Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04571-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04571-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04571-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04571-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
17 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se
cumple en este caso, dado que se pretende usar la tutela como instancia adicional al
proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Marcelo Giraldo Álvarez
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 25 de agosto de 20231, el señor Marcelo Giraldo Álvarez interpuso acción de
tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de
igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia
proferida por esa autoridad judicial el 2 de febrero de 2023, mediante la cual se
negó el recurso de súplica contra el auto que se abstuvo de practicar un
testimonio en el trámite de segunda instancia. Formuló las siguientes
pretensiones:
PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales del señor MARCELO
GIRALDO.
SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el auto que resolvió el recurso de
súplica proferido por parte del CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN B y por medio del cual negó el decreto del
testimonio de la señora GLORIA LOZANO.
1
Se advierte que, el 11 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
TERCERA: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B declarar el testimonio de la señora GLORIA LOZANO, por
acreditarse los requisitos necesarios para ello.
CUARTA: ADOPTAR cualquier otra decisión que garantice los derechos
fundamentales de MARCELO GIRALDO
1.2. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
El 14 de septiembre de 2014 el señor Marcelo Giraldo Álvarez ejerció el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 0463 de
2014 expedida por la Fiscalía General de la Nación.
En el trámite del proceso, a solicitud de la parte actora, fue decretado el testimonio
de la señora Gloria Lozano, sin embargo, no fue posible su práctica, porque,
según lo narró el accionante, en algunas ocasiones, la deponente no asistió a la
citación, en otras, se aplazó la diligencia a solicitud de los apoderados, y
finalmente, el juez natural de la causa no avaló que se recibiera la declaración por
medios virtuales.
La parte accionante señala que ese testimonio es fundamental para establecer la
verdad real en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y por ello, en
su oportunidad, interpuso acción de tutela para que se ordenara su práctica, pero
se negaron las pretensiones, aludiendo a la posibilidad de que en segunda
instancia se escuchara la declaración.
Una vez se profirió la sentencia de primera instancia, negatoria de las
pretensiones, el aquí accionante presentó recurso de apelación en tiempo y
solicitó que se escuchara el testimonio pendiente, sin embargo, el ad quem
mediante auto del 19 de septiembre de 2022 negó su práctica. Como
consecuencia de lo anterior, el actor presentó recurso de súplica, que se resolvió
desfavorablemente por auto del 2 de febrero de 2023, notificado el 24 de febrero
siguiente.
1.3. Argumentos de la tutela
El accionante considera que la tutela cumple con todos los requisitos generales
para su procedencia contra una providencia judicial.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Esgrimió que el auto censurado, mediante el cual se resolvió el recurso de súplica
contra la providencia del 19 de septiembre de 2022, que negó la práctica del
testimonio de la señora Gloria Lozano en segunda instancia, incurre en defecto
sustantivo, porque desconoce lo preceptuado en el artículo 212 del CPACA.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el testimonio de la señora Gloria Lozano, se
solicitó oportunamente, se decretó por el a quo en el auto de pruebas
correspondiente, pero no se pudo escuchar en audiencia por razones ajenas a la
voluntad de la declarante, de fuerza mayor o caso fortuito.
Igualmente, considera que se desconocen los artículos 216 del CGP y 171 del
CPACA, que autorizan la práctica de testimonios a través de medios virtuales,
toda vez, que según lo afirmó en el escrito tutelar, el a quo dentro del proceso
ordinario no accedió a recibir la declaración de la testigo con ayuda de los medios
tecnológicos puestos a su disposición.
