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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04591-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04591-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Revocar la sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 27 Radicado: 11001 03 15 000 2023 04591 01 Demandante: Luis Fernando González Páez Segundo. Denegar el amparo invocado por el señor Luis Fernando González Páez, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04591-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

11 de abril de 2024

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04591 01
Demandante: Luis Fernando González Páez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04591 01
Demandante: Luis Fernando González Páez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de reparación directa.
Relevancia constitucional. Defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente. Responsabilidad del Estado por
el hecho de subcontratistas. Derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del
14 de diciembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
rechazó la acción de tutela de la referencia por improcedente, ya que no encontró
demostrado el requisito de relevancia constitucional.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Luis Fernando González Páez, por conducto de apoderado, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, los cuales considera conculcados con la
sentencia del 10 de diciembre de 2021 y el auto que negó las solicitudes de aclaración
y adición del 19 de octubre de 2022, proferidos por la Sección Tercera, Subsección C,

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Demandante: Luis Fernando González Páez

del Consejo de Estado, dentro de la acción de reparación directa con radicado 25000
23 26 000 2002 02106 02.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos las providencias
censuradas y, en su lugar, ordenar a la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo
de Estado dictar fallo de reemplazo en el que se nieguen las pretensiones de la
demanda de reparación directa presentada por el señor John Jairo Espinoza Pinzón.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 18 de septiembre del 2000, se celebró entre la Superintendencia Bancaria
de Colombia (Hoy Superintendencia Financiera de Colombia) y el señor Luis Fernando
González Páez el Contrato de Obra Pública S-B 1.2 – 2000, para la ejecución de las
obras necesarias para reparar 13 terrazas del edificio de la sede de la entidad, por un
valor de $ 67.600.000, con un plazo de 60 días calendario.

ii) En la cláusula segunda, numeral 18, del referido contrato se estableció la
prohibición de ceder o subcontratar, sin la autorización previa y escrita de la entidad
contratante.

iii) El 31 de octubre del 2000, a las 11:30 a. m., el señor John Jairo Espinosa
Pinzón transitaba por el costado occidental del andén de la carrera 4.ª, entre calles 7
y 6A, sentido norte sur de la ciudad de Bogotá, cuando se le cayó un radio, y al
agacharse a recogerlo, fue atropellado por la volqueta de placas SAI020 de propiedad
del señor Álvaro Jiménez Valero.

Como consecuencia del accidente, el señor Espinosa Pinzón sufrió lesiones
personales y adelantó un proceso penal contra el conductor del vehículo, esto es el
señor Jiménez Valero, el cual terminó con la resolución de preclusión de la
investigación en favor del sindicado, dictada el 6 de marzo de 2002.

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Demandante: Luis Fernando González Páez

iv) El 9 de octubre de 2002, el señor John Jairo Espinosa Pinzón formuló demanda
de reparación directa contra la Nación (Ministerio de Hacienda y Crédito Público), la
Superintendencia Bancaria de Colombia, el señor Álvaro Jiménez Valero (conductor
de la volqueta) y el ahora tutelante Luis Fernando González Páez, en su calidad de
contratista, con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios materiales e
inmateriales por las lesiones personales sufridas en el accidente reseñado.

v) El 6 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, expidió sentencia de primera instancia, en la que
negó las pretensiones de la demanda, tras establecer que la culpa del suceso fue de
la víctima.

Al respecto, el tribunal explicó que en la producción del daño incidió el conductor de
la volqueta y el peatón, circunstancia que tornaba imposible imputar la responsabilidad
a la entidad estatal demandada y al contratista, con quienes no existía relación de
dependencia o subordinación.

vi) El 10 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, desató el recurso de apelación interpuesto por el señor Espinoza
Pinzón contra la sentencia descrita en el numeral anterior, y la revocó. En su lugar,
declaró patrimonial y solidariamente responsables a la Superintendencia Financiera
de Colombia y a los señores Luis Fernando González Páez y Álvaro Jiménez Valero
por las lesiones sufridas por John Jairo Espinosa, y los condenó a pagar el 50 % de
los perjuicios materiales y morales ocasionados, por considerar que la víctima
concurrió a la causación del daño por su comportamiento imprudente (concausa).

Para arribar a dicha resolutiva, el Consejo de Estado consideró que:

El actuar del contratista y del subcontratista, entonces, desconoció las normas
imperativas del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente y las guías de seguridad
de la obra. Como el conductor era subcontratista de la obra y su actuación estuvo ligada
a la ejecución del contrato N.o (sic) SB.1.2-2000, cuyo objeto era construir una obra de
propiedad de la Superintendencia Financiera -entidad contratante- se acreditó nexo con
el servicio. Conforme a las pruebas, la Sala concluye que la presencia de una volqueta
en la zona exclusivamente peatonal, la falta de una debida señalización de la obra y el
incumplimiento de las normas de tránsito por parte del subcontratista que conducía la
volqueta constituyen una falla en el servicio de la parte demandada.1

1 Página 19 de la sentencia tutelada.

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Igualmente, consideró que el señor González Páez concurrió a causar el accidente
por cuanto se expuso en forma imprudente al agacharse a recoger un objeto, a una
distancia menor a un metro frente a un vehículo de carga pesada. Por ello además de
la falla en el servicio de la parte demandada, la conducta de la víctima también incidió
en la ocurrencia del daño.

vii) El 17 de junio de 2022, se notificó por edicto la mencionada providencia. En el
término de ejecutoria, la Superintendencia Financiera de Colombia, en su calidad de
accionada, solicitó aclarar y adicionar el fallo por la omisión en la valoración de las
pruebas documentales allegadas al proceso, relacionadas con la póliza de
responsabilidad civil extracontractual aportada.

viii) El 19 de octubre de 2022, el ad quem profirió auto en el que se negaron las
referidas solicitudes de aclaración y adición, bajo el argumento de que la recurrente lo
que pretendía era una modificación de la decisión.

