interpuestas por empleados judiciales a los que les fueron negadas las vacaciones
aduciendo existencia de necesidades del servicio, y resolvió amparar el derecho
fundamental al descanso individual y ordenó al Consejo Superior de la Judicatura a
que, en un plazo no superior a seis meses, garantice la efectividad del derecho a
las vacaciones y que se “prevengan razones de orden presupuestal, logístico o
administrativo”.

1.4. Trámite en primera instancia

1.4.1. La magistrada ponente de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, con auto del 28 de agosto de 20233, admitió la acción; vinculó al
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a la coordinadora de ejecución
presupuestal y a la jefe de talento humano de Administración Judicial Seccional
Armenia, y a la juez primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de
Calarcá; y ordenó notificar a las partes.

2 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia, identificado

con certificado 8E17EA32920D51FE 1F2CB2E313145C6E CB0838E24F1ABFB8
BDC3127844CE333B.
3 Archivo electrónico ubicado en el índice 4 del expediente digital de primera instancia, identificado

con certificado: 2B23D2A525832ABB 90F82E219990AF96 DAD2575251CC59BD
889F6096843E5140.
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Accionante: Humberto Ardila Téllez

1.4.2. Enviadas las notificaciones de rigor, recibió respuesta del Consejo Superior
de la Judicatura4, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial5 y de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia6.

1.4.2.1. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la magistrada auxiliar
de la Oficina del Despacho de la Presidencia, indicó que no está llamada a
responder o cumplir órdenes con el fin de amparar las garantías constitucionales
del accionante dado que las acciones u omisiones que este atribuye como
vulneradoras de sus derechos, recaen sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Armenia, como ordenador del gasto, de conformidad con
lo dispuesto en los numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley 270 de 1996. Por lo
tanto, solicitó su desvinculación y que se declarara a su favor la falta de legitimación
en la causa por pasiva.

1.4.2.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda
y solicitó declarar la improcedencia de la acción. Indicó que la acción tuitiva estaba
dirigida contra un acto administrativo proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Armenia, el cual debe ser cuestionado mediante el
mecanismo ordinario ante el juez contencioso administrativo.

Expuso que las autoridades competentes para atender las pretensiones del
accionante son la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia y el
Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, razón
por la cual adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva y que debe
vincularse, además de la Seccional Armenia, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Indicó que, sobre la materia objeto de controversia, estaba prohibido hacer
apropiaciones presupuestales para la contratación de los reemplazos de empleados
judiciales con régimen de vacaciones individuales.

Afirmó que fue acertada la respuesta brindada por la coordinadora de presupuesto
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Armenia, en torno a la imposibilidad de
expedir el certificado presupuestal para pagarle a la persona que reemplazaría al
accionante en sus vacaciones, por cuanto, según la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011, las asignaciones de recursos para esos fines sólo se autorizan
cuando se trata de cubrir vacantes de funcionarios judiciales y no de empleados.

Arguyó que la acción de tutela es improcedente para librar orden de asignación de
presupuesto para el pago del remplazo del servidor que disfruta de vacaciones
individuales, y no es posible que el juez constitucional emita una orden que conlleve
la apropiación y ejecución del presupuesto de las entidades públicas. Finalmente,
argumentó que en el caso bajo estudio no se manifestó la existencia de un perjuicio
irremediable que justifique la intervención del juez de tutela en este asunto, y que,
por lo tanto, debe plantearse ante el juez natural de la causa.

1.4.2.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia sostuvo
que no existe vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor
que haga necesaria la intervención del juez constitucional. Advirtió que la entidad
actuó bajo los lineamientos establecidos en el Decreto 2590 del 23 de diciembre de
2022, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia
2023, se detallan las apropiaciones, se clasifican y definen los gastos, y la

4 Archivo electrónico ubicado en el índice 11 del expediente digital de primera instancia, identificado

con certificado: 53B144D4AFE2FD30 3079FCD3B69DE977 4E25CD112C762834
5636C08A0FC83CE1.
5 Archivo electrónico ubicado en el índice 10 del expediente digital de primera instancia, identificados

con certificado: 2B223F2D5AFC0420 70711E74B148D02A 3DF74DD144F4C88C
7DF409F6D8A42AC7.
6 Archivo electrónico ubicado en el índice 9 del expediente digital de primera instancia, identificados

con certificado: 40A97328BFF97896 A6C2541ED3807D27 1D0D581E513FF820
35279E3C5BA690E2.
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Resolución 2794 del 31 de diciembre de 2022, mediante la cual la directora ejecutiva
de administración judicial efectúa la apropiación inicial del presupuesto de
funcionamiento de la Rama Judicial en las cuentas de gastos de personal y
transferencias.

