Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04552-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
28 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04552-00
Demandante: Ángela Ipuz Yague
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04552-00
Demandante: ÁNGELA IPUZ YAGUE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Ángela Ipuz Yague contra
el Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, la señora Ángela Ipuz Yague pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
7 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Huila, que denegó las
pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el día 3/7/2023, en el expediente rad. No. 41001333300220220011601,
transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional
en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda (…)
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04552-00
Demandante: Ángela Ipuz Yague
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En 2009, la señora Ángela Ipuz Yague fue vinculada como docente de la secretaría de
educación de Neiva.
El 15 de septiembre de 2021, la señora Ipuz Yague solicitó a la Secretaría de
Educación de Neiva el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía
de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías.
Mediante Oficio No. 3404 de septiembre 21 de 2021, la secretaría de educación de
Neiva denegó lo solicitado.
La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y la Secretaría de Educación de Neiva, para que se declarara la
nulidad del Oficio No. 3404 de septiembre 21 de 2021. A título de restablecimiento del
derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el
pago tardío de los intereses de las cesantías.
La demanda se adelantó bajo el radicado 41001333300220220011600 y correspondió
al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que, por sentencia del 14 de diciembre
de 2022, denegó las pretensiones, porque los docentes están sometidos a un régimen
especial (Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada.
Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional invocadas en la demanda, el juzgado explicó que no había identidad
fáctica ni jurídica que permitiera la aplicación.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo del
Huila, en sentencia del 7 de marzo de 20232, la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Precisó que, en todo caso, en el Consejo de
Estado no existía un precedente unificado con carácter vinculante sobre la materia y
que, en aplicación del principio de inescindibilidad de la ley, tampoco era posible acudir
a la Ley 50 de 1990 porque la Ley 91 de 1989 reguló integralmente las prestaciones
sociales de los docentes.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del
23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en el proceso 11001031500020230106300. En cuanto al fondo del asunto, alegó
que la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional,
fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020, y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto
2 Notificada el 21 de abril de 2023.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04552-00
Demandante: Ángela Ipuz Yague
de 20203, 24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio
de 20197, 2 de diciembre de 20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12
de noviembre de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115,
20 de enero de 202216, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 202218, 919 y 19 de mayo
de 202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223,
1924 y 2625 de enero de 2023.
Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.
5. Trámite procesal
Por auto del 30 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Huila y, como terceros con interés, al juez
segundo administrativo de Neiva, a la ministra de educación nacional, al presidente de
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01
(0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01
(4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01
(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino
Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-
00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de
noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01
(2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-
01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-
90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-
02 (4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01
(0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Ángela Ipuz Yague
la Fiduprevisora S.A. como vocero del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, y al alcalde del municipio de Neiva.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 5 de
septiembre de 202326.
6. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional. Expuso que la demandante usaba la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y que, además, la controversia
recaía sobre un asunto económico.
En cuanto a los defectos alegados por la demandante precisó que no se configuraban
y reiteró el desarrollo normativo y jurisprudencial hecho en la sentencia cuestionada.
Adicionalmente, sugirió la acumulación de «las tutelas masivas que, como el presente
asunto, manifiestan su inconformismo frente a la decisión de este Tribunal de confirmar las
sentencias de primera instancia con las cuales se negaron las pretensiones de reconocimiento
y pago de sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías de docentes
conforme al articulo 99 de la Ley 50 de 1990». Expuso que la primera acción de tutela que
conoció el Consejo de Estado contra ese tribunal fue la No. 11001-03-15-000-2023-
02154-00 y que, mediante sentencia del 14 de agosto de 2023, fue declarada
improcedente.
El juez segundo administrativo de Neiva solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional. Sostuvo que
de los argumentos expuestos por el actor se advertía que la discusión recaía sobre un
asunto meramente legal (aplicación de la Ley 50 de 1990) y que esa controversia ya
fue resuelta en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
las causales generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las
pretensiones de la demandante.
El jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Neiva pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela. Argumentó que la sentencia cuestionada ya resolvió
sobre los argumentos de la demandante y que volver a realizar el estudio vulneraría el
principio de estabilidad jurídica.
El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que, como se vio, fue
debidamente notificado.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, ponente de la decisión cuestionada,
pidió que la presente acción de tutela fuera acumulada al expediente
1001031500020230215400. Esa solicitud tiene como fundamento el número de
acciones de tutela que, según dice, se han presentado contra las sentencias de ese
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tribunal que confirmaron la decisión de denegar las pretensiones de reconocimiento y
pago de sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías de docentes.
Para resolver, conviene precisar que, de conformidad con el artículo 127 del Decreto
1834 de 2015, la acumulación de tutelas masivas procede cuando la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales provenga de la misma acción u omisión y se
pretenda la protección de los mismos derechos fundamentales.
En el caso concreto, la Sala estima que no es procedente remitir este proceso para
posible acumulación, por cuanto si bien la autoridad demandada y los derechos
presuntamente vulnerados son los mismos, las pretensiones en ambas tutelas son
distintas.
En efecto, en la acción de tutela de la referencia se pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 7 de marzo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001333300220220011601.
Por su parte, en la acción de tutela 11001031500020230215400 el actor pretende que
se deje sin efectos la sentencia del 21 de febrero de 2023, dictada por el mismo tribunal,
pero dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
41001333300220220002401.
Si bien las dos tutelas tienen como hecho común que se demanda a la misma autoridad
judicial, esa sola circunstancia no hace procedente la acumulación, pues, como se ve,
la presunta violación proviene de providencias judiciales diferentes. Es decir, la
solicitud de amparo no proviene de la misma acción de la autoridad judicial demandada,
requisito indispensable para que proceda la acumulación por tutelas masivas. Otra
cosa fuera si la vulneración alegada se derivara de la misma decisión judicial.
En consecuencia, se denegará la solicitud de enviar el expediente de la referencia para
acumulación. Cada acción de tutela puede tramitarse de manera independiente para
que, en sentencias separadas, el juez de tutela decida la pertinente.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la
señora Ángela Ipuz Yague para que se deje sin efectos la sentencia del 7 de marzo de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó la decisión de
denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos
en el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de la actora, la sanción moratoria prevista
27 Artículo 1°. Adiciónese una Sección 3 al Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1069
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, la cual tendrá el siguiente texto:
Sección. 3
Reglas de reparto de acciones de tutela masivas
Artículo 2.2.3.1.3.1. Reparto de acciones de tutela masivas. Las acciones de tutela que persigan la protección de los
mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión
de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de
competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas.
A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso
después del fallo de instancia.
Para tal fin, la autoridad pública o el particular contra quienes se dirija la acción deberán indicar al juez competente,
en el informe de contestación, la existencia de acciones de tutela anteriores que se hubiesen presentado en su
contra por la misma acción u omisión, en los términos del presente artículo, señalando el despacho que, en primer
lugar, avocó conocimiento, sin perjuicio de que el accionante o el juez previamente hayan podido indicar o tener
conocimiento de esa situación.
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en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto,
declarará improcedente la solicitud de amparo.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
3. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales28 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos29 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
4. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0030, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora
Ángela Ipuz Yague insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990
es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.
28 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
29 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
30 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Ángela Ipuz Yague
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 14 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
La parte demandante apeló la anterior decisión (f. 36 ED) solicitando se revoque y en su lugar se
acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso que conforme a la sentencia SU-098
de 2018 y precedente del Consejo de Estado 31 el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable
a los docentes, agregando que desde las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se estableció́
que los docentes se equiparan a los empleados públicos y por ello “les resulta aplicable el régimen
general en aquello que no se encuentre regulado en el régimen especial”, tal como ocurre con la
sanción moratorio por la consignación tardía de las cesantías “en el único fondo para trabajadores
de la educación” contenida en la disposición antedicha.