Insistió en que el testimonio de la señora Gloria Lozano es útil, pertinente y
conducente para resolver el problema jurídico planteado en el proceso ordinario, y
que cumpliéndose todas las ritualidades del artículo 212 del CPACA, el ad quem
debía practicar la prueba pendiente, pero en lugar de ello, se negó en forma
caprichosa y arbitraria, impidiendo que se obtenga la verdad, pese a los múltiples
esfuerzos adelantados por el demandante.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 15 de septiembre de 20232, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, como parte demandada, y al fiscal
general de la Nación, como tercero con interés, toda vez que la entidad que
representa intervino como parte demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento de derecho con radicado 25000- 23-42-000-2014-03929-01. Así
mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
2.1. El magistrado ponente de la providencia censurada informó que, revisado el
expediente, advirtió que en su momento el a quo prescindió de la prueba porque
tras haber citado a la deponente en cuatro oportunidades no fue posible escuchar
su declaración, unas veces por su inasistencia y otras porque los apoderados
solicitaron el aplazamiento. Esa decisión fue recurrida, y confirmada por el
2
Previamente, con auto del 1º de septiembre de 2023 se requirió a la abogada Martha Pabón Páez
para que aportara el poder otorgado por el accionante que la facultó para interponer la acción en su
nombre y representación.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
tribunal, conforme a lo visto en el sistema de gestión judicial SAMAI. Igualmente,
fue objeto de tutela, que se declaró improcedente en su oportunidad.
Agregó, que en segunda instancia el accionante insistió en la prueba, pero el
despacho la negó, porque fue decretada sin cumplir los requisitos de procedencia,
dado que no se explicó la necesidad, conducencia y pertinencia; y porque no se
cumplieron las exigencias del artículo 212 del CPACA, como quiera que, el
testimonio no fue practicado por falta de comparecencia de la testigo. La decisión
fue suplicada y confirmada con similares argumentos.
Por lo anterior, señaló que no advierte vulneración de derecho alguno y en su
sentir, la solicitud de amparo se encamina a reabrir el debate en una instancia
adicional, puesto que el asunto en ciernes ya fue decidido por el juez natural de la
causa en el escenario correspondiente.
2.2. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación solicitó
que se declare la improcedencia de la acción, toda vez que no se cumplen los
requisitos generales de procedencia, en especial porque no se advierte la
vulneración de derecho fundamental alguno y se trata de reabrir un trámite ya
surtido, con lo cual, dice, se desconoce la subsidiaridad de este mecanismo
constitucional.
2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Lo primero que la Sala deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta
exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos endilgados y, por ende,
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el accionante.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 2014 3, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
3
Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a
otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de
tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto
De entrada, la Sala anticipa que la presente tutela deviene improcedente porque
se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.
Concretamente, la parte actora considera que los derechos fundamentales
invocados fueron vulnerados por la autoridad accionada porque se negó a
4
Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
escuchar un testimonio, decretado en primera instancia, pero dejado de practicar,
en su sentir, por fuerza mayor o razones ajenas a la declarante.
Si bien la parte actora aduce no estar de acuerdo con la decisión de la autoridad
judicial, porque considera que se cumplen todas las exigencias establecidas en el
artículo 212 del del CPACA para que el ad quem reciba el testimonio, lo cierto es
que, no presenta un argumento contundente que desvirtúe la decisión tomada por
la magistrada sustanciadora el 19 de septiembre de 2022 y confirmada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver la súplica
mediante proveído del 2 de febrero de 2023.
Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
súplica y los propuestos en la solicitud de amparo, se evidencia que los
argumentos alegados en la tutela fueron invocados para continuar con el debate
jurídico que ya fue decidido por la autoridad judicial, consistente en que, desde la
óptica particular de la parte accionante, la autoridad accionada no podía negarse a
recibir el testimonio de la señora Gloria Lozano en segunda instancia, porque se
cumplen todas las exigencias del artículo 212 del CPACA.