Adujo que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, resolvió derogar las Circulares
44 y 89 de 2005 y reguló el tema relacionado con las vacaciones de los funcionares
judiciales del régimen de vacaciones individuales. Explicó que la facultad de
conceder las vacaciones causadas por servidores judiciales es del resorte del
respectivo nominador y que la reglamentación, que hasta el momento ha sido
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, ha previsto de manera expresa
la expedición de CDP para remplazos de vacaciones, solo para funcionarios y
excepcionalmente, en aras de no afectar la normal prestación del servicio, en el
caso de empleados, para los Despachos Judiciales con plantas de personal que
cuenten con 3 o menos cargos.

Afirmó que la planta de personal de los juzgados de ejecución de penas y medidas
de seguridad contaba con 3 cargos incluido el del titular del Despacho, hasta el año
2015, como quiera que mediante Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 les fue creado
el cargo de sustanciador, a partir de lo que se concluye que, a la fecha de esta
acción constitucional, el juzgado en el que labora el accionante cuenta con 4 cargos,
por lo que se supera la cantidad mínima para que haya lugar al nombramiento de
reemplazo.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 2
de octubre de 20237, amparó el derecho fundamental al descanso del accionante y,
como consecuencia, ordenó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia que, en el término de diez días, en coordinación con la Dirección
ejecutiva de Administración Judicial, realice los trámites financieros y
administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio a cargo
del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá-
Quindío, mientras el señor Humberto Ardila Téllez disfruta de sus vacaciones.
Adicionalmente, ordenó a la juez primera de ejecución de penas y medidas de
seguridad de Calarcá – Quindío que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contado a partir de que reciba el certificado de disponibilidad presupuestal para
designar el reemplazo del señor Ardila Téllez, le conceda las vacaciones solicitadas.

El juez constitucional de primera instancia sustentó su decisión en la sentencia SU-
296 de 2023 proferida por la Corte Constitucional en la que concluyó que:

(i) La negativa de los nominadores a conceder las vacaciones individuales de los
empleados judiciales no es injustificada, ni caprichosa, por cuanto debe elegir entre
garantizar el adecuado funcionamiento del despacho o la satisfacción de los
derechos laborales de los empleados.
(ii) Los despachos judiciales que tienen régimen de vacaciones individuales se
caracterizan por la urgencia, importancia y volumen de los asuntos que deben
conocer de forma ininterrumpida, sumado al hecho de que asumen el conocimiento
de las acciones de tutela de los demás despachos que se encuentran en receso por
vacancia judicial.
(iii) Si bien es cierto que la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la
Judicatura no regula el trámite para la concesión de vacaciones individuales de los
empleados judiciales, también lo es que no lo prohíbe.
(iv) Las decisiones adoptadas por las autoridades demandadas podrían incidir en el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia, al impactar la cantidad de

7 Archivo electrónico identificado con certificado 9338A1FEA5814514 9D243AE4AF2F5F66
61C4B7896713D4AC 31B6F1B0DA212210, ubicado en el índice 15 del expediente digital de primera
instancia.
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trabajo, la eficiencia de sus labores y el aumento de la litigiosidad, de ahí que se
trate de una situación estructural al interior de la Rama Judicial.

Por lo tanto, consideró que tanto la decisión del Juzgado accionado de negarle las
vacaciones al señor Humberto Ardila Téllez por necesidad del servicio, como la de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia de no
apropiar los recursos necesarios para designar un reemplazo mientras aquel se
encuentra en vacaciones, atentan contra su derecho fundamental al descanso y,
además, entorpecen el desarrollo armónico, eficiente y eficaz del Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, pues con menos
servidores judiciales se tendría que sobrellevar la alta carga laboral propia de la
especialidad penal.

1.6. Impugnación

1.6.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia
presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera instancia y manifestó
su desacuerdo con los argumentos esbozados por el juez constitucional de primer
grado. Para el efecto reiteró todos los argumentos esbozados en su escrito de
contestación.

