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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04639-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04639-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2023 por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04639-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04639-01 (acumulado con 11001-
03-15-000-2023-04692-00)
Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – Presupuestos de
procedencia no se superaron / TUTELA CONTRA DECISIÓN DE AMPARO – No
se acreditó la existencia de cosa juzgada fraudulenta / NIEGA – No se advierte
vulneración de derechos / SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron los recursos
judiciales ordinarios.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el Hospital Militar
Central y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, contra la sentencia de 12
de octubre de 2023 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta,
mediante la cual se resolvieron las acciones de tutela presentadas por dichas
autoridades, luego de ser acumuladas1.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- Las referidas acciones de tutela fueron presentadas contra el Juzgado 33
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección B, por el trámite impartido a otra acción de tutela, iniciada
por los señores Andrés Patiño Luengas y Fabio Alberto Rendón García, contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional - Dirección General
de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central.

2.- En aquel proceso de tutela los mencionados señores indicaron que mientras
prestaron servicios al Ejército Nacional fueron víctimas de minas y a cada uno

1 La acción de tutela presentada por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Sanidad fue

repartida al Despacho del Consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, bajo el radicado 11001-03-15-000-
2023-04692-00, quien en auto de 11 de septiembre de 2023 ordenó remitir el asunto al Despacho del
Consejero Pedro Pablo Vanegas Gil, con el fin de que se estudiara una posible acumulación a la tutela
11001-03-15-000-2023-04639-00, presentada por el Hospital Militar Central. Por auto de 21 de septiembre
de 2023 se accedió a dicha acumulación.

Radicación:11001-03-15-000-2023-04639-01
(acumulado con 11001-03-15-000-2023-04692-00)
Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de ellos les fue amputada una extremidad inferior. Actualmente se desempeñan
como atletas paralímpicos de alto rendimiento 2, y en virtud de ello solicitaron a
la Dirección de Sanidad del Ejército y al Hospital Militar Central la entrega de
una “prótesis deportiva de alto rendimiento para amputación transtibial con
Sistema de vacío y pie (cheetah xcel ossur) en fibra de carbono no convencional,
para Atletismo sobre medida, peso y estatura”, la cual fue negada. Ante esta
negativa, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, igualdad, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, trabajo,
seguridad social y salud; y, la consecuente entrega de estas prótesis especiales.

3.- El asunto le correspondió al Juzgado 33 Administrativo del Circuito de
Bogotá, quien mediante fallo de 24 de marzo de 2023 amparó el derecho de
petición de los actores. La autoridad judicial indicó que a los tutelantes no se les
estaba negando su derecho a la salud ni coartando el acceso a los servicios
relativos a su integridad física, pues contaban con prótesis asignadas por los
especialistas de las entidades accionadas de acuerdo con sus requerimientos de
salud. Sin embargo, consideró que la Dirección de Sanidad no había resuelto de
fondo las peticiones relativas a la entrega de las prótesis especializadas.

4.- La decisión fue impugnada por los señores Patiño Luengas y Rendón García,
así como por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, en fallo de
3 de mayo de 2023, revocó la decisión de primer grado y, amparó los derechos
fundamentales a la igualdad y a la recreación y deporte de los actores, y dispuso
que los directores de Sanidad del Ejército Nacional y del Hospital Militar Central
autorizaran y efectuaran la entrega de las prótesis deportivas solicitadas por los
accionantes, en el término de quince (15) días.

5.- El Hospital Militar solicitó aclaración del fallo, con el fin de saber si las
prótesis deportivas a las cuales se hacía referencia debían ser de una marca
específica, o si podía hacer entrega a los pacientes de prótesis de la misma
calidad, características y servicio, pero de otra marca. No obstante, mediante
auto de 17 de mayo de 2023, el tribunal sostuvo que “la orden fue emitida con
total congruencia respecto de la solicitud de amparo, es decir se accedió a la
concesión de los aparatos ortopédicos atendiendo las características especiales
que fueron indicadas en el escrito petitorio”.