En el siguiente cuadro se cotejan los argumentos expuestos en el recurso de
súplica y las razones que se esgrimieron en la solicitud de amparo, a fin de ilustrar
de mejor manera cómo la parte demandante está utilizando la tutela como
instancia adicional:
Argumentos de la súplica Argumentos de la demanda de tutela
(transcripción textual) (transcripción textual)
2.1. El testimonio de la señora Gloria 1.1. EL TESTIMONIO DE LA SEÑORA
Lozano debe ser practicado en el trámite GLORIA LOZANO FUE SOLICITADO
de la apelación. EN PRIMERA INSTANCIA Y NO FUE
PRACTICADO
En el auto objeto de recurso, se negó el
decreto y práctica del testimonio de la El [Art. 212 del] CPACA establece lo
señora Gloria Lozano por considerar que siguiente: (…)
no se acreditó el supuesto previsto en el
numeral 2 del artículo 212 del CPACA, De conformidad con lo anterior, la
esto es, que la práctica de la prueba norma es clara en señalar que, en el
decretada no hubiere podido realizarse trámite de la segunda instancia, el
sin culpa de la parte que la solicitó. magistrado puede decretar el testimonio
Concretamente señaló el despacho que siempre y cuando se haya solicitado en
la posibilidad de que el testimonio se primera instancia y éste no haya sido
hubiere practicado de forma virtual es practicado sin culpa de la parte que lo
una circunstancia potestativa del solicitó.
operador judicial, y que, por ello, la
imposibilidad de comparecer físicamente Ahora bien, téngase en cuenta que, en
a la diligencia por parte de la testigo el caso en concreto, dichos requisitos
configura una causa imputable al se encuentran acreditados de la
solicitante. siguiente manera:
Al respecto, se debe manifestar que, si En primer lugar, en el escrito de la
bien la dirección de las diligencias demanda, de manera clara y expresa
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
judiciales es un asunto potestativo del se solicitó el testimonio de la señora
operador judicial, tal potestad está GLORIA LOZANO con la finalidad de
prevista como mecanismo para acreditar la desmejora en la prestación
garantizar el acceso a la administración del servicio en la FISCALÍA GENERAL
de justicia y el debido proceso de los DE LA NACIÓN.
sujetos procesales. Lo que indica que,
aunque el juez es director del proceso, En segundo lugar, dicho testimonio fue
su actuar no puede ser arbitrario, y por el debidamente decretado a través del
contrario, sus facultades de dirección auto de pruebas en sede de segunda
deben ser destinadas a garantizar los instancia.
derechos sustanciales y a obtener la
verdad. Las potestades judiciales no En tercer lugar, el juez de primera
fueron otorgadas para crear barreras en instancia fijó fecha de audiencia de
la administración de justicia, ni para pruebas para la recepción del
obviar las herramientas tecnológicas que testimonio de la señora GLORIA
faciliten el acceso a la justicia. LOZANO para el día 22 de agosto de
2018. Ahora, en el caso en concreto, se
recuerda que la controversia relacionada En cuarto lugar, se evidencia que la
con esta prueba se debe a que, para el testigo, la señora GLORIA LOZANO,
momento de la diligencia, la testigo no pese a todos los esfuerzos realizados
pudo trasladarse a Bogotá, y que, para para la asistencia a la audiencia de
conjurar tal situación, este extremo con pruebas, no pudo asistir.
anterioridad a la audiencia le solicitó al
despacho la recepción del testimonio por La inasistencia de la señora GLORIA
medios tecnológicos. No obstante, el LOZANO se debió a la imposibilidad
Magistrado negó la posibilidad de absoluta de conseguir un vuelo directo
practicar el testimonio por tales medios de San José del Guaviare a la ciudad
por no contar con la disponibilidad de la de Bogotá en la fecha señalada.
sala con los elementos técnicos
requeridos. Ante esa negativa, este No obstante, con fundamento en el
extremo procedió a prestar sus medios artículo 171 y 216 del CGP, la testigo
tecnológicos, y a través de video llamada se conectó a través de un computador
conectó a la testigo a la diligencia, para portátil con conexión a internet, y
así garantizar el debido proceso y el también tuvo a su disposición rendir el
acceso a la justicia. No obstante los testimonio a través de su teléfono
esfuerzos antes expuesto, nuevamente, celular.