1.6.2. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial impugnó la
sentencia de primera instancia e invocó las mismas razones expuestas al momento
de contestar la solicitud de amparo.

La magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de auto del 8 de noviembre de 20238, concedió la impugnación
interpuesta por las entidades accionadas.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sala es competente para resolver la impugnación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Es preciso revisar si, en el caso sub iudice, se encuentran superados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela9.

2.2.1. La legitimación en la causa por activa de Humberto Ardila Téllez se
encuentra acreditada, porque es el titular de los derechos que considera afectados
por las actuaciones de la autoridad contra la que se dirigió su acción, en la medida
se negaron sus vacaciones.

8 Archivo electrónico identificado con certificado 5FFE83AAC2645B58 B9B41E0E921D5B99
4268C60FEA3BF331 1496855BACB6FB35 ubicado en el índice 25 del expediente digital de primera
instancia.
9 “La Corte, en la sentencia C-590 de 2005, estableció una solución para hacer compatible el control

por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia y
autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello estableció diversas condiciones procesales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que deben superarse en su
totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las denominadas causales específicas de
procedibilidad. Tales condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; (ii) que se
hayan agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance; (iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso;
(v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos
fundamentales y (vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela”. Corte Constitucional, sentencia
SU-108 de 2018.

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Así mismo, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia
y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá
fueron las autoridades que expidieron los actos administrativos que, en virtud a lo
manifestado por el actor, vulneraron sus derechos fundamentales invocados.

2.2.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia
profirió oficio y la respuesta objeto de reparo el 15 de agosto de 2023. Por su parte,
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá
expidió el 17 de agosto de 2023 el acto que negó el disfrute de las vacaciones
solicitadas por el accionante debido a la falta de expedición de un CDP para proveer
su remplazo. El accionante presentó el escrito de tutela el 24 de agosto del 202310.
Así las cosas, en este caso está satisfecho el requisito de inmediatez, en la medida
en que el lapso transcurrido entre la ocurrencia de los hechos generadores de la
supuesta violación de derechos y la fecha de promover el amparo constitucional,
responde a un plazo razonable.

2.2.3. El requisito de subsidiariedad presupone que la acción de tutela solo
procede cuando el afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la
protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en principio, impide que
el actor acuda a la solicitud de amparo para debatir la constitucionalidad de actos
administrativos, al contar con la posibilidad de controvertir aquellas decisiones de la
administración ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, escenario
natural de protección de los derechos.

Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que la acción de
amparo procede excepcionalmente cuando el mecanismo disponible no
salvaguarda de manera eficaz11 el derecho fundamental o no es idóneo, por no
ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión12. De
cualquier manera, estos eventos parten de un examen concreto en el que el juez
valore la efectiva protección del derecho fundamental, como lo ha establecido la
Corte Constitucional a saber:

“[L]a Corte ha objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario, pues ha
considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede considerarse eficaz, dado
que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de los derechos
constitucionales de los asociados. Por esta razón, la jurisprudencia ha establecido que la
eficacia de la acción ordinaria solo puede prodigarse en atención a las características y
exigencias propias del caso concreto, de modo que se logre la finalidad de brindar plena y
además inmediata protección a los derechos específicos involucrados en cada asunto” 13.

También es procedente la acción cuando el tutelante se encuentra ante la presencia
de un perjuicio irremediable, porque la solicitud de amparo funge como un
mecanismo transitorio. La máxima autoridad de la jurisdicción constitucional ha
definido el perjuicio irremediable, a partir de la reunión de los presupuestos de
gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho 14.

En el caso concreto, Humberto Ardila Téllez criticó la constitucionalidad de un acto
administrativo emitido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia que negó la expedición de un CDP para proveer su remplazo,
y como consecuencia de esto el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Calarcá negó el disfrute de sus vacaciones. Decisiones que el
accionante podría atacar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a
10 Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia, identificado

con certificado EE904ABE117C914E 2C426C11D7776EA1 F061E52BB994AD0E
BAEFC877168A6F9B.
11 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece:

“Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. || La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
12 Corte constitucional. Sentencia T-471 de 2017.
13 Corte constitucional. Sentencias T-646 de 2013, T-592 de 2016 y T-397 de 2017.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-1062 de 2010.