6.- Posteriormente, los señores Patiño Luengas y Rendón García formularon
incidente de desacato contra los directores del Hospital Militar Central y de
Sanidad del Ejército Nacional por incumplir las órdenes de tutela. Mediante auto
de 24 de julio de 2023, el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá
declaró en desacato al director de Sanidad del Ejército Nacional y le impuso una
multa de 1 salario legal mensual vigente; posteriormente, por auto de 31 de julio

2 Relatan que pertenecieron a la Liga de Atletismo de las Fuerzas Militares, hoy día hacen parte de la Liga

de Atletismo de Bogotá y la Selección Colombia de Atletismo; y figuran en lugares destacados del ranking
mundial en su disciplina.

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(acumulado con 11001-03-15-000-2023-04692-00)
Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección B, modificó la providencia del juzgado y estableció que tanto el
director de Sanidad del Ejército Nacional como el del Hospital Militar Central
incurrieron en desacato, por lo que los sancionó a cada uno con 1 salario mínimo
legal mensual vigente.

7.- El director del Hospital Militar Central solicitó que se inaplicara la sanción
que se le impuso mediante auto de 31 de julio de 2023, pero ésta fue negada
mediante proveído de 22 de agosto del mismo año, proferido por el Juzgado 33
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Tutela 11001-03-15-000-2023-04639-01

8.- En su escrito de tutela el Hospital Militar Central3 Indicó que: (i) el Tribunal
vulneró la ley estatutaria de salud y la Ley 80 de 1993, por ordenar la entrega de
prótesis deportivas a 2 personas que se les ha garantizado el servicio de salud,
obligando a comprarlas directamente a un proveedor específico; (ii) a pesar de
que la entidad solicitó aclaración del fallo de tutela, y el Tribunal resolvió la misma
como si se tratara de una solicitud de corrección; (iii) la autoridad judicial no
podía ordenar la entrega de la prótesis con cargo a recursos de salud, pues no
se vulneró el derecho a la salud; (iv) la entidad ha cumplido el fallo y a pesar de
ello no se revocó la sanción; además el señor Fabio Alberto Rendón puso de
presente que ya compró la prótesis deportiva solicitada; y, (v) el Tribunal no
podía sancionar al Hospital Militar en el grado de consulta, pues en primera
instancia sólo se multó al Director de Sanidad, en ese sentido sólo se podía
confirmar, modificar o revocar esa sanción.

Tutela 11001-03-15-000-2023-04692-00

9.- Por su parte, el director de Sanidad del Ejército Nacional indicó en su tutela
que las prótesis ordenadas son de uso deportivo y están excluidas del
Plan Obligatorio de Salud. Adicionalmente señaló que el Tribunal incurrió en los
siguientes defectos: (i) Fáctico, porque no hay soporte de que los accionantes
pertenecieran a las ligas deportivas del Ejército como se afirmó en el fallo, y se
omitió vincular a Liga de Atletismo de Bogotá y la selección Colombia de
Atletismo que eran quienes debían suministrar las prótesis, pues si bien el
Estado debe garantizar el derecho a la recreación no puede hacerse con cargo
a recursos de la salud, pues se está afectando a otros 510.514 usuarios; (ii)
Sustantivo, por la incongruencia de ordenar al sistema de salud cubrir estos
gastos; (iii) Desconocimiento del Precedente, al desatender la sentencia T-560
de 2015, en la que se indicó que una EPS no estaba obligada a entregar una
silla de ruedas deportiva; y, (iv) Procedimental, porque no se integró el
contradictorio, se afectó el presupuesto del sistema de salud y se obligó a hacer
una contratación directa, sin que hubiera lugar a ello. Además de que en el fallo

3 Invocó los derechos fundamentales al debido proceso y a “acceder al sistema general de salud”.

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Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de tutela cuestionado, el Tribunal no se pronunció sobre el recurso de
impugnación que interpuso la entidad.

B. Sentencia de primera instancia

10.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 12 de octubre
de 2023 indicó que casi todos los reparos contra el fallo de 3 de mayo de 2023
hacen parte del juicio que se surtió por los jueces de la tutela 2023-00074 y, en
esa medida, no era posible referirse a los mismos en tanto no se supera el
requisito de la tutela contra una decisión de la misma naturaleza. Por ello, ante
la falta de relevancia constitucional declaró improcedente la solicitud de amparo.

