RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04650-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04650-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04650-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 30 de agosto de 2023 por medio de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia, para, en su lugar, negar el amparo solicitado por la sociedad Coimpa y Cía. Ltda., mediante la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04650-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

16 de noviembre de 2023

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-4650-01
Accionante: Coimpa y Cía. Ltda.
Accionados: Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: Acción de tutela contra sentencia proferida dentro del proceso de
reparación directa, en la que se revocó la providencia de primera instancia que
accedió parcialmente a las pretensiones y, en su lugar negó las súplicas de la
demanda.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad Coimpa y Cía. Ltda.,
mediante su apoderado judicial, en contra de la sentencia del 30 de agosto de
2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

ANTECEDENTES

La parte actora, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió
acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con fundamento
en los siguientes, los cuales consideró vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

HECHOS

La sociedad Coimpa y Cía. Ltda. en ejercicio del medio de control de reparación
directa demandó a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se declarara
patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle Cauca,
dependencia judicial que, mediante sentencia del 28 de febrero de 2017
resolvió acceder parcialmente a las súplicas de la demanda.

Interpuesto el recurso de apelación, la Sección Tercera del Consejo de Estado
a través de la sentencia del 19 de julio de 2023, revocó la decisión de primer
grado y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda, al considerar que la
parte demandante no demostró la relación de causalidad entre el daño
antijurídico del cual se procuró una indemnización y la actuación de la Fiscalía
General de la Nación.

Sostiene que la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada incurrió
en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, puesto que se demostró
dentro del trámite del proceso que el daño antijuridico causado sí era imputable
a la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, que la decisión en cuestión adolece de defecto sustantivo, toda vez
que desconoció lo contemplado en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002,
disposición normativa relacionada con los procesos de extinción de dominio.

Finalmente, manifiesta que se incurrió en desconocimiento del precedente
contenido en la sentencia de tutela dictada el 16 de noviembre de 2021 dentro
del proceso con radicado n.° 11001-03-15-000-2021-06765-00 y la providencia
del 14 de diciembre del mismo año proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en cumplimiento de dicho fallo de tutela bajo radicado n.° 76001-23-
31-000-2011-01532-01.

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

PRETENSIONES

La accionante solicitó amparar los derechos fundamentales al debido proceso,
derecho a la justicia e igualdad presuntamente vulnerados con la sentencia del
19 de julio de 2023 emitida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y, en consecuencia, pidió que dentro del término
improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo se
profiera una providencia accediendo a las súplicas de la demanda.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 30 de agosto de 2023, mediante proveído en el que se
ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación como
accionado y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Nación,
Fiscalía General de la Nación como terceros con interés.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, a través del
consejero ponente de la decisión cuestionada, manifestó que la acción de tutela
no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se
enfoca en el reconocimiento de los perjuicios materiales, siendo aquella
pretensión de carácter eminentemente económico.

De otra parte, señaló que la actora alude la existencia de un defecto fáctico y
sustantivo sin hacer distinción entre uno y otro y, sin indicar de manera clara el
yerro que le atribuye a cada uno.

En cuanto al desconocimiento de precedente jurisprudencial, indicó que los
fallos traídos a colación por el tutelante correspondían a demandas interpuestas
por personas que fueron cobijadas con la medida cautelar decretada por un

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

Tribunal de Estados Unidos y ejecutada por la Fiscalía General de la Nación en
el ámbito de la asistencia mutua entre Estados, el cual no acogió, toda vez que,
allí, se fundamentó la decisión en lo dispuesto en la Ley 793 de 2002, sin
embargo dicha normativa, a su juicio, recoge un supuesto de hecho que no
resultó aplicable al caso concreto.

