Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04585-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04585-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04585-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04585-01
Demandante: Ruth Dery Gamboa Chala
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04585-01
Demandante RUTH DERY GAMBOA CHALA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Ruth Dery Gamboa Chala, contra la
sentencia del 22 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Ruth Dery
Gamboa Chala en contra del Tribunal Administrativo del Huila, atendiendo a los motivos
expuestos en las consideraciones de esta providencia”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de agosto de 20231, Ruth Dery Gamboa Chala, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. 5, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
en la sentencia proferida el día 5/9/2023 (sic), en el expediente rad. No.
41001333300320220017001, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE
AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL,
A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados
de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la
jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los
derechos fundamentales por parte del accionado.
1 Fecha de presentación por ventanilla virtual.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda […]”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Ruth Dery Gamboa Chala se desempeña como docente en el
departamento del Huila, vinculada con posterioridad al 1º de enero de 1990.
2.2. Sostuvo que en el año 2021 no lo le fueron consignadas las cesantías por parte
del Ministerio de Educación en calidad de empleador al Fomag, por el periodo
correspondiente al año 2020.
2.3. El 26 de julio de 2021 solicitó al Fomag el pago correspondiente y el
reconocimiento de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, frente a lo que no se pronunció la administración, por lo que se
configuró el silencio administrativo negativo.
2.4. Por lo anterior, la señora Ruth Dery Gamboa Chala presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y el Departamento del Huila, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto administrativo ficto negativo mediante el cual se
negó la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías.
2.5. El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva conoció en primera instancia el
asunto, bajo el radicado Nro. 41001-33-33-003-2022-0170-00 y en sentencia
del 25 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por
considerar que la sanción por mora por consignación tardía de las cesantías
no era aplicable para los docentes afiliados al FOMAG, pues que estos tenían
una norma especial que regulaba la materia en la que no estaba contemplada
dicha sanción, entre otras razones.
2.6. La anterior providencia fue apelada por la parte demandante. Mediante
sentencia del 9 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de
Decisión Nro. 5, confirmó la decisión del juzgado.
Indicó que la sentencia SU-098 de 2018 no resultaba aplicable como lo
pretendía el recurrente, en la medida que regulaba una situación fáctica
distinta, lo que difería del caso de la accionante quien siempre estuvo afiliada
al Fomag y por tanto gozaba de un régimen especial.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de
relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos
fundamentales vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria y la protección de principios constitucionales como la seguridad
jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad. Y agregó que “[…] no se podrá
entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por
cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante […]”.
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Seguido, argumentó que, al proferir la sentencia de 9 de mayo de 2023, el
Tribunal Administrativo del Huila incurrió en violación directa de la
Constitución, por el desconocimiento del artículo 53 constitucional, que
consagra el principio de favorabilidad. Sobre ese punto, mencionó que han
existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional ha aplicado el
régimen general a personas que están amparadas bajo un régimen especial,
sin que tal situación conlleve al desconocimiento del principio de
inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores
públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector
oficial.
Luego manifestó que el Tribunal Administrativo del Huila desconoció 22
sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50
de 1990 sí es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después
del 1 de enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de
2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la
obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a
dicho fondo a más tardar el 15 de febrero de cada año.