Dicha providencia se notificó por estado del 28 de febrero de 2023, por lo que la
sentencia quedó en firme el 3 de marzo de la mencionada anualidad.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del apoderado del accionante, el fallo del 10 de diciembre de 2021, proferido
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en los siguientes
defectos:

1.1.3.1. Defecto sustantivo

a) El Consejo de Estado confundió que el señor Álvaro Jiménez Valero (conductor
de la volqueta) era un subcontratista y no un proveedor de material, sin vínculo alguno
de dependencia con el contratista o con la entidad pública contratante, lo cual trajo
como consecuencia que se aplicara un régimen de responsabilidad solidaria que no
era procedente.

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b) Se incurrió en defecto sustantivo por la indebida aplicación de las normas y
porque la decisión cuestionada se fundó en «una hermenéutica no sistemática de la
norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso».

Sobre este punto, el accionante precisó que el anterior yerro se origina en el siguiente
párrafo de la sentencia del 10 de septiembre de 2023, proferida por la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado:

15. Toda persona debe acatar los mandatos de la Constitución y de las leyes, conforme
con los arts. °4 inc. 2, 6 inc. 1y 95 inc. 2 CN, que retomaron lo dispuesto por los artículos
9 y18 CC, 56 y57 Código Régimen Político y Municipal y 66 CCA (hoy 89 CPACA).
Según el artículo 112 del Decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito vigente
para la época de los hechos, las señales de tránsito preventivas son aquellas que
buscan advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este, y
las señales informativas tienen por finalidad guiar al usuario y proporcionarle la
información que pueda necesitar. En concordancia, el artículo 144 prescribe que
quienes ejecuten obras en vías públicas deben instalar dispositivos y señales para
prevenir riesgos. La acera o andén es -además- la vía destinada exclusivamente al
tránsito de peatones, de conformidad con el artículo 2. Por ello, los vehículos tienen
expresamente prohibido estacionar en andenes, de acuerdo con el artículo 140.2

(Negritas fuera del texto original)

Por lo tanto, en primer lugar, el apoderado del señor Luis Fernando González Páez
arguyó que se aplicó indebidamente el artículo 112 del Decreto 1344 de 1970, que
regula las señales de tránsito, mas no las señales que se deben instalar en el evento
de obras públicas en edificaciones.

Así mismo, cuestionó que en la sentencia no se indicó que las señales de tránsito a
las que hace referencia la precitada disposición deben ser instaladas por las
autoridades y no por los particulares o los contratistas. Además, en el caso particular,
el artículo 113 ibidem prevé que solo las autoridades municipales de tránsito podían
colocar las mencionadas señales en el lugar de su jurisdicción, en concordancia con
el artículo 116 de la mencionada codificación.

En igual sentido, la parte actora señaló que, al haber obviado las disposiciones
aplicables, en la sentencia censurada se le exigió a la parte demandada, integrada
por la entidad pública contratante, el contratista y «un tercero totalmente ajeno al

2 Página 20 de la sentencia objeto de tutela.

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contrato» que instalara una señal de tránsito, cuando la competencia para hacerlo
únicamente le estaba asignada a las entidades oficiales.

Por lo anterior, concluyó que en la providencia objeto de tutela no se citó una sola
norma pertinente y aplicable al caso concreto que contenga una obligación adicional
a la demarcación de la zona que presenta un riesgo con una señal de carácter
universal como lo es la cinta amarilla de advertencia, tal y como lo dispone la Norma
Técnica Colombiana NTC 1461 del 1.º de abril de 1987, la cual es utilizada para
establecer los colores y señales de seguridad para la prevención de accidentes y
riesgos contra la salud y situaciones de emergencia en las obras tanto de naturaleza
pública como privada.

En segundo lugar, el actor adujo que se aplicó indebidamente el artículo 144 del
Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito vigente para la época de los
hechos), ya que este no prescribía que quienes ejecutaran obras en vías públicas
debían instalar dispositivos y señales para prevenir riesgos, sino que establecía lo
concerniente a las medidas necesarias que deben tomar los conductores cuando se
retiren del vehículo. En otras palabras, la mencionada norma no regula la situación
fáctica objeto de análisis.

En tercer lugar, no se aplicaron al caso concreto las normas de tránsito de Bogotá,
contempladas en el Acuerdo 20 de 1995, en concordancia con el artículo 3.° del citado
Decreto 1344 de 1970, el cual sí autorizaba temporalmente la ocupación de los
andenes por concepto de obras públicas o particulares (artículo B.10.9.2).

1.1.3.2. Defecto fáctico

a) Se omitió valorar y dar alcance a la declaración de la señora Ana Ruth Rojas
Peña, quien en su calidad de profesional universitario, grado 30209, de la
Superintendencia Bancaria tenía a su cargo la supervisión e interventoría de la obra,
en el sentido de que ella manifestó que el ingeniero contratista «cumplió con lo
estipulado en el contrato respecto de la seguridad industrial, controles internos,
señalización, señales preventivas, cartelera de seguridad, control de programa de
seguridad, normas de protección y saneamiento básico, resolución N.o (sic) 62400 de
1979, elemento[s] de protección y otros elementos de protección (sic)».

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b) Se valoraron las pruebas de manera irrazonable, sin aplicar los principios de la
sana crítica, la lógica y la experiencia, ya que tanto el conductor como el único testigo
ocular del accidente permiten evidenciar la existencia de la señalización con cintas
preventivas en el lugar del siniestro, lo cual en la sentencia no se tuvo por probado.

1.1.3.3. Desconocimiento del precedente

En la sentencia no se tuvieron en cuenta las múltiples sentencias proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, sobre la ruptura del nexo causal por culpa
exclusiva de la víctima o de un tercero.

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 29 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados de la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, como demandados, y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C; a la Nación
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público), a la Superintendencia Financiera de
Colombia y al señor Álvaro Jiménez Valero, como terceros interesados en las resultas
del proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.

Posteriormente, a través de proveído del 19 de octubre de 2023, se ordenó vincular
como tercero interesado al señor John Jairo Espinoza Pinzón.

