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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04564-01

Fecha
17 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04564-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la tutela y, en su lugar, declarar improcedente la solicitud de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04564-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – falta de carga argumentativa. La parte actora
pretende reabrir un debate debidamente concluido por el juez natural de la causa, al no
estar de acuerdo con la decisión-El hecho que se invoca como transgresor de los derechos
fundamentales reclamados tiene su origen en una conducta omisiva de la propia parte
accionante.-No se acreditó perjuicio irremediable.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Luis Hernán
Muñoz Reyes en contra de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023, por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la acción de
tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 23 de agosto de 2023, Luis Hernán Muñoz Reyes, a través de apoderado
judicial, interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia–
Sala Cuarta, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso. Considera que tal prerrogativa fue vulnerada por la autoridad accionada
al proferir la sentencia del 22 de marzo de 2023 al interior del proceso de reparación
directa1 que promovió contra la DIAN.

2.- Según se ilustra en la demanda de tutela, las pretensiones en ella contenidas
se contraen a lo siguiente:

<< PRIMERO: Que se declare que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró
el derecho fundamental al debido proceso al señor Luis Hernán Muñoz Reyes con
la expedición de la sentencia 51 de 2023 de segunda instancia con radicado No
05001 33 33 007 2014 01738 01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior decretar la nulidad de la sentencia
51 proferida el 22 de marzo de 2023 con el radicado No 05001 33 33 007 2014
01738 01.

1 Identificado con radicado n°. 05001-33-33-007-2014-01738-00/01

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

TERCERO: Que se declare administrativamente responsable a la DIAN por los
daños causados al señor Luis Hernán Muñoz Reyes debido al procedimiento
negligente y arbitrario adelantado en su contra. >>2

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección
invocada y de las pruebas allegadas se tiene que:

4.- La DIAN inició proceso de cobro coactivo en contra del accionante por no
presentar la declaración de renta del año gravable 1997 y mediante las resoluciones
20010302002126 del 27 de junio de 2001 y 1100642004000070 del 17 de febrero
de 2004 libró mandamiento de pago por $21.598.984 y $349.707.000,
respectivamente y ordenó el embargo de bienes de propiedad del solicitante.

5.- El actor interpuso demanda de reparación directa en contra de la DIAN en la
que alegó que el embargo de algunos de sus bienes inmuebles con ocasión del
proceso de cobro coactivo le causó un perjuicio, pues como comerciante compraba
y vendía propiedades como medio de sustento.

6.- El 29 de noviembre de 2017, el Juzgado Séptimo Administrativo de Medellín
profirió sentencia de primera instancia y negó las pretensiones. Consideró que no
se acreditó daño antijurídico, pues los embargos ordenados en el procedimiento de
jurisdicción coactiva fueron causados por la negligencia del actor al incumplir el
pago de sus obligaciones tributarias.

7.- El accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia. Adujo que la DIAN no podía ordenar los embargos de los inmuebles de
su propiedad, pues al momento en que la entidad libró mandamiento de pago, el
cobro de la obligación tributaria había prescrito y por ello el procedimiento
administrativo se encontraba viciado de nulidad desde su inicio.

8.- El 22 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
decisión del A quo al estimar que en la demanda el accionante no presentó como
causa de su perjuicio la prescripción de la acción de la jurisdicción coactiva ni adujo
la nulidad de tal procedimiento en la demanda.

9.- En la solicitud de tutela el actor esgrime que el fallo del Tribunal
Administrativo de Antioquia adolece de defecto sustantivo, pues desconoce que en
su caso era aplicable el artículo 817 del Estatuto Tributario el cual establece que,
de manera oficiosa, procede la prescripción extintiva en materia tributaria en el
proceso de cobro coactivo y era la DIAN quien estaba obligada a decretar de oficio
esa prescripción. En consecuencia, la medida cautelar de embargo de sus bienes
era ilegal y le causó daños y perjuicios, pues los bienes salieron del comercio y
suspendieron su producción económica, generando un detrimento.

