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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04569-01

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04569-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 28 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se accedió al amparo deprecado y, en su lugar, negarlo, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04569-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

15 de febrero de 2024

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 4 56 9- 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04569-01
Accionante: Evelis Mercedes Zuleta Maestre
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales dictadas en proceso ejecutivo,
mediante las cuales se declaró la ilegalidad del auto en el que se libró mandamiento
de pago y se confirmó esa decisión.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP) y el Tribunal
Administrativo de Cesar en contra de la sentencia del 28 de septiembre de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de la cual amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la accionante.

ANTECEDENTES

La señora Evelis Mercedes Zuleta Maestre promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y al debido
proceso, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cesar y
el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar.

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HECHOS

La actora manifestó que prestó sus servicios en la Registraduría Nacional del
Estado Civil durante más de 20 años, por lo cual Cajanal E.I.C.E. le reconoció
pensión de jubilación mediante Resolución UGM 034432 del 22 de febrero de 2021,
en cuantía de $ 981.685, a partir del 14 de noviembre de 2010, con fundamento en
la Ley 33 de 1985.

Que solicitó a la UGPP la reliquidación y pago de la pensión de jubilación, en cuantía
equivalente al 75 % de todos los factores salariales percibidos durante el último año
de servicios, conforme al artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la Ley 33 de 1985,
pero esa unidad le negó la petición, a través de la Resolución RDP 02944 de junio
de 2013, la cual fue confirmada por medio de la Resolución 037368 del 14 de agosto
del mismo año.

Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP,
con el fin de obtener la nulidad de los dos actos administrativos precitados, la cual
correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, el que,
mediante sentencia del 18 de diciembre de 2015, negó las pretensiones.

Que el Tribunal Administrativo del Cesar revocó la sentencia recurrida y, en su lugar,
declaró la nulidad de las resoluciones controvertidas y, en consecuencia, ordenó a
la entidad demandada reliquidar la pensión mensual vitalicia de vejez reconocida a
su favor, tomando como base el 75 % de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio, esto es, sueldo, bonificación por servicios, prima de
servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, alimentación y horas extras, sin
perjuicio de que pudieran descontarse los aportes correspondientes a los factores
sobre los cuales no se hubiera efectuado deducción legal.

Que el 26 de octubre de 2017 solicitó el cumplimiento de la anterior providencia,
pero la UGPP no acató lo ordenado porque descontó del retroactivo adeudado, con
inclusión de las mesadas adicionales de junio y diciembre, y de la indexación de las
sumas debidas el valor de $ 26.782.411,70, por lo que inició proceso ejecutivo en
contra de aquella, al cual le fue asignado el radicado 20001-33-33-001-2020-00036-
00.

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Que en el proceso mencionado precisó que no discutía el valor de la mesada
pensional reliquidada por la UGPP ni la diferencia obtenida respecto de la
reconocida inicialmente, sino el hecho de haber realizado el descuento mencionado
del retroactivo pensional y no haber pagado los intereses y la indexación
adeudados.

Que el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar ordenó al contador del
Tribunal Administrativo del Cesar realizar la liquidación y, con base en ella, libró
mandamiento de pago por la suma de $ 63.217.472, equivalente al valor total de
obligación, o de lo que resultara de la liquidación final, y reconocer los intereses
moratorios desde el día en que se hizo exigible la obligación y hasta su satisfacción.

Que la UGPP se opuso a las pretensiones con el argumento, entre otros, de que el
descuento realizado fue ordenado en la sentencia y que no existe una fórmula que
determine la manera en que deben hacerse los descuentos, pero sí debe tenerse
en cuenta que aquellos corren la suerte del pago de la reliquidación en el sentido
de indexarlos.

Que el 6 de julio de 2021 el Juzgado de conocimiento declaró la ilegalidad del auto
que libró mandamiento de pago del 9 de octubre de 2020 y lo negó, para lo cual
expuso que no se reunían los requisitos del título ejecutivo, al estar en debate la
legalidad de las actuaciones realizadas por la UGPP para dar cumplimiento a la
sentencia dictada; que, además, aquel sostuvo que si lo pretendido era discutir las
consideraciones de la UGPP al momento de realizar las deducciones, debía acudir
a los medios de control procedentes.