Por último, por auto del 11 de marzo de 2024, se vinculó como tercero interesado a la
entidad Seguros del Estado, S. A., el cual fungió como llamado en garantía en el
proceso que dio lugar a la sentencia objeto de tutela.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
por conducto del magistrado Fernando Iregui Camelo, no se pronunció sobre el fondo

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del asunto. No obstante, allegó el enlace para consultar el expediente de reparación
directa.

1.3.2. Superintendencia Financiera de Colombia

La entidad hizo referencia sobre el requisito de relevancia constitucional para hacer
hincapié en que en el caso bajo estudio debía analizarse si se cumplía o no. Al
respecto reflexionó que «no todo conflicto sobre la aplicación del derecho a un caso
concreto entraña un problema de tipo constitucional. Si ello fuera así, simplemente no
se necesitarían jueces especializados en asuntos ordinarios y todas las competencias
se concentrarían en el juez de tutela».

Agregó que la parte solicitante del amparo debe desplegar una argumentación
suficiente que permita establecer que la dimensión constitucional de los derechos
alegados se vio afectada por la providencia atacada, ya que la sola invocación de un
catálogo de derechos fundamentales presuntamente vulnerados no es suficiente para
dar por agotado tal requisito, pues en últimas siempre se verá afectado un derecho de
tal rango.

En consecuencia, el actor de la tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa el por qué la cuestión es de genuina relevancia constitucional, al punto de
constituir una real afectación de los derechos fundamentales de las partes y no meras
especulaciones o la reproducción en su integridad de algunos argumentos y la
presentación de otros nuevos, por lo que deberá el consejero ponente evaluar los
hechos de la tutela y los motivos expuestos, a efectos de determinar si la demanda
tiene relevancia constitucional.

1.3.3. Ministerio de Hacienda

A través del subdirector jurídico de la entidad, solicitó declarar improcedente la acción
de tutela y recordó que, respecto a dicha cartera, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, la desvinculó del proceso de
reparación directa por carecer de falta de legitimación en la causa por pasiva.

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De igual modo, explicó que las providencias acusadas no incurrieron en ningún yerro
y que, de la lectura de la demanda radicada por el accionante, se observa que en ella
se desarrollan argumentos propios de alegatos de instancia; es decir, acude al
mecanismo constitucional con la intención de reabrir el debate ordinario por estar en
desacuerdo con los trámites que han conllevado la presentación de sus medios
judiciales previamente adelantados.

Finalmente, pidió «tener por recibido el presente informe, y se declare la
improcedencia de la acción de tutela respecto al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público».

1.4. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Luis Alberto
Álvarez Parra, profirió sentencia el 14 de diciembre de 2023, a través de la cual declaró
la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, puesto que no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, bajo los siguientes argumentos:

i) Las inconformidades planteadas, pese a que se alegó la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
no contienen la carga argumentativa ius fundamental necesaria que demuestre las
razones del porqué el asunto implica la intervención del fallador constitucional,
sumado a que lo pretendido es utilizar este escenario como una instancia adicional.

ii) Los sustentos referidos a la indebida interpretación de las Leyes 80 de 1993 y
1150 de 2007, así como la indebida valoración probatoria sobre los cuales se
invocaron los defectos fáctico y sustantivo, no cuentan con la carga argumentativa
para ser estudiados en el marco de la transgresión de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados, pues contiene una reiteración de los motivos esbozados
en sede de instancias, con lo que se evidencia que el accionante está en desacuerdo
con lo decidido.

iii) Por su parte, y en cuanto al desconocimiento del precedente, el actor no expuso
la regla jurisprudencial que se obvió en la sentencia objeto de tutela.

iv) Por último, no se acreditaron los presupuestos fijados por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022.

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1.4. Impugnación

El señor Luis Fernando González Páez, a través de su apoderado, impugnó el fallo
del 14 de diciembre de 2023, con el fin de que se revoque dicha decisión y, en su
lugar, se declare la procedencia de la presente acción. Para efectos de lo anterior,
explicó que el caso sub examine sí tiene relevancia constitucional, por lo siguiente:

i) Con la acción de tutela de la referencia no se pretende la corrección de la
providencia acusada; por el contrario, se cuestiona su razonabilidad y validez, pues
no se trata de un alegato de instancia ni se procura modificar una tesis razonable de
un despacho judicial, sino que se advierten graves errores y significativas anomalías
que tienen incidencia en el sentido de la decisión.

ii) Se debe proferir una nueva sentencia, basada en las normas jurídicas vigentes
que regulan la materia y con una valoración de las pruebas que respete la sana crítica.
Así mismo, se busca la igualdad, referente a que su caso ha de resolverse en atención
a los precedentes fijados sobre la solidaridad.

iii) En el escrito introductorio se advirtió una indebida aplicación del artículo 90 de
la Constitución Política, y con ello se desconoció que para que sea dable predicar la
responsabilidad del Estado deben aparecer plenamente demostrados el daño, la
imputación y la relación de causalidad (también denominada imputación jurídica). No
obstante, en el asunto sub lite, este último requisito no se presentó, ya que se rompió
el nexo causal por la culpa concurrente de la víctima.

Por lo tanto, la verificación de dicho elemento se realizó, por parte del juez de tutela
de primera instancia, sin que se analizara el núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados, ni la naturaleza constitucional de la cláusula de
responsabilidad del Estado y el hecho de que ocurrió una irrazonable valoración
probatoria.

iv) Se deben tener en cuenta las sentencias T-531 de 2023, T-535 de 2023, SU-
163 de 2023, en los cuales se han fijado nuevos criterios para determinar la relevancia
constitucional en asuntos de contornos fácticos y jurídicos similares al presente litigio.

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v) Los argumentos esbozados sobre la materialización de los defectos sustantivo,
fáctico y por desconocimiento del precedente se hicieron con trasgresión de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Consideraciones
2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20193, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Tercera de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la sentencia del 10 de diciembre de 2021,
dictada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, dentro del
proceso 25000 23 26 000 2002 02106 02 (49599), en especial, el referente a si existe
relevancia constitucional.