Por ende, manifestó que se pasaron por alto los principios de igualdad,
confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el
desconocimiento de tales decisiones judiciales, muchas proferidas entre el año
2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualmente,
se refirió a las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de
sus apartes:
N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente
1 SU del 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
2 Sentencia de 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
3 Sentencia de 17 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04617-01 Nicolás Yepes Corrales
4 Sentencia de 28 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04679-01 Roberto Augusto Serrato Valdés
5 Sentencia de 29 de julio de 2019 11001-03-15-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales
6 Sentencia de 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
7 Sentencia de 10 de junio de 2020 08001-23-33- 000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
8 Sentencia de 22 de octubre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00254-01 William Hernández Gómez
9 Sentencia de 12 de noviembre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00132-01 William Hernández Gómez
10 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández
11 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33- 000-2015-00331-01 César Palomino Cortés
12 Sentencia de 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez
13 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
14 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez
15 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez
16 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández
17 Sentencia de 20 de enero de 2022 08001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández
18 Sentencia de 3 de marzo de 2022 08001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez
19 Sentencia de 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter
20 Sentencia de 9 de mayo de 2022 08001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
21 Sentencia de 19 de mayo de 2022 47001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
22 Sentencia de 1 de julio de 2022 47001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
23 Sentencia de 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-015-00509-01 César Palomino Cortés
24 Sentencia de 22 de septiembre de 2022 08001-23-33-000-015-90124-01 César Palomino Cortés
25 Sentencia de 19 de enero de 2023 76001-23-31-000-2012-00212-02 William Hernández Gómez
26 Sentencia de 26 de enero 2023 47001-23-33-000-2018-00231-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
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A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar
un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía
unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe
sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por las
dos secciones que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin
embargo, la unidad de caja sostuvo, solo implica que los recursos de salud
pueden utilizarse para pagar pensiones y cesantías de los docentes, pero no
desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías.
Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-
332 de 2019 y SU-041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó una
transcripción de algunos de sus apartados.
Reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia,
lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU-098 de 2018 la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron una interpretación
favorable, en el sentido de indicar que a los docentes oficiales sí les aplica la
Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías.
Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades
involucradas, que en la Sentencia SU-098 de 2018 se estudian supuestos
fácticos diferentes al presente.
Agregó que en el año 2006 jurisprudencialmente se argumentó que la
aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989
generaba una violación al principio de inescindibilidad. Sin embargo, aseguró
que tal principio no se transgrede, puesto que no se aplican de manera
fragmentada los contenidos normativos, de distintas fuentes, que más
favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el
régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no
consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general,
es decir a la Ley 50 de 1990.
También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los docentes que no han sido
afiliados al FOMAG, mas no para aquellos que sí pertenecen a este. Al
respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de
1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán
afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara
sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos
consignados por el empleador.
Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por tribunales y juzgados
administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento
de la sanción moratoria solicitada por la parte actora.
3.2. De otro lado, la parte actora expuso una serie de razones por las cuales
consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de
cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza
extemporáneamente.
Al respecto, la parte actora efectuó un recuento normativo sobre la regulación
de las cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la
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Ley 6 de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de
1990. Con base es en este, afirmó que el Gobierno Nacional, las entidades
territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo
Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de
consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021,
independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado
de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990.
Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para
docentes, puesto que “las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de
la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única
diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF
sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa
como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS
INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES
DESDE 1968”.
Indicó que el supuesto régimen especial es inexistente, puesto que la Ley 91
de 1989 asignó la competencia de la consignación de los recursos al FOMAG
y las cuantías. Y sostuvo que el presunto régimen especial de docentes no es
más favorable, pues la liquidación de intereses es menor que la de los demás
servidores públicos.
Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual: “Los
docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley” era dar
un tratamiento igualitario tanto a los maestros que ya eran nacionales afiliados
al Fondo Nacional del Ahorro.
En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos
Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045
de 1978 y las demás normas expedidas con posterioridad, es decir la Ley 50
de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de
consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el
15 de febrero de cada anualidad.
Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsora hayan asumido la
postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15
de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los intereses del Ministerio
de Educación Nacional.
4. Trámite impartido
4.1. Mediante auto de 28 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y se vinculó en calidad de
terceros a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al Departamento del Huila
quienes actuaron como parte demandada y, al Juzgado Tercero Administrativo
de Neiva quien emitió la sentencia de primera instancia en el proceso ordinario.
4.2. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. 5, rindió informe
en el que manifestó que el defecto al que aludía la parte actora en el proceso
se circunscribía al desconocimiento de las normas invocadas como sustento
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de las pretensiones en el proceso ordinario, lo que implicaba la reiteración de
las pretensiones de la demanda y hacía que la acción de tutela fuera
improcedente.
Que la decisión emitida por el Tribunal tenía como soporte el caudal probatorio
recopilado en la demanda ordinaria, así como la verificación y aplicación de
las normas. Por lo anterior, pidió que se niegue el amparo solicitado.
