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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04536-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04536-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela 5 de octubre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 27 Núm. único de radicación: 110010315000202304536-01 Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04536-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202304536-01
Actores: Diosdao Layton Pardo y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Arauca y otro2

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general
de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de
tutela de 5 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “1ED_CARATULAPDF(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202304536-01
Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores3, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Arauca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Tunja, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 5 de agosto de
2022; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 26 de julio de 2019, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 080013331002201200103-01: vulneraron sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, con el fin de que se declararan responsables administrativamente, por los
perjuicios materiales y morales causados por la muerte del patrullero Jimmy Andrés
Layton Acevedo, por una presunta falla en el servicio.

4. Señalaron que, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja profirió
sentencia en primera instancia, el 26 de julio de 2019, mediante la cual declaró
probada de oficio la excepción de caducidad de la acción.

5. Sostuvieron que, el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia
de 5 de agosto de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el día veintiséis (26) de julio de
dos mil diecinueve (2019), por el Juzgado Doce (12) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3 Diosdao Layton Pardo, María Elida Acevedo de Layton, Jeimmy Alejandra Layton Acevedo, Deivid Diosdao

Layton Acevedo y Maira Alejandra Cortés Ordóñez, quien actúa en nombre propio y en representación de su
hijo menor de 18 años de edad AFLC – Esta Sala adopta como medida de protección a la intimidad del menor
de 18 años de edad relacionado en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón
por la cual, sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales AFLC.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202304536-01
Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, atendiendo a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.

5.1. Al respecto, consideró lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta lo pretendido, se observa que los medios de prueba
reseñados en párrafos precedentes, aluden únicamente a señalar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte del uniformado JIMMY ANDRES
LAYTON ACEVEDO, quien al momento de su deceso brindó apoyo a los miembros
del Ejército Nacional para adelantar un operativo, cuyo fin era recoger y transportar
hasta lugar seguro, unas canecas de combustible y ACPM encontradas en orillas del
río Casanare.

Debe indicarse, que del material probatorio allegado al plenario, es posible concluir
que no se trató de una orden llevado (sic) a cabo de manera improvisada, ya que de
las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario por militares y policías que
estuvieron cerca del lugar de los hechos y que por tanto, conocieron sobre las
circunstancia de tiempo, modo y lugar en que fallecieron los uniformados entre los
que se encontraba JIMMY ANDRES LEYTON ACEVEDO, manifestaron al ente
investigador, que tanto el Ejército como la Policía Nacional desplegaron actuaciones
tendientes no solo a corroborar la existencia y ubicación de las canecas de gasolina
y ACPM, sino además, a asegurarse que en dicha zona no hubiesen artefactos
explosivos, para adelantar el desplazamiento de la patrulla y llevar acabo la respectiva
incautación.

En el sub judice, se echa de menos material probatorio que demuestre o permita inferir
que el ataque guerrillero en el que perdió la vida el JIMMY ANDRES LEYTON
ACEVEDO era previsible, pero que se omitieron las medidas de seguridad eficaces
que hubieran podido evitarlo o confortarlo (sic), sin mayores riesgos para el personal
policial y militar que se transportaba en la patrulla. Al contrario, se tiene que el deceso
de LAYTON ACEVEDO fue producto de una emboscada que a todas luces resultó
sorpresiva para los involucrados […]”.

[…]

“[…] Por tanto, los hechos en los cuales el patrullero JIMMY ANDRES LEYTON
ACEVEDO perdió la vida no son a causa de una falta de previsión de la entidad
demandada, ni a la ausencia de toma de precauciones, pues no se trató de un ataque
previsible, no existía información de inteligencia que permitiera determinar que la
guerrilla tenía como blanco especifico (sic) la zona en la que se estaba desplazando
la patrulla -Municipio de Puerto Rondón-, sino que el mismo obedeció al actuar cruel
y criminal de los grupos subversivos en el marco del conflicto armado interno.

Tampoco hay lugar a firmar que se expuso a la víctima a un riesgo superior a aquellos
que debía asumir en razón de su vinculación profesional, dado que JIMMY ANDRES
LAYTON ACEVEDO estaba asumiendo de manera voluntaria estar expuesto a un
peligro propio, permanente y continuó, dentro del ejercicio de sus funciones como
patrullero de la Policía Nacional […]”.

