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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04596-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-04596-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 12 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 42 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01 Actor: Leandro Andrade Suárez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-04596-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 12 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala de
Decisión núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

la sentencia de 20 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 410013333003202200374-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento del Huila, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
presunto o ficto derivado de la omisión de respuesta a la petición radicada el 31 de
agosto de 2021, mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora por la no consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50
de 28 de diciembre de 19901 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
a las cesantías contempladas en la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.

4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva profirió sentencia de
primera instancia el 30 de marzo de 2023, negando las pretensiones de la
demanda.

5. La Sala de Decisión núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila profirió
sentencia de segunda instancia el 20 de junio de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2023 por el
Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, por medio de la cual denegó las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia. […]”.

6. La Sala de Decisión núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila consideró lo
siguiente:

1 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

“[…] i.- Actualmente es indiscutible la disparidad de criterios que existe al interior del
Consejo de Estado sobre la aplicación del artículo 99-3º de la Ley 50 de 1990 al
sector docente oficial. Esa situación por sí misma, releva al juez de obedecer un
precedente que no está unificado y que resulta contradictorio frente a otras
decisiones de la misma Corporación […]”.

[…]

“[…] Para resolver el sub examine, no es necesario recurrir al principio de
favorabilidad, en la medida en que no se está frente a dos disposiciones que
ofrezcan un trato diferenciado y/o antinomias legales. A contrario sensu, lo que se
aprecia es que la Ley 91 de 1989 (régimen especial de los docentes) no contempló
la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que introdujo la Ley
50 de 1990 y que por virtud de la Ley 344 de 1996 se extendió a los servidores
públicos territoriales con excepción de los educadores. […]”.

[…]

“[…] Ahora, la periodicidad anualizada para la liquidación de las cesantías no implica
per se, que el régimen de los docentes sea el mismo o se le apliquen las
disposiciones del marco prestacional de los demás servidores públicos o
particulares. Justamente, porque entre ellos se distingue el origen de los recursos,
la forma de administración, el fondo administrador y el trámite para su
reconocimiento y pago. […]”.

[…]

“[…] Para la Sala, la aplicación del régimen contenido en la Ley 50 de 1990
desconocería la especialidad del sistema consagrado en la Ley 91 de 1989 para los
docentes, y modificaría la forma de administrar, liquidar y cancelar sus cesantías.

Esto quiere decir, que, en lo relacionado con las cesantías y sus intereses, no es
procedente que los miembros del magisterio apelen a un régimen diferente cuando
el que los ampara, ya lo regula; o, que el vacío normativo (sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías) se satisfaga con la aplicación parcial de un
marco normativo general (creándose un lex tertia).

Se hace alusión a una aplicación parcial porque para el reconocimiento de la sanción
moratoria no se puede dejar de lado que la función asignada al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio es especial y que en todos los casos no
necesariamente la imputación de la responsabilidad por la omisión en la
consignación del auxilio es del empleador (como lo establece el artículo 99-3º de la
Ley 50 de 1990); más aún, si se tiene en cuenta que los recursos para el pago de la
prestación son girados por el Ministerio de Educación al Fondo y que la entidad
territorial (quien funge como administrador del servicio educativo y a veces como
nominador) no interviene en el traslado de esos dineros (Leyes 91 de 1989 y 1955
de 2019).

v.- La aplicación integral del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la situación de los
educadores también se dificulta cuando se trata de contabilizar la mora; en la medida
en que tampoco puede pasarse por alto que los recursos provienen del Sistema
General de Participaciones y se descuentan directamente de los rubros que
anualmente se distribuyen para la prestación del servicio educativo; los cuales,
deben ser presupuestados por la entidad territorial.

4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

vi.- La sentencia SU98 de 2018 que sustenta las súplicas no puede tenerse como
precedente de unificación vinculante, pues en ese caso, la Corte Constitucional se
refirió a un docente que no fue afiliado a ningún Fondo, y no al reconocimiento de la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. […]”.

[…]

“[…] Se itera, que, aunque el legislador generalizó el sistema anualizado para la
liquidación de las cesantías, su voluntad también se dirigió a distinguir a través de
diferentes regímenes: el trámite, la forma, los plazos y los administradores de los
recursos de uno y otro trabajador (docente vs particular y servidor público del nivel
territorial afiliado a un fondo privado). Y, es por esa legal categorización que para la
Sala no resulta adecuado exigir al empleador o al administrador de los dineros
cumplir con una obligación que no se incluyó en el compendio normativo que orienta
su funcionamiento (consignar las cesantías y cancelar los intereses antes del 15 de
febrero y del 31 de enero de cada año, respectivamente).

Así entonces, por las razones señaladasla (sic) Sala considera que el demandante
no es acreedora de la sanción moratoria y/o la indemnización procurada. En tal
virtud, es inocuo hacer referencia a la responsabilidad que prevé el artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO
DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/20/2023, en el expediente rad. No.
41001333300320220037401, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales por parte del accionado

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes:

5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

3. CORTE CONSTITUCIONAL

RADICADO MAGISTRADOS
No. FECHA MAGISTRADO PONENTE
EXPEDIENTE
DECISIÓN
Exp. T- SENTENCIA DE
1 6.736.200 17 de Dra. GLORIA STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 098/2018
octubre de DELGADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
2018
Exp. T- SENTENCIA DE
2 5904426 y otros 25 de julio Dr. GLORIA STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 332/2019
de 2019 DELGADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero Dr. LUIS GUILLERMO UNIFICACIÓN 041/2020
otros de 2020 GUERRERO PÉREZ DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO

RADICADO
CONSEJEROS FIRMANTES
No. EXPEDIENTE FECHA MAGISTRADO PONENTE
DECISIÓN
08001-23-33-
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
1 000-2013- 6 de agosto de Dra. SANDRA LISETH IBARRA DEL CONSEJO DE ESTADO
00666-01 2020
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
000-
• Dr.
2 200900867-01,
24 de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
No.
Interno: enero de
4854-2014 2019
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de Dr. NICOLAS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 2019 Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 2019 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315-
5 29 de julio Dr. NICOLÁS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.
000-2018-
de 2019 CORRALES GUILLERMO
03499-01
SÁNCHEZ LUQUE
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ GÓMEZ
00173-01 2 de Dr. RAFAEL FRANCISCO - Dr. GABRIEL
(1688-16) diciembre SUÁREZ VARGAS VALBUENA
de 2019 HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
08001-23-33-
7 10 de junio de Dra. SANDRA LISETH IBARRA - Dr.
000-2014-
2020 CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
Dr. RAFAEL FRANCISCO
08001-23-31-
8 22 de octubre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014-
de 2020 GÓMEZ GABRIEL
00254-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 08001-23-33- 12 de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014- noviembre de GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00132-01 2020 HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000 2014 2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)

6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

Dra. SANDRA LISSET IBARRA
08001-23-33-
11 17 de junio de Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS VÉLEZ - Dr. CARMELO
000-2015-
2021 PERDOMO CUÉTER
00331-01
Dr. RAFAEL FRANCISCO
19001-23-33-
12 4 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
de 2021 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00445-
HERNÁNDEZ
02(0483-
20)
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
13 000-2014- 25 de Dra. SANDRA LISETH IBARRA - Dr.
01127-01 noviembre de CARMELO PERDOMO CUÉTER
(1002-2021) 2021

Dr. RAFAEL FRANCISCO
40001-23-40-
14 25 de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2017-
noviembre de GÓMEZ GABRIEL
00134-01
2021 VALBUENA HERNÁNDEZ
(2208-2020)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-40-
15 11 de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
noviembre de GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
90008-01
2021 HERNÁNDEZ
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
16 11 de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2014-
noviembre de HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
90022-01
2021 VARGAS
(5154-2016)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2017-
2022 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
00931-01
(1001-2021)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-33-
18 3 de marzo de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2022 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00075-01
HERNÁNDEZ
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
19 000-2013- 28 de abril de Dr. CARMELO PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
00756-01 2022 CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ - Dr. GABRIEL
000-2017-
2022 SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
21 000-2019- 19 de mayo de Dra. SANDRA LISETH IBARRA - Dr.
00359-01 2022 CARMELO PERDOMO CUÉTER
(4004-2021)

22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS
000-2019- 2022 - Dr. CARMELO PERDOMO
00376-01 CUÉTER
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
23 000-2015- 22 de Agosto Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS VELEZ – Dr.
00509-01 de 2022 CARMELO PERDOMO CUÉTER
(2140-2020)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
24 000-2015- 22 de Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS VELEZ – Dr.
90124-01 Septiembre de CARMELO PERDOMO CUÉTER
(2394-2020) 2022

7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de Dr. WILLIAM HERNANDEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 2023 GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero DR. RAFAEL FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) 2023 GOMEZ DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
[…]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Sala de Decisión núm. 5 del Tribunal
Administrativo del Huila incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial; y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través
de auto de 30 de agosto de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar
al Tribunal Administrativo del Huila; y iii) vinculó al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Neiva, al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al “[…] Departamento de Santander […]”3,
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2)
días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Tribunal Administrativo del Huila señaló que:

“[…] Sobre los requisitos en mención, tenemos que, la parte actora en los procesos
de la referencia, no hizo alusión a los defectos en que incurrió esta Sala de Decisión,
pues centró su postura en que la providencia proferida por el Tribunal no se ajusta a
los postulados de la ley, por lo que es menester traer a colación los argumentos

3 La Sala precisa que, si bien la Sección Quinta del Consejo de Estado en el auto admisorio ordenó notificar al

Departamento de Santander, lo cierto es que la Secretaría de dicha Corporación notificó al Departamento del
Huila, autoridad que en efecto fue quien rindió informe dentro del proceso de tutela de la referencia.

8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

expuestos en las providencias de fecha 20 de junio de 2023 y 11 de julio de 2023,
en las que se mencionó: […]”.

[…]

“[…] En línea con lo anterior, podría entenderse que el defecto al que alude la parte
actora en cada uno de los procesos, se circunscribe al desconocimiento de la
normatividad que invoca como sustento de las pretensiones en los procesos
ordinarios. Sin embargo, como esa circunstancia implica la reiteración de las
pretensiones de los procesos, torna improcedente las acciones de tutela, pues la
decisión emitida por este Tribunal tiene como soporte el caudal probatorio recopilado
en cada uno de los procesos ordinarios, así como la verificación y aplicación de la
distinta normatividad en el asunto.

En consecuencia, solicito muy respetuosamente, negar el amparo deprecado, en
razón a que dentro de las providencias atacadas no se observa la vulneración de
algún derecho fundamental de la parte actora, amén que la configuración de los
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, brillan por su ausencia dentro del asunto bajo estudio. […]”.

12. El Departamento del Huila manifestó que:

“[…] Para el caso en particular y analizando los hechos y fundamentos de la acción
de tutela, esta no debe proceder por cuanto, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales es de carácter excepcional, ello con el fin de que no se desconozcan los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica,
y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo, por el contrario, existe otro
medio judicial idóneo para el asunto, la cual está en la figura del RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION, pues, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone del recurso de revisión
como un medio de impugnación excepcional mediante el cual es posible examinar
las decisiones emitidas por un órgano judicial de lo contencioso administrativo,
materializada en una sentencia y revestidas de cosa juzgada, por ser irregulares o
ilegales con la finalidad de restablecer el orden jurídico. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, se observa que la solicitud de amparo en el caso sub examine no
versa sobre un derecho fundamental, sino el pago de una sanción económica. En
efecto, pese a que el accionante identifica los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad, acceso a la justicia entre otros, como
vulnerados, su solicitud de amparo tiene contenido meramente económico; pues
solicita que se deje sin “efectos la sentencia referida en el numeral anterior y profiera
una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema
edificó la Corte Constitucional en las sentencia SU 098 de 17 de octubre de 2018 y
el de la Sección Segunda del H. consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción pro (sic) mora como fue solicitada
en la demanda”. Situación que nos lleva a inferir claramente, que la solicitud de
amparo busca reabrir un debate meramente legal que ya fue objeto de análisis en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y fue resuelto, de manera
definitiva, por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, y que, al proferirse
decisión desfavorable a sus intereses, acudió, con la misma pretensión, al Juez de
Tutela […]”.