10.- Particularmente el accionante indicó que declarar un embargo derivado de
una obligación prescrita es un acto que un ciudadano no está en la obligación de
soportar y, por ello, la autoridad accionada fue arbitraria al negarle las pretensiones

2
Folio 19 escrito demanda de tutela.
2

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

del proceso de reparación directa, ya que el Tribunal no aplicó lo dispuesto de
manera oportuna el artículo 817 del Estatuto Tributario. Adujo que: “Limitar el
concepto de antijuridicidad del daño a una simple e insuficiente apariencia de
legalidad, es no motivar la sentencia en el punto esencial”.

11.- Sostuvo que la decisión del tribunal accionado además de transgredir el
derecho fundamental al debido proceso, desconoce el derecho a la propiedad en
cuanto no admite afectaciones injustas, como sucede cuando se decreta un
embargo por una deuda que había dejado de existir.

12.- Aseguró que esa vulneración le causó un perjuicio irremediable y que solo
cuenta con la solicitud de amparo para hacer valer de manera rápida sus derechos.

B. Sentencia de primera instancia

13.- El 14 de septiembre de 20233, la Sección Segunda del Consejo de Estado
negó la solicitud de amparo al considerar que había ausencia del defecto alegado.

14.- Estimó que el accionante no alegó la validez del título ejecutivo y la
prescripción de las obligaciones tributarias en el proceso de cobro coactivo y que
la autoridad judicial accionada, en ejercicio de los principios de autonomía e
independencia judicial, analizó las particularidades del caso.

15.- Consideró que no se configuró el daño antijurídico, pues la medida cautelar
se expidió en aras de dar cumplimiento a una obligación tributaria que estaba
pendiente por pago.

16.- Por último, afirmó que, aunque el accionante adujo que se configuró el
defecto sustantivo por inaplicación de una norma, el actor no mencionó qué norma
era.

C. La impugnación

17.- El accionante impugnó la decisión, manifestó su descontento con el fallo de
primera instancia, pues considera que, contrario a lo dispuesto por el juez de
primera instancia, en la solicitud de amparo si dejó claro que el defecto sustantivo
en el que incurre la autoridad accionada se funda en la inaplicación del artículo 817
del Estatuto Tributario.

18.- Además, reiteró los argumentos de la solicitud de tutela e indicó que:

(…) el hecho que soporta la acción de reparación directa, proviene de un
funcionario que no decretó la prescripción de la sanción. Allí ya hay un hecho
antijurídico, la omisión del funcionario. Después, y ahí se confunde la jurisdicción,
se obtiene un título ejecutivo que sirva de base para embargar.
(…)
No puede confundirse lo netamente procesal, esto es, un embargo obedeciendo
un título ejecutivo; con otro hecho, desde el cual se genera la posibilidad en

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Notificada el 22 de septiembre de 2023.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

reclamo de reparación directa. Ese hecho es la omisión en decretar la prescripción
de la sanción, por ser mandato que también se detalló con norma en mano, al citar
sin equívocos el artículo 817 del Estatuto Tributario.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

19.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19914.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

20.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes5: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de
tutela.

21.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que
trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el
ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional6.

22.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar tres elementos 7 : (i) Que el actor motive con suficiencia
argumentativa dicha relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar
la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones
de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional
y no meramente legal y/o económico..

4
“[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
6
Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

F. Análisis del caso concreto

23.- De acuerdo a lo indicado en el escrito de impugnación, corresponde
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que negó
el amparo. De entrada, la Sala advierte que el presente asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues en la solicitud de amparo no se justificó
la transgresión del derecho fundamental alegado. Además, es claro que la actora
pretende usar este mecanismo como una instancia adicional.

24.- La revisión del escrito de tutela permite advertir que la parte actora aduce
que la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia adolece de un supuesto
defecto sustantivo, pues desconoce la norma sobre prescripción extintiva en
materia tributaria (art. 817 estatuto tributario). Alega que no tenía el deber de
soportar la declaración de un embargo derivado de una obligación prescrita y
reprochó que “limitar el concepto de antijuridicidad del daño a una simple e
insuficiente apariencia de legalidad, es no motivar la sentencia en el punto
esencial.”

