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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04524-00

Fecha
12 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04524-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción instaurada por el 9 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”. 10 Corte Constitucional, sentencia T-450/14. M.P. Mauricio González Cuervo. 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carlos Valentín Pineda Méndez Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena Rad: 11001-03-15-000-2023-04524-00 señor Carlos Valentín Pineda Méndez, por lo explicado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04524-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de octubre de 2023

Demandante: Carlos Valentín Pineda Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Rad: 11001-03-15-000-2023-04524-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04524-00
Demandante: CARLOS VALENTÍN PINEDA MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial – inmediatez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
el señor Carlos Valentín Pineda Méndez contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito presentado el 24 de agosto de 2023, el señor Carlos Valentín
Pineda Méndez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que sean amparados sus
derechos fundamentales al «trabajo, al debido proceso y a la igualdad».

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 5 de octubre de 2022, mediante la cual se confirmó la
decisión del 13 de diciembre de 2021 del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta, que negó las pretensiones de la demanda. Lo
anterior, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 47001-33-33-002-2018-00078-01, instaurado contra el Ministerio de
Educación Nacional.

3. El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, pidió:

(…) proteger mis derechos fundamentales al TRABAJO AL DEBIDO
PROCESO Y LA IGUALDAD, REVOCANDO LA SENTENCIA DE
SEGUNDA INSTANCIA, ordenando al Ministerio de educación la
validación del título legalmente obtenido por el suscrito en la Universidad
católica Santa Teresa de Jesús de Ávila, de España.

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Demandante: Carlos Valentín Pineda Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Pineda Méndez, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó al Ministerio de Educación Nacional y
solicitó declarar la nulidad de la Resolución No. 06399 del 5 de abril de 2017 que
negó la convalidación del título de Magister en Dirección y Gestión de Empresas –
MBA- otorgado por la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús de Ávila”
ubicada en España, así como de las resoluciones No. 16512 de 23 de agosto de
2017 y No. 16808 de 25 de agosto de 2017, por medio de las cuales se decidieron
los recursos de reposición y apelación contra la anterior decisión.

5. En consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, el
demandante requirió condenar al Ministerio de Educación Nacional para que, por
medio de su directora de Calidad para la Educación Superior, le reconociera al
demandante la convalidación del título de educación superior de magister en
Dirección y Gestión de Empresas -MBA- otorgado por la Universidad Católica
“Santa Teresa de Jesús de Ávila” ubicada en España.

6. Así mismo, requirió que se pagaran los honorarios de los abogados contratados
durante el proceso, incluyendo la conciliación por un valor de tres millones de
pesos ($3.000.000), más una indemnización por los valores dejados de recibir por
estar en categoría de especialista en lugar de magister en su trabajo, esto quiere
decir que dejó de percibir diez mil pesos ($10.000) por cada hora cátedra siendo
17 semanas por semestre y 10 salarios mínimos legales vigentes por concepto de
perjuicios morales.

6. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta
mediante sentencia de 13 de diciembre de 2021 negó las pretensiones de la
demanda al estimar que no se podía convalidar el título del actor, puesto que no
contemplaba la totalidad de intensidad horaria y pensum académico de una
Maestría realizada en Colombia, ya que al estudiarse detenidamente el caso
particular del actor se evidenció que los créditos e intensidad horaria están por
debajo de lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.5.3.2.4.1, en
el que se indica que un crédito equivale a 48 horas de un periodo académico.

Y tal como está demostrado en el proceso se tiene que la Maestría desarrollada
por el actor contempló un total de 60 créditos que equivalen a 600 horas de
acompañamiento directo, evento que está por debajo del promedio que debe
cursarse en nuestro país.

7. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
y alegó que para la época en que recibió y apostilló el título propio del magister en
Dirección y Gestión de Empresas – MBA, conferido por la Universidad de Católica
“Santa Teresa de Jesús Ávila” de España en el 2011, se encontraba vigente la
Resolución 5547 de 2005 expedida por el Ministerio de Educación para la
convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior

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extranjeras, por lo cual, es esta normativa y no las resoluciones 21707 de 2014 y
la 6950 de 2015 que fueron expedidas en vigencia del Decreto Anti-trámites de
2012 (Decreto 19 de 2012) las aplicables a su caso. Así mismo, destacó que
tampoco le corresponde resolver su situación de cara a la prohibición prevista en
el parágrafo 1° del artículo 62 de la ley 1753 del año 2015.