9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

[…]

“[…] En conclusión, Honorable Consejero, solicito respetuosamente a Usted, NO
TUTELAR los fundamentos expuestos por el docente LEANDRO ANDRADE
SUAREZ por cuanto los fallos proferidos en el proceso impetrado por el docente, se
encuentran conforme a derecho y pese a que existe otro mecanismo para la revisión
de las decisiones judiciales, en ninguno de los dos fallos se ha vulnerado Derecho
Fundamental alguno que ampare al Tutelante, para interponer el presente
mecanismo judicial. […]”.

13. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Neiva allegó copia digital del
expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-
33-33-003-2022-00374-00.

14. El Ministerio de Educación Nacional guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

La sentencia impugnada

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de octubre
de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la
FIDUPREVISORA S.A. (Como Administradora del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio)

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Leandro Andrade Suárez contra el Tribunal Administrativo del Huila, por los motivos
expuestos en esta providencia. […]”.

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de
27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las relativas
a un derecho de índole económico deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, comoquiera que “le está prohibido al juez de
tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario” , so pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir
a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por el señor
Leandro Andrade Suárez versa sobre una cuestión de interpretación meramente
legal, que no impacta la garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales,

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

por cuanto considera que el Tribunal Administrativo del Huila, en la providencia de
20 de junio de 2023, vulneró sus derechos fundamentales invocados tras confirmar
la decisión de primera instancia. […]”.

[…]

“[…] De modo que el objeto del debate se centra en que, a juicio del tutelante, la
normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores públicos
también aplica a los educadores oficiales y, por ello, se le debía consignar al Fomag
a más tardar el 15 de febrero de 2021 dicha prestación, correspondiente al servicio
que prestó durante el año anterior.

Entonces, el asunto en estudio gira en torno a una cuestión meramente legal y de
carácter económico, pues la inconformidad de la accionante se limita al pago de
derechos patrimoniales –sanción moratoria e intereses anuales a las cesantías–,
más allá de estar orientado a la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, de modo que la situación descrita es “de competencia exclusiva del juez
ordinario”, por lo que el juez de tutela no le corresponde zanjar aspectos como el
que aquí se trata. […]”.

[…]

“[…] Nótese que en la providencia cuestionada se explicó que no había una posición
unificada respecto al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990 al sector docente y se concluyó que no era posible aplicar el precedente
fijado en la sentencia SU-098 de 2018, toda vez que los supuestos fácticos del caso
allí analizado eran diferentes a los del actor.

En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda
vez que el reclamo del señor Leandro Andrade Suárez carece de relevancia
constitucional, en atención a que lo pretendido es convertir este mecanismo de
amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se resuelva una
controversia que se reduce a un debate meramente legal y económico. […]”.

La impugnación

17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente4:

“[…] Frente al particular, es pertinente manifestar que no es de recibo la afirmación
que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes del sector oficial, ya que la postura está decantada desde el año 2019
hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con
el escrito de la acción de tutela, y que para efectos ilustrativos también nos
permitimos allegar al presente escrito, de la siguiente manera:

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO
CONSEJEROS FIRMANTES
No. EXPEDIENTE FECHA MAGISTRADO

4 Transcripción literal del texto.

11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

DECISIÓN PONENTE

08001-23-33-
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
1 000-2013- 6 de agosto de Dra. SANDRA LISETH DEL CONSEJO DE ESTADO
00666-01 2020 IBARRA
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-
Dr.
2 200900867-01,
24 de enero Dra. SANDRA LISETH CARMELO PERDOMO CUÉTER
No.
Interno: de 2019 IBARRA
4854-2014
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de Dr. NICOLAS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 2019 CORRALES Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 2019 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
11001-0315-
5 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES NAVAS - Dr. GUILLERMO
000-2018-
2019 CORRALES SÁNCHEZ LUQUE
03499-01
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ GÓMEZ -
00173-01 2 de Dr. RAFAEL FRANCISCO Dr. GABRIEL
(1688-16) diciembre de SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
2019
Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
08001-23-33-
7 10 de junio de Dra. SANDRA LISETH Dr.
000-2014-
2020 IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
08001-23-31-
8 22 de octubre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
000-2014-
2020 GÓMEZ VALBUENA HERNÁNDEZ
00254-01
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
9 08001-23-33- 12 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2014- de 2020 GÓMEZ HERNÁNDEZ
00132-01

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
10 08001 23 31 17 de junio de Dr. GABRIEL VALBUENA - Dr. RAFAEL FRANCISCO
000 2014 2021 HERNÁNDEZ SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)
Dra. SANDRA LISSET IBARRA
08001-23-33-
11 17 de junio de Dr. CÉSAR PALOMINO VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO
000-2015-
2021 CORTÉS CUÉTER
00331-01
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
19001-23-33-
12 4 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2015-
de 2021 GÓMEZ HERNÁNDEZ
00445-
02(0483-
20)
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
13 000-2014- 25 de noviembre Dra. SANDRA LISETH Dr.
01127-01 de 2021 IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
(1002-2021)

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
40001-23-40-
14 25 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
000-2017-
de 2021 GÓMEZ VALBUENA HERNÁNDEZ
00134-01
(2208-2020)

