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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04615-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04615-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida 2 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Fabio Alberto Medina, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01 Demandante: Fabio Alberto Medina

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04615-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para reclamar el reconocimiento y pago de sanción moratoria
por la no consignación de cesantías anualizadas en favor de docente
/ Desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
______________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Fabio Alberto Medina, en contra de la
sentencia proferida el 2 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Fabio Alberto Medina promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social y de
acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de
la sentencia proferida el 18 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
410013333005-2022-00206-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Fabio Alberto Medina, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, impetró demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el departamento del Huila,
con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto configurado el 19 de noviembre de

1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230461500. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2 »
2 En adelante Fomag

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

2021 mediante la cual se negó el reconocimiento y pago (i) de la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pago
tardío de los intereses a las cesantías contemplada en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto
1176 de 1991.

ii) El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva mediante sentencia del
14 de diciembre de 2022 negó las súplicas de la demanda al considerar que los docentes
no son acreedores de la sanción moratoria ni de la indemnización solicitada, en tanto
pertenecen a un régimen prestacional especial que no fijó una fecha límite para el pago
anualizado de tal derecho, lo cual se diferencia de aquellos vinculados a fondos privados.
En contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo del Huila, a través de la sentencia del 18 de abril de 2023
confirmó lo resuelto por el a quo, con similares argumentos al considerar que el
demandante «no le resultan aplicables la Ley 50 de 1990 ni la Ley 52 de 1975 que prevén la
sanción moratoria e indemnización pretendida, sino la Ley 91 de 1989 que no contiene las
mismas.»

iv) En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en desconocimiento del
precedente, en tanto se omitió la aplicación del criterio fijado por el Consejo de Estado 3
y la Corte Constitucional4 según el cual debían efectuarle el pago (i) de la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización
por el pago tardío de los intereses a las cesantías traída en la Ley 52 de 1975 y en el
Decreto 1176 de 1991. Asimismo, citó algunos pronunciamientos emitidos por los
tribunales y juzgados administrativos del país.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
en la sentencia proferida el día 4/18/2023, en el expediente rad. No.
41001333300520220020601, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS
FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

3 Al respecto, citó: i) la Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2020 con radicado 08001-23-33- 000-

2013- 00666-01 (0833-16); ii) 76001-23-31- 000- 200900867-01, No. Interno: 4854-2014; iii) 11001-0315-
000-2018- 03499-01; iv) 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16); v) 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01; vi) 08001-23-31- 000-2014- 00254-01 (4960-2017); vii) 08001-23-33- 000-2014- 00132-01; viii) 08001
23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017); ix) 08001-23-33- 000-2015- 00331-01; x) 19001-23-33- 000-2015-
00445-02(0483- 20); xi) 08001-23-33- 000-2014- 01127-01 (1002-2021); xii) 40001-23-40- 000-2017-
00134-01 (2208-2020); xiii) 080001-23-40- 000-2015- 90008-01 (2387-2020); xiv) 080001-23-40- 000-
2014- 90022-01 (5154-2016); xv) 080001-23-33- 000-2017- 00931-01 (1001-2021); xvi) 080001-23-33-
000-2015- 00075-01 (2660-2020); xvii) 76001-23-33- 000-2013- 00756-01 (2224-2020); xviii) 080001-23-
40- 000-2017- 00795-01 (2659-2020); xix) 47-001-23-33- 000-2019- 00359-01 (4004-2021); xx) 47-001-
23-33- 000-2019-00376- 01 (4462-2021); xxi) 08001-23-33- 000-2015- 00509-01 (2140-2020); xxii) 08001-
23-33- 000-2015- 90124-01 (2394-2020) y xiii) 47001-23-33- 000-2018-0231- 01 (0871-2020)
4 Sentencia SU-098 de 2018, Sentencia SU-332 de 2019, Sentencia SU-041 de 2020.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la
abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales
de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que
sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de
2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Huila5 luego de recordar las consideraciones
expuestas en la sentencia acusada, señaló que la solicitud de tutela se torna
improcedente en tanto estuvo debidamente motivada en las pruebas aportadas al
expediente y en la normativa aplicable al asunto, sin que se configurara ninguna
irregularidad.