25.- En primer lugar, se advierte que el asunto no es de relevancia constitucional,
pues aunque en la solicitud de amparo se alega el debido proceso como derecho
fundamental vulnerado, no satisface una carga argumentativa suficiente para dar
cuenta de la presunta vulneración del derecho. Por eso, ante la exigua explicación
realizada por el actor, no es posible que la Sala realice un estudio de fondo sobre
el asunto, ello es evidente, pues no se desarrolla una posible lesión del núcleo
esencial de dicho derecho, sino que se afirma sin mayor fundamento que “el
elemento del debido proceso fue desconocido con la sentencia, pues no fue
imparcial sino arbitrario, ya que la aplicación sensata de la norma indicaba otra
cosa.” Esta manifestación se impone en tanto las sentencias judiciales están
dotadas de presunción de legitimidad, de manera que al ser expresión de la función
jurisdiccional del Estado, la posibilidad de acudir contra ellas en sede de tutela no
se satisface con el solo enunciado del desacuerdo con esta y ni siquiera con la
reiteración de los aspectos que fueron materia de debate, acompañados de
menciones a derechos y garantías constitucionales.

26.- Tampoco se considera que el asunto sea de relevancia constitucional, pues el
reproche principal versa sobre una inconformidad de la parte accionante con las
resultas de la decisión del juez de segunda instancia al negar las pretensiones del
proceso de reparación directa que el actor promovió, expresión que se soporta
únicamente en la insistencia que se tiene sobre la supuesta ilegalidad de la medida
cautelar de embargo.

27.- Aunque en la solicitud de tutela el actor indicó su desacuerdo con el Tribunal
Administrativo de Antioquia, pues a su juicio “limitar el concepto de antijuridicidad
del daño a una simple e insuficiente apariencia de legalidad, es no motivar la
sentencia en el punto esencial”, es claro que ese argumento no desarrolla ni
involucra un eventual desconocimiento del derecho fundamental de la parte actora
sino que por el contrario, ello es un mero desacuerdo de contenido legal sobre el
cual el juez constitucional no puede entrar a estudiar. Sobre esto, se resalta que la
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

acción de tutela no es el mecanismo principal, ni complementario al del control
ordinario y no tiene por fin revisar las inconformidades con la valoraciones del
debate judicial para definir como instancia final las razones del derecho que se
debaten.

28.- En ese punto, cabe recordar, el respeto al principio de autonomía judicial impide
al juez de tutela inmiscuirse en controversias interpretativas, pues su competencia,
según lo referido por la Corte en la sentencia T-416 de 2016, “se activa únicamente
en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la
providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad”, evento
que no se avizora en el sub examine, puesto que la autoridad judicial accionada
justificó de manera razonada los motivos por los cuales confirmaría la decisión de
primera instancia por la que se negaron las pretensiones. Así:

«La Sala al respecto considera que la posición del recurrente no es congruente
con las pretensiones de la demanda ni con la decisión de primera instancia.
Las pretensiones de la demanda se formularon con el fin de obtener el pago de
la indemnización por los perjuicios alegados, con el embargo y el remate de
algunos de los bienes propiedad del demandante, medidas cautelares que
fueron ordenadas por la DIAN en el procedimiento de jurisdicción coactiva.

El demandante no presentó como causa de su perjuicio, la prescripción de la
acción de jurisdicción coactiva por parte de la entidad administrativa, mucho
menos, que tal procedimiento estuviese afectado de nulidad desde su inicio.
Esta oposición al trámite administrativo debió realizarla el actor mediante el
proceso judicial de nulidad frente al acto administrativo que expidió la DIAN
(…), porque en este proceso de reparación directa no fue objeto de discusión
la validez del procedimiento de jurisdicción coactiva adelantado en contra del
actor.