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
080001-23-40-
15 11 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2015-
de 2021 GÓMEZ HERNÁNDEZ
90008-01
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
080001-23-40-
16 11 de noviembre Dr. GABRIEL VALBUENA - Dr. RAFAEL FRANCISCO
000-2014-
de 2021 HERNÁNDEZ SUÁREZ
90022-01
VARGAS
(5154-2016)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de Dr. GABRIEL VALBUENA - Dr. RAFAEL
000-2017-
2022 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
00931-01
(1001-2021)
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
080001-23-33-
18 3 de marzo de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2015-
2022 GÓMEZ HERNÁNDEZ
00075-01
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
19 000-2013- 28 de abril de Dr. CARMELO PERDOMO Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01 2022 CUÉTER
(2224-2020)

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de Dr. RAFAEL FRANCISCO - Dr. GABRIEL
000-2017-
2022 SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
21 000-2019- 19 de mayo de Dra. SANDRA LISETH Dr.
00359-01 2022 IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
(4004-2021)

22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
23 000-2015- 22 de Agosto de Dr. CÉSAR PALOMINO VELEZ – Dr.
00509-01 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
(2140-2020)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
24 000-2015- 22 de Dr. CESAR PALOMINO VELEZ – Dr.
90124-01 Septiembre de CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
(2394-2020) 2022
76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de Dr. WILLIAM HERNANDEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 2023 GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero DR. RAFAEL FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) 2023 GOMEZ DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
[…]”.

[…]

“[…] En conclusión, la posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 –
sanción moratoria a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio ya existe, tal y como quedó plasmado en el presente acápite,
con base en los 26 fallos proferidos aproximadamente, en donde para el Consejo de

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

Estado, en virtud del principio de favorabilidad y teniendo en cuenta que los docentes
del sector oficial son empleados públicos, son beneficiarios del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 – régimen de cesantías anualizadas y ante tal incumplimiento el
reconocimiento de la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso.

II. LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL INTERPUESTA SÍ CUMPLE CON EL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Sobre este particular específicamente (relevancia constitucional), en sede de
tutela, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, mediante providencia del 23 de marzo de 2023, se
refirió en los siguientes términos: […]”.

[…]

“[…] Más adelante, mediante sentencia de tutela de primera instancia proferido por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Radicado No. 11001031500020230096500 de fecha 17 de abril de
2023, en la cual se dispuso lo siguiente: […]”.

[…]

“[…] Así entonces, se evidencia que por parte del Consejo de Estado en un reciente
pronunciamiento del 23 de marzo de la presente anualidad ya analizó un caso con
una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de
procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de
segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente; razón por la cual,
solicito comedidamente en igual sentido se profiera sentencia de tutela dentro del
presente asunto, teniendo en cuenta la providencia mencionada. […]”.

[…]

“[…] Ahora, si bien es cierto por regla general no procede la acción de tutela contra
providencias judiciales, también lo es que este recurso de constitucionalidad contra
sentencias es un eje central en el sistema de garantía de los derechos
fundamentales. En consecuencia, este mecanismo en esta instancia, no solo se
convierte en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando los mismos
han sido vulnerados o amenazados por acción u omisión de una autoridad judicial,
además, sirve también como un instrumento encaminado para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios que ya se encuentran definidos
y tramitados, únicamente desde la arista del derecho legislado. Es decir, que este
recurso de amparo contra sentencias es el instrumento para actualizar el derecho y
que se nutra de valores y en general principios y derechos que deben gobernar un
Estado Social y Democrático de Derecho.

Luego entonces, la acción de tutela contra providencias judiciales está concebida
como un procedimiento cautelar que garantiza la efectividad del derecho
fundamental al debido proceso de otro proceso judicial, en el que se ha vulnerado
presuntamente este derecho, por lo que se trata de una pretensión de prevención y
de protección. En este mismo sentido, este recurso de amparo ostenta el carácter
de excepcional y residual, procurando que cuando no exista otro medio de defensa,
se pueda garantizar la aplicación de los derechos fundamentales en el proceso
principal y se le prohíbe pronunciarse sobre el asunto de fondo lo cual es de
competencia del juez de conocimiento. Ahora bien, es necesario puntualizar que la
acción de tutela como procedimiento cautelar esté ligado a otro proceso es
completamente autónomo con relación a lo que se discute en proceso en que se

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

incurrió en una vía de hecho que busca garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se evidencia que: i) en el presente asunto se agotaron todos los
medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se tenían al alcance, pues se
controvirtió la presente situación en sede de la actuación administrativa, sino
también en la judicial, interponiendo todos los recursos que legalmente procedían;
por ejemplo, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ii) en
cuanto al requisito de inmediatez, el mismo se encuentra acreditado, pues basta con
observar la fecha de notificación del fallo de segunda instancia proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá y la fecha de radicación de la presente acción de
tutela, para poder evidenciar el término razonable para solicitar mediante esta acción
constitucional la protección de los derechos fundamentales, iii) se justificó de
manera razonable los hechos que consideraron violatorios de los derechos
fundamentales de mi poderdante, pues al analizar el escrito de acción de tutela es
notorio que si se realizó este ejercicio, pues se analizaron los argumentos que
propenden evidenciar una violación directa a la Constitución en que incurrieron los
fallos objetos de estudio, es decir, la falta de reconocimiento de la sanción moratoria
reglada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de
cesantías en el respectivo fondo, teniendo como argumento la configuración de los
defectos sustantivos que tiene directa relación con la violación directa de la
Constitución, ya que la solicitud de aplicación de la Ley 50 de 1990 encuentra su
sustento en el desconocimiento del principio de favorabilidad, y de igual forma se
analizaron los motivos por los cuales en el presente asunto se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, TODO EN CONSONANCIA, con la abundante
jurisprudencia que en el caso específico de los docentes de manera reiterada se ha
expresado y se plasmó en el líbelo de la acción de tutela y iv) el presente asunto no
versa sobre una irregularidad procesal, así como tampoco se radicó esta acción de
tutela contra una sentencia de esa misma índole. […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, en esta oportunidad el Honorable Consejo de Estado
consideró que el asunto si goza de relevancia constitucional, en tanto, se deberá
analizar si el fallo objeto del recurso de amparo desconoció los derechos
fundamentales de la accionante, al no tener en cuenta el régimen aplicable a los
docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de
cesantías.