1.2.2. La Fiduprevisora S.A.6 informó que las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 50 de 1990 solo podrán hacerlo respecto de cuentas individuales,
característica que no tiene el Fomag, el cual se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el
principio de unidad de caja, lo cual se traduce en que la totalidad de recursos que lo
constituye conforman un patrimonio autónomo administrado a través del esquema
fiduciario, por ello «los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya
están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Recordó que de acuerdo con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, «para el pago de las
prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de
unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las
obligaciones definidas en la ley, […]», principio que «permite que con el recaudo de todos los
rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas,
en este caso, lo correspondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas
las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud».

Señaló que todo el esquema referido se rige por un conjunto normativo especifico: las
leyes 91 de 1989 y 715 de 2001 y el Decreto 196 de 1995 7, el cual se surte en las
siguientes fases:

5 Ver índice 12 de SAMAI en el expediente 11001031500020230461500. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_OFICIO053CONTESTAC(.pdf) NroActua 12»
6 Ver índice 6 de SAMAI en el expediente 11001031500020230461500. Archivo denominado

«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_20231062002378201PD(.pdf) NroActua 9»
7 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la

Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras
3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

«[…] • Elaboración del cálculo actuarial que determina el total del pasivo prestacional a cargo
de la entidad territorial con el FOMAG. Este cálculo se elabora con cargo a los recursos del
fondo y se presenta de manera separada la deuda por concepto de cesantías y pensiones.
• Una vez definido el monto de la deuda a pagar, y previa revisión del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, la sociedad fiduciaria (en este caso Fiduprevisora S.A.) comunica a la
entidad territorial las cifras correspondientes a este concepto.
• Esta deuda se cubre con el traslado de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales -FONPET- al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -FOMAG-.
• En caso de que estos recursos no fueren suficientes para cubrir la deuda, la entidad territorial
deberá disponer de sus propios recursos hasta cubrir la totalidad de las obligaciones
corrientes que correspondan. […]»

De acuerdo con lo expuesto, concluyó que: i) el esquema normativo que rige para el
Fomag no refiere la creación de cuentas individuales para cada uno de sus afiliados, por
lo que se configura imposibilidad jurídica para su creación a través de órdenes judiciales;
ii) no opera la consignación de cesantías, pero sí su retiro según la solicitud que eleve el
docente con el lleno de los requisitos de ley y iii) no puede configurarse la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ya que el origen de esta es la
consignación tardía de las cesantías, cuya operación no procede para sus afiliados.

Respecto del desconocimiento del precedente alegado, explicó que existe una indebida
interpretación de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, caso en el cual
solo se vinculó al municipio de Santiago de Cali, «quien no había realizado la afiliación del
docente al FOMAG, y de contera, no había trasladado los periodos correspondientes a las
cesantías en las que el docente no estuvo afiliado al fondo», y en la que se ordenó emitir una
nueva decisión contencioso-administrativa con fundamento en el principio de
favorabilidad, en el entendido del derecho de los docentes al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990.

En cumplimiento de la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, profirió la sentencia del 24 de enero de 2019, en la que, a título de
restablecimiento, condenó al municipio de Santiago de Cali a reconocer y pagar al
entonces demandante la sanción moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley 50
de 1999, en tanto el ente territorial «no realizó la afiliación del docente al FOMAG y, por ende,
tampoco realizó la consecuencia consignación de las cesantías».

Dicho ello, señaló que la situación fáctica allí descrita y la de Fabio Alberto Medina son
diferentes, pues esta última se encuentra afiliada al Fomag y su reclamo obedece a la
no consignación de las cesantías en los plazos establecidos por en la Ley 50 de 1990,
respecto de lo cual, insistió, es imposible el reconocimiento de la mora alegada de cara
«a un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes»,
ante la inexistencia de cuentas individuales para cada afiliado.

