RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04621-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04621-01

Fecha
29 de enero de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04621-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 6 de octubre de 2023, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo, por las razones aquí descritas. En su lugar, DECLARAR improcedente el amparo solicitado por Adriana Milena Ramírez Bastidas, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04621-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

29 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 29 de enero de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que
confirmó la decisión de primer grado de negar las pretensiones de la demanda dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías de una
docente afiliada al FOMAG.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 6 de
octubre de 2023, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 28 de agosto de 2023, Adriana Milena Ramírez Bastidas, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Huila, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a
la administración de justicia, así como de los principios de seguridad
jurídica y (se trascribe) “perpetuatio jurisdictionis[,] desconocimiento del
precedente vertical” y situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho,
con ocasión de la Sentencia de 11 de abril de 2023, proferida por la
autoridad accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 41001-33-33-005-2022-00281-01.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Adriana Milena Ramírez Bastidas, en la solicitud

de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia. (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL
HUILA en la sentencia proferida el día 4/11/2023, en el expediente rad. No.
41001333300520220028101, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) Adriana Milena Ramírez Bastidas trabaja como docente oficial y se
vinculó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) después
de 1990, por lo que, a su juicio, le debían reconocer y pagar las cesantías
bajo el régimen anualizado.

5. 2) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al FOMAG las cesantías por los servicios que prestó la señora
Ramírez Bastidas en 2020.

6. 3) El 18 de agosto de 2021, la parte actora solicitó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

7. 4) La solicitud no fue resuelta por la Secretaría de Educación de
Huila, por lo que, la señora Ramírez Bastidas presentó demanda3 orientada
a obtener la nulidad del acto administrativo producto del silencio negativo,
tras considerar que se desconoció la norma aplicable al caso en concreto,
a saber, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, junto con el principio de
favorabilidad.

3 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

8. 5) Mediante Sentencia de 9 de diciembre de 2022, el Juzgado 5
Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, adujo que el régimen de cesantías aplicable a
los docentes oficiales era la Ley 91 de 1989, la cual estableció un régimen
especial que no consagró la sanción por mora en la consignación de las
cesantías o de los intereses de dicha prestación.

9. 6) La anterior decisión fue apelada por la demandante, quien
consideró que no sólo la ley sino la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado, tanto de 2021 como de 2022, contemplaron la
aplicación, de manera pacífica, de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones al resto de empleados públicos.

10. 7) En Sentencia de 11 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de
Huila confirmó la sentencia apelada, tras determinar que los docentes
oficiales no estaban amparados por las disposiciones de la Ley 50 de 1990
por lo cual no les era aplicable la sanción moratoria del numeral 3 del
artículo 99, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, por lo
que el régimen aplicable a la demandante era el consagrado en la Ley 91
de 1989. Además, precisó que se apartaba de la posición tomada en la
Sentencia SU-98 de 2018 habida cuenta que la misma fue proferida en un
medio de control promovido por un docente no afiliado al FOMAG, por
ende, los sustentos fácticos y jurídicos fueron disímiles.

11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que el
Tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución por: (1)
la no aplicación del principio de favorabilidad y, con ello, el
desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política; y (2) la falta de
reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de cesantías en el
respectivo fondo. Cargo que, además, adujo, se encuadraba en un
defecto sustantivo.

12. Señaló, igualmente, que se desconoció el precedente, toda vez que,
tanto la Corte Constitucional4 como el Consejo de Estado5, reconocieron a

4 Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019, SU-41 de 2020.
5 Sentencias de 6 de agosto de 2020, Rad. No. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019,

