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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04630-00

Fecha
5 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04630-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y del Departamento del Huila. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Bertha Daly González Calderón. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04630-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

5 de octubre de 2023

Demandante: Bertha Daly González Calderón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04630-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04630-00
Demandante: BERTHA DALY GONZÁLEZ CALDERÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales –
Improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Bertha Daly
González Calderón contra el Tribunal Administrativo del Huila.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 25 de agosto de 20231, la señora Bertha Daly
González Calderón, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales «(…) al debido proceso, a la seguridad social, situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de
precedente judicial vertical (…)».

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 9 de
mayo de 2023, mediante la cual confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva del 25 de noviembre de 2022,
dictada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
iniciado por la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el

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Por medio de la ventanilla virtual, acción identificada con número 8299.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Bertha Daly González Calderón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04630-00

departamento del Huila, identificado con el radicado 41001-33-33-003-2022-00192-
00/01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…)

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los
siguientes expedientes: (…)2.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Bertha Daly González Calderón labora al servicio de la Secretaría
de Educación de Neiva.

5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó el 11 de agosto de 2021, ante el
Fomag el pago de estas, así como de la sanción por mora.

6. El Fomag remitió la petición a la Fiduciaria La Previsora S.A. para que le diera
respuesta de fondo, sin embargo, no hubo contestación.

7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y el departamento del Huila, con el objeto de que (i) se declarara
la nulidad del acto administrativo ficto negativo en mención; (ii) se reconocieran y
pagaran las cesantías anualizadas que se causaron en el año 2020; al igual que (iii)
la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de
2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) la
indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los
intereses sobre las cesantías.

8. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
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Transcripción literal que puede contener errores.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
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de Neiva, en sentencia del 25 de noviembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda.

9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, a través del fallo del
9 de mayo de 2023, (i) adicionó la sentencia recurrida en el sentido de declarar la
existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo, en
relación con la petición radicada el 11 de agosto de 2021 y, (ii) confirmó la decisión
del a quo, al considerar que:

Para el caso de los trabajadores particulares encontramos que el esquema previsto
es un porcentaje anual o proporcional por fracción, en este caso el 12%, que se aplica
a la suma causada en el año o en la respectiva fracción (art. 99 Ley 50 de 1990);
nótese que a diferencia de los docentes los trabajadores particulares: (i) no tienen la
posibilidad de que la liquidación de los intereses de las cesantías se realice respecto
del saldo acumulado de cesantías, sino por el de cada año individualmente
considerado, y (ii) la tasa de interés está atada al 12%, sin que se consideren las
fluctuaciones de la economía, hecho que sí está previsto para los docentes del
FOMAG, cuya tasa de interés será la certificada por la Superintendencia Financiera,
de acuerdo a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero durante
el mismo período (art. 15-3 Ley 91 de 1989).

10. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 19 de junio de 2023.

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo del
Huila no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso concreto, dado que ella
pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y
344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación generaba la
sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

12. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la
Constitución y en un defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo
superior, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y
su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

13. Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el
pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es
protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,
teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías».

14. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el

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desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17
de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.

15. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 203

3
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P.

César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.

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Demandante: Bertha Daly González Calderón
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
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sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por
tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los
mismos.

16. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento
fue interpuesta como una tercera instancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. La magistrada ponente en auto del 8 de septiembre de 2023: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila,
y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
departamento del Huila, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

18. Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto
López, en calidad de apoderado judicial de la señora González Calderón.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila
19. Por medio de correo electrónico remitido el 13 de septiembre de 2023, el
magistrado ponente de la decisión enjuiciada solicitó que se proceda con la figura de
acumulación de tutelas masivas que, en asuntos como el presente, se manifiesta el
inconformismo frente a la decisión del tribunal de confirmar las sentencias de primera
instancia con las cuales se negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de
sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías de docentes
conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

20. Para ello, indicó que el primer mecanismo constitucional que conoció la
corporación sobre el tema contra el despacho fue fallado el 14 de agosto de 2023,
por la Sección Tercera, Subsección B, proceso que se identificó con el radicado
11001-03-15-000-2023-02154-00, y que fue declarado improcedente.

21. Seguido de ello, señaló que se opone a las pretensiones de la demanda, ya

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que la tutela deviene improcedente y el tribunal no ha vulnerado ningún derecho
fundamental.

22. Expuso que la parte actora no satisfizo el requisito de la relevancia
constitucional, pues se limitó a señalar la violación de los derechos invocados sin
indicar con claridad, precisión y de manera expresa porqué la cuestión debatida es
genuinamente una cuestión relevante que amerita la intervención del juez de tutela y
trajo a colación los mismos razonamientos que sirvieron de sustento a la apelación
del fallo de primer grado.

23. Anotó que en el escrito de tutela no se especificó en qué consistía la
vulneración al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
evidenciando que la demandante concurrió al aparato judicial y su demanda se
tramitó en ambas instancias, respetándose durante la actuación judicial las garantías
previstas en el ordenamiento jurídico tendientes a la protección de sus derechos y
observándose el procedimiento establecido en la ley.

