Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04617-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04617-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de diciembre de 2023
Accionante: María Eulalia Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04617-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Paipa, Boyacá., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04617-01
Demandante: MARIA EULALIA MANRIQUE HERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria e
indemnización por el pago tardío de los intereses de las
cesantías a docente oficial. Improcedencia por no cumplir con
el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 5
de octubre de 2023, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia del mecanismo constitucional de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora María Eulalia Manrique Hernández, por conducto de apoderado judicial,
presentó el 25 de agosto de 2023, acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA
EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
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DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL».
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 11 de abril de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Huila confirmó la sentencia de 15 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra
la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en adelante Fomag y el departamento del Huila; expediente
que se identificó con el radicado 41001-33-33-002-2022-00220-00/01.
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Mayúsculas sostenidas del texto original.
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Accionante: María Eulalia Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
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1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones son las siguientes:
Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA en la sentencia proferida el día 4/11/2023, en el expediente rad. No.
4100133330020220022001, transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales por
parte del accionado.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por
mora como fue solicitada en la demanda […].2
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3. Hechos
La señora María Eulalia Manrique Hernández labora como docente al servicio de la
Secretaría de Educación de Neiva, vinculada después del 1.º de enero de 1990 al
Fomag; por ello, le debían consignar el 15 de febrero de 2021 las cesantías
correspondientes al servicio que prestó durante el año 2020, lo que no sucedió en
esa fecha.
El 18 de agosto de 2021 solicitó al Fomag el reconocimiento de la sanción por mora
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 3, así como la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo 1.º de la Ley 52 de
19754, sin embargo, no obtuvo respuesta.
Ante el silencio sobre la anterior petición, promovió el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fomag y el departamento del Huila, para que se dejara sin efectos el acto
administrativo ficto negativo que se configuró.
Del asunto conoció por reparto el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Neiva que, en sentencia de 15 de diciembre de 2022, negó las suplicas
de la demanda, toda vez que la sanción por mora por consignación tardía de las
cesantías no es aplicable para los docentes afiliados al Fomag, puesto que el
2
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
3
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras
disposiciones».
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«Por la cual se reconocen intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares».
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ordenamiento jurídico contempla la Ley 91 de 19895 como la norma especial que
regula la materia.
Inconforme con la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación toda
vez que, en el evento de no reglarse una situación específica en el régimen
especial, era dable traer del general la norma que cubra el vacío normativo, razón
por la cual los docentes oficiales se equiparan a los empleados públicos.
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el día 11 de abril
de 2023 confirmó el fallo del a quo, al considerar que al ostentar la calidad de
docente oficial escalafonado y afiliado al Fomag, pertenece al régimen de cesantías
anualizado contemplado en la Ley 91 de 1989.
1.4. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la tutelante, la autoridad judicial cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo6 por indebida interpretación de las Leyes 91 de 1989, 50 de 1990 y 344
de 1996, toda vez que en estas sí se prevé la posibilidad de reconocer la sanción
moratoria y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías a
favor de los docentes afiliados al Fomag.
Seguido, señaló que se cumplía con la relevancia constitucional debido a que el fin
de la acción de tutela era amparar los derechos fundamentales vulnerados ante la
falta de reconocimiento de la sanción moratoria y la protección de principios
constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad.
Puntualizó que el Ministerio de Educación Nacional debe acogerse a los postulados
que garantizan los derechos laborales de los profesores, pues, si bien es cierto que
de la evolución normativa se desprende la descentralización del servicio educativo
en cabeza de las entidades territoriales, también lo es que ninguna ley despojó a la
Nación de la obligación que tiene de consignar al respectivo fondo las prestaciones
correspondientes.
Invocó el desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-098 de 20187, de la Sección Segunda del Consejo de Estado8 y de
diferentes juzgados administrativos pues, aunque existían dos posiciones en torno
al tema controvertido, actualmente se ha acogido una interpretación favorable,
según la cual, a los educadores oficiales vinculados después del 1.º de enero de
1990 les resulta aplicable la Ley 50 de 1990.
Entonces, el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto
de la aludida prestación también debe ser consignado en el Fomag a más tardar el
14 de febrero de la vigencia siguiente a su causación.
5
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
6
Aunque este yerro no se invocó expresamente, se puede inferir de los argumentos expuestos en el
escrito de tutela.
7
También refirió las sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.
8
Trajo a colación, entre otras, las sentencias proferidas el 6 de agosto de 2020, rad. 08001-23-33-
000-2013-00666-01; 24 de enero de 2019, rad. 76001-23-31-000-2009-00867-01; 2 de diciembre de
2019, rad. 08001-23-33-000-2014-00173-01; 10 de junio de 2020, rad. 08001-23-33-000-2014-
00208-01; 22 de octubre de 2020, rad. 08001-23-31-000-2014-00254-01; 2 de noviembre de 2020,
rad. 08001-23-33-000-2014-00132-01 y 17 de junio de 2021, rad. 08001-23-31-000-2014-00815-01.