Rad. No. 76001-23-31-000- 2009-00867-01, No. Interno: 4854-2014; 29 de julio de 2019, Rad. No. 11001-0315-000-
2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, Rad. No. 08001-23-33-000-2014-00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020,
Rad. No. 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, Rad. No. 08001-23-31-000- 2014-00254-01 (4960-
2017); 12 de noviembre de 2020, Rad. No. 08001-23-33-000- 2014-00132-01; 17 de junio de 2021, Rad. No. 08001-23-
31-000-2014-00815-01 y Rad. No. 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, Rad. No. 19001-23-33-
000- 2015-00445-02(0483- 20); 25 de noviembre de 2021, Rad. No. 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002- 2021) y
Rad. No. 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 11 de noviembre de 2021, Rad. No. 080001-23-40- 000-2015-
90008-01 (2387-2020) y Rad No. 080001-23-40-000- 2014-90022-01 (5154- 2016); 20 de enero de 2022, Rad No.
080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021); 28 de abril de 2022, Rad. No. 76001-23-33-000- 2013-00756-01 (2224-
2020); 9 de mayo de 2022, Rad. No. 080001-23-40-000-2017- 00795-01 (2659-2020); 19 de mayo de 2022, Rad. No.
47-001-23-33- 000-2019-00359-01 (4004-2021); 1 de julio de 2022, Rad. No. 47-001-23-33- 000-2019- 00376-01 (4462-
2021); 22 de agosto de 2022, Rad. No. 08-001-23-33-000- 2015-00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022,

3 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

favor de los docentes oficiales el derecho a la sanción por mora en el
pago del auxilio de cesantías, es decir, aplicaron las disposiciones de la Ley
50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad y la ausencia de
regulación. Incluso, citó providencias de tribunales y juzgados
administrativos en las que también se reconoció ese derecho.

13. Manifestó que hubo una interpretación restrictiva sobre la aplicación
de la sanción moratoria por parte del Tribunal Administrativo de Huila en la
decisión reprochada, puesto que (se trascribe) “a los maestros deben
tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de empleados públicos
del país6”. En esa medida indicó que, el Ministerio de Educación Nacional
debía consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de cada
anualidad, so pena de incurrir en mora.

14. Así las cosas, frente a los argumentos del tribunal demandado de
que no existía norma jurídica que contemplara la sanción moratoria, ni un
precedente consolidado que obligara a acatarlo, precisó que la Ley 50 de
1990 se aplicaba a los docentes por disposición expresa de las Leyes 91 de
1989 y 344 de 1996, y los Decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de
2003. Además, señaló que no se requería de una sentencia de unificación,
sino de (se trascribe) “una clara aplicación del contenido de la ley, los
decretos y la interpretación regularmente aceptada por el H. Consejo de
Estado en torno a la materia”.

15. Adicionalmente, afirmó que la tutela tenía relevancia constitucional
porque no se debatía un asunto de simple legalidad sino aspectos como la
ausencia de garantía de igualdad en el trato jurídico, los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima respecto de la existencia de varias
posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en lo atinente a
la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los
docentes oficiales, y la trasgresión del derecho a la seguridad social y al
principio de favorabilidad. En ese orden de ideas, señaló que la acción
constitucional no fue interpuesta como una tercera instancia.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

16. Mediante Sentencia de 6 de octubre de 2023, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la
acción de tutela. Para ello, manifestó que el Tribunal Administrativo de
Huila en la decisión enjuiciada indicó de manera clara las razones por las
que se apartaba de la Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional
y de las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de

Rad. No. 08-001-23-33-000- 2015-90124-01 (2394-2020); 19 de enero de 2023, Rad. No. 76-001-23-31-000-2012-00212-
02 (4470-2021) y 26 de enero de 2023, Rad. No. 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
6 En concordancia, expresó que (se trascribe) “(…) las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan

de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia
radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado”.

4 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

Estado. A su vez, resaltó que la Corte Constitucional mediante la Sentencia
SU-573 de 2019 expresó que la Sentencia SU-98 de 2018 no constituía un
precedente vinculante, pues en esta se examinó una situación fáctica
diferente, comoquiera que se trató de un docente que no fue afiliado al
FOMAG, situación que no se asemejaba al caso en concreto.