el Magistrado resolvió no practicar la
prueba. Dicha situación se le puso de presente
al TRIBUNAL, con la finalidad de que
En esa medida, se aclara que la prueba autorizara la recepción del testimonio a
no se practicó debido a que, través de los medios tecnológicos que
arbitrariamente, el Magistrado resolvió no considerara pertinente.
tener como válidos los medios digitales
que garantizaban la conexión de la Pese a dicha solicitud, el TRIBUNAL
testigo, quien para ese momento vivía en decidió prescindir del testimonio de la
San José del Guaviare. Así las cosas, la señora GLORIA LOZANO, es decir que,
prueba no se practicó por decisión del aunque el testimonio fue solicitado y
juez de instancia, quien, pese a contar decretado en sede de primera instancia,
con la presencia virtual de la testigo, el mismo no pudo ser practicado por un
decidió desconocer lo dispuesto en el hecho externo y ajeno a la parte actora.
artículo 216 del CGP. (…) (…)
Téngase en cuenta que, la
Como se observa, incluso previo a la imposibilidad de la señora GLORIA
regulación de emergencia sanitaria, ya el LOZANO de asistir presencialmente a
ordenamiento jurídico colombiano la audiencia programada para el día 22
preveía la posibilidad de la práctica de de agosto de 2018, es una fuerza
pruebas a través de medios electrónicos mayor o caso fortuito.
sin mayores exigencias más que aquella
de que no fuera posible la práctica Si bien la Subsección B, de la Sección
presencial, como en efecto ocurrió en Segunda, del Consejo de Estado
este caso.
De esa forma, que el manifestó que el auto que fijó la fecha
Magistrado decidiera no practicar la de audiencia se notificó mediante
prueba empleado una videoconferencia, estado del día 13 de julio de 2018, se
como la ley lo facultaba, impide que se le omitió valorar los siguientes aspectos.
pueda imputar a este extremo la culpa de
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
la no práctica de la prueba. De un lado, no se valoró en integridad
la circunstancia de que la señora
Es por ello que se solicita que de decrete GLORIA LOZANO para esa fecha se
el testimonio de la señora Gloria Lozano, encontraba en la ciudad de San José
especialmente por cuanto dicha prueba del Guaviare, circunstancia que es de
resulta vital para el proceso, toda vez especial relevancia, toda vez que, para
que la testigo rendiría declaración sobre esa fecha de agosto de 2018,
un hecho fundamental para el litigio: la solamente partían dos vuelos
desmejora del servicio. semanales con destino a la ciudad de
Bogotá.
Lo anterior implica que, debido a la
poca oferta de vuelos con destino a
Bogotá, sumado al poco tiempo para su
compra, resulta lógico que los precios
estuviesen tan altos que fuera
inasequibles para la testigo, como la
parte actora. Entonces, dicha
imposibilidad de asistir presencialmente
a la audiencia programada el día 22 de
agosto de 2018 representa y configura
una fuerza mayo y caso fortuito.
Observa la Sala que, frente a la situación aludida por la accionante se pronunció
claramente el ad quem en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
teniendo en cuenta que, en el auto proferido el 19 de septiembre de 2022, la
magistrada ponente dentro del proceso 25000-23-42-000-2014-03929-01,
discurrió:
13. En el presente caso, el Despacho observa que la petición probatoria fue
presentada el 20 de abril de 202211 y el auto del 21 de marzo de 2022 que
admitió el recurso de apelación12 interpuesto contra la sentencia del 30 de
julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca13 ,
fue notificado por estado del 8 de abril de 2022, esto es, dentro del término de
ejecutoria del auto que admitió la alzada. En consecuencia, se reúne el
requisito de oportunidad regulado en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
14. En el asunto objeto de estudio, la apoderada de la parte demandante
elevó solicitud probatoria, con el propósito de que se practique el testimonio
de la señora Gloria Lozano. Al respecto, el Despacho observa que la
testimonial se decretó en primera instancia; sin embargo, la referida prueba
no fue practicada en su oportunidad porque la testigo no compareció a la
diligencia el día y la hora fijada para adelantarla, aduciendo que se
encontraba en San José del Guaviare, lugar desde donde se dificultaba su
traslado a la ciudad de Bogotá.