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 28 de agosto de 2023, el a quo constitucional admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al demandante y a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Huila, en calidad de accionados.
Como tercero con interés vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Fomag, al departamento del Huila [demandadas en el proceso ordinario objeto de
reproche] y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, para
que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la presente acción.
Finalmente, requirió el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se dictaron las providencias censurada y reconoció personería adjetiva al
profesional del derecho Yobany Alberto López Quintero.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Departamento del Huila
Precisó que los derechos fundamentales de la tutelante no se transgredieron,
debido a que el proceso ordinario objeto de reproche se surtió dentro de los términos
legales y en observancia de la normatividad que la rige.
Respecto del cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela,
manifestó que no se daban los presupuestos esgrimidos por la Corte Constitucional
para la procedencia de esta acción contra providencias judiciales.
De igual forma, solicitó que, de no declararse la improcedencia de la acción, se
desvinculara al departamento del Huila «toda vez que mi prohijado no tiene
competencia alguna para efectuar la consignación o pago de las cesantías a la
cuenta individual de los docentes lo que determina que no exista responsabilidad
alguna, en el abono o pago inoportuno de dicha prestación».
1.6.2. Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora
La referida entidad con escrito enviado por correo electrónico el 8 de septiembre de
2023, pidió que se declarara improcedente la tutela y se accediera a la
desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Refirió que «no es dable afirmar que se haya presentado trasgresión alguna en
contra de las garantías fundamentales de la accionante, pues se han observado las
normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las actuaciones
judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos
legales, tanto así que los jueces hoy accionados, teniendo las facultades para
decretar alguna tipo nulidad y/o revocar las decisión adoptada, no lo hizo, situación
que de contera evidencia un control de legalidad a la actuación desplegada en dicha
instancia, razón por la cual se concluye que no existe una supuesta vulneración de
los derechos fundamentales».
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1.6.3. Tribunal Administrativo del Huila
A través de memorial de 11 de septiembre de 2023, la judicatura informó que, en
efecto, el 11 de abril de 2023 profirió sentencia de segunda instancia con la que
confirmó la proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, que negó las pretensiones de la
demanda ordinaria objeto de debate.
Con relación a las pretensiones, el tribunal manifestó oponerse a que se amparen
los derechos para los que se pide protección el accionante, toda vez que la tutela
deviene improcedente y, por otro lado, no se han vulnerado ni amenazado los
derechos que pide protección.
Respecto al fundamento fáctico de la tutela señaló que no le constan los
relacionados con la vinculación de la docente, ni la consignación oportuna de las
cesantías prestadas en el año 2020, la solicitud de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la consignación tardía, tampoco que no se dio respuesta a
dicha solicitud.
Adujo que al revisar el escrito de tutela «no se especificó en qué consistía la
vulneración del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
evidenciando la Corporación que la demandante concurrió al aparato judicial y su
demanda se tramitó en ambas instancias, respetándosele durante la actuación
judicial las garantías previstas en el ordenamiento jurídico tendientes a la protección
de sus derechos y observándose el procedimiento establecido en la ley, por manera
que los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia no
fueron transgredidos».
Asimismo, señaló que el defecto material no se configura, gracias a la interpretación
razonable al marco normativo aplicado al caso, «en virtud del cual los docentes no
resultan beneficiarios de la sanción económica por la consignación tardía de las
cesantías ni la indemnización por el pago extemporáneo de los intereses a las
mismas».
De manera que, solicitó que se niegue el amparo deprecado, en razón a que dentro
de la providencia atacada no se observa la vulneración de algún derecho
fundamental de la señora María Eulalia Manrique Hernández.
1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
El 12 de septiembre de 2023, a través de memorial allegado al correo electrónico,
se manifestó respecto de las pretensiones del accionante ante la declaratoria de
nulidad del acto administrativo ficto configurado el 19 de noviembre de 2021,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no
consignación oportuna de las cesantías causadas a 31 de diciembre de 2020.
A su vez, expresó la negativa al amparo de la acción de tutela, debido a que no
cumple los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra
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providencias judiciales y, además, se considera que el «asunto bajo examen no
goza de relevancia constitucional, en la medida de que se trata de una discusión
donde se debaten aspectos que son absolutamente índole legal y bajo dicha óptica
es que fue resulta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió la actora».
De igual forma, remitió el expediente identificado con el radicado 41001-33-33-002-
2022-00220-00.
1.7. Fallo impugnado
El 5 de octubre de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo. Asimismo, denegó las solicitudes de
desvinculación presentadas por la Fiduprevisora S.A. y el departamento del Huila.
