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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04547-00

Fecha
20 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04547-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04547-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

20 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Oscar Iván Franco Lozano
contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 24 de agosto del año en curso, el señor Oscar Iván Franco Lozano, a través
de apoderado judicial instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Huila, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 13 de junio de 2023,
proferida por dicha autoridad judicial al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 3 y el
municipio de Neiva, con el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio 3575
del 14 de septiembre de 2021, a través del cual se le negó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así como el pago de la
indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 41001-33-33-002-2022-00121-01.
3 En adelante Fomag.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

en la Ley 52 de 1975, por los servicios prestados durante el año 2020, en su calidad
de docente oficial.

2.- El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva, el cual, en sentencia de 9 de diciembre de 2022 dictó
sentencia de primera instancia y resolvió negar las pretensiones de la demanda. Esa
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo del
13 de junio de 2023, al estimar que: (i) a la actora no le son aplicables las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagradas en los artículos
99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, pues su situación jurídica se
encuentra regulada por la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo 39 de 1998, las cuales no
contemplan las sanciones objeto de reclamo, (ii) la sentencia SU-98 de 2018
proferida por la Corte Constitucional, que se alegó como precedente, no comporta
tal carácter para el caso concreto, toda vez que esta decisión analizó unos supuestos
fácticos y jurídicos diferentes y, (iii) no existe norma o pronunciamiento de unificación
de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado frente al tema debatido.

3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia4, al:

(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que, en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.

(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y SU-
41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por el
Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01,
11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-33-
000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,

4 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-
40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01, 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.

4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y jueces administrativos del
circuito en diversas decisiones5.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 31 de agosto de 2023, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada; (iii) vincular a la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (Fomag), a la Fiduprevisora S.A. y al municipio de Neiva, en
calidad de terceros interesados; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, para lo de su cargo y; (v) requerir al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Neiva para que remitiera, en medio magnético, copia
del expediente identificado con el radicado número 41001-33-33-002-2022-00121-
00/01.

(i) Fiduprevisora S.A.6

6.- La Fiduciaria, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, precisó que las cesantías de los docentes no se administran
en cuentas individuales, sino que se rigen bajo el principio de unidad de caja, según
lo establecido en la Ley 91 de 1989, por lo que los valores que corresponden a las
mismas no se consignan, ya que están presupuestados y son trasladados al fondo,
desde el primer mes de cada vigencia. Por esa razón, adujo que la sanción moratoria
reclamada por el demandante no resulta procedente.

7.- Por otra parte, indicó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso
que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden
a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó
desfavorable para el accionante y que hoy reclama por vía tutela. A su vez, resaltó
que las autoridades judiciales accionadas actuaron conforme a la normatividad y
precedentes judiciales aplicables.

8.- En razón a lo anterior, no solo solicitó que se declare improcedente la solicitud
de amparo, sino también su desvinculación, en la medida en que no tiene
legitimación en la causa por pasiva.

(ii) Municipio de Neiva7

5 Visibles a folios 103 a 113 y 116 del escrito de tutela.
6 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
7 Expediente digital, intervención contenida en 11 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

9.- Adujo que el Tribunal Administrativo del Huila realizó el análisis jurídico
respectivo para adoptar la decisión que se censura; salvaguardando las garantías
constitucionales.

10.- Por otra parte, precisó que las normas que el accionante solicita sean
aplicadas, difieren del régimen especial establecido para los docentes, y en ese
entendido acceder a lo pretendido quebrantaría el principio de inescindibilidad
normativa.

11.- Finalmente, sostuvo que el asunto es evidentemente de interés económico y el
accionante no expone el contenido, alcance o afectación al goce de algún derecho
fundamental. Aunado a ello, indicó que el señor Franco Lozano únicamente busca
una tercera instancia a través de esta acción constitucional, y ello es evidente en la
extensa exposición que se hace en el escrito de tutela, intentando imponer su tesis
sobre la aplicación de unas normas de carácter meramente legal.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

12.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Fiduprevisora S.A., pues es claro que la entidad, en su calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo del Fomag, participa de manera directa o
indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de
los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurre en la
distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito.
En tal sentido, el reproche de la parte accionante se dirige a las actuaciones
adelantadas por aquella.

D. Análisis del caso concreto

13.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

14.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

15.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso del demandante.

16.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.

17.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

18.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con el caso
resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se alegue su
desconocimiento como precedentes: sentencias proferidas por el Consejo de Estado
en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23- 33-0002015-00445-
02, 40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-90008-01 8 .
Además, las sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-2018-03499-01,
11001-03-15-000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-04679-01 tampoco
resultan aplicables al caso concreto, pues solo producen efectos inter partes. De
igual forma se tiene que las sentencias proferidas por jueces de igual o menor
jerarquía no pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto, ni
tampoco son útiles para respaldar los alegatos propuestos en la demanda.

19.- En segundo lugar, el alegato relacionado con el desconocimiento de la
Sentencia SU-098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, y
las demás providencias relacionadas en el escrito de tutela, en las que se sustentó
principalmente el recurso de apelación formulado por el demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, a primera vista, no permiten
evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la
igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.

20.- Lo anterior, en la medida en que el Tribunal accionado, siguiendo las pautas
establecidas por el Alto Tribunal Constitucional, según las cuales en virtud del
principio de autonomía los jueces pueden apartarse del precedente judicial o
constitucional, siempre que cumplan con los principios de transparencia y de razón
suficiente, lo cual exige de ellos una especial carga argumentativa 9, reconoció la
existencia de la Sentencia SU-098 de 2018 y de otras proferidas por el Consejo de
Estado; sin embargo, estimó que dichas providencias no constituyen precedente
para el caso concreto, toda vez que no guardan identidad fáctica con el asunto objeto
de análisis, sumado al hecho que al no tratarse de sentencias de unificación (las
proferidas por el Consejo de Estado), no configuran un precedente de obligatorio
cumplimiento.

21.- Además de ello, sostuvo que en la actualidad no existe norma o
pronunciamiento de unificación de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado
que haga posible extender la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 al caso del demandante, para con ello acceder a lo pretendido, pues de
hacerlo, implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento

8 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales

providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
9 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al

precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

interno del FOMAG en lo que respecta a la administración de los recursos, el cual se
rige por el principio presupuestal de unidad de caja.

22.- Así, el Tribunal indicó que al no existir un criterio unificado al interior del órgano
de cierre de esta jurisdicción sobre el asunto, acogería el criterio según el cual los
docentes oficiales afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento y pago de
las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de 1990, toda vez que el régimen
docente es especial en lo atinente a las cesantías en él se determina
específicamente cómo se reconocen, liquidan y pagan las cesantías y los intereses
de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago de las
sanciones solicitadas sea incompatible.

23.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por el
accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces contencioso
administrativos y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.

24.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal10.

25.- Con todo, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que se profirió la
decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo de Estado,
como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera zanjar de
manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por
la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes oficiales que se
encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es que en un reciente pronunciamiento 11 la

10 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
11 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04547-00
Accionante: Oscar Iván Franco Lozano
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia sobre la materia bajo el
siguiente criterio:

<<Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>

26.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, de suerte que la Sala habrá de
declarar su improcedencia.

27.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 VF

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