5. Con el propósito de establecer la procedencia de la práctica de la
testimonial el Despacho, verificará si se acreditan los requerimientos
establecidos en el artículo 168 del Código General del Proceso (CGP), esto
es, pertinencia, conducencia y utilidad, superado el anterior examen se
procederá a establecer si la petición se circunscribe a alguno de los
supuestos de procedencia establecidos en el artículo 212 del CPACA.
16. Frente al primer, aspecto, el Despacho analiza el escrito de demanda y
observa que, en el acápite de pruebas, el testimonio se solicitó lo siguiente:
(…)
17. Al respecto, el Despacho establece que el Magistrado sustanciador del
proceso en el auto de pruebas, dispuso «Decrétense las siguientes pruebas: -
Solicitadas por la parte actora: […] 4) Decrétense los testimonios solicitados
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
en el capítulo de pruebas de la demanda, “B Testimonial” folios 396 a 401.».
Ello, pese a que la solicitud de la prueba testimonial no cumplió con los
requisitos para su decreto porque si bien se indicó que el objeto de la prueba
era el establecer la desmejora en la prestación del servicio en lo atinente al
cargo de subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión, no se explicó la
necesidad, conducencia y pertinencia del medio probatorio, esto es, el por
qué ese testimonio podía dar cuenta del hecho que pretendía demostrar.
18. Lo anterior, tal como lo ha determinado esta corporación, al pronunciarse
sobre las pruebas, en el sentido de indicar que: « […]. En el proceso judicial
se busca la verificación de los hechos expuestos por las partes, por lo tanto,
se deben desestimar aquellos medios de prueba que no ofrezcan información
si quiera relevante para el asunto en litigio. De ahí que, el artículo 168 ibídem
dispone que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas
ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las
manifiestamente superfluas o inútiles. […].
19. En gracia de discusión, el Despacho considera que la petición de pruebas
en segunda instancia, tampoco se circunscribe a alguno de los supuestos de
procedencia establecidos en el artículo 212 del CPACA, pese a que el
demandante sustentó su solicitud en lo establecido en su numeral 2°, esto es,
«Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este
último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les
falten para su perfeccionamiento.», como pasa a explicarse.
20. Al respecto, el Despacho observa que el testimonio de la señora Gloria
Lozano fue decretado en primera instancia por el operador judicial; sin
embargo, no se practicó por la falta de comparecencia de la testigo a la
diligencia el día y a la hora programada para adelantarla. Al respecto, la
apoderada del demandante alega que la testimonial se dejó de practicar sin
culpa de la parte que la pidió, toda vez que fue imposible la asistencia al
tribunal de la testigo, pues ella se encontraba en San José del Guaviare, lugar
desde el que se dificultaba su desplazamiento a la ciudad de Bogotá.
21. Frente a lo anterior, el Despacho establece que el auto de decreto de
pruebas de fecha 12 de julio 2018, fue notificado el día 13 de julio de 2018
para practicar el testimonio el día 22 de agosto de 2018, esto es, con una
antelación superior a un (1) mes. En consecuencia, el Despacho observa que
se dispuso con suficiente anticipación para que se concretara la
comparecencia personal de la testigo a la referida diligencia. Ahora, si bien se
alega que el testimonio debió practicarse de manera virtual, también lo es que
las normas que permiten la realización de esa manera son potestativas del
operador judicial, de manera que tampoco se reúne el presupuesto
establecido en el numeral 2º del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 que
posibilite su práctica en segunda instancia.