De acuerdo con todo lo expuesto, concluyó que la solicitud de tutela se torna
improcedente ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales, además,
solicitó su desvinculación del asunto por carecer de legitimación por pasiva, pues su
actuación es como vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fomag.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

1.2.3. El departamento del Huila8 pidió que se declare la improcedencia de la solicitud
de tutela en tanto el demandante no ha agotado el recurso extraordinario de revisión, en
los términos del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de cuestionar la decisión
acusada.

1.2.4. El Ministerio de Educación Nacional y el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia9

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 2 de
octubre de 2023 declaró improcedente la solicitud de tutela al considerar que no satisface
el requisito de relevancia constitucional.

1.4. El escrito de impugnación10

La parte demandante impugnó la decisión del a quo para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela, es decir, que existe una posición unificada respecto de
la aplicación de la Ley 50 de 1990 en favor de los docentes oficiales.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir, ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial,
iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto
1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es competente
para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de

8 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230467000. Archivo denominado
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIO´NACCIO´(.pdf) NroActua 10»
9 Ver índice 15 de SAMAI en el expediente 11001031500020230461500. Archivo de denominado

«SENTENCIA(.pdf) NroActua 15»
10 Ver índice 19 de SAMAI en el expediente 11001031500020230461500. Archivo de denominado

«25_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 19»
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en
su interior se habían desarrollado sobre el tema.14 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de
2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta
providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar
si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles
son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en
aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,15 adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia
de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró
que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir
con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado
dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya
acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos
presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no
se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 17 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a
partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo,
debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos

14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590

de 2005.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.18

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos
fundamentales de Fabio Alberto Medina con ocasión de la sentencia del 18 de abril de
2023, a través de la cual confirmó la negativa frente a la pretensión de reconocimiento y
pago de la indemnización moratoria por la no consignación de las cesantías anualizadas
en favor de un docente oficial, con lo cual incurrió, presuntamente, en desconocimiento
del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y,
en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a
efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que un
análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los
jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo
derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad jurídica, la
confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales
y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio
de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la
arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de
Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones que,
por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un
punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en
cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo del
precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la
ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas
particularmente poderosas que impongan modificarlo.

18 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones,
de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De
igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas
similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un
tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se
evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez
de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto
justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva
a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios
que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivara de la
desobediencia al precedente.

2.4.3. Sobre el caso concreto

Fabio Alberto Medina acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida
el 18 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías anualizadas.

Lo anterior, según insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la referida
decisión judicial incurrió en desconocimiento del precedente fijado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 y el Consejo de Estado en múltiples
decisiones según los cuales a los docentes oficiales debe efectuársele el pago (i) de la
sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y (ii) de la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías preceptuada en la Ley
52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

Para mayor claridad del asunto, se recuerda que las pretensiones propuestas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por Fabio Alberto Medina
se dirigían a que se declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los
cuales se le negó el «reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA por la no
consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990, artículo 99, equivalente
a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021 fecha
en que debió efectuarse el pago de las cesantías del año 2020, en el respectivo Fondo
Prestacional y hasta el momento en que se acredite el pago de los valores correspondientes en
la cuenta individual del docente, así como también niegan el derecho a la INDEMNIZACIÓN, por
el pago tardío de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo 1 de
la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y el Decreto Nacional 1176 de 1991, […]».

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia del 18 de abril de 2023 confirmó
la decisión de negar las pretensiones propuestas, al considerar que a los docentes
oficiales si bien son servidores públicos, no les aplica las leyes 52 de 1975 y 50 de 1990
al pertenecer a un régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989.