11.- Por otra parte, en lo concerniente con los otros argumentos contra el mismo
proveído, relacionados con que el Tribunal omitió integrar el contradictorio y no
resolvió los argumentos de la impugnación de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, sostuvo que una vez se le notificó a las entidades el auto admisorio de
la tutela 2023-00074-00 solo intervino el Hospital Militar, sin que en la
contestación hubiese puesto de presente que faltaba vincular a un tercero
interesado. Además, consideró que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
pudo haber puesto de presente esa falencia durante el curso de la primera
instancia o en la impugnación, y que en caso de que en efecto haya alegado tal
situación en la alzada y no se haya tramitado el recurso, tuvo a su alcance la
solicitud de adición de la sentencia en los términos del artículo 287 del CGP. Por
ende, declaró improcedentes estos dos cargos, por no satisfacer el requisito de
la subsidiariedad.

12.- Frente al cargo contra el auto de 17 de mayo de 2023, adujo que no es
cierto que la accionada haya resuelto la solicitud de aclaración elevada por el
Hospital Militar como una adición, aunado al hecho que la entidad tampoco
expuso de qué forma la sentencia contenía frases o conceptos que le generaran
dudas, ni que estas estuvieren en la parte resolutiva. En razón a ello, a su juicio,
lo que persiguió el Hospital Militar Central a través del memorial fue reabrir el
proceso tutelar, pues desde la contestación de tutela pudo poner de presente que
tenía un contrato con otra empresa distinta a la indicada por los actores y podía
entregarles los insumos médicos con las mismas características. Por ende,
consideró que se debía negar al amparo frente a ese cargo.

13.- Por último, en relación con los argumentos propuestos contra los autos de
31 de julio y 22 de agosto de 2023, indicó que las accionadas echaron de menos
el análisis de la responsabilidad subjetiva en aras de constatar si en efecto el
Hospital Militar Central adelantó acciones en procura de cumplir la sentencia de
3 de mayo de 2023 y entregar las prótesis allí dispuestas; especialmente, en lo
que tiene que ver con el auto de 22 de agosto de 2023, pues en esta providencia
se negó la solicitud de inaplicación de la sanción, pese a que el ente hospitalario
certificó que compró las prótesis, los pacientes pusieron de presente que ya se
les tomaron las medidas para la elaboración, y que la empresa fabricante e

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

importadora sostuvo que la entrega sería de aproximadamente 45 días hábiles.
En razón a lo anterior, amparó el derecho fundamental al debido proceso del
Hospital Militar Central, y dejó sin efectos el auto de 22 de agosto de 2023, a
través del cual se resolvió sobre la inejecución de la sentencia, a efectos de que
en el término de 20 días se profiera una decisión de reemplazo.

C. Las impugnaciones

14.- Las entidades accionantes impugnaron la decisión, con los siguientes
argumentos:

15.- El Hospital Militar Central: Indicó que en el presente caso están
acreditados los presupuestos para que proceda la acción de tutela contra
providencias de la misma naturaleza, en especial el referido a la cosa juzgada
fraudulenta. Explicó que la Corte Constitucional ha sostenido que el presupuesto
de la salud no puede ser utilizado para fines distintos al cubrimiento de las
prestaciones asociadas a este derecho (citó el fallo C-824 de 2004), y señaló que
el tribunal accionado justificó su decisión en el derecho a la recreación y el
deporte, pero ordenó la entrega de las prótesis con cargo a los recursos de la
salud. En ese sentido, explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró la Ley estatutaria de la Salud y el estatuto general de la contratación
pública. Agregó que, a pesar de la entidad haber solicitado aclaración y
explicación del fallo de 3 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo, de manera
extraña, confundió la misma con una corrección que nunca se le pidió.

16.- Adicionalmente, adujo que las accionadas vulneraron derechos
fundamentales con su actuación, pues el Hospital Militar Central de acuerdo a su
naturaleza no autoriza ni contrata estas prótesis deportivas, por no estar incluidas
en los programas de salud, al estar prohibido el uso de recursos de la salud para
estos fines, por lo que no tiene forma de entregarlas. En ese sentido, cuestionó
que la decisión ponga en cabeza de ese ente Hospitalario la entrega de las
prótesis sin verificar las competencias que le asigna la ley y la imposibilidad para
satisfacer la necesidad de los usuarios en asuntos deportivos.