Y es que se citan estas sentencias, por cuanto las acertadas conclusiones a las que
arribaron siguen siendo postura en el Consejo de Estado ya que en el interregno
en el cual se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió
el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de
2023, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, siendo notificada en el
presente mes de marzo de 2023, consistente en un fallo de segunda instancia
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional,
el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria
cesantías anualizadas – Docente […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

“[…] En otras palabras, y de acuerdo a la Sentencia SU 098 de 2018, en virtud del
principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995
adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de
la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores
públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones
a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago
oportuno de la prestación social. Es por ello, que no es de recibo para esta parte
procesal que se afirme que el presente asunto no tiene relevancia constitucional,
por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera
el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara
vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el
auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha analizado la importancia de las cesantías
en la vida laboral del trabajador, tal y como se especificó en la Sentencia C-432 de
2020, en donde señaló: […]”.

[…]

“[…] Bajo esta misma línea, la Sentencia C-171 de 2020 de la Corte Constitucional
indicó lo siguiente respecto de la protección al desempleo y el auxilio de cesantías:
[…]”.

[…]

“[…] Ahora, descendiendo al caso en concreto, es aplicable el régimen anualizado
de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es decir que,
se deberá afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la
consignación es la única manera de garantizar el acceso a la prestación, pues tal
sistema solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden contar con su pago de
forma oportuna para poder disponer del auxilio de cesantías en cualquiera de los
eventos en que se permite su utilización, es decir, ante el desempleo, financiar
educación superior, y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda.

Corolario a lo anterior, una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros, viola el derecho a la igualdad, pues los docentes del
señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro
de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la aplicación
favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia constitucional
para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela.

En virtud de ello, se manifiesta que los docentes se encuentran en la categoría de
empleados públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás
servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo,
como lo es, el auxilio de cesantías, así, una interpretación contraria, conllevaría una
restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de
cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa
prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se
está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros
servidores públicos […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20197, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Leandro Andrade Suárez

fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena8, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó9 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200510, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
10 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”11 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

11 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Actor: Leandro Andrade Suárez

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201413, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [15].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [16].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [17].

13 Ut supra página 6.
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [20]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró21:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”22

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”23

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales

21 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Ibidem.

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y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

32. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno

24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

23

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estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,

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sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, legua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan. […]”.

36. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

25

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad
social

37. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

38. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos” […]”.

26

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

39. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional25 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

41. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala de
Decisión núm. 5 del Tribunal Administrativo del Huila, porque, a su juicio, al proferir
la sentencia de 20 de junio de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 41001-33-33-003-2022-00374-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el

25 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Actor: Leandro Andrade Suárez

caso concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

44.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 410013333003202200374-01.

Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional

45. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente26:

“[…] Es decir que, se hace necesario que se analice la violación directa de la
Constitución, debido a la interpretación que realizaron los jueces de instancia, pues
generó el desconocimiento del artículo 53 Superior, el cual estableció derechos y
garantías mínimas a favor de los trabajadores que no se pueden desconocer, dentro
de los que se encuentra el principio de favorabilidad ya sea en la aplicación de
normas jurídicas o en la interpretación de las mismas, y en tal sentido, el operador
judicial deberá aplicar la situación más favorable para el trabajador. En este orden
de ideas, se evidencia que han existido otros caso en los cuales, la Corte
Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un
régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de

26 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.

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inescindibilidad, como por ejemplo ha sido el caso de la aplicación de la norma sobre
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores
públicos por el pago tardío de las mismas, a los docentes del sector oficial
(Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU 336 de 2017 y SU 098 de 2018)
[…]”.

[…]

“[…] Honorables Consejeros, debe centrarse en establecer un tema importante: no
fueron tenidas en cuenta las ultimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde
esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta, ¿le es aplicable
sí o no, La Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de
Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 Consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido
sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva,
y aquí es donde se centra el debate, porque las demandadas insisten, en que NO
EXISTE la obligación de que la Nación deba consignar las cesantías al FOMAG,
situación que fue replicada en la decisión del Tribunal Administrativo del Huila que
ha sido tutelada en esta oportunidad, pero es claro que existe la obligación de sus
consignación antes del 15 de febrero de cada año, como están encaminadas las
pretensiones de este asunto, puntualmente, las cesantías del año 2020, de esta
manera garantizar las prestaciones a los trabajadores, eso es lo que estamos
pretendiendo acá. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es claro que existían dos (2) posiciones, pero después del estudio
de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2018, en la expedición de la sentencia
SU-098 de 2018, es que el Consejo de Estado se ha acogido a la interpretación
favorable, en el sentido de indicar que si le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales. Que sigan manifestando las entidades demandadas que la SU-
098 estudia otra situación jurídica, por otra situación fáctica, no resulta cierto, pues
es necesario dejar claro que la ley 50 de 1990 CASTIGA LA FALTA DE
CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS EN EL FONDO DONDE ESTÉ AFILIADO
EL TRABAJADOR, NO LA FALTA DE AFILIACIÓN A UN FONDO, es por esto que
a los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de
empleados públicos del país, no es por capricho de este apoderado, es basado en
el principio de igualdad, de legalidad y de favorabilidad, que, como iteradamente he
manifestado, proviene de la historia y de evolución normativa y jurisprudencial. […]”.

[…]

“[…] Honorables Consejeros que conocen esta RESPETUOSA acción de tutela,
obsérvese que la INTENCIÓN DE LA MISMA, es que se respete el establecimiento
de la ley, los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias que al unísono
se han expedido sobre la materia en el H.C.E. SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión
de la CONFIANZA QUE GENERÓ EN LOS DOCENTES OFICIALES vinculados con
posterioridad al 1 de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de
sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la sección segunda del H.C.E.,
que los conllevó a solicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del trabajo del año
2020, fueran trasladas al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, derecho
que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una sanción por mora
establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996 […]”.