En lo que interesa al caso, de cara al precedente de la Corte Constitucional alegado
como desconocido, el Tribunal Administrativo del Huila de manera muy precisa, señaló
que en la sentencia SU-098 de 2018 «se trató el caso de un docente que “no fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo por un error
interno”, supuesto fáctico que no corresponde al del presente asunto en que el actor sí fue afiliado
al aludido fondo.»

En este punto, la Sala encuentra pertinente recordar las consideraciones traídas por el
Alto Tribunal de lo Constitucional en la SU-573 de 2019, en la que señaló que la decisión
adoptada en la SU-098 de 2018 no resulta ser un precedente vinculante para casos como
el que hoy se revisa, toda vez que se trató de una situación fáctica en la que el docente
no estaba afiliado al Fomag. Se dijo en la sentencia:

«[…] 3.5.1.1. El pretendido defecto por desconocimiento del precedente reabre, una vez
más, la misma discusión legal referida en los párrafos anteriores

66. Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como por
el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que tiene
que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es aplicable,
por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”19. No obstante, tal como se
expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos jurídicos y
normativos semejantes20 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los tutelantes -
inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga21-, impide advertir, prima
facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

67. Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la Corte
Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los cuales los
actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en la Sentencia
T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió un asunto relativo
a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de cesantías, que ya había
sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199822, pero no cancelada.

68. Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el juez
de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201823, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de las

19 Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
20 Ibid.
21 Sentencia T-425 de 2019.
22 Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
23 Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.

77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.
9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”24. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de 1998
y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente al caso
concreto”25, como pasa a explicarse.

Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el
escalafón docente de carrera
Vinculación Docente en provisionalidad.
con nombramiento en
propiedad.
El vínculo del docente terminó,
dado que se acogió a lo
dispuesto en el Decreto 1278 de
2002. Por tal razón, la Secretaría
Actualmente, los docentes se
de Educación de este municipio
encuentran vinculados con el
Vigencia del expidió la Resolución N°
Departamento del Atlántico y su
vínculo 4143.3.21.5447 del 22 de
vínculo laboral se ha mantenido
laboral octubre de 2007, por la cual
vigente sin solución de
reconoció el pago de las
continuidad26.
prestaciones sociales definitivas
e informó que el pago se
realizaría en el respectivo Fondo
de Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron
Sociales del Magisterio
FOMAG afiliados al FOMAG.
(FOMAG) ni a otro fondo, por un
error interno.
Una vez culminó su relación
Los docentes no reclamaron el
laboral con el Municipio de
pago efectivo de las cesantías
Reclamación Santiago de Cali, al docente le
de los años 2001, 2002 y 2003.
efectiva de reconocieron el pago de las
No obstante, sí solicitaron el
pago de las prestaciones sociales, entre
pago de la sanción moratoria por
cesantías estas, las cesantías.
no consignación de las
cesantías por dicho periodo.
El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
Tipo de reconocimiento, liquidación y
reconocimiento y pago de la
sanción pago de la sanción moratoria por
sanción moratoria por la no
moratoria la no consignación de las
consignación oportuna de las
reclamada cesantías, los intereses a las
cesantías.
cesantías ni los rendimientos.

69. Finalmente, es preciso agregar que la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-332
de 2019, en relación con el régimen prestacional de los docentes oficiales. En dicha sentencia
señaló que “los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías”27, prevista

24 Sentencia SU-098 de 2018.
25 Sentencia SU-354 de 2017.
26 Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.
27 Sentencia SU-332 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Con todo, esta decisión no tiene
efectos vinculantes frente al asunto decidido en esta oportunidad, por cuanto: (i) esta
providencia de unificación es posterior a las decisiones judiciales cuestionadas por los
accionantes28 y (ii) no existe identidad fáctica ni jurídica con el asunto sub iudice, toda vez que
los accionantes reclaman el pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990.
[…]»

En efecto, de acuerdo con lo transcrito, en la sentencia SU-573 de 2019 la Corte
Constitucional advirtió, entre otras cosas, que en la decisión contenida en la SU-098 de
2018 se analizó una situación fáctica distinta pues se trataba de la posibilidad de
condenar al pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías prevista en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y los decretos 1582 de 1998 y
1252 de 2000 de docentes oficiales que nunca estuvieron afiliados al Fomag.