Señaló que la acción de tutela no cumplía con el presupuesto de relevancia
constitucional porque la parte actora pretendía reabrir el debate legal en torno a la
aplicación de la Ley 50 de 1990 y, de la misma manera, la accionante centró el
debate a una naturaleza económica, dado que el objeto del litigio en el proceso
ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora por el no
pago oportuno de las cesantías.
1.8. Impugnación9
La parte actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo
cual, solicitó que se revocara la decisión de primer grado y, en consecuencia, se
ampararan sus derechos fundamentales invocados.
Así, precisó que no era cierto que no existiera una posición uniforme respecto de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, pues, desde el año 2019
el Consejo de Estado, en atención a los criterios fijados por la Corte Constitucional
y dicha corporación, en sede de tutela, por principio de favorabilidad, en el caso que
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no consigne las
cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año, incurrirá en mora, en los
términos fijados en el artículo 99 de dicha norma.
Advirtió que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de 19 de enero de 2023, dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, ratificó la postura de la corporación sobre la aplicación
de la Ley 50 de 1990, al personal del sector educativo.
Enseguida, realizó un extenso pronunciamiento sobre el auxilio de cesantías, con el
que resaltó la importancia de su pago oportuno como protección al trabajador frente
a diversas eventualidades ocasionadas por el cese de sus actividades o para cubrir
necesidades de capacitación o vivienda, razón por cual, iteró el derecho que le
asistía a los docentes de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de dicha
prestación, pues, al ser también empleados públicos, son beneficiarios de esta, en
los términos de la norma que lo regula para todos los trabajadores del Estado.
9
La cual fue presentada el 20 de octubre de 2023, de manera oportuna en la medida que la
notificación del fallo de tutela se surtió el 17 de octubre de 2023.
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En ese orden, aseveró que no era admisible un trato desigual respecto del sector al
que pertenece, pues se le restringiría la posibilidad de gozar del pago oportuno de
sus cesantías y de contera de las garantías antes referidas.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en segunda instancia de la acción de tutela
presentada por la señora María Eulalia Manrique Hernández contra el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia proferida el 5 de octubre de 2023 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de la referencia.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de
la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los
requisitos adjetivos de procedibilidad, en especial, el de la relevancia constitucional
y, en caso de encontrase superado, junto con los demás (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema11.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 12.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
10
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
12
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura
otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela,
estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o
garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos
como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre
derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la
satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al
amparo constitucional14.
El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
año 201915, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías.
En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación
patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que
lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a
la seguridad social del trabajador».
De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora
que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las
cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago
o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial
cuyo reconocimiento, por tanto, no requiere la acción del juez de tutela.
En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
13
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14
Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-2019-
04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la Corte que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez
que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza
eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez
constitucional16.
La anterior posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 16 de
junio de 2022, en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la
relevancia constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial, para lo
cual se indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.17
Adicionalmente, se precisa que, si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado
como órgano de cierre especializado en la materia objeto de estudio expidió la
sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202318 en la cual se unificó la
postura respecto a la aplicabilidad de la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 y de la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los
docentes, lo cierto es que lo hizo en los siguientes términos:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal .
16
Así lo señaló el alto tribunal:
«La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación,
la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela».
17
Énfasis de la Sala.
18
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Julián David Quintero Agudelo
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y otros, expediente identificado con el radicado
66001-33-33-001-2022-00016-01.
9
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Accionante: María Eulalia Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04617-01
En la solicitud de amparo que ocupa la atención de esta colegiatura, la señora María
Eulalia Manrique Hernández pretende que se dicte una decisión que deje sin efectos
la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario proferida el 11 de abril de
2023 por el Tribunal Administrativo del Huila, para que, en su lugar, se ordene el
reconocimiento del monto equivalente a la sanción moratoria por el presunto pago
inoportuno de sus cesantías, lo que deja en evidencia que el fin perseguido consiste
en hacer efectiva una prestación de índole estrictamente patrimonial, cuya ausencia
de reconocimiento no configura un menoscabo o vulneración de alguna garantía
fundamental.
En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado antes referidos, los cuales son aplicados por
esta judicatura, es claro, sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la
petición de tutela en estudio resulta improcedente por el incumplimiento del
presupuesto de la relevancia constitucional.
De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la controversia
planteada por la señora María Eulalia Manrique Hernández, la Sala advierte que
esta no se encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental - cesantías- y denota en un asunto meramente económico -intereses
de mora-, máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la
causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.
En este sentido, para esta sección, resulta claro que este asunto se circunscribe a
una inconformidad del tutelante, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»19 y por ello, al funcionario constitucional
no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.5. Conclusión
La colegiatura confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que el asunto es netamente económico con connotaciones privadas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de octubre de 2023, por medio de la
cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de
amparo promovida por la señora María Eulalia Manrique Hernández por falta de
relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-573
de 2017 y C-590 de 2005.
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Accionante: María Eulalia Manrique Hernández
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04617-01
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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