Que el 23 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
anterior decisión porque consideró que le asistía razón al a quo, al declarar la
improcedencia del medio de control ejecutivo para cuestionar la forma en que la
UGPP efectuó los descuentos por aportes pensionales, pues no se trata de una
discusión que surgiera del título ejecutivo.

Considera que con los autos del 6 de julio de 2021 y del 23 de febrero de 2023 el
Juzgado Primero Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del

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Cesar, respectivamente, incurrieron en los defectos procedimental, sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

En relación con el primero de los defectos mencionados, indicó que el juez de primer
grado declaró la ilegalidad del auto que libró mandamiento de pago, en «total
arbitrio» de las sentencias T519/05 y T715/10; desconociendo que esa figura no se
encuentra prevista en los códigos General del Proceso ni en el de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y basado en la sentencia del 30
de agosto de 2012, con ponencia del magistrado Marco Antonio Velilla Moreno,
cuyos hechos son distintos al del presente caso. Agregó que los operadores
judiciales debían expresar el error judicial que convertía en ilegal al auto de
mandamiento de pago.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, adujo que el Juzgado Primero
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar no tuvieron en
cuenta las sentencias T234/18; del 1 de agosto de 2013, radicado 44001-23-31-
000-2008-00150-01, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado; y la
proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de
Descongestión núm. 3 SL667-2023, radicación 92685, en las que se ha señalado
que cuando hay omisión en el pago de aportes respecto de algunos factores
salariales no es viable determinar un título pensional con base en cálculo actuarial,
como lo hizo la UGPP, y menos ordenar que el pensionado pague una parte porque
es una obligación exclusiva del empleador.

Que el Juzgado precitado restó importancia a esas providencias, especialmente a
la de la Corte Constitucional, al afirmar que la liquidación en la forma efectuada por
la UGPP garantiza el equilibrio financiero del sistema, cuando lo que se ordenó
fueron los descuentos. Agregó que la decisión del Consejo de Estado ni siquiera fue
mencionada por las autoridades judiciales, para al menos explicar porque se
apartaban de ese precedente.

En lo atinente al defecto sustantivo, manifestó que la orden de descontar los aportes
correspondientes a los factores salariales sobre los que no se hubiere efectuado
deducción legal no solo tuvo origen en la decisión del Tribunal Administrativo del
Cesar, sino en la propia ley, por lo cual los descuentos debían efectuarse en los
términos allí definidos, sin que su incumplimiento le reste claridad a la sentencia.

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Que el Tribunal no ordenó efectuar un cálculo actuarial del artículo 33 de la Ley 100
de 1993, sino el pago de los aportes a seguridad social en pensiones, en los
porcentajes previstos en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que corresponde al
valor de las cotizaciones que en cada época debía realizarse de acuerdo con el
salario del trabajador y las tablas o porcentajes de cotización vigentes, monto que
debía actualizarse confirma al índice de precios al consumidor.

PRETENSIONES

Solicitó dejar sin efectos los autos del 6 de julio de 2021 y del 23 de febrero de 2023
proferidos por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar y el
Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, en el proceso ejecutivo con
radicado 20001-33-33-001-2020-00036-00.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida el 30 de agosto de 2023 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto, que se
ordenó notificar al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar y al Tribunal
Administrativo del Cesar, como accionados; y a la UGPP, como tercero con interés.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo del Cesar, por conducto de su presidente, manifestó
que no se avizora arbitrariedad o contrariedad con el derecho en la decisión
controvertida en esta sede; precisó que le correspondió resolver el recurso de
apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la providencia del 6 de julio de
2021 dictada por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cali, mediante la cual declaró la inexistencia de un título ejecutivo claro y se abstuvo
de librar mandamiento de pago.

Que para decidir se apoyó en el artículo 422 del Código General del Proceso, según
el cual los documentos allegados con la demanda deben valorarse en conjunto, con
el fin de establecer si constituyen una prueba idónea de la existencia de una
obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante; en la doctrina, respecto
a las características del título ejecutivo; y en la jurisprudencia vigente.

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Señaló que la Sala que conoció el asunto advirtió que el a quo, a pesar de declarar
la improcedencia del medio de control para cuestionar asuntos que estaban
relacionados con la forma de liquidación de los descuentos por aportes pensionales,
estudió de fondo el litigio, al considerar los actos administrativos por medio de los
cuales la UGPP realizó esa liquidación acorde a derecho, por lo cual aquella recalcó
que el motivo del debate era determinar si el proceso ejecutivo era la vía adecuada
para reclamar los valores que según la ejecutante fueron descontados arbitraria y
excesivamente.