4.3. La Fiduprevisora S.A., rindió informe en el que sostuvo que de conformidad
con el Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los
recursos para el pago de las cesantías.
Sin embargo, dijo que las cesantías de los docentes no se administran en
cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración corresponde
exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la
Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este último, por el
contrario, se creó mediante la Ley 91 de 1989 y se rige bajo el principio de
unidad de caja.
Explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes. Por
ende, “anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías,
ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada
vigencia, bajo el principio de unidad de caja”. E indicó que la liquidación anual de
cesantías se comprueba con los comunicados que emite dirigidos a las
diferentes secretarías de educación certificadas y a los encargados de las
oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la
fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera
nómina de cada vigencia.
En consecuencia, aseveró que es imposible jurídicamente crear cuentas
individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio
de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de
“consignación de cesantías” pues los docentes tienen la posibilidad de retirar
sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por
lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se
da consignación tardía en las cuentas individuales; lo cual no ocurre en el caso
de los docentes.
De otra parte, señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el
precedente judicial, puntualmente la Sentencia SU-098 de la Corte
Constitucional, puesto que en ese caso la sanción moratoria reclamada
devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del
docente al FOMAG y, consecuentemente, tampoco efectuó el pago de las
cesantías. En cambio, lo solicitado por la tutelante es la sanción moratoria por
la consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en
la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente
a lo cual, reiteró “es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la
administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta
imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada
afiliado”.
Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes
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judiciales vinculantes para la decisión adoptada. Por lo expuesto, solicitó se
declarara improcedente la acción y ser desvinculado del presente.
4.4. El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, se pronunció e indicó que en
la providencia cuestionada se analizaron todos y cada uno de los cargos de
nulidad planteados por la accionante en sede ordinaria y que no se desconoció
ni se pretermitió examinar ninguna norma o precedente jurisprudencial
vinculante. Remitió enlace del expediente digital del proceso ordinario.
4.5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG”,
indicó que no era posible la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990,
artículo 99, para el escenario del FOMAG. Que la sentencia SU-098 de 2018
de la Corte Constitucional era interpretativa y los pronunciamientos del
Consejo de Estado citados por la parte demandante decidían casos
particulares y concretos en donde las pretensiones no habían prosperado por
estar prescritas.
Sostuvo que no se vulneraban derechos fundamentales, que las autoridades
judiciales que intervinieron en el proceso actuaron de conformidad con las
normas y que no se desconoció precedente vertical alguno, razón por la que
pidió se declarara la improcedencia de la presente acción.
4.6. El Ministerio de Educación Nacional y el Departamento del Huila, no se
pronunciaron en esta oportunidad
5. Providencia impugnada
En sentencia del 22 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente la solicitud de amparo.
Advirtió que, revisado el recurso de apelación presentado en el proceso ordinario y
la demanda de tutela, se trataba de los mismos argumentos, que la tutelante acudió
a la tutela con el objeto de reabrir un debate ya superado y sobre el que la autoridad
judicial realizó el correspondiente análisis, sin que se configurara arbitrariedad,
irracionabilidad o capricho del funcionario en la definición del derecho reclamado.
Por lo anterior, consideró que la tutela no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional y, en consecuencia, declaró improcedente el amparo solicitado.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito
de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si asistió razón al juez de tutela de primera instancia
en declarar improcedente la presente acción por no cumplirse con el requisito de
procedencia de la relevancia constitucional.
De encontrar que este requisito si fue satisfecho, teniendo en cuenta los
antecedentes del caso y el escrito de impugnación, corresponderá analizar si al
proferir la sentencia de 9 de mayo de 2023, en el marco del medio de control
tramitado bajo el radicado 41001-33-33-003-2022-0170-00/01, el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. 5, incurrió en defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política.
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son
de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales».6 Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
6 Ibidem.
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La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7.
En línea con el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia si los cargos
expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los
desarrollados en el escrito de tutela son iguales.
En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que el juez de tutela
concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir
en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez
de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
5. Análisis del caso
La Sala considera que la acción de tutela analizada se está empleando como una
instancia adicional, pues esta última es una reiteración de los argumentos
presentados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tanto
en la demanda como en el recurso de apelación de la sentencia de primera
instancia.