(…) la medida cautelar de embargo, es legal, y procede con la finalidad de
evitar la enajenación del patrimonio del deudor, el cual está garantizando el
crédito insatisfecho.

El demandante no probó que durante el proceso de jurisdicción coactiva se
demandara ante la jurisdicción contencioso administrativa la validez del título
ejecutivo, con base en el cual se hubiese podido levantar las medidas
cautelares, y por lo tanto, como lo definió el a quo, la causa de los embargos
de los inmuebles fue el incumplimiento en sus obligaciones fiscales, lo cual
legitima a la entidad pública no sólo para adelantar el cobro coactivo, sino para
imponer las medidas cautelares con miras a lograr la satisfacción del crédito.
(El subrayado es nuestro)8»

29.- La Sala concluye que la deficiencia alegada en la decisión adoptada en
segunda instancia del proceso ordinario corresponde, a una mera discrepancia con
la valoración hecha por el tribunal accionado, quien estimó (i) que el recurrente
presentó argumentos en la apelación que no alegó en la demanda y por ello no son
susceptibles de ser estudiados y (ii) que no se configuró un daño antijurídico pues,
según lo visto, el demandante no probó que durante el proceso de jurisdicción
coactiva el actor demandara ante la jurisdicción contencioso administrativa la
validez del título ejecutivo.

8 Folios 7-9 y 10 de la sentencia del 22 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

30.- Así las cosas, no es de recibo el reproche del actor, pues siempre que se trate
de interpretaciones diversas y razonables, como la del Tribunal Administrativo de
Antioquia en este caso, el juez natural es el llamado a fijar aquella que mejor se
ajustó al caso que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de
su autonomía e independencia9.

31.- Además, la Sala encuentra que el hecho que se alega como vulnerador de los
derechos fundamentales que se invoca en sede de tutela, tiene su origen en un
actuar negligente u omisivo del actor, pues este en la demanda de reparación
directa se limitó alegar los perjuicios que se le causaron con ocasión al embargo de
los bienes inmuebles de su propiedad, mientras que en esta instancia advierte
como hecho novedoso del perjuicio reprochado la prescripción de la obligación
tributaria y que estaba afectado de nulidad desde el inicio. Por lo anterior, es claro
que el actor pretende traer argumentos nuevos en sede de tutela que no fueron
expuestos con la interposición de la demanda y así tratar de reabrir el debate
jurídico ya debatido en el proceso ordinario.

32.- Por último, si bien la actora también alegó al final de la solicitud de amparo que
el tribunal accionado le causó un perjuicio irremediable con la sentencia del 22 de
marzo de 2023, esta Sala advierte que el asunto no cumple con los presupuestos
de perjuicio irremediable planteados por la corte.

33.- Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la noción de
perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de
llegar a producirse no tendría ninguna manera de ser reparado, esto es, diferente a
la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es necesaria la
intervención urgente e inmediata del juez de tutela.

34.- Sobre la condición anotada, la Corte Constitucional ha trazado una serie de
criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es aquel (i)
que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que
el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto
supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de
los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela.”

35.- Con esta precisión, la Sala encuentra que en este caso no se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional, como mecanismo transitorio, en asuntos que no son de su
competencia, pues el accionante ni siquiera realizó una manifestación razonable y

9
Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia
iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No
se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que
no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas
del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de
indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de
los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho.
7

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04564-01
Demandante: Luis Hernán Muñoz Reyes
Demandado: Tribunal Administrativo del Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

detallada al respecto, por lo cual, no es posible flexibilizar el requisito de
subsidiariedad y analizar el asunto de fondo.

36.- En conclusión, como la solicitud de amparo no justificó con razones suficientes,
los motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor
del derecho fundamental de quien la promueve de cara a la definición que ha
adoptado el juez encargado de definir el derecho y tampoco se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
constitucional, la Sala declarará improcedente la presente solicitud de amparo.

37.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó la tutela y, en su lugar, declarar
improcedente la solicitud de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener
acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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