[…]

“[…] Bajo todas las circunstancias antes descritas, es claro que existe un
incumplimiento de la carga probatoria de la parte demandante sobre las
circunstancias en que sucedieron los hechos, pues debe tenerse en cuenta que para
poderse atribuirse responsabilidad a la entidad demandada en este caso en concreto,
era necesario demostrar la acción o negligencia de la Policía Nacional, pues al no
hacerlo no son más que meras afirmaciones sin ningún respaldo probatorio […]”.

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Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela4:

“[…] PRIMERO: Que se reconozca que existió violación a los derechos fundamentales
de los señores: DIOSDAO LAYTON PARDO Y MARÍA ELIDA ACEVEDO DE
LAYTON, quienes obran en nombre propio en calidad de padres y a la vez en
representación de su hija Jeimmy Alejandra Layton Acevedo, quien al momento de la
demanda era menor de edad, asi mismo de Deivid Diosdao Layton Acevedo, hermano
del occiso, y de Maira Alejandra Cortes Ordoñez, esta ultima actuando en nombre
propio en calidad de compañera permanente y en representación de su menor hijo
[…], por parte del Tribunal Administrativo de Arauca y Juzgado Doce (12)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, al incurrir en defecto factico, al
violentar el derecho al debido proceso, derecho al acceso a la justicia, derecho a la
debida valoración probatoria.

Revocar la decisión emitida en Segunda Instancia por el Tribunal Administrativo de
Arauca que fue aprobado por la Sala en sesión de la fecha de 05 de agosto de 2022,
y de esta manera acceder a las pretensiones incoadas en la demanda de Reparación
Directa bajo radicado No. 81001-3331-002-2012-00103-01.

Que la orden impartida por el señor juez sea de inmediato cumplimiento […]”.

7. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente5:

“[…] con dicha presentación de este recurso, este, estaba encaminado SOLAMENTE
A REVOCAR LA DECISION DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, EN TORNO A LA
CADUCIDAD DE LA ACCION, en donde se hizo las observaciones necesarias, que
fueron atendidas positivamente por el Tribunal Administrativo de Villavicencio.

Lo anterior obliga a destacar que el recurso que este apoderado promovió como
apelante único, me permite indicar que dicha situación no puede desmejorarse en
virtud del principio constitucional de la no reformatio in pejus, pues, este se encuentra
limitado a los aspectos alegados y señalados de manera puntual en dicho recurso
como motivo de la inconformidad para con el fallo impugnado; consideración que
cobra mayor significado en el sub lite si se tiene presente que en cuanto corresponde
a los demás aspectos de la sentencia cuestionada, la parte demandada solo se limitó
a referir sus alegaciones en los mismos términos con que se dio contestación a la
demanda […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, resulta claro que para el juez de segunda instancia su
marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos diversos
a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior,
[…]”.

4 Transcripción literal del texto.
5 Idem pie de página núm. 4 supra.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202304536-01
Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

[…]

“[…] De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico puede tener
una dimensión negativa y una dimensión positiva. Se presenta la dimensión negativa,
cuando la autoridad judicial no práctica o valora una prueba, o la valoración de la
misma se hace de forma arbitraria, irracional o caprichosa, lo que en últimas se
traduce en la imposibilidad de comprobar los hechos, tal y cual como se puede
evidenciar, cuando se revisa la decisión del Tribunal que tiene una apreciación errada
frente a los testimonios de los policiales que rindieron declaraciones a petición de este
apoderado, y que fueron coherentes frente a las fallas del servicio que originaron la
muerte de los policiales y de unos militares, que cumplían su función de mantener el
orden publico de toda la región de Arauca, y en especial, para el caso de los policiales,
en toda la jurisdicción del municipio que estaba a su cargo.

A juicio de este apoderado El tribunal administrativo de Arauca en su decisión de
segunda instancia incurrió en DEFECTO FACTICO por indebida valoración probatoria
teniendo en cuenta que al momento de realizar las correspondientes valoraciones
documentales, periciales, y testimoniales, no les hizo el verdadero examen de
credibilidad a las pruebas recaudadas, y se limitó a hacer apreciaciones subjetivas,
carentes de verdad […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 30 de agosto de 2023, inadmitió la solicitud de la acción de tutela,
la cual fue corregida dentro del término legal.