Adujo que el Consejo de Estado, en un asunto similar, en sede de tutela, en el que
se debatía la forma de aplicar los descuentos por aportes pensionales sobre
factores no cotizados, indicó que esas inconformidades debieron exponerse al
momento de apelar la sentencia de primera instancia y no ser discutidas por vías
judiciales distintas y menos en sede de ejecución.

Que estimó que le asistía razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia del medio de control ejecutivo para cuestionar la forma en que la
UGPP efectuó los descuentos por aportes pensionales, pues se trata de una
discusión que no surge prima facie del título de recaudo judicial, sino que se reclama
el pago de las diferencias de los aportes a pensión que fueron descontados a la
parte ejecutante como consecuencia de la condena judicial, por no estar de acuerdo
con la fórmula aplicada para dar cumplimiento a la orden, lo que se traduce en
situaciones nuevas que no fueron ventiladas en el título base de recaudo judicial.

Coligió que existió una ausencia de vulneración de derechos fundamentales en la
decisión adoptada por esa corporación a través de providencia del 23 de febrero de
2023, por lo que solicitó denegar la acción de tutela formulada.

El Juzgado Primero Administrativo de Valledupar allegó copia del expediente
ejecutivo, pero no rindió informe.

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POSICIÓN DEL VINCULADO

La UGPP, por intermedio de su subdirector de Defensa Judicial Pensional y
apoderado judicial, expuso que la acción de la referencia es abiertamente
improcedente, porque se utiliza como una tercera instancia del proceso ordinario,
en tanto, de un lado no se cumple el requisito de subsidiariedad ni existe un perjuicio
irremediable, y, de otro, lo pretendido es sustituir una decisión judicial ejecutoriada
proferida por el juez natural de la causa, quien negó lo solicitado, conforme a la
normativa y jurisprudencia aplicable.

Agregó que no se configuraron los defectos alegados, en tanto las decisiones
discutidas se fundamentaron en el principio de autonomía judicial, en la normativa
procedente y en lo probado en el proceso, sin que se vulnerara ningún derecho
fundamental, e indicó que la accionante se encuentra afiliada a Sanitas desde el 1.°
de marzo de 2021, por lo que no existe una transgresión a su seguridad social. Por
lo tanto, solicitó declarar la improcedencia de la tutela.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 28 de septiembre de 2023 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de la señora Evelis Mercedes Zuleta Maestre y, en
consecuencia, dejó sin efectos el auto del 23 de febrero de 2023 proferido por el
Tribunal Administrativo del Cesar y ordenó a este último dictar un auto de reemplazo
ajustado a lo allí definido.

Consideró que el juez del proceso ejecutivo no puede limitarse a verificar si la
sentencia es o no un título ejecutivo, pues este se conforma por la sentencia y por
el acto de ejecución, y la única manera del acreedor para obtener el pago completo
de su deuda es mediante un proceso ejecutivo, en el que el juez debe determinar si
el pago ordenado genéricamente en la sentencia fue bien liquidado en la resolución
en la que se dio cumplimiento, la cual no puede impugnarse, al tratarse de un acto
de ejecución.

Que la negativa del Tribunal Administrativo del Cesar de verificar esa situación
implicó una vulneración al derecho de acceso a la justicia de la accionante, pues los

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trabajadores no deben soportar un sinnúmero de obstáculos para obtener la
satisfacción plena de sus derechos.

IMPUGNACIÓN

La UGPP impugnó la sentencia de tutela y solicitó revocarla; para el efecto, expuso
que con el auto del 23 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo del Cesar no
vulneró los derechos fundamentales de la actora, puesto que el medio de control
ejecutivo no es procedente para cuestionar la forma en que efectuó los descuentos
por aportes pensionales, porque se trata de una discusión que no surge del título de
recaudo judicial, sino que lo reclamado es el pago de las diferencias de los aportes
a pensión que fueron descontados a la parte ejecutante como consecuencia de la
condena judicial, al atacar la fórmula tenida en cuenta para dar cumplimiento a la
orden judicial, lo que evidencia que se trata de situaciones nuevas que no fueron
ventiladas en el título base de recaudo judicial.