Estos argumentos esgrimidos por la magistrada sustanciadora en el auto proferido
el 19 de septiembre de 2022 fueron avalados por la Sala de Decisión, la que,
sobre el particular, en providencia del 2 de febrero de 2023, señaló:
Mediante escrito de 21 de octubre de 2022, la apoderada judicial del
demandante presentó recurso de súplica, con el fin de que se revoque el auto
de 19 de septiembre de 2022 proferido por la Magistrada Sandra Lisset Ibarra
Vélez que negó el decreto de pruebas en segunda instancia.
Inicialmente, sobre la oportunidad, se observa que la petición probatoria fue
presentada el 20 de abril de 2022 y el auto del 21 de marzo de 2022 que
admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 30 de julio
de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue
notificado por estado del 8 de abril de 2022, esto es, dentro del término de
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
ejecutoria del auto que admitió la alzada. En consecuencia, se reúne el
requisito de oportunidad regulado en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
Ahora bien, la controversia radica en la solicitud de la apoderada judicial de la
parte demandante, consistente en el decreto de las siguientes pruebas:
(i) la práctica del testimonio de la señora Gloria Lozano, aduciendo el numeral
2º del artículo 212 del CPACA, esto es, sin culpa de la parte que la pidió,
“cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este
último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les
falten para su perfeccionamiento”.
(…)
Para resolver, la Sala encuentra que la prueba testimonial fue decretada en
primera instancia; sin embargo, no pudo practicarse en su oportunidad porque
la testigo no compareció a la diligencia el día y la hora fijada para adelantarla,
aduciendo que se encontraba en San José del Guaviare, lugar desde donde
se dificultaba su traslado a la ciudad de Bogotá. De modo que, al analizar la
documental obrante en el expediente, se extrae que el auto que decretó
pruebas data del 12 de julio de 2018 y fue notificado al día siguiente, fijando
como fecha para la práctica del testimonio el 22 de agosto de ese mismo año,
esto es, con antelación superior a 1 mes de forma que se garantizara la
comparecencia de la testigo, y si bien, esa prueba podría haberse practicado
virtualmente, lo cierto es que, para ese momento, las normas que facultaban
al operador judicial para ese escenario son facultativas.
Además, si bien la prueba testimonial se pidió con el objeto de establecer la
desmejora en la prestación del servicio en lo atinente al cargo de subdirector
Seccional de Apoyo a la Gestión, no puede pasarse por alto que no se
manifestó la necesidad, conducencia y pertinencia del medio probatorio. De
forma que no se reúne el requisito alegado por la apelante (numeral 2º del
artículo 212 de la Ley 1437 de 2011).
De esta forma, la autoridad accionada dejó claro que la negativa para practicar el
testimonio de la señora Gloria Lozano en segunda instancia no es caprichoso,
arbitrario y menos aún ilegal, toda vez que, con fundamento en la legislación
vigente y aplicable, explicó con suficiencia que la solicitud de la prueba no cumplió
con los requisitos para ser decretada, por cuanto no se indicó la necesidad,
conducencia y pertinencia del medio probatorio.
Aunado a ello, y si en gracia de discusión se entendiera que la petición superó los
requisitos para decretar la prueba, la autoridad judicial estimó que no cumple las
exigencias contempladas en el artículo 212 del CPACA, habida consideración de
que el testimonio no se practicó en primera instancia porque la deponente no
compareció a la diligencia, pese a que se programó con un mes de anticipación.
Además, aunque las normas vigentes permitían al operador judicial atender la
diligencia de manera virtual, lo cierto es que era potestativo del magistrado
sustanciador recibir así la declaración, de manera que, al no hacerlo, no incurrió
en irregularidad alguna.
Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad accionada son razonables
y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional, el hecho de
que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04571-00
Demandante: Marcelo Giraldo Álvarez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente por las autoridades
judiciales accionadas.
Este mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses.
En suma, se concluye, que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga, por lo que se impone declarar improcedente la tutela, por cuanto
no cumplió el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Marcelo Giraldo Álvarez contra la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.