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Huila explicó de forma clara y
contundente por qué se apartó de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional
para decidir la controversia traída por Fabio Alberto Medina, y si bien no se refirió a las
SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que estas contienen argumentos fácticos
distintos al asunto bajo estudio.

Por otra parte, el demandante alegó el desconocimiento de decisiones proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, en las que se ha afirmado de manera genérica
que a los docentes oficiales les aplican las disposiciones de la Ley 50 de 1990 en materia
de sanción moratoria; al respecto señaló el tribunal que «todas las sentencias citadas tanto
en el escrito de demanda como en el recurso de apelación no constituyen precedente unificador
de carácter vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP,
razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen.»

Como se observa, el Tribunal Administrativo del Huila si bien reconoció la existencia de
decisiones favorables respecto de situaciones fácticas similares a la alegada por el
demandante, concluyó que no existe una línea pacífica que haya tratado el tema de
fondo.

Adicional a lo ya expuesto, la Sala resalta que la autoridad judicial demandada no solo
explicó por qué se apartaba de las decisiones calificadas por el demandante como
precedente, sino que analizó respecto del Fomag que:

«[…] fue creado por la Ley 91 de 1989 como una cuenta común y especial de la Nación, con
independencia contable y estadística para atender las prestaciones sociales de los docentes,
constituyendo un patrimonio autónomo cuyos recursos son administrados por la
Fiduprevisora, sin contemplarse la posibilidad de aperturar cuentas individuales para cada uno
de sus afiliados, lo cual es propio de los fondos administradores de cesantías creados por el
artículo 99-6 Ley 50 de 1990, tal y como lo prevé el artículo 2º del Decreto 1582 de 1998.

28 Las providencias cuestionadas fueron dictadas por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018

(expediente T-7.457.373), el 24 de agosto de 2018 (expediente T-7.457.923) y el 16 de agosto de 2018
(expediente T-7.466.562), mientras que las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019 fueron
proferidas por la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019, respectivamente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

En tal virtud, al no existir la obligación de consignar las cesantías de los docentes en cuentas
individuales, no se cumplen con los supuestos descritos en el artículo 99-3 de la Ley 50 de
1990 para que opere la sanción moratoria pluricitada y por ello no hay lugar al reconocimiento
de la misma. […]»

Por otra parte, adicional a los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del
Huila en su decisión, esta Subsección advierte que en ninguna de las decisiones
identificadas como precedente desconocido fueron analizados los argumentos que
anteceden, y tampoco se cuestionaron por el demandante, razón por la que emitir
cualquier pronunciamiento al respecto escapa de la órbita de competencia del juez de
tutela en este caso.

Así las cosas, a juicio de la Sala, el Tribunal Administrativo del Huila efectuó el estudio
del caso en concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no
observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente, en contraste,
en la sentencia revisada se dio respuesta a las inquietudes o reproches formulados en
el escrito de tutela en relación con las decisiones proferidas por la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado en las que aparentemente se profirieron decisiones contrarias a
lo dispuesto por el juez natural del proceso ordinario, y se expuso con claridad las
razones por las cuales aquellas no contenían una regla jurisprudencial de obligatorio
cumplimiento para la situación de Fabio Alberto Medina.