8. El recurso de alzada fue desatado por el Tribunal Administrativo del Magdalena
que mediante sentencia del 5 de octubre de 2022, confirmó la decisión del a quo,
por cuanto no se logró desvirtuar la legalidad de los actos acusados, toda vez que
en efecto el título de “Magister en Dirección y Gestión de Empresas MBA”,
conferido por la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús de Ávila” en España
el 24 de marzo de 2011, no cumple con la normatividad vigente a la fecha de la
respectiva solicitud para su convalidación.

9. Concluyó que, los actos administrativos acusados dieron aplicación en debida
forma a la Resolución 6950 del 15 de mayo de 2015 «Por medio de la cual se define
el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de
educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad
competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior y se deroga
la Resolución 21707 de 2014».

11. La sentencia de segunda instancia fue notificada mediante correo electrónico
enviado el 28 de noviembre de 2022, como consta en el aplicativo Samai.

1.3. Fundamentos de la solicitud

12. La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la igualdad, con ocasión
de la sentencia del 5 de octubre de 2022 por cuanto, a su juicio, incurrió en una
violación directa a la Constitución por las siguientes razones:

13. Destacó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta su derecho
fundamental a la educación pues presumió equivocadamente una mala fe y se
limitó a decir que el diploma podía ser falso ya que presentaba inconsistencias, sin
embargo, no se demostró la presunta falsedad.

14. Agregó que se desconoció un principio universal de derecho «URIS ET DE
JURE» que significaba que «El juzgador tiene la obligación de aceptar por cierto el
hecho, hasta que se demuestre lo contrario. En la era actual lo llamamos PRESUNCION
DE BUENA FE O DE LEGALIDAD. El mentado CONACES solo se limitó a decir que veían
unas inconsistencias en las horas y presumieron QUE EL DIPLOMA ERA FALSO. Las
dos instancias judiciales convalidaron este errado criterio (sic) ».

15. Adicionó que la autoridad judicial accionada desconoció los conceptos y
fundamentos legales expuestos por su apoderada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho al momento de sustentar el recurso de
apelación, por lo que cuestionó que no se tuvo en cuenta el dinero y el tiempo
invertido por el actor para capacitarse.

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1.4. Trámite de la acción de tutela

16. Mediante auto del 13 de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Magdalena, como autoridades judiciales accionadas.

17. Igualmente, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico, al Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Santa Marta (a quo ordinario), y al Ministerio de
Educación, (parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que se debate).

1.5. Intervenciones

18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.5.1. Ministerio de Educación

19. Por medio de memorial presentado el 20 de septiembre de 2023, a través del
jefe de la oficina asesora jurídica, solicitó declarar la improcedencia de la acción
constitucional porque no se cumplía con los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional.

20 Lo anterior, teniendo en cuenta que, la tutela, sólo es procedente cuando no
existen medios ordinarios de defensa judicial; o cuando aun existiendo, estos
resultan ineficaces para proteger los derechos en conflicto, o para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo cual indicó que el extremo activo no
acreditó que agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios, tampoco que
existió una necesidad extrema para que el amparo solicitado sea razonable y
justificado.

21. En relación con el requisito de relevancia constitucional, concluyó que el
accionante no demostró que las vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometían gravemente su supervivencia, ni el
acceso a la administración de justicia.

22. Expuso que en este caso en particular se presenta como debate una
controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra
intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por
carecer de absoluta relevancia constitucional.

1.5.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

23. Mediante documento allegado el 21 de septiembre de 2023, la magistrada
ponente de la decisión de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho indicó que la acción de tutela no cumple con el
requisito de inmediatez.

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24. Esgrimió que la solicitud de amparo referenciada es abiertamente
extemporánea, toda vez que la sentencia objeto de censura por parte del actor,
fue proferida el 5 de octubre de 2022, y notificada por medio de mensaje de datos
remitido al buzón electrónico de las partes el 28 de noviembre de 2022, no
obstante, el actor interpuso la tutela sólo hasta el 24 de agosto de 2023, tal como
se desprende del módulo de consulta de procesos judiciales del aplicativo SAMAI.