[…]

29

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

“[…] El desconocimiento de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de
cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA en la decisión proferida el 6/20/2023, es una abierta
contradicción de la seguridad que el C.E. generó, traduciéndose en una vulneración
al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad, coherencia
del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un
caso concreto. […]”.

[…]

“[…] En caso similar el Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia
del 21 de julio de 2022, teniendo como Magistrado ponente: Doctor Andrés Medina
Pineda, Radicación: No.70001-23-33-000-02018-00097-00, Demandado: NACION
– MIISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG, adoptó la teoría que en virtud
del principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docenteslas disposiciones
contenida en la ley 50 de 1990, así: […]”.

[…]

“[…]PRECEDENTES JUDICIALES DE JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL
PAÍS EN LOS AÑOS 2022 Y 2023, QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA
SANCIÓN POR MORA A DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE
ENERO DE 1990, POR LA FALTA DE CONSIGNACIÓN POR PARTE DEL
PATRONO – MEN – EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL FOMAG Y QUE
CORRESPONDEN A SU LABOR COMO MAESTRO OFICIAL EN EL AÑO 2020

1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, en sentencia expedida
el 23 de junio de 2022, en el exp. Rad. No. 66001-33-33-001-2022-00020-00,
Demandante: Docente John Jader Oyola Osorio Demandado: NACION – MEN,
determinó: […]”.

[…]

“[…] 2. En sentencia proferida el 9 de septiembre de 2002, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el expediente rad. No. 70001-33-33- 002-
2022-00115-00, Demandante: Docente Eladio Segundo Terán Tovar. Demandado:
NACION – MEN, estableció: […]”.

[…]

“[…] 3. Así mismo el JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN, el veintiuno (21) de septiembre de 2022, en exp. No. 05001-33-33- 019-
2022-00085-00, Demandante: Docente JOSÉ ALEXÁNDER ESTRADA VILLA
Demandado: NACION – MEN, señaló: […]”.

[…]

“[…] 4. Reiteró el Juzgado 2do. Administrativo del Circuito de Buga, Rad. No. 76-
001-33- 33-002-2022-00095-00, en sentencia del 27 de septiembre de 2022,
Demandante: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO, Demandado: NACION –
MEN, que: […]”.

[…]

“[…] 5. El Juzgado 3ero Administrativo del Circuito de Buga, en providencia del
veintiocho (28) de septiembre de 2022, Radicado: 76111-33-33-003 – 2022-00066-

30

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

00, Demandante: Docente ROSA ZOHE RIVAS QUEVEDO, expresó: […]”.

[…]

“[…] 6. En una decisión acorde con lo expresado por el H.C.E., de manera reiterativa,
el Juzgado 2do. Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el 28 de septiembre
del año 2022, Radicado: 680013333002202200065-00, Demandante: Docente
FREDY RAMÍREZ BLANCO Demandados: NACIO – MEN, fue determinante en
puntualizar: […]”.

[…]

“[…] 7. EL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA. septiembre treinta (30) de dos mil veintidós (2022), Referencia:
Rad. 680013333009-2022-00109-00, Demandante: LAURA BERMUDEZ PRADA
Demandados: Nación–MEN, concretó: […]”.

[…]

“[…] 8. En sintonía con los demás despachos judiciales de Colombia, el juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdo, el 6 de octubre de 2022,
Radicado: 27001-33-33-002-2022-00072-00, Demandante: MABEL OBREGON
AGUIRRE, dispuso: […]”.

[…]

“[…] 9. Muy importante el estudio realizado por el Juzgado 5to. Adtivo del Circuito
de Quibdo, que en decisión del 25 de octubre de 2022, Radicado: 27001-33-33-005-
2022-00122-00, Docente Demandante: JULIANNE AMUD IBARGUEN
Demandados: Nación–Ministerio de Educación Nacional, prefijo: […]”.

[…]

“[…] 10.Desde la Jurisdicción del Valle del Cauca, el Juzgado 2do. Administrativo
del Circuito de Buga, el 16 de noviembre de 2022, Radicado: 76-147-33-33-002-
2022-00008-00, fue contudente en resolver el derecho a la sanción por mora de un
docente a quien no les consignaron sus cesantías el 15 de febrero de 2021, de su
trabajo como docente en el año 2020, así: […]”.

[…]

“[…] 11.Aporta una decisión muy clara el JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, en sentencia del
diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023), Radicado:11001-3342-051-
2022-00098-00, Docente Demandante: CRISTIAN BERNARDO PARRADO
RINCÓN Demandado: Nación–MEN, describió su precisa decisión así: […]”.

46. De igual manera, el actor en su escrito de impugnación manifestó lo siguiente:

“[…] Frente al particular, es pertinente manifestar que no es de recibo la afirmación
que no exista una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes del sector oficial, ya que la postura está decantada desde el año 2019
hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento jurisprudencial arrimado con

31

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

el escrito de la acción de tutela, y que para efectos ilustrativos también nos
permitimos allegar al presente escrito, de la siguiente manera:

CONSEJO DE ESTADO

RADICADO
CONSEJEROS FIRMANTES
No. EXPEDIENTE FECHA MAGISTRADO
DECISIÓN PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN
1 000-2013- 6 de agosto de Dra. SANDRA LISETH DEL CONSEJO DE ESTADO
00666-01 2020 IBARRA
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-
Dr.
2 200900867-01,
24 de enero Dra. SANDRA LISETH CARMELO PERDOMO CUÉTER
No.
Interno: de 2019 IBARRA
4854-2014
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de Dr. NICOLAS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 2019 CORRALES Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 2019 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ
11001-0315-
5 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES NAVAS - Dr. GUILLERMO
000-2018-
2019 CORRALES SÁNCHEZ LUQUE
03499-01
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ GÓMEZ -
00173-01 2 de Dr. RAFAEL FRANCISCO Dr. GABRIEL
(1688-16) diciembre de SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
2019
Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
08001-23-33-
7 10 de junio de Dra. SANDRA LISETH Dr.
000-2014-
2020 IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
00208-01
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
08001-23-31-
8 22 de octubre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
000-2014-
2020 GÓMEZ VALBUENA HERNÁNDEZ
00254-01
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
9 08001-23-33- 12 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2014- de 2020 GÓMEZ HERNÁNDEZ
00132-01