En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del señor Luis Fernando González Páez.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

3 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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La jurisprudencia constitucional4 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se establecieron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

4 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492

de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
5Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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2.4. Hechos probados

i) El 18 de septiembre de 2000, la entonces Superintendencia Bancaria y el señor
Luis Fernando González Páez, celebraron el Contrato de Obra SB.1.2-2000, con el fin
de reparar trece terrazas del edificio sede de la entidad.6

ii) El 31 de octubre de 2000, el señor John Jairo Espinoza Pinzón fue atropellado
por la volqueta de placas SAI020, conducida por el señor Álvaro Jiménez Valero, que
había estacionado en las instalaciones de la mencionada superintendencia para
descargar materiales, cuando el primero transitaba por el andén de la carrera 4, entre
calles 7 y 6A, sentido norte-sur, en Bogotá, y, el segundo, arrancó sin percatarse de
que el señor Espinosa estaba frente al vehículo.7

iii) El 9 de octubre de 2002,8 el señor John Jairo Espinoza Pinzón, por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de reparación directa contra la Nación (Ministerio
de Hacienda y Crédito Público), la Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy
Superintendencia Financiera de Colombia), y los señores Álvaro Jiménez Valero y
Luis Fernando González Páez.

Como consecuencia de ello, pidió declararlos solidariamente responsables de los
daños y perjuicios derivados del mencionado accidente, y condenarlos al pago de a)
$ 450.000.000, o el mayor valor que se demuestre en el proceso, derivados de los
gastos mensuales en los que incurre para su mantenimiento; b) de $ 200.000.000, por
concepto de salario que en condiciones normales hubiese podido devengar en un
actividad lícita; c) de 100 s. m. l. m. v., por daños y perjuicios de orden psicológico, y
d) 100 s. m. l. m. v., por daños y perjuicios del orden fisiológico o de alteraciones en
las condiciones de existencia.

iv) El 6 de septiembre de 2012,9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C de descongestión, profirió sentencia de primera

6Folios 49 al 67 del cuaderno 3 del expediente de reparación directa 25000 23 26 000 2002 02106 01.

7 Dato tomado de la demanda y de la sentencia de segunda instancia, ya que los documentos que contienen el

informe del accidente no obran en la acción de tutela, pues estos reposan en el cuaderno 5, folios 1 y 2, del
expediente de reparación directa, el cual no fue allegado por el tribunal.
8 Folio 10 del cuaderno 1, del expediente de reparación directa.

9 Folios 360 al 369 del cuaderno 3, del expediente de reparación directa.

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instancia, a través de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el
señor Espinoza Pinzón.

Para tal fin, el a quo analizó el caso bajo el título de imputación objetivo por riesgo
excepcional. Sin embargo, grosso modo, estimó que existió concurrencia de culpas
tanto del conductor como del contratista y del señor John Jairo Espinoza Pinzón.

v) El 10 de diciembre de 2021, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de
Estado, con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, profirió sentencia de
segunda instancia, por medio de la cual revocó el fallo descrito en el numeral anterior
y declaró patrimonial y solidariamente responsables a la Superintendencia Financiera
de Colombia y a los señores Luis Fernando González Páez y Álvaro Jiménez Valero
por las lesiones sufridas por John Jairo Espinoza Pinzón.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales en el asunto sub lite

a) ¿El asunto tiene relevancia constitucional?

En términos generales, para la Corte Constitucional, este requisito se entiende
satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata de un asunto que involucra
algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental o un
principio constitucional. De igual manera, se requiere que tal relevancia sea clara,
marcada e indiscutible.10

En igual sentido, la Corte ha sido diáfana en establecer que la finalidad de la
mencionada exigencia es la de preservar la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional e impedir que la acción de tutela se torne
en una instancia o recurso adicional de los procesos ordinarios.

Por su parte, la referida corporación judicial determinó los siguientes criterios para
estudiar si un asunto presenta o no relevancia constitucional, los cuales, a su vez, se
compilaron en la Sentencia SU-215 de 2022, a saber:

10 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.

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i) Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni connotaciones particulares o privadas que no representes un interés
general.11

ii) Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con que
la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la administración de justicia o
a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje
que exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de
manera razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental».12

iii) Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre este
punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra providencias
judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo cuestionado. Por ende,
la intervención del juez constitucional solo se justifica si se verifica la existencia de
«una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
las garantías básicas del derecho al debido proceso».13

iv) Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el comportamiento
negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.14

De acuerdo con lo anterior, en el caso sub judice la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en la sentencia de primera instancia, declaró improcedente la presente acción
de tutela porque no se cumplía con el requisito de la relevancia constitucional.

Al respecto, el a quo explicó que los fundamentos expuestos por el accionante, pese
a que se alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, no contienen la carga argumentativa ius

11 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
12 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
13 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
14 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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fundamental necesaria que demuestre las razones de por qué el asunto implica la
intervención del fallador constitucional, sumado a que lo pretendido es utilizar este
escenario como una instancia adicional.

A pesar de lo anterior, esta Subsección revocará esta decisión, toda vez que
encuentra que el asunto sub lite sí tiene tal relevancia, en la medida en que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Además, para la Corte
Constitucional, la acción de reparación directa desarrolla el artículo 90 de la
Constitución, la cual no tiene el carácter de una controversia puramente económica,
sino que tiene un alcance de resarcimiento integral del daño.15

De igual forma, se acredita tal presupuesto, en la medida de que, si prosperan los
argumentos que sustentaron cada uno de los defectos invocados, eso demostraría la
vulneración de los derechos fundamentales referidos.

b) ¿Se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios en el trámite
de la acción de reparación directa que dio origen a la sentencia objeto de la
tutela de la referencia?: Sí, habida cuenta de que las providencias cuestionadas,
proferidas en el trámite de la acción de reparación directa con radicado 25000 23 26
000 2002 02106 02 (49599), se emitieron en segunda instancia por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C.