9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 12 de septiembre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Arauca y al Juez Doce
Administrativo del Circuito de Tunja; y iii) vinculó al Ministro de Defensa Nacional y
al Director General de la Policía Nacional, en calidad de terceros con interés
legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Arauca solicitó i) declarar la improcedencia de
la acción de tutela; y subsidiariamente ii) negar las pretensiones de la solicitud de
tutela, por las siguientes razones:

“[…] En el caso concreto no se cumple con el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora, pretende que el juez de amparo examine de nuevo un
asunto que la jurisdicción ya estudió, en donde el Juzgado Doce (12) Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Tunja declaró probada de oficio la excepción de

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Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

caducidad de la acción y el Tribunal Administrativo de Arauca al considerar que no
estaba probado dicho medio exceptivo, lo revocó y en su lugar, desestimó las
pretensiones de la demanda […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, lo alegado por el tutelante carece de todo argumento, en tanto que
la consecuencia jurídica de revocarse una decisión que se declara probada la
excepción de caducidad de la acción, no es la de accederse a las pretensiones de la
demanda, sino simplemente al estudio de fondo del asunto sometido al conocimiento
de la jurisdicción de Contencioso (sic) Administrativo […]”.

[…]

“[…] Lo primero que debe decirse, es que el Tribunal Administrativo de Arauca
respaldó su decisión con base en el precedente jurisprudencial dispuesto en ese
sentido por el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
tanto es así que dentro de la estructura del fallo de segunda instancia lo primero que
se desarrolló luego de haberse resuelto el tema de la caducidad -tal y como así se
señaló en párrafo precedente-, fue centrarse en el estudio de los elementos de la
responsabilidad en el que se concluyó que a pesar de haberse demostrado el daño,
esto es, que JIMMY ANDRES LAYTON ACEVEDO, falleció el día 30 de enero de
2010, en zona rural del Municipio de Puerto Rondón, Departamento de Arauca, lo
cierto es que no pudo atribuírsele este a la entidad demandada […]”.

[…]

“[…] Se observa que la demanda de tutela muestra es la inconformidad con la decisión
del Tribunal Administrativo de Arauca que denegó las pretensiones de la demanda.
No es sino analizar el texto de la misma, para establecer que a través de la tutela se
pretende una nueva valoración probatoria, normativa y jurisprudencial, y por ello se
refiere de nuevo a los hechos documentados y elementos probatorios ya analizados
en forma suficiente e idónea, lo que es improcedente en vía de esta acción
constitucional […]”.

11. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional solicitó negar las
pretensiones de la solicitud de tutela. Para tal efecto manifestó:

“[…] De lo citado anteriormente, se puede inferir que en el medio de control de
reparación directa incoado por el señor Dios Dao (sic) Layton Pardo y otros, no obran
pruebas conducentes, pertinentes y útiles que atribuyan una responsabilidad a la
Policía Nacional, pues no existe elemento alguno mediante el cual se determine la
subsistencia de una omisión en cuando (sic) a la adopción de medidas de seguridad
o posibles ataques subversivos que se tuvieran en conocimiento por parte del
comando de departamento, por tanto los hechos objeto de debate ocurrieron de
improvisto y a causa de una emboscada por parte de un grupo armado al margen de
la Ley.

Ahora bien, se debe tener en cuenta por parte de ese honorable despacho que el
personal uniformado adscrito a la estación de policía del municipio de Puerto Rondón
al momento de los hechos contaba con los elementos para el servicio, su protección
y reacción en caso de ataque subversivo, como lo es el armamento tipo fusil Galil
5.56, revólver, granadas, cartuchos y proveedores, situación diferentes es que por el
desenlace sorpresivo de los hechos no hubo una reacción por parte de los hoy
fallecidos […]”.