(…) Relacionó múltiples providencias del Consejo de Estado proferidas durante los años 2019 a
202232 en las cuales se aplicó́ el artículo 99 de la ley 50 de 1990 en favor de los docentes, arguyendo
que a dicha disposición se someten tanto los fondos privados como el Fonprema, “por eso insistió́ en
la importancia del decreto de las pruebas para que el juzgado tuviera pleno conocimiento de la fecha
exacta de la consignación (...) pero las misma fueron denegadas y cursa a la vez un recurso de
apelación ante este honorable Tribunal”.
Por su parte, en la acción de tutela, la señora Ángela Ipuz Yague insistió en que la Ley
50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción
moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de las sentencias de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron invocadas en la demanda
y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28 de junio de 2019, 28 de
abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022, 22 de
septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, en
providencia del 7 de marzo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
(…) el legislador con la Ley 50 de 1990 estableció́ una sanción económica para los eventos en que
se consigne extemporáneamente las cesantías para los trabajadores cobijados por el CST, no
obstante, con la Ley 344 de 1996 de manera diáfana extendió́ dicha sanción en favor de los
servidores estatales, excluyendo a los docentes quienes cuenta con un régimen especial de
reconocimiento y pago de prestaciones (incluyendo cesantías) como atrás se estableciera, lo cual
resulta suficiente para denegar las pretensiones de la demanda como lo hiciera el a quo
(…) Frente al alegado desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en el que se aplica la
Ley 50 de 1990 a los docentes, el Tribunal encuentra que todas las sentencias citadas tanto en el
escrito de demanda como en el recurso de apelación no constituyen precedente unificador de
carácter vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7o del CGP, razón
por la cual los citados pronunciamientos no se acogen
Como se ve, se trata de argumentos con los que la señora Ipuz Yague pretende
continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar el
régimen aplicable a las cesantías. Y si bien la actora está alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que
las citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
31 Cita del texto original: Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A, sentencia de enero 20 de 2022, Rad.
0800123330093101(1001-2021)
32 Cita del texto original: Radicados: 08001-23-33-000-2013-006666-01(0833-16), 7601-23-31-000-200900867-
01(4854-2014), 11001-315-000- 2018-03499-01, 080012333000201400173-01(1688-16), 08001-23-31-000-2014-
00254-01(4960-2017), 08001-23-31-000- 2014-00815-01(4979-2017), 19001-23-33-000-2015-00455-02(0483-20),
08001-23-33-000-2014-01127-01(1002-2021), 4001-23-40-000-2017-00134-01(2208-2020), 08001-23-40-000-
2015-9008-01(2387-2020), 08001-23-40-000-2014- 90022-01(5154-2016), 080001-23-33-000-2017-00931-
01(1001-2021), 08001-23-33-000-2015-0075-01(2660-2020) y 07001-23-40-000-2017-00795-01(2659-2020).
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04552-00
Demandante: Ángela Ipuz Yague
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades33.
Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
11001031500020230106300, que la demandante cita para demostrar la relevancia
constitucional de la acción de tutela, basta decir que esa decisión fue impugnada y
mediante auto del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto que admitió esa acción de tutela. De
modo que no puede utilizarse como argumento para fundamentar la relevancia
constitucional en el presente asunto.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50
de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer
aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales,
nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe
efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna
de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia
y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción
contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al
reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen
docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación
de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no
constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta
prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a
la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que
el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la solicitud de amparo
presentada por la señora Ángela Ipuz Yague.
33 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo
de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos
Girón y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho.
C.P. Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso
Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés
Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04552-00
Demandante: Ángela Ipuz Yague
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Denegar la solicitud de remitir el expediente de la referencia al proceso 11001-03-
15-000-2023-02154-00, conforme con lo expuesto en las consideraciones de esta
providencia.
2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Ángela Ipuz Yague, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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