17.- Por otra parte, informó que ha hecho todo para el cumplimiento del fallo de
tutela, inclusive ordenó la compra y adquisición de las prótesis deportivas, como
se demuestra en la carta de fabricante autorizado por OSSUR. Por ende, informó
que solicitó la inejecución de la sanción, pero que el juzgado accionado en
decisión de 22 de agosto de 2023 negó la solicitud, obligándolos a lo imposible,
esto es, que realicen los trámites de importación y fabricación que tardan 45 días
hábiles, de manera inmediata.

18.- La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional indicó que la solicitud de
amparo era procedente contra el fallo de tutela cuestionado, porque se configuró
cosa juzgada fraudulenta, en tanto el Tribunal omitió integrar en debida forma el
contradictorio, así como pronunciarse sobre su impugnación. Reiteró la

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configuración de los defectos fáctico y sustantivo, por las mismas razones
indicadas en la demanda. Precisó que en su impugnación había advertido sobre
la indebida integración del contradictorio, y considera que no es de recibo el
argumento del A quo sobre la falta de subsidiariedad, pues al pronunciarse sobre
la adición no se podía resolver lo relativo a la debida vinculación de todos los
interesados. Puntualiza que ello llevó a una flagrante violación al debido proceso,
pues en la medida que no se vinculó a la Liga de Atletismo Bogotá, a la Selección
Colombia Atletismo, a los Ministerios de Cultura, Educación y Deportes, así como
a otros actores del Sistema Nacional de Deporte, se dejó de estudiar la
responsabilidad de los mismos y se omitió establecer la vinculación de los
accionantes a una de estas entidades o ligas.

19.- Finalmente indicó que el fallo acusado violenta gravemente los recursos de
salud de los usuarios del subsistema de salud de las Fuerzas Militares, puesto
que los mismos en vez de utilizarse para los servicios de salud, son usados para
la compra de unas prótesis deportivas de alto rendimiento, las cuales se solicitan
sin contar con algún soporte de formulación, ni violación de derechos, puesto que
previamente a los accionantes se les hizo entrega de unas prótesis funcionales
que son las que requieren en razón de sus condiciones médicas.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

20.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19914.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

21.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que,
los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo
de los derechos fundamentales, son los siguientes5: (i) que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique,
de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).

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Accionante: Hospital Militar Central y otro
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de
tutela.

22.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un
conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional, puesto
que tiene como objetivo (i) garantizar la independencia y la competencia de los
jueces ordinarios, evitando que el juez constitucional se inmiscuya en la esfera
de acción de las demás jurisdicciones, y (ii) impedir que el amparo constitucional
sea utilizado como una instancia adicional para cuestionar decisiones judiciales,
que conduzca a trasformar la estructura de los procesos y que lleve a infringir las
formas propias de cada juicio6.

23.- Concordante con la exigencia antes referida, se impone que el accionante
acredite una carga mínima de argumentación, pues le asiste el deber de
identificar los hechos que generaron la presunta vulneración de los derechos
fundamentales, así como los cuales adolece la providencia censurada. En ese
sentido, si bien la acción de tutela se caracteriza por su informalidad, lo cierto es
que tratándose de un amparo constitucional interpuesto en contra de una
providencia judicial es necesario que se indique en qué consiste la vulneración
de los derechos fundamentales alegados y, en particular, que se explique de qué
forma la providencia censurada se constituyó en una actuación contraria al orden
jurídico, en la medida en que resultaría desproporcionado exigir al juez
constitucional que revise integralmente un proceso judicial para determinar si, por
alguna razón, se transgredió una prerrogativa de carácter fundamental.