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través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por no
acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.

2.2.3.1. Ahora bien, es menester verificar si aquel mecanismo judicial resulta eficaz
e idóneo para salvaguardar los derechos fundamentales invocados y garantizar una
solución integral del conflicto planteado por el tutelante. El derecho al descanso se
causa anualmente. En esa medida, el tener que someter los actos administrativos
al proceso contencioso administrativo, no permitiría asegurar su oportuno disfrute.
Por el contrario, haría más gravosa la situación, toda vez que la afectación a este
derecho aumenta, justamente, en razón al paso del tiempo en que no es posible
gozar de él.

En ese orden de ideas, el medio de control indicado no sería eficaz para garantizar
el derecho al descanso y conllevaría la imposición de una carga desproporcionada.
Lo anterior, al tener en cuenta que la controversia del sub lite no versa acerca de la
causación de ese derecho, ni al cumplimiento de requisitos legales para obtenerlo.
Además, la solicitud, como medida cautelar, de suspensión de los efectos de los
actos administrativos controvertidos, tampoco deviene idónea para provocar su
satisfacción inmediata, pues no perseguiría tal fin.

Como cuestión adicional, huelga decir que el artículo 9 del Decreto 2591 de 1991
prevé que no es necesario interponer previamente el recurso de reposición o
cualquier otro medio de impugnación administrativo para presentar la petición de
amparo15. En consecuencia, el escrito de tutela supera el requisito de
subsidiariedad.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala definir si la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Armenia y el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá vulneraron el derecho fundamental al descanso de Humberto
Ardila Téllez, por expedir, respectivamente, el oficio DESAJARCER23-87 y la
respuesta del 15 de agosto de 2023, que negó la expedición de un CDP para
atender la remuneración de reemplazo por las vacaciones y la Resolución número
19 del 17 de agosto de 2023, que negó el periodo vacacional del accionante.

2.4. Solución al problema jurídico

Para dar respuesta al problema jurídico, es necesario hacer un breve recuento del
marco normativo del derecho fundamental al descanso. Tras ello, definir si la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia y el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá conculcaron
aquella garantía.

2.4.1. El artículo 53 de la Constitución establece que el descanso necesario es uno
de los principios mínimos fundamentales de los trabajadores16. Sobre el particular,

15 “Artículo 9º. Agotamiento opcional de la vía gubernativa. No será necesario interponer previamente

la reposición u otro recurso administrativo para presentar la solicitud de tutela. El interesado podrá
interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de que ejerza directamente en cualquier
momento la acción de tutela. || El ejercicio de la acción de tutela no exime de la obligación de agotar
la vía gubernativa para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.
16 El Articulo 53 de la Constitución Política establece: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo.

La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a
la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad”. [Negrilla fuera del texto].
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la Corte Constitucional ha determinado que este tiene como finalidad que la persona
que aporta su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la actividad que
demanda el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación laboral,
proteja su salud física y mental, y realice otras ocupaciones que permitan su
desarrollo integral. De tal manera que pueda preservarse su capacidad de trabajo
que, por lo general, es su único medio de subsistencia17.

En efecto, la jurisprudencia constitucional ha determinado que de la interpretación
sistemática de los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución18 se deduce que el
descanso es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello,
cualquier individuo puede solicitar su protección a través de la acción de amparo,
cuando no haya otro mecanismo para garantizarlo.

Este derecho, en todo caso, está sometido a las condiciones previstas en el
desarrollo legal del régimen de vacaciones, que establece ciertos requisitos para
poder acceder a él. En términos generales, el trabajador debe haber laborado
durante cierto periodo preestablecido y formular la respectiva solicitud al empleador,
para que este proceda a su programación19.

Ahora, en el contexto de empleados judiciales con vacaciones individuales, como
es el del caso sub examine, toda vez que la acción de tutela fue promovida por un
empleado de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad20, el
régimen aplicable a la materia es el contenido en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996. Esta disposición establece que “[…] Las vacaciones individuales serán
concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en
los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de
servicio”21.