Que el proceso ejecutivo no es la vía idónea para cuestionar la forma en que se
efectuaron los descuentos por aportes pensionales a través de la Resolución RDP
047138 del 18 de diciembre de 2017, pues esa controversia no fue ventilada en el
título base de recaudo judicial y, por tanto, las sumas pretendidas por la accionante
no son claras a la luz del título ejecutivo, en los términos exigidos en el artículo 422
del Código General del Proceso.

Añadió que no puede confundirse el proceso ejecutivo con uno declarativo, donde
se deben decretar pruebas a efectos de reconocer un derecho, pues el primero tiene
como fin obtener la plena satisfacción de una prestación cierta, pero insatisfecha,
por lo que debe tenerse la certeza del derecho que le asiste al actor. Que en el
presente asunto no es clara la obligación, lo cual generó que se declarara la
ilegalidad del auto mediante el cual se libró mandamiento de pago.

Señaló que la acción es improcedente, pues no se cumple el requisito de
subsidiariedad, ni la existencia de un perjuicio irremediable o afectación al debido
proceso o a la seguridad social y lo pretendido por la actora es sustituir una decisión
judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa que fue adoptada
conforme a derecho, sin incursión en los defectos invocados y conforme a su
autonomía judicial, y lograr el reconocimiento de intereses meramente económicos.

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En consecuencia, solicitó revocar la sentencia impugnada y negar el amparo de los
derechos fundamentales reclamados.

El Tribunal Administrativo del Cesar a su vez recurrió la sentencia de primera
instancia, para lo cual sostuvo que la decisión adoptada en el auto cuestionado en
esta sede estuvo soportada en el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
para lo cual relacionó ocho providencias sobre la materia1. Añadió que la Sección
Quinta de esa corporación judicial, en proveído de tutela del 8 de marzo de 2018,
radicado 11001-03-15-000-2017-02562-01, en un asunto similar en el que se
debatía la forma de aplicar los descuentos por aportes pensionales sobre factores
no cotizados, indicó que esas inconformidades debieron señalarse al momento de
apelar la sentencia de primera instancia y no ser ventiladas por vías judiciales
distintas y menos en sede de ejecución.

Insistió en que se trataba de una discusión que no surge prima facie del título de
recaudo judicial, como lo es el pago de las diferencias de los aportes a pensión que
fueron descontados a la parte ejecutante como consecuencia de la condena judicial,
lo que se traduce en que se trata de situaciones nuevas que no fueron ventiladas
en el título base de recaudo judicial.

Mencionó que al estar en controversia asuntos que no surgen claramente de la
obligación que se ejecuta, el proceso ejecutivo no es la vía adecuada, por cuanto el
título deja de cumplir con el requisito de ser perfectamente claro y expreso en la
sentencia. Por consiguiente, solicitó que se revoque el fallo recurrido.

1
Sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A” del 9 de abril de 2014. Expediente No. 73001- 23-31-000-
2008-00510-01. Ponencia del doctor Luis Rafael Vergara Quintero; Sentencia de 9 de agosto de 1991 proferida
dentro del expediente radicado con el num.5934 (Sección Tercera, C.P. Dr. Julio César Uribe Acosta); de 15 de
agosto de 1996, dictada dentro del expediente No. 9932 (sección Segunda, C.P. Dr. Javier Díaz Bueno), y de 4
de septiembre de 1997, proferida en el proceso radicado con el No. 4598 (Sección Primera, C.P. Dr. Ernesto
Rafael Ariza Muñoz); Sentencia de diciembre 19 de 2005, Consejero ponente: Rafael e. Ostau de Lafont
Pianeta, Radicación número: 25000-23-24-000-2004-00944-01; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Sentencia del 19 de septiembre de 2002, exp. ACU-1486, M.P. María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado,
Sección Primera, Auto del 19 de diciembre de 2005, exp. 00944, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta;
Sentencia de noviembre 20 de 2008, Consejera ponente: LIGIA LOPEZ DIAZ, Radicación número: 25000-23-
27-000-2002-00692-01(16374); Sentencia de julio 21 de 2011, Consejero ponente: GUSTAVO GOMEZ
ARANGUREN, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-05142-01(1152-10); y Sección Cuarta, Consejo de
Estado, providencia de fecha 27 de junio de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-01763-00(AC), M.P JORGE
OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

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II. Caso concreto

En síntesis, la UGPP manifestó su desacuerdo con el amparo concedido en primera
instancia, porque consideró que no se superó el requisito de subsidiariedad; no se
vulneraron los derechos fundamentales de la actora; el proceso ejecutivo no es
procedente para cuestionar la forma en que efectuaron los descuentos por aportes
pensionales, al no haber sido ese aspecto analizado en el título base de recaudo
judicial y, por ende, no tratarse de una obligación clara; y no se incurrió en algún
defecto.