F. Análisis del caso concreto

24.- Revisados los escritos de tutela, las pruebas allegadas, los escritos de
impugnación y el expediente digital contentivo de la acción de tutela 11001-33-
36-033-2023-00074-01, la Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, por
los siguientes motivos:

25.- Primero, se debe aclarar que los argumentos esbozados por el Hospital
Militar Central en contra del auto de 22 de agosto de 2023 no serán analizados,
en la medida en que el juez de primera instancia constitucional a través del fallo
de 12 de octubre de 2023, amparó los derechos fundamentales a la mentada
entidad respecto de esa misma decisión, y los argumentos traídos a colación en
el escrito de impugnación son los mismos de la tutela, es decir, no cuestiona por
ningún motivo la decisión de amparo adoptada en primera instancia. Aunado a
ello, la Sala constata que en cumplimiento del fallo de primera instancia, y de esa
orden concreta de amparo, el pasado 07 de noviembre de 2023 el Juzgado 33
Administrativo de Bogotá resolvió acceder a las solicitudes del Hospital Militar
Central y conforme a ello “INAPLICAR la sanción modificada por el Tribunal

6 Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda (Subsección “B”) en auto de
fecha 31 de julio de 2023”.

26.- De acuerdo a lo anterior, la discusión se centrará en resolver lo atinente al
fallo de tutela del 3 de mayo de 2023 y el auto de 17 de mayo siguiente, que se
pronunció sobre la solicitud de aclaración.

27.- En cuanto a la solicitud de dejar sin efectos el referido fallo de tutela, ante
la supuesta configuración de una cosa juzgada fraudulenta, la Sala advierte que
la misma resulta improcedente, tal como lo estableció el juez constitucional de
primera instancia.

28.- En cuanto al análisis de la acción de tutela interpuesta en contra de una
sentencia de la misma naturaleza, la Corte Constitucional admitió la procedencia
excepcionalísima de este supuesto, pues admitir lo contrario implicaría prolongar
indefinidamente los procesos de tutela en desmedro tanto de la seguridad jurídica
como del goce efectivo, cierto y oportuno de los derechos fundamentales. Por
ende, la impugnación y la eventual selección para revisión de una tutela,
constituyen el mecanismo de control de las decisiones de tutela.

29.- En tal sentido, ese Tribunal, en la sentencia SU-627 de 2015 sistematizó las
reglas de procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia de la
misma naturaleza, al señalar que, por regla general, este tipo de amparos son
improcedentes. Precisó que (i) no es posible ejercer acción de tutela en contra
de una sentencia de tutela proferida en sede de revisión por parte de este
Tribunal, pues contra estas tan solo procede el incidente de nulidad en los
términos fijados por la jurisprudencia; (ii) cuando la sentencia de tutela es
proferida por otro juez o tribunal, es posible el ejercicio excepcional de la acción
de tutela, siempre que se demuestre a través de una exigente carga
argumentativa la configuración de una cosa juzgada fraudulenta y se acrediten
los requisitos genéricos de procedencia del amparo constitucional interpuesto en
contra de una providencia judicial.

30.- En línea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional
expuso que:

<<(…) quien pretenda la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe cumplir con
una exigente carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela
incumplió un deber básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar justicia, manifiesta en una
actuación dolosa o extremadamente negligente y (ii) que la sentencia cuestionada
no puede ser admitida debido a que resulta evidentemente incorrecta, implicando
además -en principio- una afectación grave del patrimonio público. La Corte
advierte que esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las diferentes
providencias que, de una u otra forma, se han ocupado de la materia. En adición
a ello, es posible identificar un grupo de eventos que, en principio, pueden ser
considerados indicios de que se ha configurado una situación fraudulenta.

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Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos
claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la
incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho
fundamental y que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir
de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo
razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o inconformismo del
solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene fundamento en el
principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional >> (negrilla del
original).

31.- Así mismo, la Corte Constitucional7 ha enfatizado que la procedencia de
este tipo de solicitudes está supeditada al cumplimiento de tres requisitos
procesales y sustanciales. Primero, que la acción de tutela no debe compartir
identidad procesal con la solicitud de amparo en la que se dictaron los fallos de
tutela cuestionados, lo que implica constatar que no existe identidad de partes,
hechos y pretensiones; segundo, el juez de tutela debe constatar que no exista
otro mecanismo legal para revertir o subsanar la situación ilícita alegada; y,
tercero, deben existir pruebas que demuestran que la decisión de tutela fue
producto de una situación de fraude.