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Actores: Diosdao Layton Pardo y otros

[…]

“[…] En este sentido, es preciso argumentar como (sic) el Tribunal Administrativo de
Arauca, sí realizó una valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, pues del mismo, infirió que se presentaban las condiciones para revocar la
sentencia de primera instancia y como consecuencia de ello, denegar las
pretensiones del libelo demandatorio […]”.

[…]

“[…] Para concluir el señor Dios Dao (sic) Layton Pardo y otros contaron con la
oportunidad procesal adecuada para controvertir las determinaciones contrarias a sus
intereses. Por ello, la tutela resulta en una actuación inviable, pues convertiría esta
acción en una tercera instancia ajena al proceso contencioso […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, no considera esta Secretaría, como frente al caso sometido a
consideración del Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, que amerite la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para acceder al reconocimiento
de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando hizo uso de otras
vías de protección jurisdiccional idóneas para resolver la litis infundadamente
propuesta en la presente acción […]”.

12. El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja guardó silencio en esta
oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

13. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia en primera
instancia, el 5 de octubre de 2023, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por los
señores Diosdao Layton Pardo, María Elida Acevedo de Layton, Jeimmy Alejandra
Layton Acevedo, Deivid Diosdao Layton Acevedo y Maira Alejandra Cortés Ordóñez,
esta última actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor, contra
el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Arauca, por los motivos descritos anteriormente […]”.

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Al respecto, la Sala advierte que el planteamiento expuesto en la acción de tutela
relacionado con la figura jurídica de la caducidad carece de relevancia constitucional,
toda vez que en la sentencia de segunda instancia se efectuó un pronunciamiento en
torno a este punto, el cual resultó ser beneficioso para los accionantes tras concluirse
que la demanda fue presentada de manera oportuna y, por ello, se revocó lo decidido
por el a quo.

Entonces, en el caso que nos ocupa no se sugirió una discusión que permita al juez
de tutela revisar si se afectó de manera grave los derechos fundamentales al debido

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proceso y de acceso a la administración de justicia6 de los actores, máxime si se tiene
en cuenta que en el presente trámite el estudio se realiza conforme con los
planteamientos expuestos en la última de las providencias controvertidas, por ser
aquella que puso fin al proceso que dio origen a la acción de tutela.

Incluso, tampoco se cumple el requisito de procedibilidad bajo análisis en lo
concerniente al posible desconocimiento del principio de non reformatio in pejus7,
dado que este cargo se invocó a partir del supuesto errado de considerar que en el
fallo de primera instancia se dictó una decisión adicional a la de declarar configurada
la caducidad y que fue favorable a los demandantes, cuando en realidad esto no fue
así […]”.

[…]

“[…] Bajo este contexto, se advierte que lo pretendido por los tutelantes es convertir
este mecanismo constitucional en una instancia adicional al medio de control de
reparación directa y reabrir el debate zanjado por el Tribunal Administrativo de
Arauca, al no estar de acuerdo con la valoración probatoria realizada por ser contraria
a sus intereses, más allá de alguna consideración que justifique razonablemente una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

La razón de ello obedece a que los accionantes no expusieron argumentos que
permitan considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento
adicional, dado que sus reproches están dirigidos a que se modifique el razonamiento
del tribunal cuestionado en torno a las circunstancias en las que se produjo el deceso
de su familiar, aspecto frente al cual dicha colegiatura efectuó el estudio respectivo,
diferente es que concluyera que la parte demandante no cumplió con la carga de
probar sus afirmaciones […]”.

La impugnación

14. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado por las siguientes razones8:

“[…] Ahora bien, sobre el principio de la no reformatio in pejus, este apoderado insiste
que la Corte Constitucional en las sentencias T-108 de 2003 y T-458 de 1998
consideró que de conformidad con la teoría general del proceso, cuando solo una
parte apela, el Juez que conoce del recurso no puede enmendar la decisión
haciéndola más gravosa para ésta. Es de importancia considerar que este principio
se aplica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo por disposición de los
artículos 181 y 267 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), de
tal manera me permito tambien resaltar que la prohibición de agravar la situación del
apelante único hace parte del derecho fundamental al debido proceso, en

6 Cuyo núcleo esencial fue definido en la sentencia SU-215 de 2022 como el de: «...hacer valer ante los jueces

derechos e intereses de las personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta
fundada en derecho”[121]. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que esta garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y pretender una decisión favorable”.»
7 En principio, se podría colegir que no se cumple el requisito de subsidiariedad respecto a este cargo al proceder

el recurso extraordinario de revisión bajo la causal prevista en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA). Sin embargo, la Sala advierte que no basta con invocar la configuración de una presunta
irregularidad, sino también que lo planteado trate de un verdadero vicio que presuntamente atente contra los
derechos fundamentales invocados.
8 Transcripción literal del texto.

