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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04648-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04648-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de octubre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04648-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de noviembre de 2023

Demandante: Erbey Enrique Rodríguez Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04648-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023- 04648-01
Demandante: ERBEY ENRIQUE RODRÍGUEZ FLÓREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA – SALA SEXTA DE
DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales. Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 12 de octubre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
que declaró la improcedencia de la solicitud de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Con escrito presentado el 25 de agosto de 2023, el señor Erbey Enrique Rodríguez
Flórez, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, con el fin de reclamar el
amparo de sus derechos fundamentales «(…) al debido proceso, a la seguridad
social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis,
seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical (…)».

El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 13 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, mediante la cual confirmó la
providencia del 14 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, iniciado por el actor contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en

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Demandante: Erbey Enrique Rodríguez Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04648-01

adelante Fomag) y el departamento del Huila, identificado con el radicado n.° 41001-
33-33-002-2022-00232-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…)

se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la
multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de
acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)1.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez labora con la entidad territorial certificada
de educación del departamento del Huila y pertenece al régimen anualizado.

El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó ante el Fomag el pago de estas,
así como de la sanción por mora.

Manifestó que el 18 de agosto de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación
Departamental del Huila y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora establecida por
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Señaló que dicha solicitud fue remitida a la
Fiduciaria La Previsora S.A., sin que a la fecha haya dado respuesta.

En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del acto administrativo ficto, contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fomag y el departamento del Huila, con el objeto
de que (i) se declarara la nulidad del acto administrativo en mención, (ii) se
reconocieran y pagaran las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020,
(iii) se pagara la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de
febrero de 2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y

1 Transcripción literal que puede contener errores.

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(iv) se pagara la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago
extemporáneo de los intereses sobre las cesantías.

En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva, en sentencia del 14 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda, tras argumentar que el régimen que regula las cesantías a favor de los
docentes oficiales es especial por cuanto no contempla un plazo máximo para pagar
la prestación ni sanciones por su incumplimiento, como si lo hace la Ley 50 de 1990.

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, a
través del fallo del 13 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo, al considerar
que:

Se confirmará la sentencia de primera instancia, pues el demandante, en su condición
de docente oficial y al encontrarse afiliado al FOMAG, le es aplicable el régimen
especial de cesantías previsto en las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003 y por ende, la
entidad demandada no está obligada a consignar las cesantías de manera individual
al demandante cada año y no existe sanción moratoria por la consignación tardía de
las cesantías anuales como lo dispone el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y tampoco
a reconocer la indemnización que contempla la Ley 52 de 1975.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso
concreto, dado que ella pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50
de 1990; 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha
prestación generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución y
defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo superior, los jueces deben
aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo
jurisprudencial en todo momento.

Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el
pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es
protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,
teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías».

Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17

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Demandante: Erbey Enrique Rodríguez Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
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de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.

Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 202
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección

2 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P.

César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.

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Demandante: Erbey Enrique Rodríguez Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04648-01

Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por
tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los
docentes oficiales.

Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto
la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento
fue interpuesta como una tercera instancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto del 30
de agosto de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión y iii) vinculó, en calidad de
terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, al
departamento del Huila y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Neiva.

Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto López,
en calidad de apoderado judicial del señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación Nacional, luego de
hacer un análisis de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
pidió que se declarara improcedente porque no se cumplían los requisitos generales
de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional, ni se habían afectado
derechos fundamentales con las sentencias cuestionadas.

Destacó que no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia del
accionante, ni el acceso a la administración de justicia; y que se trata de una
controversia de naturaleza estrictamente económica.

Así mismo, se opuso a las pretensiones y señaló que los docentes oficiales se rigen
por un régimen especial el cual incluye un sistema de reconocimiento y pago de
cesantías e intereses a las cesantías, y es el establecido en la Ley 91 de 1989,

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desarrollado por el Decreto 2831 de 2005, modificado por el Decreto 1272 del 23 de
julio de 2018 y complementado por las leyes 244 de 1995, 344 de 1996, 1071 de
2006 y 1955 de 2019, entre otras.

1.6.2. Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas de la entidad, en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag, pidió ser desvinculada por carecer de competencia frente a las pretensiones
de la demandante y solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, por
no cumplir con las causales genéricas y específicas de procedibilidad. Además,
señaló que la accionante hizo una indebida interpretación de la jurisprudencia
relacionada con las cesantías del Fomag.

Agregó que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades
administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en
cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de
administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de
cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el Fomag, que se creó
mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por tanto, las
cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, y los valores
que corresponden a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se
trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.

Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de
1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en
mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes, se descarta algún
tipo de sanción.

Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las
que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para la
accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona
una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la
consignación de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible
que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede
ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una
consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

1.6.3. Gobernación del Huila

La apoderada del departamento solicitó que se declare la improcedencia de la acción

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de tutela por carecer de relevancia constitucional, pues lo que busca la accionante es
dejar sin efectos la providencia referida para que se profiera una nueva y así obtener
el pago de la sanción por mora, lo que constituye una pretensión de carácter
económico, que a su vez se deprende de una discusión de orden legal propia del
proceso ordinario, que ya cuenta con sentencia ejecutoriada. Así mismo solicitó su
desvinculación debido a que no tiene competencia para efectuar la consignación o
pago de las cesantías a la cuenta individual de los docentes.