Conjuntamente, no se evidencia que los argumentos esbozados se enmarquen en
alguna de las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o
de unificación de jurisprudencia.

c) ¿Se entiende satisfecho el requisito de la inmediatez? Sí, comoquiera que la
acción de tutela se interpuso dentro de un término razonable, que no supera los 6
meses después de la ejecutoria de la sentencia del 10 de diciembre de 2021, emitida
por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado.16

15 Cfr. Sentencia T-018 de 2023.

16 La sentencia se notificó a las partes, por edicto electrónico, el 22 de junio de 2022. Contra dicha providencia se

presentó una solicitud de adición y aclaración por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue
resueltas por medio del auto del 19 de octubre de 2022, que se notificó por estado el 28 de febrero de 2023. Por
ende, y como la acción de tutela se incoó el 25 de agosto de 2023, se concluye que se interpuso antes del
vencimiento de los 6 meses.

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d) Así mismo, la solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la providencia enjuiciada.

e) Por último, el asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la
decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite ordinario de reparación directa.

2.5.2. Solución de los defectos invocados

En vista de que la acción de tutela satisface todos y cada uno de los requisitos de
procedibilidad, la Subsección estudiará cada uno de los defectos invocados por el
señor Luis Fernando González Páez, así:

2.5.3. Defecto sustantivo

En el caso bajo examen, el apoderado de la parte actora precisó que la sentencia del
10 de diciembre de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo
de Estado, incurrió en el mencionado defecto sustantivo, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque el fallador de segunda instancia confundió que el señor Álvaro
Jiménez Valero (conductor de la volqueta) era un subcontratista y no un proveedor de
material, sin vínculo alguno de dependencia con el contratista o con la entidad pública
contratante, lo cual trajo como consecuencia que se aplicara un régimen de
responsabilidad solidaria que no era procedente.

En otras palabras, la Sección Tercera del Consejo de Estado se equivocó al equiparar
al conductor de la volqueta como un subcontratista y no como un tercero
independiente que solo ejecutó un contrato de compraventa o suministro de
materiales. Sobre este punto, indicó:

El proveedor del material es un tercero frente al Contratante y al Contratista y no un
dependiente o subordinado, no está en la misma posición del subcontratista y por ello
el régimen de responsabilidad que aplicó en este caso la autoridad accionada es
totalmente equivocado, por lo que el nexo causal derivado de sus actuaciones y
omisiones se rompe frente a estas.

Siendo ello así, si eventualmente se advirtiera alguna responsabilidad en el conductor
de la volqueta –que como está demostrado en el proceso no tuvo ninguna– se trataría
de la responsabilidad de un tercero que rompe el nexo causal, según jurisprudencia

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reiterada del Consejo de Estado, cuya regla decisional indica que el hecho de un tercero
es causal excluyente de imputación.17

En este sentido, con el fin de resolver el mencionado reproche, es necesario indicar
que la figura de la subcontratación ha sido definida por el Consejo de Estado de la
siguiente manera:18

Este negocio jurídico supone la celebración de un contrato accesorio a otro principal,
entre un contratista del Estado y un tercero, en virtud del cual el sub contratista o
tercero “sustituye parcial y materialmente al primero, quien conserva la dirección
general del proyecto y es responsable ante la entidad estatal contratante por el
cumplimiento íntegro de las obligaciones derivadas del contrato adjudicado”19.

Esta institución hace surgir una relación jurídica autónoma entre el contratista del Estado
y el sub contratista, es decir, independiente de la relación que preexiste entre el Estado
y el contratista. En este sentido, las obligaciones que adquiere el sub contratista con
el contratista sólo son exigibles entre ellos, y no vinculan a la entidad estatal –
contratante-, en virtud del principio de relatividad del contrato –sólo produce efectos
para las partes, no para terceros-, pero sin que ello limite o restrinja a la entidad estatal
en la dirección general para ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, a
que se refiere el artículo 14 de la Ley 8020.

(Negritas fuera del texto original)

De acuerdo con lo anterior, es claro que la figura de la subcontratación es aquella que
ejerce el contratista del Estado con un particular, con el fin de llevar a cabo el objeto
del contrato estatal, sin que ello derive en que el primero pierda la dirección general
del proyecto y la responsabilidad que este tiene ante la entidad contratante.

17 Página 19 del escrito de tutela.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 12 de agosto de 2013, proferida dentro del

expediente 52001-23-31-000-1999-00985-01(23088), con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero.
19 RAMÍREZ GRISALES, Richard S. La subcontratación. Serie: Las Cláusulas del Contrato Estatal. Editorial Librería

Jurídica Sánchez R, Ltda. y Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA-. Medellín. pág. 26.
20 Cita dentro de la transcripción: «En el mismo sentido, Richard RAMÍREZ GRISALES expresa que: “Cuando un

contratista al servicio del Estado decide subcontratar alguna parte del proyecto adjudicado, la relación que se
genera entre él y el tercero a quien se encomienda la actividad es diferente de la relación jurídica existente entre el
contratista y la entidad estatal. La relación jurídica que surge entre el contratista y el subcontratista puede tener una
naturaleza privada o pública. Por una parte, puede estar sujeta al derecho privado o, en caso de que el
subcontratista o subcontratante sea una entidad estatal, se gesta una relación de derecho público (contrato estatal).
Ahora bien, con independencia de la naturaleza jurídica que se predique de este contrato, los acuerdos que se
celebren entre el contratista y el subcontratista no afectan las condiciones establecidas en el pliego de condiciones
y el contrato estatal del cual depende.
“Como lo ha precisado Fernández Astudillo ‘puede afirmarse que existen dos contratos perfectamente diferenciados
desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, uno de naturaleza administrativa, es decir, el de la empresa
adjudicataria con la administración, y otro de carácter privado, el celebrado entre la empresa adjudicataria y la
empresa subcontratista, negocios jurídicos, unos y otro, entre los que no existe relación causal alguna’. Para
García-Trevijano Garnica ‘en la subcontratación existirá un contrato principal y otro accesorio o colgado de aquel.
La existencia de este último –el subcontrato- depende de la subsistencia del contrato principal que le sirve de
imprescindible soporte’.”».