A su vez, el Tribunal Administrativo del Cesar expuso que la decisión cuestionada
estuvo soportada en el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado e insistió
en que se trata de una discusión que no surge prima facie del título de recaudo
judicial, por lo que el proceso ejecutivo no es la vía adecuada para definir esa
controversia.

Esta Subsección advierte que, en el presente asunto, contrario a lo alegado por la
UGPP, la parte accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial
ordinario o extraordinario para esgrimir los reparos aquí expuestos en contra del
auto del 23 de febrero de 2023 proferido por el Tribunal precitado, por lo cual la
acción de tutela es procedente para su estudio.

Resuelto ese argumento, se observa que en el proceso ejecutivo iniciado por la
señora Evelis Mercedes Zuleta Maestre contra la UGPP, el 6 de julio de 2021 el
Juzgado Primero Administrativo de Valledupar declaró la ilegalidad del auto
mediante el cual había librado mandamiento de pago y la inexistencia de un título
ejecutivo claro, se abstuvo de librar mandamiento de pago y levantó todos los
embargos y secuestros ordenados. La anterior decisión fue confirmada el 23 de
febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar, puesto que estimó que la
discusión relacionada con la forma en que se realizaron los descuentos por aportes
pensionales no surge prima facie del título de recaudo judicial.

Al respecto, esta Subsección considera necesario poner de presente que el Tribunal
aquí accionado soportó su decisión en las providencias del 27 de junio de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2019-01763-00, dictada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, y del 8 de marzo de 2018 proferida por la Sección Quinta de

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esta corporación, en las que además se hizo referencia a otros proveídos, en los
cuales se ha señalado reiteradamente que cuando un acto administrativo cree
situaciones jurídicas nuevas o distintas que vayan en contra de la sentencia que se
ejecuta es susceptible de control judicial.

Aunado a ello, se observa que el Tribunal Administrativo del Cesar analizó las
particularidades del caso y denotó que lo discutido por la parte accionante, esto es,
la forma en que debían realizarse los descuentos de los aportes a pensión era un
aspecto que excedía lo definido en el título base de recaudo judicial, por lo cual no
podía ser discutido mediante el proceso ejecutivo.

En criterio de esta Sala la anterior postura no resulta irrazonable ni arbitraria, sino
que, por el contrario, se encuentra justificada en la posición jurisprudencial sobre la
materia y en el ordenamiento jurídico, especialmente en lo atinente a los requisitos
que debe reunir el título ejecutivo para su reclamación, los que no se encontraban
cumplidos en este asunto y, por tanto, generaron la declaratoria de inexistencia de
un título claro y expreso que pudiera ser exigible a través de ese medio.

Igualmente, debe aclararse que no se configuran los defectos procedimental,
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial ni violación directa de la
Constitución alegados en el escrito de tutela inicial, puesto que tanto el Juzgado
como el Tribunal accionados explicaron y justificaron la razón para declarar la
ilegalidad del auto a través del que se libró mandamiento de pago, esto es, la falta
de las características de la obligación consistentes en ser expresa y clara.

Adicionalmente, se observa que la mayoría de los argumentos expuestos en esta
sede por la señora Evelis Mercedes Zuleta Maestre recaen en la forma en que, a su
juicio, debía efectuarse el cálculo de los descuentos, lo cual, de un lado, no fue
analizado por el Tribunal Administrativo del Cesar, al advertir que el proceso
ejecutivo no era el medio adecuado para ese efecto y, de otro, es el aspecto que
precisamente debe ser examinado mediante el medio de control procedente.

En consecuencia, al no encontrarse configurados los defectos alegados, se
revocará la sentencia del 28 de septiembre de 2023 dictada por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se accedió al amparo
deprecado y, en su lugar, se negará aquel.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 28 de septiembre de 2023 dictada por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
accedió al amparo deprecado y, en su lugar, negarlo, de acuerdo con la parte motiva
de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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