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
10 08001 23 31 17 de junio de Dr. GABRIEL VALBUENA - Dr. RAFAEL FRANCISCO
000 2014 2021 HERNÁNDEZ SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)
Dra. SANDRA LISSET IBARRA
08001-23-33-
11 17 de junio de Dr. CÉSAR PALOMINO VÉLEZ - Dr. CARMELO PERDOMO
000-2015-
2021 CORTÉS CUÉTER
00331-01
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
19001-23-33-
12 4 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2015-
de 2021 GÓMEZ HERNÁNDEZ
00445-
02(0483-
20)

32

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
13 000-2014- 25 de noviembre Dra. SANDRA LISETH Dr.
01127-01 de 2021 IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
(1002-2021)

Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
40001-23-40-
14 25 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL
000-2017-
de 2021 GÓMEZ VALBUENA HERNÁNDEZ
00134-01
(2208-2020)
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
080001-23-40-
15 11 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2015-
de 2021 GÓMEZ HERNÁNDEZ
90008-01
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
080001-23-40-
16 11 de noviembre Dr. GABRIEL VALBUENA - Dr. RAFAEL FRANCISCO
000-2014-
de 2021 HERNÁNDEZ SUÁREZ
90022-01
VARGAS
(5154-2016)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de Dr. GABRIEL VALBUENA - Dr. RAFAEL
000-2017-
2022 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
00931-01
(1001-2021)
Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
080001-23-33-
18 3 de marzo de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ VARGAS - Dr. GABRIEL VALBUENA
000-2015-
2022 GÓMEZ HERNÁNDEZ
00075-01
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
19 000-2013- 28 de abril de Dr. CARMELO PERDOMO Dra. SANDRA LISETH IBARRA
00756-01 2022 CUÉTER
(2224-2020)

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de Dr. RAFAEL FRANCISCO - Dr. GABRIEL
000-2017-
2022 SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
21 000-2019- 19 de mayo de Dra. SANDRA LISETH Dr.
00359-01 2022 IBARRA CARMELO PERDOMO CUÉTER
(4004-2021)

22 47-001-23-33- 1 de julio de Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS -
000-2019- 2022 IBARRA Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER
00376-01
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
23 000-2015- 22 de Agosto de Dr. CÉSAR PALOMINO VELEZ – Dr.
00509-01 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
(2140-2020)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
24 000-2015- 22 de Dr. CESAR PALOMINO VELEZ – Dr.
90124-01 Septiembre de CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
(2394-2020) 2022
76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de Dr. WILLIAM HERNANDEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 2023 GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero DR. RAFAEL FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) 2023 GOMEZ DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

[…]”.

[…]

“[…] En conclusión, la posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 –
sanción moratoria a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio ya existe, tal y como quedó plasmado en el presente acápite,
con base en los 26 fallos proferidos aproximadamente, en donde para el Consejo de
Estado, en virtud del principio de favorabilidad y teniendo en cuenta que los docentes
del sector oficial son empleados públicos, son beneficiarios del artículo 99 de la Ley
50 de 1990 – régimen de cesantías anualizadas y ante tal incumplimiento el
reconocimiento de la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retraso.

II. LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL INTERPUESTA SÍ CUMPLE CON EL
REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

Sobre este particular específicamente (relevancia constitucional), en sede de
tutela, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, mediante providencia del 23 de marzo de 2023, se
refirió en los siguientes términos: […]”.

[…]

“[…] Más adelante, mediante sentencia de tutela de primera instancia proferido por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Radicado No. 11001031500020230096500 de fecha 17 de abril de
2023, en la cual se dispuso lo siguiente: […]”.

[…]

“[…] Así entonces, se evidencia que por parte del Consejo de Estado en un reciente
pronunciamiento del 23 de marzo de la presente anualidad ya analizó un caso con
una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de
procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de
segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente; razón por la cual,
solicito comedidamente en igual sentido se profiera sentencia de tutela dentro del
presente asunto, teniendo en cuenta la providencia mencionada. […]”.

[…]

“[…] Ahora, si bien es cierto por regla general no procede la acción de tutela contra
providencias judiciales, también lo es que este recurso de constitucionalidad contra
sentencias es un eje central en el sistema de garantía de los derechos
fundamentales. En consecuencia, este mecanismo en esta instancia, no solo se
convierte en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando los mismos
han sido vulnerados o amenazados por acción u omisión de una autoridad judicial,
además, sirve también como un instrumento encaminado para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios que ya se encuentran definidos
y tramitados, únicamente desde la arista del derecho legislado. Es decir, que este
recurso de amparo contra sentencias es el instrumento para actualizar el derecho y
que se nutra de valores y en general principios y derechos que deben gobernar un
Estado Social y Democrático de Derecho.

Luego entonces, la acción de tutela contra providencias judiciales está concebida
como un procedimiento cautelar que garantiza la efectividad del derecho
fundamental al debido proceso de otro proceso judicial, en el que se ha vulnerado

