Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04580-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04580-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04580-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
5 de octubre de 2023
Demandante: Mónica Perdomo Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00
Demandante: MÓNICA PERDOMO OROZCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales. Improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Mónica
Perdomo Orozco contra el Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Con escrito presentado el 25 de agosto de 20231, la señora Mónica Perdomo
Orozco, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales «al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a
la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis,
seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical».
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 20 de
junio de 2023, mediante la cual confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva del 13 de diciembre de 2022, al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por la
actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) y el departamento del
Huila, con radicado n.° 41001-33-33-002-2022-00177-01.
1 Por medio de la ventanilla virtual, acción identificada con número 7353.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Mónica Perdomo Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
(…)
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes: (…)2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Mónica Perdomo Orozco labora al servicio de la Secretaría de
Educación de Neiva.
5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó el 5 de agosto de 2021, ante el
FOMAG el pago de estas, así como de la sanción por mora.
6. Este último remitió la petición a la Fiduciaria La Previsora S.A. para que le
diera respuesta de fondo, sin embargo, no hubo contestación.
7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG y el departamento del Huila, con el objeto de que (i) se declarara
la nulidad del acto administrativo ficto negativo en mención, (ii) se reconocieran y
pagaran las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020, (iii) se pagara
la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de
2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) se
pagara la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de
los intereses sobre las cesantías.
8. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Neiva, en sentencia del 13 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda.
2 Transcripción literal que puede contener errores.
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9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo del
20 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo, para cual hizo un análisis de la
línea jurisprudencial. Estudio que concluyó con a la sentencia del 31 de marzo de
2023, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre los mismos supuestos
fácticos, que decidió declararla improcedente por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional, en los siguientes términos:
No existe un criterio unificado al interior del órgano de cierre de esta jurisdicción y en
los casos en los que se ha accedido a la sanción moratoria deprecada corresponde a
asuntos con otros supuestos fácticos, pues la Sección Segunda por favorabilidad ha
estimado viable beneficiarlos con esa penalidad; la Sección Tercera, ha declarado
improcedente el amparo constitucional (por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional) solicitado por aquellos a quienes en el trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se les han negado las súplicas; y la
Sección Quinta, también en acción de tutela, concluyó que los docentes, al ser
excluidos por el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, para el reconocimiento de la
sanción moratoria en cita, deben acreditar: (i) haberse vinculado al nivel territorial
desde el 31 de diciembre de 1996, y (ii) estar afiliado a un fondo privado de
cesantías3.
10. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 18 de julio de 2023.
1.4. Fundamentos de la vulneración
11. El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo del
Huila no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso concreto, dado que ella
pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y
344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación generaba la
sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.
12. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la
Constitución y defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo superior,
los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su
desarrollo jurisprudencial en todo momento.
13. Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el
pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es
protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,
teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de marzo de 2023 proferida
dentro de la acción de tutela promovida por María Cristina Díaz Bahena contra el Tribunal
Administrativo del Quindío. Expediente 11001-03-15-000-2023-00518-00.
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las cesantías».
14. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17
de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.
15. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 204
4 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
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Demandante: Mónica Perdomo Orozco
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG y por
tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los
docentes oficiales.
16. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento
fue interpuesta como una tercera instancia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
17. La magistrada ponente en auto del 14 de septiembre de 2023: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila,
y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
administrado por la Fiduprevisora S.A.; al departamento del Huila; a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva.
18. Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto
López, en calidad de apoderado judicial de la señora Mónica Perdomo Orozco.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila
19. El secretario general envió copia digital del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin realizar ninguna consideración adicional.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
20. El juez ponente, de este despacho, solicitó que se declare la improcedencia de
la acción, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, porque lo
que pretende la accionante es convertir esta acción de tutela en una instancia
adicional del proceso ordinario, máxime cuando los argumentos planteados son
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04580-00
idénticos.
21. Precisó que los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales relacionados
por la parte actora, fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia,
en donde se examinaron las sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa y se identificó que fueron situaciones jurídicas especiales
en las que no se enmarca la de la actora.