Adicionalmente, manifestó que aun considerando la existencia de una
pluralidad de fallos en sentido condenatorio, respecto de estos, al momento de
emitirse la sentencia del 19 de julio de 2023 no se estaba frente a una hipótesis
de doctrina probable, porque (i) para ese momento solo existía una decisión de
tutela y otra que se profirió en acatamiento de la misma y, por tanto, esas
decisiones previas no tenían un efecto controlador respecto de la decisión
venidera; (ii) el precedente obligatorio que se forma a partir de doctrina
probable, debe, además de conformarse como mínimo por tres fallos en los que
exista una unicidad de decisión frente a los mismos puntos de hecho y de
derecho, primordialmente debe estructurarse sobre una ratio decidendi
consolidada.

POSICIÓN DE LOS INTERVINIENTES

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, solicitó se declare la improcedencia del amparo de tutela, porque no
cumple con el requisito de subsidiariedad en la medida que la parte
demandante no ha hecho uso de todos los mecanismos ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 21 de septiembre de 2023 la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó
por improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que no
cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

Al respecto, indicó que la parte actora no cumplió con una carga argumentativa
rigurosa que permita al juez de tutela advertir la configuración de un defecto
fáctico, por lo que encontró clara la improcedencia del mecanismo
constitucional para reabrir el debate probatorio, ante una simple inconformidad
con lo decidido.

Igualmente consideró respecto a los defectos sustantivo y por desconocimiento
del precedente judicial, porque, en cuanto al primero de los mencionados,
simplemente la parte actora se limitó a señalar los supuestos en que se
configura dicho yerro, pero no argumentó, bajo las consideraciones del caso
concreto, en qué consistió el defecto alegado. En lo concerniente al segundo,
esto es, el desconocimiento del precedente judicial, indicó que no existe un
ejercicio valorativo y consecuencial entre las providencias que fueron invocadas
como desconocidas y la sentencia objeto de tutela.

En tales condiciones, manifestó que de estudiarse de fondo el asunto se
vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta el funcionario que
conoce el trámite ordinario, comoquiera que se convertiría en una tercera
instancia.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, pero no expuso las
razones de su inconformidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y
II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los
derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los
requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas
en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias,
en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios,
imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la
cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos
derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a
menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio
irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar
que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin
de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades
judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye
la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre
la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba
ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores
de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal
circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin
de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial,
la Corte Constitucional identificó los siguientes:

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten
providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura
algún defecto que habilite el amparo constitucional.

II. Caso concreto

En primer lugar, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad de la presente acción de tutela para discutir la sentencia del 19
de julio de 2023 cuestionada en esta sede: 1) en ese sentido, debe precisarse
que contrario a lo manifestado por el a quo, en criterio de esta Sala, el caso
tiene una marcada relevancia constitucional, en tanto a través de esta acción

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

de tutela se persigue la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con ocasión de
una presunta estructuración de algunas causales específicas de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior permite
evidenciar que no se trata de un asunto de mera legalidad y el propósito de la
parte accionante no es crear una instancia adicional al proceso ordinario, sino
demostrar los defectos en que, en su criterio, incurrió la autoridad judicial
accionada; 2) la accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para
discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de aquella, pues se notificó a través de correo
electrónico el 28 de agosto de la presente anualidad; 4) no se está invocando
una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hechos
generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de
una sentencia de tutela.

Dilucidado lo anterior, y al observarse el cumplimiento de las demás exigencias
generales de procedibilidad, debe verificarse si se configuran los defectos
enunciados en la providencia dictada por la Sección Tercera Subsección C del
Consejo de Estado.