En ese orden, en los casos como este, en los que la persona que requiere el
descanso es un empleado judicial, el nominador, es decir, el juez del despacho en
el que trabaja22, es la autoridad competente para atender y responder a su solicitud
de vacaciones. Esta competencia, como se infiere del artículo 146 de la Ley 270 de
1996, ha de ejercerla en armonía con los requerimientos del servicio de
administración de justicia. Sobre ello, la Corte Constitucional ha precisado:

“[…] es cierto que el trabajador tiene derecho a gozar de un periodo de tiempo
durante cada año laboral, para descansar y emplear ese tiempo en lo que él
considere apropiado. Pero también es lógico que el empleador pueda decidir que,
por razón de la labor que desempeña el trabajador o por intereses de la empresa,
como el aumento de la productividad durante determinada época del año, el
trabajador disfrute sus vacaciones en un período del año en que el empleador y sus
intereses no se vean afectados. Por ello no se desconoce el derecho que tiene todo
trabajador a gozar de vacaciones anuales. En este caso, se hace necesario
establecer un equilibrio entre los derechos del trabajador y los del empleador, de tal
forma, que unos y otros no se vean afectados”23.

17 Corte Constitucional. Sentencia C-897 de 2003. En el mismo sentido, las sentencias C-019 de

2004, T-837 de 200, T-076 de 2001, C-710 de 1996 entre otras.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2001. En el mismo sentido, las sentencias C-710 de

1996, C-019 de 2004, T-09 de 1993 y C-024 de 1998.
19 Corte Constitucional. Sentencias C-892 de 2009 y C-035 de 2005.
20 Artículo 146 de la Ley 270 de 1996: “Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la

Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses […]”. [Negrilla fuera del texto].
21 Negrilla fuera del texto original.
22 Numeral 8 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-710 de 1996.

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Lo anterior no implica que el nominador, en aras de satisfacer los requerimientos
del servicio, esté autorizado para suspender o aplazar indefinidamente las
vacaciones del personal subordinado. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, en
repetidas sentencias de tutela, ha explicado que por razones del servicio el
nominador puede programar el derecho al descanso de sus empleados de forma en
que genere la menor afectación al despacho, pero nunca impedir que lo disfruten.
A saber:

“[…] si bien la necesidad del servicio puede justificar el aplazamiento de las
vacaciones de algunos empleados de la Rama Judicial -que se rigen por el acceso
individual -no colectivo- a la mencionada prerrogativa-, esto no puede perpetuarse
indefinidamente al punto de acumular diferentes periodos, pues ello implica el
cercenamiento del derecho fundamental al descanso laboral […].
[…]
Evidentemente, cualquier juzgado disminuye su capacidad para resolver los asuntos
de su competencia cuando sus servidores entran a vacaciones, sin embargo, ello
no supone el deber de las autoridades administrativas de asignar reemplazos por el
mismo lapso […] a los jueces en calidad de gerentes del recurso humano dispuesto
para sus gestiones, les corresponde organizar y disminuir sus actividades
proporcionalmente durante el mismo periodo, de forma que los empleados que
continúan laborando puedan prestar el servicio sin traumatismos para los usuarios,
en condiciones de igualdad y sin incurrir en excesos de trabajo diario o semanal que
quebranten sus derechos laborales”24.

2.4.2. En el sub lite, la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Calarcá - Quindío, mediante Resolución 19 del 17 de agosto de
2023, le negó el derecho a disfrutar de sus vacaciones al señor Humberto Ardila
Téllez del período comprendido entre el 21 de agosto de 2021 y el 20 de agosto de
2022, en atención a razones de necesidad del servicio y, adicionalmente, porque la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia, mediante
comunicación del 15 de agosto de 2023, se abstuvo de expedir el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal, ya que este solo procede cuando se
requiera para funcionarios y, de manera excepcional, cuando los despachos
judiciales cuenten con plantas de personal con tres cargos o menos.