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Bajo este contexto, en el caso bajo examen, la Sección Tercera, Subsección C, del
Consejo de Estado estableció que, para el momento en el que ocurrió el accidente
con el señor John Jairo Espinoza Pinzón, esto es el 31 de octubre del 2000, i) estaba
vigente el contrato de obra pública suscrito entre la entonces Superintendencia
Bancaria y el señor Luis Fernando González Páez, y, que este último, a su vez, ese
día había contratado los servicios del señor Álvaro Jiménez Valero con el fin de que
transportara el material para la ejecución de la obra contratada; ii) por ello, se acreditó
la figura de la subcontratación y a su vez se configuró el requisito del nexo causal
entre el daño ocasionado y la situación contractual de los demandados, y iii) estimó la
existencia de responsabilidad solidaria entre los accionados conforme al artículo 2344
del Código Civil. Sobre este punto, el juez contencioso de segunda instancia, luego
de analizar las pruebas obrantes en el proceso, concluyó lo siguiente:

De modo que, las pruebas revelan que, al momento del accidente, estaba vigente el
contrato de obra pública SB.1.2-2000, celebrado por la Superintendencia Financiera y
Luis Fernando González Páez y que, para la ejecución de este contrato, ese día el
contratista contrató los servicios de transporte de material [a] Álvaro Jiménez Valero y
su volqueta.21
[…]
17. Conforme a las pruebas, Álvaro Jiménez Valero conducía la volqueta que atropelló
a John Jairo Espinosa Pinzón. Antes del accidente, Jiménez Valero estaba descargando
materiales de la volqueta para la construcción de una obra pública de propiedad de la
Superintendencia Financiera. Luis Fernando González Páez era el contratista que
ejecutó la obra según el contrato de obra n°. SB.1.2-2000 -vigente en ese momento-, el
conductor de la volqueta era su subcontratista y le prestó servicios el 31 de
octubre de 2000 -fecha del accidente-. El accidente ocurrió ese día a las 11:30 a.m.,
esto es, en horario de ejecución de las obras.22

De acuerdo con lo anterior, no les asiste razón a los argumentos del accionante,
puesto que, tal como lo expuso la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el caso
bajo examen sí se configuró la figura de la subcontratación entre el señor Luis
Fernando González Páez y el señor Álvaro Jiménez Valero, para efectos del
cumplimento del objeto contractual pactado entre el primero y la Superintendencia
Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

Es más, tomando en cuenta la definición de la referida figura contractual, no se
comparte el fundamento que debido a lo anterior se aplicó una figura de
responsabilidad solidaria improcedente, puesto que el ad quem no solo concluyó que

21 Página 14 de la sentencia de reparación directa, objeto de tutela.
22 Página 18, ibidem.

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el accidente con el señor John Jairo Espinoza Pinzón ocurrió netamente por la
imprudencia del señor Álvaro Jiménez Valero (como conductor y propietario de la
volqueta que lo atropelló), sino que también obedeció al incumplimiento tanto del
contratista como de la entidad contratante de señalizar en debida forma la vía pública
aledaña a la sede de la Superintendencia Bancaria, y de haber invadido el andén
peatonal para el descargue del material de construcción que transportaba el señor
Jiménez.

Al respecto, el órgano judicial accionado concluyó lo anterior:

Aunque en el lugar había una cinta de delimitación de la obra, no quedó probado en
el proceso que la obra pública contara con una debida señalización para advertir
a los peatones la existencia de un riesgo por descargar materiales de
construcción. Tampoco se probó que existiera señalización que alertara la presencia
de un vehículo parqueado en la vía destinada exclusivamente para peatones -acera o
andén- o que advirtiera que esa vía sería utilizada para carga y descarga de materiales
de construcción.

Por el contrario, se acreditó que el contratista de la obra elaboró un manual de
seguridad industrial y detalló cuáles eran las señales preventivas que debían
implementarse en la obra pública para advertir posibles riesgos. También se probó que
Álvaro Jiménez Valero -propietario y conductor de la volqueta- no observó las normas
imperativas del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente, pues estacionó un
vehículo sobre el andén y una zona verde. Espacios que están reservados para el uso
exclusivo de los peatones y por donde los vehículos no pueden transitar ni parquear
(art. 140). El conductor, además, arrancó sin la prudencia que implica conducir un
vehículo de esas dimensiones por un andén y en una zona peatonal. No se probó que
el conductor fuera diligente y, al menos, pidiera que una persona lo asistiera para
realizar la maniobra y le advirtiera el tránsito de peatones.

El actuar del contratista y el subcontratista, entonces, desconoció las normas
imperativas del Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente y las guías de
seguridad de la obra. Como el conductor era subcontratista de la obra y su
actuación estuvo ligada a la ejecución del contrato n°. SB. 1.2-2000, cuyo objeto
era construir una obra de propiedad [de] la Superintendencia Financiera -entidad
contratante-, se acreditó nexo con el servicio. Conforme a las pruebas, la Sala
concluye que la presencia de una volqueta en una zona exclusivamente
peatonal, la falta de una debida señalización de la obra y el incumplimiento de
las normas de tránsito por parte del subcontratista que conducía la volqueta
constituyen una falla del servicio de la parte demandada.

[…] (Se resalta)

Por consiguiente, como lo advirtió la Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo
objeto de impugnación, y sin que ello implique la falta de relevancia constitucional del
presente asunto, lo que se evidencia en la acción de tutela de la referencia es un claro
argumento de instancia y un desacuerdo palmario con la manera en la que la Sección

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Tercera de esta colegiatura resolvió la acción de reparación directa incoada por el
señor John Jairo Espinoza Pinzón, ya que lo referente a la acreditación del nexo
causal entre el hecho dañoso y la actuación del contratista, subcontratista y de la
Superintendencia Financiera de Colombia (como dueña de la obra), fue debidamente
definido en la sentencia de segunda instancia del 10 de diciembre de 2021, dentro del
proceso 25000 23 26 000 2002 02106 02 (49599).

En segundo lugar, el accionante adujo que en el sub lite se incurrió en defecto
sustantivo por la indebida aplicación de las normas y porque la decisión cuestionada
se fundó en «una hermenéutica no sistemática de la norma, con omisión del análisis
de otras disposiciones que regulan el caso».