En este punto, la Sala debe precisar que, en efecto, para el momento en que la decisión
acusada fue proferida no existía sentencia de unificación sobre la materia, sin embargo,
la Sección Segunda de la corporación mediante sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11
de octubre de 202329, expediente 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022),
resolvió unificar la regla a aplicar frente a controversias en las que se pretende el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no consignación de cesantías en favor
de docentes, en los siguientes términos:

«[…] Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible
con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo,
al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley
50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección
social en favor del docente estatal. […]»

Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

«[…] 147. Según las anteriores precisiones, el sistema especial de administración de
cesantías de los docentes afiliados al FOMAG es incompatible con el artículo 99 de la Ley 50
de 1990. En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió la
aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad, de que ello
es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se traduce en que lo allí
dispuesto no incluyó al personal docente, a esta misma conclusión llegó la Corte

29 CP Juan Enrique Bedoya Escobar

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

Constitucional en la sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la constitucionalidad del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000 al disponer que
los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías en los términos establecidos
en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso […]», aun cuando exista
un «régimen especial» que los regule. Lo anterior, por cuanto este último contiene la precisa
referencia al pago de la prestación, que es tan solo uno de los elementos que integran el
régimen anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos en los que hay lugar a
aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de
acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de 2000, se
deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados públicos quedaran
sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla general es el regulado por la Ley
50 de 1990, sin que ello implicara que todos quedaran cobijados por dicho sistema de
administración. Esta conclusión es coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos
destinatarios conservaron las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de
1990. En consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía
conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino que se acompasa con la
disposición del 2000, puesto que el personal docente ya estaba regulado por un régimen
anualizado de cesantías. […]»

Por otra parte, es oportuno referir que, en la citada sentencia de unificación, en cuanto a
su aplicación en el tiempo se consideró:

«[…] 195. La Sala no pasa por alto que en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo se
han emitido distintos pronunciamientos en los que se han definido litigios relativos a las
reclamaciones de docentes afiliados al FOMAG, para obtener el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en los cuales se interpretó que el
precedente vinculante para estos casos era el contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de
la Corte Constitucional. En relación con tales providencias, se considera que se debe dar
prevalencia a la institución jurídica de la cosa juzgada, en atención a las garantías de
estabilidad, razonabilidad y seguridad jurídica que aquella representa.

196. Por lo anterior, en esta oportunidad, no se advierte la necesidad de dar efectos
prospectivos30 a la presente decisión, toda vez que no restringe el acceso a la administración
de justicia ni afecta los derechos adquiridos o fundamentales de las partes y se adopta el
mismo criterio de aplicación retrospectiva. En ese orden, la regla jurisprudencial que en esta
providencia se fija se aplicará a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, a través de acciones ordinarias, en los términos de los artículos
10 y 102 del CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa juzgada,
los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son inmodificables. […]»

En razón a lo anterior, se advirtió «a la comunidad en general que la presente decisión es de
aplicación inmediata a todos los procesos que se encuentren en curso y en los que se pretenda
la aplicación de la normativa que fue objeto de interpretación, de manera que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación constituyen

30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, sentencia del 27 de marzo de 2007,

radicación: 76001-23-31-000-2000-02513-01 (IJ). De la Sección Segunda, sentencia del 18 de julio de
2018, radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) SUJ-012-S2. Ver también: Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 25 de septiembre de 2017, radicación
08001233300020130044-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para
todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial.»

En este punto, se precisa que, si bien la referida sentencia de unificación no resulta
aplicable al asunto bajo estudio, en tanto fue proferida tiempo después a la decisión que
hoy se acusa, lo cierto es, que la línea argumentativa traída por el Tribunal Administrativo
del Huila se ajusta a la regla unificadora adoptada por el Alto Tribunal de lo Contencioso-
administrativo respecto a que los docentes afiliados al Fomag «no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990».

En esas condiciones, y dado que lo que existe es una inconformidad con el resultado de
la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en
que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada cuenta
con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la solicitud de
amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una
tercera instancia.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez
natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del
ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho
fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a quo
para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Fabio Alberto
Medina, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Huila.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida 2 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los derechos
fundamentales de Fabio Alberto Medina, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04615-01
Demandante: Fabio Alberto Medina

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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