La Sala pone de presente que la Presidencia de la Corte Constitucional, mediante
comunicado de agosto del año corriente, informó sobre lo decido en la SU-296 de
202325, en la cual se abordaron asuntos de similitud fáctica al presente y se indicó:

“(…) la Sala tuvo en cuenta que la situación administrativa a la cual se enfrentan los
diferentes nominadores como directores de los despachos judiciales es compleja y
refleja que su negativa a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente
caprichosa e injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial. Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta
que, ante la negativa de las Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
a realizar determinadas actuaciones administrativas y financieras, el nominador se
encuentra compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del
despacho a su cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los empleados
que lo conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual implica,
además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los trámites a su cargo.
Además, se trata de despachos que se encuentran altamente congestionados y,
sumado a ello, ven intensificada su carga laboral con ocasión del periodo vacacional
colectivo de los demás despachos de la Rama Judicial, pues los juzgados cuyo

24 Corte Suprema de Justicia. Sentencia STC7183-2015 del 5 de junio de 2015, con número de

radicación 19001-22-13-000-2015-00070-01. En el mismo sentido, los fallos STP 3242-2014 del 11
de marzo de 2014 con número de radicación 71978; y STC1450-2017 del 9 de febrero de 2017 con
número de radicación 66001-22-13-000-2016-01113-01.
25 Comunicado 25 de la Presidencia de la Corte Constitucional, agosto 2 y 3. Ver en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2025%20-
%20Agosto%202%20y%203%20de%202023.pdf.
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régimen de vacaciones es individual asumen también la carga laboral en asuntos de
tutela cuando los demás despachos se encuentran en receso por la vacancia judicial.
Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el
trámite para la concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la
Sala destacó que esto no significa que aquellos no tengan derecho a que se
programen sus vacaciones o a ser eventualmente remplazados durante el periodo en
el cual disfrutan de dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el asunto
ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo las Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial en sus respuestas durante los diferentes trámites de tutela.
(…) la actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al
descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros
derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana de los
funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las
vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de barreras
administrativas”.

Así, el hecho de que el accionante sea un empleado judicial que pertenece al
régimen de vacaciones individuales y no exista una regulación específica sobre la
materia, en tanto la Circular PSAC11-44 de 2011 se limita a funcionarios, no es
argumento para imposibilitar el prenombrado disfrute de su derecho al descanso.

En efecto, una vez un empleado judicial cumple con los requisitos legales y solicita
sus vacaciones, el nominador no puede negar el ejercicio del derecho o
condicionarlo a trámites administrativos desproporcionados y, a su vez, las
direcciones ejecutivas seccionales de administración judicial están obligadas a
realizar los trámites del caso que garanticen la continuidad del servicio público de
justicia y evitar su menoscabo, pues, de lo contrario, se genera una flagrante
vulneración del derecho al descanso del servidor por parte del operador judicial, en
la medida en que este es un derecho que “se causa con el simple transcurso del
tiempo laborado”26 y que no depende de ningún trámite administrativo ni de
cuestiones presupuestales para su disfrute. Por lo tanto, si bien, para el caso
materia de estudio, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá tenía la potestad para programarlo de acuerdo con las
necesidades del servicio, no podía supeditarlo a un trámite administrativo.

Lo precedente implica que la autoridad judicial, bajo el argumento de la necesidad
del servicio, impuso al accionante una condición que no está prevista en la ley y que
lleva a suspender su derecho fundamental al descanso de forma indefinida,
causando con ello su afectación en los términos antes vistos y que, justamente, se
agrava por el paso del tiempo en el que no lo puede disfrutar. Situación que requiere
de la intervención del juez de tutela para amparar la garantía constitucional y
ordenar su inmediata protección.

Así entonces, a partir de lo expuesto, la Sala considera que se debe tutelar el
derecho fundamental al descanso de Humberto Ardila Téllez, no obstante,
modificará la sentencia impugnada para aplicar la fórmula resolutiva que se
estableció en la SU-296 de 2023.

En consecuencia, se ordenará a la titular del Juzgado Primero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá- Quindío que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, conceda a Humberto Ardila Téllez las vacaciones solicitadas y,
en el mismo término, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Armenia que, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, realice los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar
la correcta prestación del servicio a cargo del despacho judicial, mientras el
asistente jurídico disfruta de sus vacaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

26 Corte Constitucional. Sentencia C-19 de 2004.

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Accionante: Humberto Ardila Téllez

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 2 de octubre de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en su lugar,
ORDENAR a la titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Calarcá- Quindío que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
conceda a Humberto Ardila Téllez las vacaciones solicitadas y, en el mismo término,
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia que, en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, realice los
trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta
prestación del servicio a cargo del despacho judicial, mientras el asistente jurídico
disfruta de sus vacaciones, en los términos de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
SABF

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