Sobre este punto, precisó, grosso modo, que la entidad judicial tutelada aplicó de
manera errónea los artículos 112, 140 y 144 del Decreto 1344 de 1970 (Código
Nacional de Tránsito vigente para la época de los hechos), ya que estos no regulaban
la situación en litigio.

Al respecto, en la sentencia cuestionada se citaron las referidas normas, así:

15. Toda persona debe acatar los mandatos de la Constitución y de las leyes, conforme
con los arts. °4 inc. 2, 6 inc. 1y 95 inc. 2 CN, que retomaron lo dispuesto por los artículos
9 y18 CC, 56 y57 Código Régimen Político y Municipal y 66 CCA (hoy 89 CPACA).
Según el artículo 112 del Decreto 1344 de 1970, Código Nacional de Tránsito vigente
para la época de los hechos, las señales de tránsito preventivas son aquellas que
buscan advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este, y
las señales informativas tienen por finalidad guiar al usuario y proporcionarle la
información que pueda necesitar. En concordancia, el artículo 144 prescribe que
quienes ejecuten obras en vías públicas deben instalar dispositivos y señales para
prevenir riesgos. La acera o andén es -además- la vía destinada exclusivamente al
tránsito de peatones, de conformidad con el artículo 2. Por ello, los vehículos tienen
expresamente prohibido estacionar en andenes, de acuerdo con el artículo 140.23

Por su parte, en estricto sentido, la inconformidad de la parte actora consiste en lo
siguiente: i) las señales de tránsito previstas en el artículo 112 del mencionado Decreto
1344 no regulan las señales que se debían instalar en el evento de obras públicas en
edificaciones; ii) el artículo 144 ibidem no trataba de las señales que se debían instalar
para prevenir los riesgos en obras en vía pública, sino que establecía lo concerniente
a las medidas necesarias que deben tomar los conductores cuando se retiren del

23 Página 20 de la sentencia objeto de tutela.

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vehículo; y, iii) si bien el artículo 140 de la citada normativa disponía la prohibición de
estacionar en los andenes, debió aplicarse lo señalado en el Acuerdo 20 de 1995, en
concordancia con el artículo 3.° del citado Decreto 1344 de 1970, el cual sí autorizaba
temporalmente la ocupación de los andenes por concepto de obras públicas o
particulares (artículo B.10.9.2).

Para resolver el aludido reparo, se debe partir del contenido de las mencionadas
disposiciones, así:

Artículo 112º.- Las señales de tránsito se dividen en:
(…)
2. Señales de prevención o preventivas; que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la
existencia de un peligro y la naturaleza de éste. Debe tener forma cuadrada y se colocarán
con una diagonal en sentido vertical. Los colores que deben usarse son, fondo amarillo y
símbolo y orla negros.
3. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al
usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar, y se dividen en:
a) Señales para indicar dirección y para identificar carreteras;
b) Señales de localización;
c) Señales de información general.

[…]

Artículo 140º.- No se puede estacionar vehículos en los siguientes sitios:
1. Sobre los andenes;
[…]

Artículo 144º.- Cuando el conductor se retire del vehículo, tomará las medidas necesarias
para evitar que éste se ponga por si solo en movimiento, y tomará las siguientes medidas:
Detendrá el funcionamiento del motor e interrumpirá la ingnición (sic) del mismo.
2.(sic) Asegurará el sistema de frenos.
3.(sic) Dejará el vehículo engranado con las ruedas dirigidas hacia el andén o talud, o
aseguradas por medio de cuñas cuando se encuentre en una pendiente.
4.(sic) Cerrará cristales y portezuelas con sus sistemas de seguridad, y
5.(sic) Cuando se traté de vehículos de tracción animal, asegurará la rueda con cadenas o
traba

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De acuerdo con lo anterior, las precitadas disposiciones fueron invocadas por el
fallador de segunda instancia para determinar el marco normativo sobre las señales
de tránsito que deben acatarse en la vía pública, en especial, respecto a la prohibición
expresa de estacionarse sobre andenes, así como la instalación de señales y
dispositivos para prevenir riesgos.

No obstante, aunque el artículo 144 ejusdem no regulaba lo concerniente a las señales
que se deben instalar para prevenir los riesgos en obras en vía pública, lo cierto es
que se trató de una imprecisión que no tiene la virtualidad de invalidar la decisión
tutelada, puesto que la Sección Tercera, Subsección C, no solo se basó en dicha
disposición para establecer la responsabilidad del Estado por el accidente sufrido por
el señor John Jairo Espinosa Pinzón, sino que tuvo en cuenta las pruebas allegadas
al plenario para tal fin.

Por su parte, y en lo relativo a que el ad quem no tuvo en cuenta para expedir la
decisión acusada el Acuerdo 20 de 1995, el cual sí autorizaba temporalmente la
ocupación de los andenes por concepto de obras públicas o particulares (artículo
B.10.9.2), así como la Norma Técnica NTC 1461 del 1.º de abril de 1987, la cual es
utilizada para establecer los colores y señales de seguridad para la prevención de
accidentes y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia en las obras tanto
de naturaleza pública como privada, es dable concluir que dichas disposiciones no
fueron invocadas en las etapas de la acción de reparación directa, por lo que no es
pertinente traerlas a colación en el mecanismo constitucional de la referencia, ya que
esta no es una instancia adicional de los medios de control ordinarios, situación que
hace evidente el incumplimiento del requisito de subsidiaridad de la acción de tutela.

Con base en lo expuesto, el defecto sustantivo invocado por el accionante no
prospera.

2.5.4. Defecto fáctico

En el asunto sub examine, como se indicó en el acápite de antecedentes (numeral
1.3.1. ut supra), el señor Luis Fernando González Páez argumentó el mencionado
defecto, de la siguiente manera:

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04591 01
Demandante: Luis Fernando González Páez

En primer lugar, el Consejo de Estado omitió valorar y dar alcance a la declaración de
la señora Ana Ruth Rojas Peña, quien en su calidad de profesional universitario, grado
30209, de la Superintendencia Bancaria tenía a su cargo la supervisión e interventoría
de la obra, en el sentido de que ella manifestó que el ingeniero contratista «cumplió
con lo estipulado en el contrato respecto de la seguridad industrial, controles internos,
señalización, señales preventivas, cartelera de seguridad, control de programa de
seguridad, normas de protección y saneamiento básico, resolución N.o (sic) 62400 de
1979, elemento[s] de protección y otros elementos de protección (sic)».