34

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

presuntamente este derecho, por lo que se trata de una pretensión de prevención y
de protección. En este mismo sentido, este recurso de amparo ostenta el carácter
de excepcional y residual, procurando que cuando no exista otro medio de defensa,
se pueda garantizar la aplicación de los derechos fundamentales en el proceso
principal y se le prohíbe pronunciarse sobre el asunto de fondo lo cual es de
competencia del juez de conocimiento. Ahora bien, es necesario puntualizar que la
acción de tutela como procedimiento cautelar esté ligado a otro proceso es
completamente autónomo con relación a lo que se discute en proceso en que se
incurrió en una vía de hecho que busca garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se evidencia que: i) en el presente asunto se agotaron todos los
medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se tenían al alcance, pues se
controvirtió la presente situación en sede de la actuación administrativa, sino
también en la judicial, interponiendo todos los recursos que legalmente procedían;
por ejemplo, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ii) en
cuanto al requisito de inmediatez, el mismo se encuentra acreditado, pues basta con
observar la fecha de notificación del fallo de segunda instancia proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá y la fecha de radicación de la presente acción de
tutela, para poder evidenciar el término razonable para solicitar mediante esta acción
constitucional la protección de los derechos fundamentales, iii) se justificó de
manera razonable los hechos que consideraron violatorios de los derechos
fundamentales de mi poderdante, pues al analizar el escrito de acción de tutela es
notorio que si se realizó este ejercicio, pues se analizaron los argumentos que
propenden evidenciar una violación directa a la Constitución en que incurrieron los
fallos objetos de estudio, es decir, la falta de reconocimiento de la sanción moratoria
reglada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de
cesantías en el respectivo fondo, teniendo como argumento la configuración de los
defectos sustantivos que tiene directa relación con la violación directa de la
Constitución, ya que la solicitud de aplicación de la Ley 50 de 1990 encuentra su
sustento en el desconocimiento del principio de favorabilidad, y de igual forma se
analizaron los motivos por los cuales en el presente asunto se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, TODO EN CONSONANCIA, con la abundante
jurisprudencia que en el caso específico de los docentes de manera reiterada se ha
expresado y se plasmó en el líbelo de la acción de tutela y iv) el presente asunto no
versa sobre una irregularidad procesal, así como tampoco se radicó esta acción de
tutela contra una sentencia de esa misma índole. […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, en esta oportunidad el Honorable Consejo de Estado
consideró que el asunto si goza de relevancia constitucional, en tanto, se deberá
analizar si el fallo objeto del recurso de amparo desconoció los derechos
fundamentales de la accionante, al no tener en cuenta el régimen aplicable a los
docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio de
cesantías.

Y es que se citan estas sentencias, por cuanto las acertadas conclusiones a las que
arribaron siguen siendo postura en el Consejo de Estado ya que en el interregno
en el cual se radicó la acción de tutela y hasta la fecha del día de hoy se profirió
el pronunciamiento más reciente en la materia, fue proferida el 19 de enero de
2023, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
consejero ponente Dr. William Hernández Gómez, siendo notificada en el
presente mes de marzo de 2023, consistente en un fallo de segunda instancia

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es
decir, que mientras estamos en el presente trámite de la acción constitucional,
el Consejo de Estado ratifica su postura en el tema de sanción moratoria
cesantías anualizadas – Docente […]”.

[…]

“[…] En otras palabras, y de acuerdo a la Sentencia SU 098 de 2018, en virtud del
principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995
adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de
la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores
públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones
a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago
oportuno de la prestación social. Es por ello, que no es de recibo para esta parte
procesal que se afirme que el presente asunto no tiene relevancia constitucional,
por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente vulnera
el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se evidencia una clara
vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma de garantizar el
auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha analizado la importancia de las cesantías
en la vida laboral del trabajador, tal y como se especificó en la Sentencia C-432 de
2020, en donde señaló: […]”.

[…]

“[…] Bajo esta misma línea, la Sentencia C-171 de 2020 de la Corte Constitucional
indicó lo siguiente respecto de la protección al desempleo y el auxilio de cesantías:
[…]”.

[…]

“[…] Ahora, descendiendo al caso en concreto, es aplicable el régimen anualizado
de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es decir que,
se deberá afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la
consignación es la única manera de garantizar el acceso a la prestación, pues tal
sistema solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden contar con su pago de
forma oportuna para poder disponer del auxilio de cesantías en cualquiera de los
eventos en que se permite su utilización, es decir, ante el desempleo, financiar
educación superior, y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda.

Corolario a lo anterior, una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros, viola el derecho a la igualdad, pues los docentes del
señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro
de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la aplicación
favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia constitucional
para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela.

En virtud de ello, se manifiesta que los docentes se encuentran en la categoría de
empleados públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás
servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo,
como lo es, el auxilio de cesantías, así, una interpretación contraria, conllevaría una
restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de
cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan de esa

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya que se
está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros
servidores públicos […]”.

47. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

48. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por el actor en
su escrito de impugnación, en el caso sub examine, se plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

49. Al respecto, la Corte Constitucional27 ha señalado:

“[…] Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada:
(i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada,
(ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho

27 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto
no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]”.

50. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 202328 señaló lo
siguiente:

“[…] De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a inconformidades de
mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela. Dicha posición fue reiterada por esta Sala que,
mediante sentencia de 15 de julio de 202129, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto
en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron
el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas
cesantías […]”. […] “[…] Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, se
advierte que lo pretendido por el accionante con la presente solicitud es controvertir
la decisión judicial por medio de la cual se denegó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual
conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta
Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, sobre el cual versan
inconformidades de mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de
tutela. En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente asunto no
se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de
manera excepcional proceder al análisis de la acción constitucional, la Sala concluye
que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional […]”.

51. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente30:

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de

2023, proceso identificado con el núm. único de radicación: 110010315000202303984-00. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón
29 Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso

identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES
PACHECO GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López”.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04596-01
Actor: Leandro Andrade Suárez

“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.

La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.

La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.

Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.
(…)

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación

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Actor: Leandro Andrade Suárez

patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201931, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.

52. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

53. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

54. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los

31 M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Actor: Leandro Andrade Suárez

argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

55. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

56. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y económico concluido que
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor
alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de
la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

57. Los supuestos de vulneración al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la seguridad social enunciados por el actor, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional.

58. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter probatorio
y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de
la tutela contra una providencia judicial.

59. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco

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Actor: Leandro Andrade Suárez

de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y
económico.

Conclusiones de la Sala

60. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela del 12
de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 12 de octubre de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Actor: Leandro Andrade Suárez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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