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consideracion que este proceso se tramitó en vigencia del Decreto 01 de 1984, porque
el fallecimiento del citado policial se dió el 31 de enero de 2010 […]”.

[…]

“[…] DEFECTO FACTICO: Con el escrito de tutela este apoderado, hizo las
correspondientes observaciones que en derecho consideré frente a este tema, pues
para la Sala de la SECCION QUINTA no fueron de recibo para análisis las
manifestaciones en que se incurrió con relación al DEFECTO FACTICO, las cuales
me permito transcribir para que sean analizadas en SALA PLENA, de tal virtud que
puedan ser satisfechas, y en su defecto SE REVOQUE TAL DECISION DE PRIMERA
INSTANCIA, y en su defecto, se le ORDENE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
META (sic) realice una nueva sentencia, donde se reconozca la vulneración de los
derechos acá invocados […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19919, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202110 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 11, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las
autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados.
Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como
mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

17. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de

9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
10 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
11 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplieron
con los requisitos generales de procedencia de la subsidiariedad y de relevancia
constitucional.

18. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; procediendo
posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena12, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

20. Esta Sección adoptó13 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200514, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.

María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
14 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”15 que encaje en dichos parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201416.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de relevancia

15 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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constitucional y de subsidiariedad como requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590
de 2005, proferida por la Corte Constitucional17.

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

26. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de
agosto de 201418, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedencia tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [19]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[20].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [21].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla (sic) actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [22].

17 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18 Ut supra página 6.

[19] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[20] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[22] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [23]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [24].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [25]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedencia y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[23] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[24] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[25] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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27. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha considerado26:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto objeto
de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto puesto a
consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”27

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”28

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

28. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y
esa presunta afectación no tiene su origen en un debate estrictamente legal,
económico o probatorio, ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con

26 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
27Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
28 Ibidem.

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satisfacer una carga argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por
las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en algunas de las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii)
cuando se demuestra que el amparo presentado no se utiliza como una instancia
procesal adicional.

29. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202229 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho

29 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

30. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199130, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

31. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.

30 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

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32. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional31:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200932 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.

Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial

31 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
32 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el

mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.

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y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

33. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

34. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

36. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional34 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

38. Los actores, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Arauca y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Tunja, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir, la sentencia de 5 de agosto de
2022; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 26 de julio de 2019, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 08001333100220120010300-01: vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

34 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Copia digital de la sentencia de 5 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
080013331002201200103-01.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

42. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, según lo expuesto en el escrito de tutela, lo que los
actores controvierten es que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto
fáctico, en la medida en que, “[…] al momento de realizar las correspondientes
valoraciones documentales, periciales, y testimoniales, no les hizo el verdadero
examen de credibilidad a las pruebas recaudadas, y se limitó a hacer apreciaciones
subjetivas, carentes de verdad […]”.

43. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por los actores ya
fue objeto de estudio por las autoridades judiciales accionadas y la acción de tutela
contra providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el
debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
judiciales accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

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44. Además de lo anterior, para la Sala, los actores plantean la afectación de
derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso de reparación directa
y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde al juez
constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría
desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el
mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

45. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

46. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

47. Para la Sala, la controversia planteada por los actores es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

48. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de las autoridades judiciales
accionadas, es decir, los actores acuden al juez constitucional buscando la
corrección del criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal y probatorio
concluido que escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es

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cierto, los actores alegan la vulneración de los derechos fundamentales indicados
supra, el criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera
enunciación, sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

49. Los supuestos de vulneración a los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia enunciados por los actores, no
se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de reparación directa
se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso,
y respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no
concurre una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite
la actuación del juez constitucional, no se trata de amparar los derechos
fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional.

50. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

51. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
los actores enuncian la trasgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

52. Ahora bien, frente al cargo por vulneración del principio de la “non reformatio
in pejus” de la sentencia acusada, esta Sección considera que no se cumple con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad, toda vez que, los actores
contaron con otro medio de defensa judicial, que es el recurso extraordinario de
revisión.

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53. En efecto, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado 35 y
la Sala Catorce Especial de Decisión36 de la misma Corporación ha defendido la
posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión por vulneración al
“principio de “non reformatio in pejus”. Al respecto, se han considerado lo siguiente:

“[...] Es de resaltar que esta Corporación37 ha defendido la posibilidad de que se
interponga el recurso extraordinario de revisión por vulneración al principio de “non
reformatio in pejus”. Al respecto, se ha pronunciado, en los siguientes términos:

“IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión

7. La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida para
atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un acto
jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y “ante la
improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían groseramente”38.

8. Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia y
no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el interesado
durante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C., “sin perjuicio del
deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades
insaneables que observe antes de dictar sentencia”39 .

(…)

11. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia40:

11.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.

11.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

11.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma de
más o menos jueces de los requeridos legalmente.

11.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin motivación;
(ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena al

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de

2020, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04038-00 (AC), C.P. Alberto Enrique López Fajardo.
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del

5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
37 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del

5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, exp. 6390, C.P. Carlos Arturo Orjuela

Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, exp. 1164-08, C.P. Gustavo Gómez Aranguren y
de 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero.
39 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres

Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando
Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.

REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de
sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre
de 2009, rad. 2006-00123.

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demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o
por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un
tercero que no fue vinculado al proceso.

11.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o competencia
del juez.

11.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación del
debido proceso.” (Negrillas de la Sala)

En consecuencia, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha
aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella que
transgreda el principio de la “non reformatio in pejus”, tal como ocurre en el presente
caso. En época más reciente, la Sala Plena precisó que sólo podían considerarse
motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso extraordinario
de revisión, las causales que como nulidad del proceso taxativamente señala el
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil41, vigente para la época del
pronunciamiento hoy consagradas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

Para la Sala, es importante precisar con especial énfasis que, cuando una tutela es
improcedente, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte
actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como acontece en el caso
particular, con ello no se afirma que al desatar dicho recurso prosperarán las
pretensiones de la parte recurrente, pues es importante resaltar que, un asunto es
la procedencia del mecanismo, y otra su prosperidad, de manera que, más allá
de si le asistía la razón o no a la parte accionante en la existencia de la referida
violación al principio de la “non reformatio in pejus”, lo cierto es que su reparo
se encuadra en la causal mencionada para la procedencia (se insiste, diferente
de la prosperidad) del recurso extraordinario de revisión.

Así las cosas, ante la existencia de un mecanismo judicial idóneo de defensa de los
intereses del accionante, no se estudiará este cargo, toda vez que el juez
constitucional no puede pronunciarse sobre el fondo de esta pretensión, pues ello
implicaría reemplazar al juez ordinario, a quien el legislador le confirió la potestad de
resolver los recursos extraordinarios de revisión [...]”. (Resaltado por la Sala)

54. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos de
control judicial para controvertir lo relacionado con el cargo de la presunta
vulneración del principio de la “non reformatio in pejus”, antes de acudir a la acción
de tutela42.

41 Sobre la causal de nulidad originada antes del fallo pero que no pudo advertirse en el proceso se pueden

consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 20 de abril de 2004, Rad.
REV-00132. Sobre las causales de nulidad del proceso como motivos de nulidad originados en la sentencia:
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencias de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-00093.y del 18 de octubre de
2005, Rad. REV- 00239.
42 Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra

providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.

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55. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumple con el requisito general de procedencia de subsidiariedad, toda
vez que, previo al cumplimiento de los requisitos legales, los actores contaron con
el recurso extraordinario de revisión.

Análisis del perjuicio irremediable

56. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

57. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional43 ha considerado que:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”44[…]”.

58. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

59. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de

43 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
44 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

Conclusiones de la Sala

60. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 5
de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela 5 de octubre de 2023, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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