17. Por ende, concluyó que el Tribunal realizó una valoración adecuada
del caso en conceto sin desconocer el precedente e indicó que hasta la
fecha no existía un criterio unificado sobre el asunto. Finalmente, advirtió
que el propósito de la accionante era convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional.

18. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que indicó de un lado, que no era
cierto que el Consejo de Estado no hubiera fijado ya un criterio pacífico
sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales7 y, por el
otro, que en distintas providencias de tutela esta corporación ha tenido
por superado el requisito de relevancia constitucional8.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial9

19. La Sala revocará la Sentencia de tutela de primera instancia, a
través de la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela y,
declarará improcedente la acción de amparo por no superar el requisito
de relevancia constitucional, por las razones que pasan a explicarse:

20. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
7 Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014); 11001-03-15-000-2018-

04617-01; 11001-03-15-000-2018-04679-01; 11001-0315-000-2018-03499-01; 08001 23 33000 2014-00173-01 (1688-16);
08001-23-33-000-2014-00208-01; 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017); 08001-23-33-000-2014-00132-01; 08001-
23-31-000-2014-00815-01 (4979–2017); 08001-23-33-000-2015-00331-01; 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20);
08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021); 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 080001-23-40-000-2015-
90008-01 (2387-2020); 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016); 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021);
080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020); 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020); 080001-23-40-000-2017-
00795-01 (2659-2020); 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021); 47001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021);
08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020); 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020); 76001-23-31-000-2012-
00212-01 (4470-2021); 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
8 Sin indicar radicados sino fechas.
9 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.

5 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales” 10.

21. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales11.

22. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela12 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
de obtener una nueva instancia13; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad14.

23. De la revisión del escrito de tutela, a diferencia de lo observado por
el juez constitucional de primer grado, la Sala evidenció que la accionante
(1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural. Así, buscó que, a través
de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es
decir, utilizarla como una instancia adicional.

24. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe) “al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente
vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se
evidencia una clara vulneración de índole constitucional”, lo cierto es que
tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela, por ser la aplicabilidad de la sanción
moratoria, prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a
docentes oficiales afiliados al FOMAG, un asunto económico y de mera
legalidad.
10 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
11 Ibidem.
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

6 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

25. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en varios
defectos, la Sala evidenció que reiteró los mismos argumentos que expuso
en el proceso ordinario, concretamente, en la demanda15 y en el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia16. Tales argumentos
fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Huila, el cual
confirmó la sentencia apelada, tras concluir que (se trascribe):

“i) La sanción moratoria es un castigo o penalidad impuesta por el legislador
para el empleador por no consignar oportunamente las cesantías en el fondo,
la cual consiste en un día de salario por cada día de retardo en la
consignación de las cesantías. El plazo para consignar las cesantías al fondo
de cesantías vence el 14 de febrero de cada año, así que la sanción corre
desde el 15 de febrero hasta que se realice la consignación.

ii) Los docentes oficiales si bien ostentan la calidad de servidores públicos (lo
cual no se discute en esta oportunidad), no están amparados por las
disposiciones de liquidación anual de cesantías de la Ley 50 de 1990 y por
ende no resultan beneficiarios de la sanción moratoria dispuesta en su artículo
99-3, pues el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 que hizo extensiva dichas
disposiciones a los trabajadores del Estado excluyó a los educadores al señalar
“sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989”, esto es, el régimen de los
docentes que no contempla la aludida sanción.
(…)
Como en precedencia se estableciera, la liquidación y pago de las cesantías
de los docentes no se somete a las previsiones del CST y por ello no resultan
acreedores de la sanción moratoria por su consignación inoportuna que prevé