En el medio de control la ahora tutelante insistió en que no existe régimen especial
alguno para los docentes, pues las normas que los cobijan no son más favorables
que las disposiciones generales de los demás servidores públicos; que si bien en el
pasado se desarrollaron posiciones divergentes, actualmente existe un precedente
jurisprudencial unificado tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de
Estado frente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes; que
existe un vacío legal respecto a la figura de la sanción moratoria en las normas que
rigen a los docentes y, consecuentemente, debe aplicarse el régimen general, es
decir la Ley 50 de 1990 a fin de complementar lo no regulado; que la falta de
reconocimiento de la sanción moratoria a docentes oficiales implica una
transgresión al derecho a la igualdad, en tanto que no existe razón que justifique el
trato diferenciado frente a los demás servidores públicos, entre otros argumentos.
La identidad entre los cargos se corrobora en el siguiente aparte del recurso de
apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia:
(sic para toda la cita) “Régimen especial de las cesantías docentes.
En este punto el juzgado, explica que al ser los docentes trabajadores de régimen especial, no son
sujetos de aplicación del contenido del artículo 99 de la ley 50 de 1990, situación que ya ha sido
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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revaluada por la SU-098 de 2018 de la Honorable Corte Constitucional y que el Consejo de Estado
ha sido constante en definir, incluso en sentencias de unificación, pudiéndose afirmar que la postura
jurisprudencial vigente en los órganos de cierre Constitucional y de lo Contencioso administrativo,
están direccionados a la protección de los derechos prestacionales que durante mucho tiempo han
sido vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se encuentran adscritos, así mismo
que su condición de servidores públicos de la rama ejecutiva, conlleva que sea viable el
reconocimiento de las pretensiones de la demanda. La competencia en el reconocimiento y pago de las cesantías docentes (…)
¿CUÁL ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE CONSIGNAR LAS CESANTÍAS DE LOS
DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO
FOMAG?
La Nación (Ministerio de Educación Nacional) es responsable del reconocimiento de las cesantías
en favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues
es quien tiene la competencia legal para girar los recursos al fondo, es el patrono garante de los
docentes de la educación pública para el pago de sus prestaciones, de hecho no permite que los
recursos destinados a prestaciones sociales lleguen a las entidades territoriales, como quedó
reglado desde la expedición de la Ley 715 de 2001(…)
En el régimen especial docente no existe la obligación de consignar las cesantías por parte
del ente territorial ni de la Nación (Ministerio de Educación)
Como se advirtió, los docentes se encuentran en la categoría de los empleados públicos y no existe
razón que justifique que en su calidad de trabajadores no tengan derecho, de la misma forma que
los demás servidores públicos, a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo. Una
interpretación contraria no protegería a estas personas en la misma forma que a otros servidores
públicos, lo cual tendría como consecuencia la restricción de su posibilidad de gozar de la garantía
del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se
derivan de esa prestación. (estudio y vivienda). […]
Existencia de expresa exclusión de aplicación normativa de la Ley 344 de 1996 y
consecuentemente de la Ley 50 de 1990 a los docentes. La ley 91 de 1989, no contempla la sanción por consignación extemporánea de las cesantías a 15
de febrero de cada año, situación distinta sería que su régimen lo contemplara o que, en su lugar,
se estableciera otro tipo de beneficios o sanciones, por esta misma causal (…)
Inexistencia de criterio unificado del Consejo de Estado
Es cierto que inicialmente existían sentencias en contra y otras a favor, pero precisamente
por eso fue expedida la SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, que clarificó la situación hacia el
futuro. ESTO NO OBEDECE AL CAPRICHO DE LOS DOCENTES, sino a principios legales y al
desarrollo jurisprudencial y el avance en el mismo.