Hizo un recuento de los hechos e indicó que a aquellos docentes vinculados a partir
del 1.° de enero de 1990 las cesantías se reconocerán anualmente y sus intereses
serán consignados en la cuenta individual que para el efecto tiene el Fomag para
cada docente, y no prevé de forma concreta un plazo o fecha fija conforme lo
expresan las disposiciones contenidas en el numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, norma que está prevista para empleados privados, sin que pueda hacerse
una aplicación mixta de la misma.

1.6.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva

El juez ponente, de este despacho, solicitó que se declare la improcedencia de la
acción, por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, porque lo que
pretende la accionante es convertir esta acción de tutela en una instancia adicional
del proceso ordinario, máxime cuando los argumentos planteados son idénticos.

Precisó que los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales relacionados por la
parte actora, fueron analizados íntegramente en el fallo de primera instancia, en
donde se examinaron las sentencias del órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa y se identificó que fueron situaciones jurídicas especiales
en las que no se enmarca la de la actora.

Consideró que la demandante lleva a cabo una interpretación sesgada y parcializada
de la jurisprudencia citada y que omitió que en ellas se afirmó que: a los docentes
oficiales no se les aplica la Ley 50 de 1990, para efectos de las cesantías y sus
intereses, como quiera que dichas normas fueron extendidas por disposición del
artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, únicamente a los servidores públicos del nivel
territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos
privados de cesantías, que no se equiparan a los docentes vinculados a partir del 1°
de enero de 1990 y que sus prestaciones sociales como las cesantías, son
administradas por el Fomag, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos
fondos privados creados por la mencionada ley.

Respecto a los fallos, invocados por la actora, proferidos por diferentes tribunales
administrativos y otros despachos judiciales, señaló que no constituyen precedente
judicial.

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El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión guardó silencio pese a
haber sido notificado3.

1.7. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de octubre de 2023,
declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, al advertir que las pretensiones
relacionadas con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías no vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a
inconformidades de mera legalidad, que versan sobre un reconocimiento patrimonial
que no amerita la intervención del juez de tutela.

Así las cosas, señaló que conforme con el criterio establecido por la Corte
Constitucional y reiterado por la Sala, no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, además de no lograr
acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.

Además, negó las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduprevisora S.A.
y el departamento del Huila.

1.8. Impugnación

Con escrito enviado por correo electrónico el 20 de octubre de 20234, la parte actora
impugnó la sentencia de primera instancia.

El apoderado judicial de la parte tutelante manifestó que no era cierto que no
existiera una posición unificada respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales, pues la postura se encontraba decantada desde el año 2019, para
lo cual volvió a citar las 26 providencias del Consejo de Estado expuestas en el libelo
introductorio.

Adujo que la acción constitucional sí revestía relevancia constitucional, pues existía
un pronunciamiento en sede de tutela de la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado del 23 de marzo de 2023, en el que se «(…) analizó un caso con
una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de
procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de
segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente»; sin embargo, no
indicó el radicado del proceso.

Asimismo, argumentó que: «(…) de acuerdo a la Sentencia SU 098 de 2018, en
virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244
de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial

3 Actuación n.º 8 del expediente digital de Samai.
4 La sentencia de primera instancia fue notificada el 18 de octubre de 2023.

8
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Demandante: Erbey Enrique Rodríguez Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04648-01

docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de
servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas
disposiciones a modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar
el pago oportuno de la prestación social. Es por ello, que no es de recibo para esta
parte procesal que se afirme que el presente asunto no tiene relevancia
constitucional, por cuanto al no tener los docentes la garantía de la prestación
claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se
evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la única forma
de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva».

Reiteró que, para el caso concreto de la tutelante, era aplicable el régimen
anualizado de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es
decir que, se debía afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías.
Además, insistió en que «(…) una interpretación restrictiva de la aplicación de la
sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros
servidores públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías,
y tal distinción entre unos y otros, viola el derecho a la igualdad, pues los docentes
del señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica
dentro de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la
aplicación favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia
constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por
el señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez contra la sentencia del 12 de octubre 2023
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el
artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado n.º 080 de 12 de
marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 12 de
octubre de 2023 de la Sección Primera del Consejo de Estado, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?

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Sala Sexta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04648-01

De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:

• ¿El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión vulneró los
derechos fundamentales al «(…) debido proceso, a la seguridad social,
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, acceso a la
administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio
jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial
vertical (…)» del señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez, con ocasión de la
sentencia del 13 de junio de 2023 que negó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) estudio del
caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia7.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.»

10
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directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional8

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la sentencia del 12 de
octubre de 2023 mediante la cual la Sección Primera de la corporación declaró la
improcedencia por carecer de relevancia constitucional puesto que no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20229.