15 “Tanto el Honorable Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, no habían tenido la oportunidad de

pronunciarse, antes del año 2018 de MANERA UNIFICADA sobre la aplicabilidad o no del contenido del artículo
99 de la ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, habiendo encontrado que no existe ninguna razón para que una
vez vencido el 15 de febrero de cada anualidad, las cesantías de los maestros de régimen anualizado no sean
consignadas al FOMAG, pues el régimen de cesantías de los docentes y los demás servidores públicos del país es
exacto, de hecho, el cambio de régimen retroactivo a régimen anualizado, fue efectuado desde el 29 de
diciembre de 1989 a los maestros, cuando el resto de servidores públicos del país fue realizado un año con
posterioridad. (…) A partir del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, se establece el régimen anualizado de cesantías
para los servidores públicos del orden nacional e incluso claramente se determina QUE SIN IMPORTAR LO QUE
EXPRESE LA LEY 91 DE 1989 (…). Así mismo procedió la H. Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-336
del 18 de mayo de 2017 (…) precisó que los docentes oficiales hacen parte de la categoría de empleados
públicos(…), concluyendo entonces que les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial y específicamente advirtió, que cuando el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece que el pago de las
cesantías de los docentes oficiales se rige por la normatividad vigente y aquellas que se expidan en el futuro
para los empleados públicos del orden nacional, se refiere a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, así como a la ley 50 de 1990 y ley 344 de 1996, que resultan aplicable a toda categoría de empleado
público nacional o territorial, incluyendo entonces claramente a los docentes, que contempla la posibilidad de
reconocer a favor de sus destinatarios, la sanción por el pago tardío de las cesantías ya sea por: 1. Su inoportuna
consignación antes del 15 de febrero de cada año, 2. El no pago de intereses antes del 30 de enero de cada
año o, 3. La demora en su reconocimiento y pago cuando ha sido solicitado su acumulado para ser utilizado
para compra de vivienda, pago de sus estudios o pago de hipoteca, como lo contempla la utilización de las
misma en la ley”.
16 “(…) la parte demandante apeló la anterior decisión solicitando se revoque y en su lugar se acceda a las

pretensiones de la demanda, para lo cual expuso que conforme a la sentencia SU-098 de 2018 y precedente del
Consejo de Estado el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta aplicable a los docentes, agregando que desde las
sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se estableció que los docentes se equiparan a los empleados públicos
y por ello “les resulta aplicable el régimen general en aquello que no se encuentre regulado en el régimen
especial”, tal como ocurre con la sanción moratorio por la consignación tardía de las cesantías “en el único
fondo para trabajadores de la educación” contenida en la disposición antedicha.(…) Arguyó que una cosa es
el reconocimiento y otra la consignación de las cesantías de los docentes, advirtiendo que en el presente asunto
no se controvierte lo primero sino lo segundo y que el a quo efectuó una interpretación menos favorable para el
docente al excluirlo del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los educadores son empleados públicos y no existe
razón para que sus cesantías sean consignadas extemporáneamente (…) Frente a la inexistencia de identidad
fáctica con la sentencia SU-098 de 2018, advertida por el juez de primera instancia en tanto los demandantes en
dicha causa no estaban afiliados al Fonprema, señaló que “no existe sanción por la no afiliación al fondo, la no
afiliación al fondo trae como consecuencia lógica que no va a existir una consignación y lo que se puede
sancionar a favor del trabajador es la falta de consignación y este es el término contenido en la Ley 50 de 1990
(…) Relacionó múltiples providencias del Consejo de Estado proferidas durante los años 2019 a 2022 en las cuales
se aplicó el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en favor de los docentes, arguyendo que a dicha disposición se
someten tanto los fondos privados como el Fonprema(…)”.

7 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

el artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990, por lo que igual suerte corren los intereses
de dichas cesantías y en tal virtud no se someten a las previsiones del Decreto
52 de 1975 que reconoció dicha prestación a los trabajadores particulares.
(…)
Frente al alegado desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en
el que se aplica la Ley 50 de 1990 a los docentes, el Tribunal encuentra que
todas las sentencias citadas tanto en el escrito de demanda como en el
recurso de apelación no constituyen precedente unificador de carácter
vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del
CGP, razón por la cual los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como
lo advirtió la Corte Constitucional en la sentencia SU- 098 de 2018 citada por el
misma apelante:

“De otro lado, como lo dijo la Sección Segunda del Consejo de Estado, no
existe una posición unificada respecto a la aplicación de la norma de
reconocimiento y pago de la sanción moratoria que contempla el numeral
3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no es
posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.”

