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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04571-01

Fecha
2 de febrero de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04571-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que declaró improcedente la solicitud de tutela de Marcelo Giraldo Álvarez contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B. 8 Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01 Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04571-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

2 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 11001-03-15-000-2023-04571-01

Solicitante: MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA-Requisitos de la solicitud. TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y
especiales de procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional
del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 17 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A,
que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 24 de agosto de 2023, Marcelo Giraldo Álvarez, a través de apoderada, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que alegó
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B al proferir el
auto del 2 de febrero de 2023 que negó el recurso de súplica contra la providencia
que se abstuvo de practicar un testimonio dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho1 que promovió contra el acto de la Fiscalía General de
la Nación que lo declaró insubsistente de un cargo.

1
Identificado con número de radicado: 25000-23-42-000-2014-03929-01.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

En virtud del amparo, se solicita dejar sin efecto la providencia reprochada y ordenar
que, en su lugar, se decrete el testimonio de Gloria Lozano en segunda instancia.

2. Hechos relevantes

El solicitante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que
se dejara sin efectos la Resolución 0463 de 2014 proferida por la Fiscalía General
de la Nación, que declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de Director
Seccional Administrativo y Financiero de Bogotá.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que en audiencia inicial del 11 de octubre de 2016 dispuso, entre
otros, el decreto del testimonio de Gloria Lozano. Sin embargo, dicha prueba no pudo
practicarse porque, además de varios aplazamientos de la diligencia, la testigo
residía en San José de Guaviare y el Tribunal no tenía disponible una sala para
recepción de testimonios de manera virtual, por ello, el 22 de agosto de 2018 el
Tribunal negó la práctica del testimonio. El solicitante presentó acción de tutela para
que la prueba se practicara en primera instancia, sin embargo, la solicitud de amparo
se negó porque no había certeza que la ausencia del testimonio implicara una
sentencia desfavorable para el solicitante.

En sentencia del 30 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con la decisión, la parte
demandante formuló recurso de apelación, admitido por auto del 21 de marzo de
2022. El 20 de abril siguiente, el señor Giraldo Álvarez pidió que se decretara el
testimonio de Gloria Lozano en segunda instancia.

El 19 de septiembre de 2022, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
profirió auto que negó la solicitud de pruebas en segunda instancia. El solicitante
formuló recurso de súplica que se negó por auto del 2 de febrero de 2023 y se notificó
a las partes el 24 de febrero siguiente.

3. Fundamentos de la solicitud

3
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

El solicitante sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, pues incurrió en defecto sustantivo al desconocer el artículo 212 CPACA, en
particular, la causal que permite decretar pruebas en segunda instancia cuando
fueron decretadas en primera instancia, pero no se pudieron practicar sin culpa de la
parte que las pidió. Indicó que la testigo se encontraba en San José del Guaviare,
por ello era difícil su desplazamiento a la ciudad de Bogotá.

Adujo que también se desconocieron los artículos 171 y 216 CGP, que permiten la
práctica de testimonios a través de medios virtuales, ya que el Consejo de Estado
señaló que la práctica virtual del testimonio era una circunstancia potestativa del
operador judicial y, en esa medida, era deber de la parte demandante procurar la
comparecencia física de la testigo a la diligencia. Sostiene que la decisión
reprochada es caprichosa y arbitraria, e impide obtener la verdad ya que la testigo
declararía sobre la desmejora del servicio causada por el acto demandado.

4. Trámite de primera instancia

El 1° de septiembre de 2023 se requirió al solicitante para que aportara poder
especial. Como el solicitante cumplió lo ordenado, el 15 de septiembre siguiente se
admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la autoridad judicial
accionada, así como a la Fiscalía General de la Nación en calidad de tercera con
interés.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección
B reiteró las razones que motivaron las decisiones judiciales que negaron la práctica
del testimonio, tanto en primera como en segunda instancia. Afirmó que no se
vulneraron los derechos fundamentales alegados y que la tutela pretende crear una
instancia adicional al proceso ordinario para reabrir el debate decidido por los jueces
naturales.

La Fiscalía General de la Nación pidió que se declare improcedente la tutela, pues
se encamina a reabrir un debate agotado en el proceso, no cumple los requisitos

4
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial y no advierte la
vulneración de derechos fundamentales o la amenaza de un perjuicio irremediable.

Mediante sentencia del 17 de octubre de 2023, el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A declaró improcedente la solicitud de amparo, pues no
satisface el requisito de relevancia constitucional. Adujo que la solicitud de tutela se
pretende usar como una instancia adicional al proceso ordinario, pues reitera los
argumentos presentados en el recurso de súplica y resueltos en el auto controvertido.
Asimismo, las razones expuestas por la autoridad judicial no fueron caprichosas,
arbitrarias o ilegales y, por ende, no merecen reproche constitucional.

El solicitante impugnó. Esgrimió que la tutela no pretende una instancia adicional,
sino la protección de sus derechos fundamentales. Indicó que “[s]i la tutela no
procediera contra asuntos definidos en el proceso entonces [se estaría ante una
imposibilidad general de ejercer tutela contra providencia judicial]” Reiteró los
argumentos expuestos en la solicitud. El 17 de noviembre de 2023 se concedió la
impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia del 17 de octubre
de 2023, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que
declaró improcedente el amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Nacional y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

5
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

La providencia reprochada negó el recurso de súplica interpuesto contra el auto que
negó la práctica de pruebas en segunda instancia, ya que (i) si bien la prueba
testimonial se pidió para establecer la desmejora en la prestación del servicio en lo
atinente al cargo de subdirector Seccional de Apoyo a la Gestión, no se manifestó la
necesidad, conducencia y pertinencia del medio probatorio; (ii) la testigo no
compareció a la audiencia de pruebas en primera instancia, a pesar de que se había
programado con más de un mes de antelación, por ello no reúne el requisito alegado
en el artículo 212.2 CPACA; (iii) las normas que facultaban al juez para practicar
pruebas por medios virtuales eran facultativas y, por ende, no obligaban al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a practicar el testimonio de este modo, y (iv) las
pruebas en segunda instancia no suponen reabrir las etapas procesales agotadas.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala advierte que los argumentos presentados por el solicitante no acreditan una
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales alegados, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y
esgrimen divergencias de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los
fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de
una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del
marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Asimismo, de las razones expuestas en la decisión cuestionada, la Sala advierte que
conforme al artículo 217 CGP la carga procesal de procurar la comparecencia del
testigo incumbe a la parte que haya solicitado el testimonio. De ahí que el solicitante
pretende usar la acción de tutela para corregir su conducta omisiva en el proceso
ordinario y trasladar sus deberes procesales al juez de la causa.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional y la Sala habrá de confirmar la sentencia del 17 de octubre
de 2023, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que
declaró improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de octubre de 2023 por el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que declaró improcedente la
solicitud de tutela de Marcelo Giraldo Álvarez contra el Consejo de Estado-Sección
Segunda-Subsección B.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2023-04571-01
Solicitante: Marcelo Giraldo Álvarez
Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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