En esta ocasión el órgano de cierre de lo contencioso administrativo, ha centrado el estudio en
determinar el término prescriptivo de la sanción por mora, fenómeno que no afecta este asunto,
pues se reclama la indemnización que se produjo a partir del 15 de febrero del año 2021, de esta
anualidad tendrían plazo de reclamar hasta el 15 de febrero de 2024, de esta manera y en
numerosas ocasiones el Consejo de Estado, ha replicado y modulado sus decisiones en centrar el
derecho que le asiste a los docentes de reconocer la sanción por mora por la falta de consignación
de las cesantías dentro del tiempo al respectivo Fondo, estudios que se allegaron inicialmente con
la presentación de la demanda y que al día de este recurso de alzada, han expedido más
providencias bajo la misma línea argumentativa(…)
Indemnización por falta de pago de intereses a las cesantías del artículo 1 de la Ley 52 de
1975 no es aplicable a los docentes
Frente a esta afirmación, debemos insistir que el contenido normativo de la ley 50 de 1990, que se
solicita por aplicación jurisprudencial a los docentes afiliados al Fomag que tenga su régimen de
cesantía anualizado, se compone también de la indemnización contenida en la ley 52 de 1975, la
cual hace parte integral del artículo 99 de la ley 50 de 1990, puesto que así se estableció en el
artículo 3° del Decreto Reglamentario 1176 de 1991”.
Con base en los fragmentos transcritos, la Sala observa que los reparos expuestos
en el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia
son una reproducción de los argumentos desarrollados en el escrito de tutela. De
manera que la tutelante está empleando la acción como si fuera una instancia
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adicional, pues los mismos cargos ya fueron objeto de debate en el medio de control. Así se desprende del siguiente fragmento de la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. 5, en la cual
dichos cargos fueron resueltos y desestimados por las siguientes razones:
“Para esta Colegiatura, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990, en lo que
atañe a la forma de liquidar y el trámite de pago de las cesantías, desconocería la especialidad
del régimen que la Ley 91 de 1989 consagró para los docentes y modificaría la forma que
dispuso para de administrar, liquidar y de cancelar las cesantías. Esto quiere decir, que, en lo relacionado con las cesantías y sus intereses, no es procedente
que los docentes apelen a un régimen diferente cuando el que los ampara, ya lo regula; o, que
el vacío normativo (sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías) se satisfaga
con la aplicación parcial de un marco normativo general (creándose un lex tertia). Se hace alusión a una aplicación parcial porque para el reconocimiento de la sanción moratoria
no se puede dejar de lado que la función asignada al Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio es especial y que en todos los casos no necesariamente la imputación de la
responsabilidad por la omisión en la consignación del auxilio es del empleador (como lo
establece el artículo 99-3º de la Ley 50 de 1990); más aún, si se tiene en cuenta que los
recursos para el pago de la prestación son girados por el Ministerio de Educación al Fondo y
que la entidad territorial (quien funge como administrador del servicio educativo y a veces
como nominador) no interviene en el traslado de esos dineros (Leyes 91 de 1989 y 1955 de
2019).
v.- La aplicación integral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la situación de los educadores
también se dificulta cuando se trata de contabilizar la mora; en la medida en que tampoco
puede pasarse por alto que los recursos provienen del Sistema General de Participaciones y
se descuentan directamente de los rubros que anualmente se distribuyen para la prestación
del servicio educativo; los cuales, deben ser presupuestados por la entidad territorial.
vi.- En la sentencia SU-98 de 2018, que sustenta las súplicas no puede tenerse como
precedente de unificación vinculante, pues en ese caso, la Corte Constitucional se refirió a un
docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Fue precisamente por esa diferencia fáctica, que la Corte Constitucional no se refirió a la
naturaleza y a la especialidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; el
cual, funciona como una cuenta especial de la Nación encargada de la administración de las
prestaciones sociales de los docentes, cuyos recursos son manejados a través de una fiducia,
y que, a diferencia de las Sociedades Administradoras de Fondos Privados de Cesantías, no
tiene dispuesta una cuenta individual en la que el afiliado recibe la consignación de sus
cesantías. Aunque es cierto que la existencia de las cuentas individuales no hace parte del fondo de la
discusión, si es importante destacar esta característica para insistir una de las tantas
diferencias que existen entre el régimen docente y el de los particulares y/o servidores públicos
afiliados a un fondo privado de cesantías. Se itera que, aunque el legislador generalizó el sistema anualizado para la liquidación de las
cesantías, su voluntad también se dirigió a distinguir a través de diferentes regímenes: el
trámite, la forma, los plazos y los administradores de los recursos de uno y otro trabajador
(docente vs particular y servidor público del nivel territorial afiliado a un fondo privado).