32.- En virtud de lo anterior, para promover una acción de tutela contra una
providencia de la misma naturaleza se debe tener una carga no solo
argumentativa, sino también probatoria más exigente con el fin de poder
demostrar que efectivamente la decisión de tutela fue producto de una situación
fraudulenta.

33.- Sobre esta exigencia, en la Sentencia T-023/2023 se indicó que: “El fraude
en las actuaciones procesales se presenta en aquellos eventos en los que las
partes o el juez usan el proceso con fines ilegales o dolosos y con ello afectan
los derechos de terceros y atentan contra el bien social de la administración de
justicia. (…) 4. El estándar de prueba requerido para dar por demostrada una
situación de fraude es particularmente exigente. El interesado en revertir fallos
de tutela tiene el deber de aportar medios de pruebas que demuestren con un
alto grado de certeza, es decir, de manera ‘clara’, ‘cierta’, ‘suficiente’ y ‘coherente’
que las decisiones cuestionadas son fraudulentas. El fraude puede probarse por
medio de prueba directa o prueba indiciaria. Los indicios de la situación de fraude
deben ser graves, conducentes y trascendentes.”. En la misma sentencia se
precisó lo siguiente: “la Corte Constitucional ha encontrado probada la situación
de fraude a partir de, entre otros, los siguientes indicios: (i) la manifiesta
improcedencia de la tutela, (ii) la ausencia de relación domiciliaria de los
accionantes con el municipio del juzgado que decidió el asunto, (iii) la existencia
de investigaciones penales y disciplinarias sobre las presuntas
irregularidades y (iv) la manifiesta ilegalidad en el reconocimiento de
prestaciones económicas pensionales”.

7 Corte Constitucional, sentencia T-023 de 2023.

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Radicación:11001-03-15-000-2023-04639-01
(acumulado con 11001-03-15-000-2023-04692-00)
Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

34.- Descendiendo al caso concreto, no se advierte que ni el Hospital Militar
Central ni la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional hayan cumplido con
aquellas cargas, pues de los argumentos esbozados solo me demuestra su
inconformidad frente a la decisión adoptada en sede de tutela, poniendo de
presente únicamente que a cargo del presupuesto de salud les impusieron
comprar unas prótesis deportivas especiales sin tener en cuenta sus
competencias y recursos, lo que generó la vulneración no solo de sus derechos
fundamentales sino de la Ley estatutaria de la Salud y del estatuto general de la
contratación pública. Sin embargo, más allá de esas afirmaciones no
demostraron siquiera de forma sumaria que el fallo de tutela de 3 de mayo de
2023 fuera producto de un fraude.

35.- Así, no se advierte que las entidades accionadas hayan logrado probar que
la decisión acusada se haya dictado (i) con fines ilegales ligados a una intención
dolosa; (ii) que sea el resultado de un negocio fraudulento efectuado a través de
medios procesales, que implican un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad
o; (ii) que el juez de tutela adoptó la decisión derivada de una interpretación
normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena
fe judicial8; pues se repite, solo ponen de presente su inconformidad por una
interpretación que realizó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al
momento de proferir el fallo de tutela atacado, lo cual no genera que la decisión
tenga que ser revertida al contener situaciones espurias o dolosas.

36.- Con estas razones, al igual que el juez de primera instancia, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, por no superar los requisitos de tutela contra
providencias de la misma naturaleza.

37.- Por otra parte, en relación con los alegatos traídos a colación contra el auto
de 17 de mayo de 2023, también se confirmará la decisión de primera instancia
de negar el amparo. Una lectura íntegra del mentado proveído, permite advertir
que si bien en la parte resolutiva se dispuso “negar la solicitud de corrección”, lo
cierto es que ello no pasa de ser una imprecisión conceptual o un yerro en el uso
de las palabras, pues materialmente el Tribunal sí emitió un pronunciamiento con
respecto a la solicitud de aclaración. En los considerandos de tal providencia la
autoridad judicial indicó expresamente lo siguiente: "En el caso bajo
consideración, estima la Sala que la orden constitucional fue emitida con total
congruencia respecto de la solicitud de amparo, es decir se accedió a la
concesión de los aparatos ortopédicos atendiendo las características especiales
que fueron indicadas en el escrito petitorio, esto debido a que serían usadas por
los tutelantes en un deporte de alto rendimiento”. Esto, luego de exponer en forma
clara los presupuestos en los que proceden las solicitudes de aclaración,
corrección y adición.