25. Concluyó que resulta claro que la presente solicitud de amparo no cumple con
el requisito de inmediatez, pues la misma fue incoada por fuera del plazo
razonable de seis (6) meses contados a partir de su notificación y ejecutoria, lapso
prohijado tanto por la jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo como por la de la Corte Constitucional.

26. De manera subsidiaria, resaltó que del trámite procesal adelantado por la
autoridad judicial demandada no se advierte violación alguna a las garantías
fundamentales del actor, pues el accionante no logró desvirtuar la legalidad de los
actos acusados, pues el título cuya convalidación pretendía no cumplía con la
normatividad vigente a la fecha de la respectiva solicitud.

27. Por lo anterior, se determinó que la formación cursada por el actor no colmaba
ni la intensidad horaria ni los créditos académicos requeridos para una maestría; lo
que conllevó confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el señor Carlos Valentín Pineda Méndez, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

29. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la
referida norma.

2.2. Problema jurídico

30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

31. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

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¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales «al trabajo, al debido proceso y a la igualdad» con ocasión
de la sentencia del 5 de octubre de 2022, mediante la cual se confirmó la
decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda tendientes a
obtener la nulidad de las resoluciones que no accedieron a convalidar el
título de magister solicitado por el actor?

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y; (iii) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20121 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 2 y declaró su
procedencia.3

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

36. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
3 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6

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2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Inmediatez4

37. Se ha insistido en que la acción de tutela debe presentarse en un plazo
razonable5, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo6.

38. De acuerdo con lo anterior, esta Sección7 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual
es el día hábil siguiente a la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que
da lugar a la solicitud de protección y la presentación de esta, y cuando este es
excesivo se declara su improcedencia. No obstante, lo anterior, se analiza en cada
caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para
omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

39. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover
la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 20158, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente «cuando fuere promovida en un extenso
espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido
para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la

4 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
5 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia

05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre
otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-
00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
6 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.
7 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana

Buitrago Valencia; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P.
Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío
Araújo Oñate.
8 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
7

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Demandante: Carlos Valentín Pineda Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Rad: 11001-03-15-000-2023-04524-00

presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual9».

40. Respecto del acatamiento del requisito de inmediatez la Sala encuentra que
este no se encuentra superado. Lo anterior, por cuanto la providencia del Tribunal
Administrativo del Magdalena, que se acusa como vulneradora, fue proferida el 5
de octubre de 2022 y notificada mediante correo electrónico enviado el 28 de
noviembre de 2022, como consta en el aplicativo Samai, por lo que cobró
ejecutoria el 5 de diciembre del mismo año.

41. En tal sentido, teniendo en cuenta que la acción de tutela se radicó el 24 de
agosto de 2023, se advierte que transcurrieron más de 8 meses, plazo que no
resulta razonable para esta Sala, aunado a que la parte actora no justificó la
tardanza de la interposición de la acción constitucional.

42. Recuerda la Sección que cuando se trata de tutela contra providencia judicial
se ha establecido una metodología más rigurosa para conservar el carácter
subsidiario y excepcional de este mecanismo judicial de protección, y a su vez,
garantizar la seguridad jurídica y la autonomía e independencia de cada
jurisdicción en la estructura del poder público, por ello, solo en aquellos casos en
los que se argumenta suficientemente el motivo de la tardanza, por «la ocurrencia
de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras»10, el juez constitucional, de forma excepcional,
puede abordar el estudio del asunto.

43. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que transcurrieron más de 8
meses entre la ejecutoria de la providencia cuestionada y la interposición de este
medio de amparo. En ese orden de ideas y dado que la parte actora no justificó
ninguna de las excepciones anteriormente señaladas como criterios que
flexibilizan el requisito de inmediatez, se declarará la improcedencia de la acción.

2.6. Conclusión

44. El tiempo que dejó transcurrir la parte accionante para alegar la vulneración de
sus derechos fundamentales, sin evidenciarse justificación razonable sobre el
mismo, desconoce el requisito de inmediatez y, por tanto, resulta improcedente la
solicitud de amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción instaurada por el

9 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
10 Corte Constitucional, sentencia T-450/14. M.P. Mauricio González Cuervo.

8

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Demandante: Carlos Valentín Pineda Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Rad: 11001-03-15-000-2023-04524-00

señor Carlos Valentín Pineda Méndez, por lo explicado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

9

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