22. Consideró que la demandante lleva a cabo una interpretación sesgada y
parcializada de la jurisprudencia citada y que omitió que en ellas se afirmó que:
a los docentes oficiales no se les aplica la Ley 50 de 1990, para efectos de las
cesantías y sus intereses, como quiera que dichas normas fueron extendidas por
disposición del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, únicamente a los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, que no se equiparan a los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1990 y que sus prestaciones sociales como las
cesantías, son administradas por el FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la
de aquellos fondos privados creados por la mencionada ley.
23. Respecto a los fallos, invocados por la actora, proferidos por diferentes
Tribunales Administrativos y otros despachos judiciales, señaló que no constituyen
precedente judicial.
1.6.3. Fiduprevisora S.A.
24. La coordinadora de tutelas de la entidad, en calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, pidió ser desvinculada por carecer de
competencia frente a las pretensiones de la demandante y solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con las causales genéricas y
específicas de procedibilidad. Además, señaló que la accionante hizo una indebida
interpretación de la jurisprudencia relacionada con las cesantías del FOMAG.
25. Agregó que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las
entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán
administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta
modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades
administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG,
que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por
tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, y los
valores que corresponden a las cesantías no se consignan, pues están
presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.
26. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley
50 de 1990, artículo 99, para el escenario del FOMAG, ya que lo que castiga la ley
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en mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes, se descarta algún
tipo de sanción.
27. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la
Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas
en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para
la accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se
cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la
consignación de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible
que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede
ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una
consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.
1.6.4. Gobernación del Huila
28. El apoderado del departamento solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, pues lo que busca la
accionante es dejar sin efectos la providencia referida para que se profiera una
nueva y así obtener el pago de la sanción por mora, lo que constituye una pretensión
de carácter económico, que a su vez se deprende de una discusión de orden legal
propia del proceso ordinario, que ya cuenta con sentencia ejecutoriada.
29. Hizo un recuento de los hechos e indicó que a aquellos docentes vinculados a
partir del 1.° de enero de 1990 las cesantías se reconocerán anualmente y sus
intereses serán consignados en la cuenta individual que para el efecto tiene el
FOMAG para cada docente, y no prevé de forma concreta un plazo o fecha fija
conforme lo expresan las disposiciones contenidas en el numeral 3.° del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, norma que está prevista para empleados privados, sin que
pueda hacerse una aplicación mixta de la misma.
1.6.5. Ministerio de Educación Nacional
30. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional,
luego de hacer un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial pidió que se declarara improcedente porque no se cumplían los requisitos
generales de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional, ni se habían
afectado derechos fundamentales con las sentencias cuestionadas.
31. Destacó que no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia; y que se
trata de una controversia de naturaleza estrictamente económica.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Mónica Perdomo Orozco, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.
2.2. Solicitud de desvinculación
33. La Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación por carecer de competencia
frente a las pretensiones de la demandante, sin embargo, esta petición será negada,
en tanto, la vinculación al proceso se realizó en calidad de tercera5, y no como la
entidad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en
atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite.
2.3. Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la relevancia constitucional?
35. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al
«al debido proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial
vertical» de la señora Mónica Perdomo Orozco, con ocasión de la sentencia
del 20 de junio de 2023 que negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías?
36. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
5 Al haber conformado el extremo pasivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que fue proferida la providencia cuestionada mediante este mecanismo constitucional.
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(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) estudio
del caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
6
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su
procedencia8.
38. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
39. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
40. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional9
41. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional al no cumplir
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202210.
42. De acuerdo con la postura unificada del Consejo de Estado, la acción de tutela
contra providencias judiciales es de carácter excepcional11. Esto quiere decir que la
procedencia de este dispositivo está supeditada a que se formule en clave de
infracción de las garantías superiores de quien acude al sistema de justicia. Por lo
tanto, la intervención del juez constitucional no es oficiosa, sino que está limitada al
estudio de los yerros identificados en el recurso de amparo12. Lo anterior encuentra
fundamento en los principios del juez natural, de cosa juzgada y de autonomía e
independencia judicial13.