24. Adicionó que no se demostró que las cesantías hubieran sido consignadas en
forma extemporánea al trabajador ni que otra persona en sus mismas condiciones
hubiera recibido un trato diferencial.

25. Adujo que de la argumentación del escrito tutelar se evidencia su promoción
como una tercera instancia y que pretende reabrir el debate de interpretación del
derecho debidamente concluido, desconociendo la autonomía judicial y los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica, al utilizar la acción de amparo como un nuevo
escenario para la misma discusión legal, correctamente zanjada.

26. Además, mencionó que la acción de tutela no ha sido prevista para dirimir
controversias de índole económico como ocurre en el presente asunto, en el cual la
accionante pretende acceder al pago de la sanción moratoria por la presunta
consignación tardía de las cesantías, por cuanto para esta clase de contiendas
existen las respectivas acciones y medios de control ordinarios previstos por fuera de
la jurisdicción constitucional, lo cual reafirma la improcedencia del amparo
promovido,

27. Puso de presente que el defecto sustantivo no se configuraba, dado que se
efectuó una interpretación razonable al marco normativo aplicable al caso, en virtud
del cual los docentes no resultan beneficiarios de la sanción económica por la
consignación tardía de las cesantías ni la indemnización por el pago extemporáneo
de los intereses a las mismas.

28. Indicó que la interpretación dada por la accionante a las disposiciones
resultaba desacertada, pues era evidente que el régimen especial de los docentes de
la Ley 91 de 1989 no contempló la sanción e indemnización pretendida por la actora,
como sí lo hizo el marco normativo que rige las relaciones laborales entre

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particulares, el cual excluyó a los educadores de tales beneficios.

29. Incluso, argumentó que si en gracia de discusión se aceptara que la parte
demandante era beneficiaria de la sanción e indemnización pretendida, el tribunal en
el proceso ordinario no evidenció que la parte demandada hubiera incurrido en mora
en la consignación de las cesantías ni en los intereses a las mismas, tampoco se
indicó en la demanda el periodo de tiempo en que se desacataron dichas
obligaciones, incumpliendo la parte actora la carga probatoria que le asistía lo que
impedía el reconocimiento de su derecho.

30. Frente al desconocimiento del precedente, explicó que tampoco se
configuraba ya que, de las sentencias citadas, incluyendo la más reciente proferida el
19 de enero de 20234, no constituían precedente unificador de carácter vinculante en
los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP.

31. Determinó que si bien la actora trajo la sentencia de unificación CE-SUJ-
SII022-2020 de agosto 6 de 2020, en dicha oportunidad el Consejo de Estado analizó
el momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 en favor de la Secretaria de Salud del
municipio de Sabanagrande (Atlántico), sin efectuar análisis alguno en torno a la
aplicación de dicha sanción en favor de los docentes oficiales, razón por la cual al no
existir similitud fáctica con el presente asunto no había lugar a su aplicación.

32. Mencionó que lo mismo ocurrió con las sentencias SU-332 de 2019 y SU-041
de 2020 citadas por la accionante, en las cuales se analizó el derecho que le asiste a
los docentes a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías contenida en
el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006 que modificó el artículo 2º de la Ley 244 de
1995 pero sin hacer alusión a la penalidad por la “consignación tardía” de dicha
prestación que prevé el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y que constituye el objeto de
la presente controversia, en tal virtud al no existir similitud fáctica entre las aludidas
sentencias de unificación y el asunto no había lugar a aplicar las mismas.

33. En lo concerniente a la sentencia SU-098 de 2018 el tribunal, contrario a lo
advertido por la accionante, expuso que indicó con suficiencia en la providencia
enjuiciada las razones para distanciarse y no aplicar dicho pronunciamiento.

34. Finalmente, en lo referente a la violación directa de la Constitución, alegó que
la presunta transgresión del artículo 53 Superior que previó el principio de
favorabilidad, era una cuestión que había sido debatida y resuelta en el proceso
ordinario, señalándose que no obraban en el ordenamiento jurídico dos disposiciones
que ofrecieran un trato diferenciado a los docentes frente a la sanción moratoria por
la consignación tardía de sus cesantías.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, M.P.
William Hernández Gómez, Sentencia 19.01.23, Rad. 76001-23-31-000-2012-00212-02.

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35. Aunado a ello, refirió que no era dable que los docentes, so pretexto del
principio de favorabilidad, recibieran los beneficios del régimen especial que los
cobija y pretendieran al tiempo la aplicación del régimen general en su beneficio,
pues con ello se desconocería el principio de inescindibilidad normativa.

1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

36. A través de documento allegado el 13 de septiembre del presente año, la juez
relató lo sucedido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e indicó
que se analizaron todos y cada uno de los cargos planteados, por lo que no se
desconoció ni pretermitió ninguna norma o precedente jurisprudencial vinculante.
Resaltó que la acción resultaba improcedente.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.