De acuerdo con la postura unificada del Consejo de Estado, la acción de tutela
contra providencias judiciales es de carácter excepcional10 . Esto quiere decir que la
procedencia de este dispositivo está supeditada a que se formule en clave de
infracción de las garantías superiores de quien acude al sistema de justicia. Por lo
tanto, la intervención del juez constitucional no es oficiosa, sino que está limitada al
estudio de los yerros identificados en el recurso de amparo11 . Lo anterior encuentra
fundamento en los principios del juez natural, de cosa juzgada y de autonomía e
independencia judicial12 .

8 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
9 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,

rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11 Corte Constitucional, SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019, SU-573

de 2017, T-458 de 2016 y C-590 de 2005.
12 Recientemente, en la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que el requisito de la

relevancia constitucional tiene tres finalidades: «i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces».

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En este sentido, la Sección Quinta13 ha explicado que la revisión de las decisiones
judiciales en sede de tutela, implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
de la actuación impugnada14. De esta manera, la actuación del juez constitucional
está restringida a aquellos asuntos que tengan como objeto interpretar, aplicar,
desarrollar o fijar el alcance de un derecho fundamental15. Dicho de otra manera,
para que haya lugar a la revisión de una providencia judicial, es preciso que se
demuestre que esta es incompatible con el ordenamiento superior16.

En las decisiones recientes de la Corte Constitucional se ha señalado que la
valoración del presupuesto de la relevancia constitucional también exige que la
autoridad judicial evalúe los hechos, la decisión cuestionada y el problema jurídico
puesto a su consideración17. Esto para determinar si la providencia censurada tiene
la virtualidad de afectar de manera desproporcionada las garantías superiores. Por lo
anterior, están descartadas aquellas cuestiones encaminadas a reabrir el debate
judicial, a una discusión meramente legal o de contenido patrimonial18.

A partir de los derroteros planteados por la Corte Constitucional en fallos recientes y
acogidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado19, se extrae que la acción de
tutela contra providencias judiciales es excepcional y procede ante la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales, por lo que se excluyen: (i) los
argumentos que no se encaminan a definir el alcance, contenido y goce de las
garantías iusfundamentales20; (ii) las pretensiones que son de contenido
económico21; (iii) las discusiones encaminadas a reabrir el trámite procesal o para
agotar una instancia judicial adicional22; (iv) los cuestionamientos dirigidos a discutir

13 La Sección Quinta ha acogido la postura reiterada de la Corte Constitucional en las sentencias T-

240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-
267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de 2017.
14 Por ejemplo, la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de

relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de
algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el
juez natural de la causa. Cfr. Sentencia del 29 de septiembre de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-
03365-01.
15 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-439 de

2017.
16 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022,

SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de
2017, entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022,

SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de
2017, entre otras.
18 Corte constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-439 de

2017.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de

noviembre de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-05186-00.
20 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021 y SU573 de

2019.
21 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, SU-134 de 2022, SU-103 de

2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019, entre otras.
22 Corte Constitucional, sentencias SU-134 de 2022, T-131 de 2022, SU-128 de 2021, T-131 de 2021

y SU-573 de 2019, entra otras.

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aspectos legales23; y (v) cuando el recurso de amparo tiene origen en la propia
negligencia del accionante24.

Con base en los anteriores criterios, le corresponde al juez constitucional verificar la
relevancia constitucional del caso bajo estudio.

2.5. Caso en concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que se debe
confirmar la decisión de primera instancia que declaró improcedente por cuanto no
supera el requisito de relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

La controversia propuesta por el señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez no tiene
relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías en un proceso
judicial que resultó desfavorable a sus intereses.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales, no
exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos fácticos
análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho fallo se indicó:

Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia,
cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías,
sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con
carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela.
Además, según se deriva de los antecedentes de los casos acumulados, no es prima
facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión
económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres
accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico
(…)

23 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, T-131 de 2022,

SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.

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En efecto, los argumentos de la accionante, independientemente bajo qué yerros
fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliada al Fomag, es decir
que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica.

Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en
un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo
cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU-
098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos
fácticos y jurídicos diferentes al puesto bajo su examen, con lo que se observa que
introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.

Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

Finalmente, se destaca que a partir de la sentencia de unificación SUJ-032 del 11 de
octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de cierre
en la materia, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag, al efecto indicó:

Los docentes estatales afiliados al Fomag no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, el personal docente en servicio activo que no esté afiliado a
Fomag le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

Así las cosas, aunado a los argumentos expuestos, el asunto que se debate en esta
oportunidad carece de relevancia constitucional, por cuanto la Sección Segunda del
Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes estatales
afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías. Por tanto, el asunto que se discute ya fue definido por
el juez natural de la causa y, en tal sentido, no es competencia del juez constitucional
estudiar la controversia en cuestión.

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Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja una mera inconformidad
con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no
implica una trasgresión de los derechos fundamentales.

2.6. Conclusión

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación, toda
vez que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de octubre de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por el señor Erbey Enrique Rodríguez Flórez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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