En segundo lugar, que se valoraron las pruebas de manera irrazonable, sin aplicar los
principios de la sana crítica, la lógica y la experiencia, ya que tanto el conductor como
el único testigo ocular del accidente permiten evidenciar la existencia de la
señalización con cintas preventivas en el lugar del accidente, lo cual en la sentencia
no se tuvo por probado.

Para desatar los anteriores reparos, conviene precisar que, en la sentencia del 10 de
diciembre de 2021, esta colegiatura basó su decisión en diversos medios de prueba,
que le permitieron establecer, como ya se ha indicado, la responsabilidad del Estado
por el accidente sufrido por el señor John Jairo Espinoza Pinzón, tal como se
transcribe a continuación:

16.1. En relación con la ejecución de una obra pública al momento de los hechos, está
acreditado que el 18 de septiembre de 2000, la Superintendencia Bancaria y Luis
Fernández (sic) González Páez celebraron el contrato de obra n°. SB. 1.2-2000, para
la ejecución de las obras necesarias para reparar trece terrazas del edificio sede de la
entidad [hecho probado 11.1]. El 26 de septiembre de 2000, iniciaron los trabajos y el
22 de diciembre de 2000, las partes firmaron el acta de recibo de obra [hecho probado
11.1]. Luis Fernando González presentó el manual programa de seguridad industrial
para la ejecución del contrato SB.1.2-2000 y detalló que las señales preventivas eran
"las encargadas de dar advertencias anticipadas y estarán ubicadas en zonas con
riesgos de caída, con manipulación y manejo de equipos o que requieran para su
acceso cualquier tipo de accesorio o artículo de seguridad como elemento de
protección" [hecho probado 11.3].

En el contrato n°. SB.1.2-2000 se acordó que el contratista estaba obligado a preparar
un programa completo de servicio de seguridad y someterlo a la aprobación del
interventor y a proveer los sistemas de seguridad que fueran necesarios "para
mantener a salvo las personas y los bienes de la Entidad, así como a terceros durante
la ejecución de las obras" [cláusula segunda] y que sería responsable por los perjuicios
que se causaran a terceros, en cumplimiento del contrato [cláusula décima) (f. 28-46
y 49-67 c. 1). El 9 de octubre de 2000, según el acta de comité n°. 2 del contrato

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04591 01
Demandante: Luis Fernando González Páez

SB. 1.2-2000, la interventoría solicitó al contratista que tuviera en cuenta "todas
las medidas de señalización presentadas en el informe de seguridad industrial".

(Negritas fuera del texto original)

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que el fallador de segunda instancia no
tuvo en cuenta el testimonio de la señora Ana Ruth Rojas Peña, en el que se indicó
que el contratista, en este caso, el señor Luis Fernando González Páez, «cumplió con
lo estipulado en el contrato respecto de la seguridad industrial, controles internos,
señalización, señales preventivas, cartelera de seguridad, control de programa de
seguridad, normas de protección y saneamiento básico», también lo es que lo dicho
por la testigo en mención se desvirtuó con el requerimiento del 9 de octubre de 2000,
que le hizo la interventoría al contratista, para que cumpliera con todas las medidas
de señalización presentadas en el informe de seguridad industrial.

Además, es claro que el mencionado testimonio no puede ser considerado como una
prueba decisiva para demostrar la inexistencia de responsabilidad, ya que allí no se
advierte que la afirmación sostenida por la testigo correspondiera al día de los hechos,
sino que se entiende como un fundamento general el cual, se itera, fue desvirtuado
por otros medios de prueba.

De igual modo, tampoco es cierto que se valoraron las pruebas de forma irrazonable,
sin aplicar los principios de la sana crítica, la lógica y la experiencia, ya que en la
sentencia cuestionada sí se tuvo en cuenta que existía una cinta de delimitación de la
obra, empero, el ad quem, concluyó que «no quedó probado en el proceso que la obra
pública contara con una debida señalización para advertir a los peatones la existencia
de un riesgo por descargar materiales de construcción. Tampoco se probó que
existiera señalización que alertara la presencia de un vehículo parqueado en la vía
destinada exclusivamente para peatones -acera o andén- o que advirtiera que esa vía
sería utilizada para carga y descarga de materiales de construcción».

Por consiguiente, es dable concluir que los argumentos del accionante constituyen su
inconformidad con la manera en la que el fallador decidió el litigio, en el sentido en
que no fue favorable a sus intereses, por lo que el defecto fáctico referido tampoco
prospera.

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Demandante: Luis Fernando González Páez

2.5.5. Desconocimiento del precedente

En el presente caso, la parte actora indicó que en la decisión judicial acusada se
desconocieron las múltiples sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, sobre la ruptura del nexo causal por culpa exclusiva de la víctima o de un
tercero.

A pesar de lo anterior, el mencionado reparo no tiene vocación de prosperidad, toda
vez que no se adujo cuál era el precedente o la regla jurisprudencial presuntamente
desconocida por el juez de segunda instancia. Además, y en consonancia con lo
expuesto a lo largo de este proveído, en el presente caso sí se comprobó la
responsabilidad de los accionados por lo que tampoco se evidencia que se hayan
obviado los precedentes sobre el rompimiento del nexo causal, ya que no eran
aplicables para la resolución del litigio.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos, la Sala estima que el presente asunto sí tiene
relevancia constitucional, empero, no se configura la existencia de los defectos
especiales invocados por el señor Luis Fernando González Páez.

En tal sentido, se revocará la sentencia de primera instancia del 14 de diciembre de
2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, se
denegará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Revocar la sentencia del 14 de diciembre de 2023, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la acción de tutela de
la referencia.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04591 01
Demandante: Luis Fernando González Páez

Segundo. Denegar el amparo invocado por el señor Luis Fernando González Páez,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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