37. Mediante escrito enviado el 13 de septiembre de 2023, la coordinadora de
tutelas de la entidad, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mencionó
que, en el Fomag no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que
corresponden a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se
trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.

38. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley
50 de 1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en
mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del Fomag, se
descarta algún tipo de sanción.

39. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la
Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas
en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para
la accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se
cuestionó una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la
consignación de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible
que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede
ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una
consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

40. En consecuencia, indicó que la acción constitucional resultaba improcedente,
toda vez que las autoridades judiciales del proceso ordinario actuaron conforme a la
normativa y la jurisprudencia establecida. Por lo cual, manifestó que no era dable
afirmar que se hubiera presentado una transgresión a las garantías fundamentales

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de la actora.

41. Adicionalmente, esta entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la
solicitud de amparo y se procediera a su desvinculación por no estar legitimada en la
causa por pasiva.

1.6.4. Departamento del Huila

42. El apoderado mencionó, en primer lugar que, el precedente invocado por la
tutelante no era aplicable en razón a que las circunstancias fácticas y jurídicas eran
disimiles a las puestas de presente en el presente caso, dado que de conformidad
con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que se vinculen a partir del 1º
de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán
por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional que
establece un sistema anualizado, sin retroactividad y pago de intereses a sus
beneficiarios.

43. Sostuvo que a los educadores del sector público no le son aplicables los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor determinado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpliera la obligación, pues dichas
normas fueron extendidas por disposición del artículo 1º del Decreto 1582 de 1998,
únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», por lo cual, no se
equipara a los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, pues su
nombramiento efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la
calidad de ser un maestro de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las
cesantías, son administradas por el Fomag, cuya naturaleza jurídica es diferente a la
de aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

44. Adicionalmente, solicitó la desvinculación del presente proceso, tras
considerar que no «(…) tiene competencia alguna para efectuar la consignación o pago de
las cesantías a la cuenta individual de los docentes lo que determina que no exista
responsabilidad alguna, en el abono o pago inoportuno de dicha prestación».

45. Finalmente, expuso que cumplió con su obligación de reportar las cesantías e
intereses a las cesantías de la vigencia 2020 a la Fiduprevisora S.A., respecto a los
docentes activos e inactivos a 31 de diciembre de 2021 mediante oficio
HUI2021EE001933 del 28 de enero de 2021 con anexo de la liquidación de sus
cesantías, en virtud de lo dispuesto en el literal b del numeral 3 del artículo 15 de la
Ley 91 de 1989, reglamentado por el Acuerdo 39 de 1998 expedido por el Consejo
Directivo Del Fondo Nacional De Prestaciones Sociales Del Magisterio.

46. Pese a que el Ministerio de Educación Nacional fue notificado en debida

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forma, guardó silencio5.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

47. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Bertha Daly González Calderón, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.

2.2. Solicitud de desvinculación

48. La Fiduprevisora S.A. y la Gobernación del Huila solicitaron la desvinculación
de este trámite constitucional porque, a su juicio, carecen de legitimación en la causa
por pasiva, sin embargo, estas peticiones serán negadas, en tanto, las vinculaciones
al proceso se realizaron en calidad de terceros, y no como la autoridad contra la cual
se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención al interés
que les asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

49. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la relevancia constitucional?

50. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al
«(…) debido proceso, a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a
la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la
perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente
judicial vertical (…)» de la señora Bertha Daly González, con ocasión de la
sentencia del 9 de mayo de 2023 que negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

51. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

5
Índice 8 y 9 de Samai.

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(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, en caso de
superarlos; (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

52. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
6
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su
procedencia8.

53. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

54. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

55. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

11
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional9

56. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional al no cumplir
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
202210.

2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

57. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

58. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

59. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su

9
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
10
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

60. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal11 (Énfasis de la Sala).

61. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico12; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional13”.

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”14 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”15
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto16, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias

11
Sentencia SU-573 de 2019.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-128 de 2021.
16
Sentencia SU-573 de 2019.

13
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judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal17. (Resaltado de la Sala)

62. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con
la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

2.6. Caso en concreto

63. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

64. La controversia propuesta por la señora González Calderón no tiene
relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria por el presunto pago extemporáneo de las cesantías en un
proceso judicial que resultó desfavorable a sus intereses.

65. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.

66. Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos
fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho falló se indicó:

Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento

17
Ibid.

14
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de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la
intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de
los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo
vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo
laboral con el Departamento del Atlántico –como se refiere, igualmente, en el
apartado que sigue-

67. En efecto, los argumentos de la accionante, independientemente bajo qué
yerros fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria
por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99
de la Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliada al Fomag, es
decir que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza
económica.

68. Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en
un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo
cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU-
098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos
fácticos y jurídicos diferentes al que es objeto de examen, con lo que se observa que
introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.

69. Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

70. Conforme lo anterior, la pretensión de la accionante refleja un inconformismo
con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no
implica una trasgresión de los derechos fundamentales.

2.7. Conclusión

71. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. y del
Departamento del Huila.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Bertha Daly González Calderón.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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