43. En este sentido, la Sección Quinta14 ha explicado que la revisión de las
decisiones judiciales en sede de tutela, implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección de la actuación impugnada15. De esta manera, la actuación del juez
constitucional está restringida a aquellos asuntos que tengan como objeto interpretar,
9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
10 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 Corte Constitucional, SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019, SU-573
de 2017, T-458 de 2016 y C-590 de 2005.
13 Recientemente, en la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que el requisito de la
relevancia constitucional tiene tres finalidades: “i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”.
14 La Sección Quinta ha acogido la postura reiterada de la Corte Constitucional en las sentencias T-
240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-
267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de 2017.
15 Por ejemplo, la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de
algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el
juez natural de la causa. Cfr. Sentencia del 29 de septiembre de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-
03365-01.
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aplicar, desarrollar o fijar el alcance de un derecho fundamental16. Dicho de otra
manera, para que haya lugar a la revisión de una providencia judicial, es preciso que
se demuestre que esta es incompatible con el ordenamiento superior17.
44. En las decisiones recientes de la Corte Constitucional se ha señalado que la
valoración del presupuesto de la relevancia constitucional también exige que la
autoridad judicial evalúe los hechos, la decisión cuestionada y el problema jurídico
puesto a su consideración18. Esto para determinar si la providencia censurada tiene
la virtualidad de afectar de manera desproporcionada las garantías superiores. Por lo
anterior, están descartadas aquellas cuestiones encaminadas a reabrir el debate
judicial, a una discusión meramente legal o de contenido patrimonial19.
45. A partir de los derroteros planteados por la Corte Constitucional en fallos
recientes y acogidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado20, se extrae que la
acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y procede ante la
afectación desproporcionada de los derechos fundamentales, por lo que se excluyen:
(i) los argumentos que no se encaminan a definir el alcance, contenido y goce de las
garantías iusfundamentales21; (ii) las pretensiones que son de contenido
económico22; (iii) las discusiones encaminadas a reabrir el trámite procesal o para
agotar una instancia judicial adicional23; (iv) los cuestionamientos dirigidos a discutir
aspectos legales24; y (v) cuando el recurso de amparo tiene origen en la propia
negligencia del accionante25.
46. Con base en los anteriores criterios, le corresponde al juez constitucional
verificar la relevancia constitucional del caso bajo estudio.
16 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-439 de
2017.
17 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022,
SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de
2017, entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022,
SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de
2017, entre otras.
19 Corte constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-439 de
2017.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de
noviembre de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-05186-00.
21 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021 y SU573 de
2019.
22 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, SU-134 de 2022, SU-103 de
2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019, entre otras.
23 Corte Constitucional, sentencias SU-134 de 2022, T-131 de 2022, SU-128 de 2021, T-131 de 2021
y SU-573 de 2019, entra otras.
24 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, T-131 de 2022,
SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
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2.6. Caso en concreto
47. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
48. La controversia propuesta por la señora Mónica Perdomo Orozco no tiene
relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que versa sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías en un proceso
judicial que resultó desfavorable a sus intereses.
49. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.
50. Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos
fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho falló se indicó:
Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento
de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la
intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de
los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo
vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo
laboral con el Departamento del Atlántico (…)
51. En efecto, los argumentos de la accionante, independientemente bajo qué
yerros fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria
por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99
de la Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliada al FOMAG, es
decir que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza
económica.
52. Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en
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un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo
cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU-
098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos
fácticos y jurídicos diferentes al puesto bajo su examen, con lo que se observa que
introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.
53. Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
54. Conforme lo anterior, la pretensión de la accionante refleja un inconformismo
con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no
implica una trasgresión de los derechos fundamentales.
2.7. Conclusión
55. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A., de
acuerdo con la motivación precedente.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Mónica Perdomo Orozco.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14
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