De conformidad con lo expuesto, a esta Subsección le corresponde examinar
si en la sentencia discutida en esta sede se configuró un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria puesto que se demostró dentro del proceso
ordinario que el daño antijuridico causado si era imputable a la Fiscalía General
de la Nación; defecto sustantivo por inaplicación de lo contemplado en el
artículo 12 de la Ley 793 de 2002, disposición normativa relacionada con los
procesos de extinción de dominio y en desconocimiento del precedente judicial
proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Para resolver el disenso planteado, la Sala observa que la Sección Tercera
Subsección C del Consejo de Estado, en la decisión cuestionada, consideró
que la Fiscalía General de la Nación no era la responsable de haber producido
el menoscabo patrimonial, dado que no fue quien inició la investigación o un
proceso judicial en contra de Coimpa, pues fue precisamente el Tribunal del

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

Estado de Columbia de los Estados Unidos el que, en el marco de un trámite
judicial, adoptó medida cautelar que afectó temporalmente la disposición
económica de los bienes de la parte actora, mientras se definía su posible
participación en la comisión del delito de lavado de activos.

Así pues, hizo énfasis en que si bien el trámite de asistencia judicial impulsó a
la Fiscalía, por su propia cuenta, a iniciar un proceso de extinción de dominio,
lo cierto es que dicha investigación fue motivo de archivo y de declaración de
nulidad de todo lo actuado, porque el trámite judicial ya se estaba surtiendo en
territorio extranjero.

Lo anterior, permite inferir a la Subsección que la autoridad judicial accionada
no incurrió en defecto fáctico, pues sustentó la decisión en un análisis normativo
y probatorio integral, lo que le permitió concluir que en el asunto en cuestión no
demostró la relación de causalidad entre el daño antijurídico del cual se procuró
una indemnización y la actuación de la Fiscalía General de la Nación de
Colombia; asimismo porque no indica de manera precisa cuál fue la prueba que
dejó de valorar el despacho judicial accionado.

Por otra parte, tampoco encuentra la Sala configurado el defecto sustantivo por
el presunto desconocimiento de lo contemplado en el artículo 12 de la Ley 793
de 2002, toda vez que en la sentencia de segunda instancia se precisó que
dicha disposición normativa se aplica cuando la Fiscalía promueve la acción de
extinción de dominio, oficiosamente o por información que se le haya
suministrado, y, en el desarrollo de ese trámite judicial, decreta medidas
cautelares sobre los bienes materia de instrucción, o solicita al juez competente
la adopción de aquellas medidas; lo cual no ocurrió en el caso concreto, razón
por la que se abstuvo de dar aplicación a la misma.

Finalmente, no se encuentra acreditado el desconocimiento del precedente
judicial invocado por el accionante, pues en la sentencia cuestionada la
autoridad accionada concluyó que no se trataba de un precedente
jurisprudencial vinculante, de una sentencia de unificación o una decisión
reiterada por la Subsección de modo que, pese a existir similitud fáctica, ello no

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

era suficiente para que en ambos se orientara, de manera análoga, el juicio de
responsabilidad del Estado, por cuanto hay elementos de análisis que habilitan
al juez administrativo para abordar una lectura diferente a la controversia
anterior.

En ese contexto, es claro para esta Sala que el despacho judicial accionado no
incurrió en los defectos alegados en el escrito de tutela, toda vez que realizó un
análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas
de la sana crítica, además porque la providencia cuestionada contiene una
carga argumentativa suficientemente sustentada en la aplicación de las normas
vigentes que le permitió inferir que la parte demandante no demostró la relación
de causalidad entre el daño antijurídico del cual se procuró una indemnización
y la actuación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, lo que descarta
una actuar arbitrario por parte de la autoridad demandada.

De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente al
análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que no puede
ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.

Así las cosas, no se encuentran estructurados los defectos sustantivo, fáctico
y desconocimiento de precedente judicial invocados por la sociedad Coimpa y
Cía. Ltda., lo que impide la intervención de este juez constitucional. Por
consiguiente, la Sala procederá a revocar la decisión de primer grado para, en
su lugar, negar el amparo solicitado por aquella, mediante la acción de tutela
de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 4 6 50 - 0 1

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 30 de agosto de 2023 por medio de la cual
la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió rechazar por improcedente la
acción de tutela de la referencia, para, en su lugar, negar el amparo solicitado
por la sociedad Coimpa y Cía. Ltda., mediante la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.