Adicionalmente, la apelante invocó la sentencia SU 098 de 2018, en la cual se
concluyó que en virtud del principio de favorabilidad los docentes (sin
especificar si son particulares u oficiales) resultan beneficiarios de la sanción
moratoria por la consignación tardía de sus cesantías prevista en la Ley 50 de
1990; decisión de la cual se aparta este Tribunal al considerar que no resulta
aplicable por las siguientes razones:

i) No aplicabilidad del principio de favorabilidad en el presente asunto.
(…)
En esta oportunidad no obran en el ordenamiento jurídico dos disposiciones
que ofrezcan un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción
moratoria por la consignación retardada de sus cesantías, lo que se aprecia
claramente es que dicha sanción se contempló inicialmente en forma
exclusiva en favor de los trabajadores de derecho privado con la Ley 50 de
1990 y posteriormente la Ley 344 de 1996 la extendió a los servidores públicos,
excluyendo sin lugar a equívocos a los docentes, por lo que no se trata del
conflicto de dos normas sobre el mismo tema ni de interpretaciones
encontradas, estamos en presencia de la voluntad legislativa que quiso no
conferir la mencionada sanción a los educadores y ello guarda
correspondencia con su régimen especial en el que no existe la misma, por lo
que no hay lugar a acudir al principio de favorabilidad.

ii) Afectación del principio de inescindibilidad normativa.

Según el principio inescindibilidad normativa debe aplicarse un cuerpo
normativo en su integralidad, ya que no es dable tomar los aspectos más
benéficos de varios regímenes para crear uno diferente que favorezca
intereses particulares en desmedro de la seguridad jurídica.

Considera la Sala que acudir a la Ley 50 de 1990 en cuanto la forma de
liquidación y pago de las cesantías a los docentes, se traduce en una
afectación del principio antes aludido, en tanto la Ley 91 de 1989 reguló
íntegramente lo concerniente a las prestaciones sociales de los docentes,
incluyendo las cesantías, en tal virtud no hay lugar a acudir al régimen de los
trabajadores de derecho privado.

iii) La naturaleza del Fonpremag no corresponde a la de un fondo privado.

Resalta el Tribunal que en la sentencia SU- 098 de 2018 se trató el caso de un
docente que “no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) ni a otro fondo por un error interno”, supuesto fáctico que
no corresponde al del presente asunto en que la actora sí fue afiliada al

8 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

aludido fondo, razón suficiente para que el antedicho precedente no tenga
aplicabilidad en esta causa.”

26. En virtud de lo anterior, contrario a lo decidido por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo impugnado, debe
señalarse que no se evidenció la necesidad de la intervención del juez de
tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien se
pronunció sobre los reparos que formuló la parte actora contra la
sentencia apelada. En ese orden, se reitera que lo pretendido por la
accionante fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia
adicional, pese a que el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con fundamento normativo y jurisprudencial, dejó claro que la
sanción moratoria, prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de cesantías anualizadas o de sus intereses, no cobijaba a
los docentes oficiales, determinación que lo llevó a apartarse de la
Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional.

27. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que,
recientemente, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura frente al tema que aquí interesa y dispuso (se trascribe):

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.”17

28. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise
las decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple
de las discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien
enjuicia dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de
explicar por qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional18.

2.2. Conclusiones

29. La Sala procederá a revocar la sentencia impugnada, tras
corroborar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023
18 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

9 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04621-01
Demandante: Adriana Milena Ramírez Bastidas
Demandado: Tribunal Administrativo de Huila
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar y declarar improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 6 de octubre de 2023, por la cual la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la
solicitud de amparo, por las razones aquí descritas. En su lugar, DECLARAR
improcedente el amparo solicitado por Adriana Milena Ramírez Bastidas,
por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co

10 de 10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.