Y, es
por esa legal categorización que para la Sala no resulta adecuado exigir al empleador o al
administrador de los dineros cumplir con una obligación que no se incluyó en el compendio
normativo sobre el cual debe orientar su funcionamiento (consignar las cesantías y cancelar
los intereses antes del 15 de febrero y del 31 de enero de cada año, respectivamente). Así entonces, por las razones señaladas la Sala considera que la demandante no es acreedora
de la sanción moratoria y/o la indemnización procurada. En tal virtud, es inocuo hacer
referencia a la responsabilidad que prevé el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. Finalmente, es apropiado concluir que el pago de los intereses a las cesantías de los
docentes se encuentra regulado en los artículos 15-3º de la Ley 91 de 1989 y 4º del Acuerdo
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39 de 1998 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y, que de acuerdo
con esta reglamentación y con las pruebas arrimadas, estos fueron cancelados
oportunamente (en el mes de marzo de 2021)”.
Así entonces, el cotejo entre la demanda, el recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia, el escrito de tutela y la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala de Decisión Nro. 5,
dan cuenta de que los argumentos expuestos en el escrito de tutela ya fueron
desestimados en el medio de control. De ahí que no queda duda que la acción
carece de la relevancia constitucional necesaria, pues se está empleando como si
la tutela fuera una instancia adicional del medio de control.
En este punto, resulta importante señalar que, si bien en la solicitud de amparo la
parte actora se refirió a nuevas sentencias que han abordado el mismo asunto, lo
cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que citó otras en la demanda
ordinaria y en el recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera
instancia: demostrar que sí debió hacerse extensivo el régimen de cesantías
previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente para reconocer la sanción
moratoria de que trata el artículo 99 de ese marco normativo.
En un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional concluyó,
en la Sentencia SU-573 de 2019, que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que
no impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales,
pues se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías
anualizadas de los docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el
Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582
de 1998; asunto que conlleva a establecer aspectos legales acerca de la
calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe
efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no consignación
oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban «realizar el análisis de corrección de la
sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la
jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582
de 1998, en cuanto al reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna
de las cesantías en el régimen docente».
(ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía
un efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la
afectación de un derecho fundamental, por cuanto «las decisiones impugnadas
en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes
de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de
carácter constitucional».
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes
acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos
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con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones
incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Esa misma línea argumentativa ha sido acogida por esta Sala al declarar
improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional porque la parte actora pretendía reabrir el debate legal en torno a la
aplicación de la Ley 50 de 1990, en tanto reiteraba los argumentos expuestos en la
demanda y en el recurso de apelación8.
Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho que
la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de
las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por la tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De
ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración
de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la
acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es
por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten
decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de
tal relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un
juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios de
independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin de
encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin efectos
y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de los requisitos
generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la relevancia constitucional.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional porque, se reitera, los reproches expuestos en el escrito
de tutela son una reproducción de los cargos presentados en el medio de control.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró la improcedencia
de la acción de tutela interpuesta por la señora Ruth Dery Gamboa Chala por no
cumplir a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad de este
mecanismo contra providencias judiciales, concretamente el de relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
8 Sentencias de 18 de mayo de 2023, M.P. Wilson Ramos Girón, expediente No. 11001-03-15-000-2023-
01500-00, 25 de mayo de 2023, expediente No. 11001-03-15-000-2023-00705-01, M.P. Milton Chaves
García. Véanse también las sentencias de 1 de junio de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00
y de 29 de junio de 2023, expedientes 11001-03-15-000-2023-01047-01, 11001-03-15-000-2023-02310-00,
11001-03-15-000-2023-02432-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Ruth Dery Gamboa Chala
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 22 de septiembre de 2023
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones
expuestas en la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
15
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