8 En la sentencia T-023 de 2023, la Corte Constitucional señaló estos 3 supuestos como hipótesis en las

que existe fraude.

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Radicación:11001-03-15-000-2023-04639-01
(acumulado con 11001-03-15-000-2023-04692-00)
Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

38.- En ese sentido, se observa que los argumentos de la accionante están
alejados de la realidad, por cuanto efectivamente sí se le dio respuesta a la
solicitud de aclaración elevada por el Hospital Militar Central.

39.- Aunado a lo anterior, el Hospital tampoco indicó cuales eran los puntos que
le generaban dudas frente a la decisión de tutela, pues solicitó que se permitiera
la entrega de otra marca de prótesis, lo cual se asemeja más a una reapertura
del debate ya zanjado en el proceso como lo indicó el A quo. En razón a lo
anterior, no media la vulneración de algún derecho fundamental frente a los
cargos alegados contra el mencionado auto y, por ende, solo resta confirmar
también en este punto lo resuelto por el juez constitucional de primera instancia,
en el sentido de negar el amparo.

40.- Ahora; siguiendo con los argumentos traídos a colación por la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, se tiene que, frente a los relacionados con el fallo
de 3 de mayo de 2023 carecen del requisito general de subsidiariedad, tal como
se dijo en primera instancia. Los argumentos referidos a indebida integración del
contradictorio y la falta de pronunciamiento sobre la impugnación interpuesta por
la entidad, efectivamente pudieron ser puestos a consideración de la autoridad
judicial accionada mediante una solicitud a través de otros mecanismos de
defensa ordinarios. El primero de ellos es la solicitud de adición, de conformidad
con lo establecido en el artículo 287 del C.G.P9, a través del cual se podía requerir
al Tribunal emitir un pronunciamiento expreso sobre los puntos de la litis que
estaban pendientes de resolución, según reprocha la entidad accionante. Pero
adicional a lo anterior, la Sala igualmente destaca en lo que tiene que ver
puntualmente con la integración del contradictorio, que la Dirección de Sanidad
durante el trámite de primera instancia asumió una posición particularmente
pasiva en lo que se refiere a la defensa de sus intereses, al punto que ni siquiera
contestó la tutela, oportunidad con la que contaba para poner en conocimiento
de los jueces de la causa las presuntas irregularidades que advertía en el trámite
del proceso, en especial la necesidad de vincular a otros interesados, conforme
a la tesis que defiende hoy en sede de tutela.

41.- En este punto se hace necesario recordar que el carácter subsidiario de la
tutela implica que la misma sólo es procedente, si se constata que el interesado
agotó los mecanismos ordinarios de defensa -idóneos y eficaces- que tenía a su
disposición.

9 “ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis

o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte perjudicada
con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse
también la providencia principal”.

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Radicación:11001-03-15-000-2023-04639-01
(acumulado con 11001-03-15-000-2023-04692-00)
Accionante: Hospital Militar Central y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

42.- Finalmente, en relación con los presuntos defectos fáctico y sustantivo, la
Sala no hará pronunciamiento alguno de los mismos por dos razones: (i) no hay
lugar a realizar un estudio de fondo por cuanto la tutela es improcedente y, (ii)
aquellos se centran en cuestionar de nuevo la indebida integración del
contradictorio, el no pronunciamiento frente a la impugnación, y la presunta
configuración de la cosa juzgada fraudulenta en la decisión de 3 de mayo de
2023, aspectos frente a los cuales ya se realizó el estudio relativo al revisar los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela.

43.- Por lo expuesto anteriormente, esta Sala confirmará la sentencia de 12 de
octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

44.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de octubre de 2023 por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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