Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04652-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04652-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04652-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de septiembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04652-00
Demandante: MARÍA DISNEY LÓPEZ MEDINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO
TARDÍO DE CESANTÍAS A DOCENTE OFICIAL
AFILIADO AL FOMAG. SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: se cuestionó la sentencia de segunda instancia mediante la cual se
confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A juicio de
la actora, esa providencia incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución. Sin embargo, la Sala declarará
improcedente el amparo por cuanto el interés de la parte actora es emplear la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Disney López
Medina1, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo
del Huila para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad social
consagrados en los artículos 13, 29, 48 y 229 de la Carta Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la providencia de 20 de junio de 2023 proferida por dicha
autoridad judicial.
1 Mediante escrito presentado el 28 de agosto de 2023.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04652-00
Demandante: María Disney López Medina
Acción de tutela
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) La señora María Disney López Medina sostuvo que se desempeñó como docente
al servicio de la Secretaria de Educación de Neiva y que, para el período 2020, tenía
derecho al pago de los intereses a las cesantías a más tardar el 31 de enero del
2021, cesantías que debían ser consignadas hasta el 15 de febrero del 2021.
2) El 11 de agosto de 2021, la actora le solicitó al FOMAG el pago y reconocimiento
de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en
reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
3) La Secretaria de Educación de Neiva nunca presentó respuesta y, en cambio,
remitió la solicitud de la actora a la Fiduciaria la Previsora S.A por ser la encargada
de los recursos del FOMAG
4) Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en la que solicitó la nulidad del acto ficto configurado por la ausencia
de respuesta a la petición2.
5) Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva negó las pretensiones de la demanda,
declaró la existencia del acto ficto o presunto del silencio administrativo negativo y
señaló que en materia de cesantías el régimen aplicable para los docentes oficiales
es la Ley 91 de 1989.
6) Apeló esa decisión con fundamento en que los docentes tienen derecho a la
aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado.
2 Proceso con radicación no. 41001-33-33-002-2022-00194-00/01.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04652-00
Demandante: María Disney López Medina
Acción de tutela
7) A través de sentencia de 20 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila
confirmó la decisión en razón a que los docentes oficiales vinculados al FOMAG se
rigen por las normas especiales consagradas en la Ley 91 de 1989 y la Ley 812 de
2003, las cuales no contemplan la sanción por no consignación oportuna de las
cesantías en una cuenta individual para cada docente antes del 14 de febrero del
año correspondiente.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora reprochó la sentencia del 20 de junio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila porque, en su criterio, esa autoridad incurrió en los
defectos sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y violación
directa de la Constitución.
Respecto del defecto sustantivo por la indebida interpretación de las normas,
expuso que la sanción moratoria descrita en la Ley 50 de 1990 sí le es aplicable a
los docentes oficiales vinculados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio,
toda vez que la sentencia SU-332 de 2019 hizo extensivo su alcance en virtud del
principio de favorabilidad, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de
diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también les debe ser
consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más
tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación.
Frente al desconocimiento del precedente, la demandante alegó que el tribunal
desconoció las sentencias SU-098 de 17 de octubre de 2018, SU -195 de 2012, SU-
336 de 2017 y C-486 de 2016 de la Corte Constitucional, así como las sentencias
del Consejo de Estado proferidas en los procesos nos. 2013-00666-01, 2013-
00756-01, 2012-00212-02, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01, 2014-
00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-01, 2014-01127-01, 2017-
00134-01, 2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2017-
00795-01, 2019-00359-01, 2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01, las
cuales fueron claras en señalar que, en virtud del principio de favorabilidad, procede
aplicar lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, pues los
docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho al reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías.
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Demandante: María Disney López Medina
Acción de tutela
Con fundamento en las decisiones que invocó como desconocidas, manifestó que
en el régimen anualizado, aplicable al caso de los docentes vinculados después de
1990 y 1996, es lógico que se exija la afiliación y el pago oportuno del auxilio de
cesantías, ya que la consignación es la manera de garantizar el acceso a la
prestación, sistema que solo puede ser equitativo si las personas pueden contar con
su pago de forma oportuna para poder disponer de la prestación en cualquiera de
los eventos en que se permite.
Una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria incurriría en
un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que gozan
de ella, pues su derecho estaría limitado por tener una categoría específica dentro
de los trabajadores estatales.
En el régimen de los docentes se puede aplicar de manera completa la norma
especial, excepto en caso de vacío normativo, en donde es posible acudir al régimen
general, lo que determina la aplicación de la Ley 50 de 1990, en virtud del principio
de igualdad y de favorabilidad.
Según el precedente del Consejo de Estado, la demandante tiene derecho a la
sanción moratoria por la no consignación de cesantías, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, disposición que es
más favorable respecto de los derechos laborales de los docentes oficiales, máxime
cuando su ámbito de aplicación se extiende a todos los empleados públicos.
De acuerdo con las providencias judiciales que fueron desconocidas, no resulta
cierto que la sanción por mora establecida en la Ley 50 de 1990 solo opera para los
docentes que no se han afiliado al FOMAG, pues para poder generar la obligación
de consignar por parte de un deudor, es necesario que este conozca exactamente
dónde, a quién y cuándo pagar, circunstancia que no podría realizar el ministerio si
previamente no conoce si el docente se encuentra o no afiliado a dicho fondo.
Finalmente, la actora consideró que se incurrió en una violación directa de la
Constitución por no aplicarse el principio de favorabilidad descrito en el artículo 53
de la Carta Política ni lo dispuesto en la sentencia SU-332 de 2019.
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Demandante: María Disney López Medina
Acción de tutela
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA en la sentencia proferida el día 6/20/2023,
en el expediente rad. No. 41001333300220220019401, transgredió los
derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA
SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL
DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a
los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y
de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por
lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales del
accionado.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA; dejar sin efectos la providencia referida
en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad
de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional
en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección
Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue
solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos (…)”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
4. Actuación procesal
Mediante auto de 30 de agosto de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
la notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo Del Huila, así como la vinculación al titular del Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, al Secretario de Educación
Departamental del Huila y al director del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), entregándoles copia de la demanda y los anexos.
5. Intervenciones de las autoridades demandadas
El Juzgado Segundo Administrativo de Neiva expuso sus argumentos de
contestación e indicó, en síntesis, que se garantizaron todos los derechos
fundamentales de la actora, al tiempo que solicitó negar el amparo deprecado, en
razón a que la actora no cumplió con el requisito de relevancia constitucional
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Demandante: María Disney López Medina
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necesario para que proceda la acción de tutela contra una decisión judicial pues, se
limitó a exponer los mismos argumentos que sirvieron de sustento al recurso de
apelación.
La Gobernación del Huila manifestó que en el proceso judicial no se vulneraron los
derechos fundamentales de la actora e indicó que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para la revisión de un fallo judicial pues, esta solo procede de
manera excepcional y requiere del cumplimiento idóneo de unos requisitos
específicos que la actora no cumple.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales de la demandante.
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2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Tribunal Administrativo del Huila con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente
vulnerados con ocasión de la decisión judicial adoptada en la sentencia del 20 de
junio de 2023, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos por desconocimiento
del precedente, sustantivo y violación directa de la Constitución Política.
En los términos en los que fue propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional porque todos sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a
discutir argumentos que ya fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos
en el trámite del proceso ordinario, por las razones que procederán a exponerse:
1) La actora alegó que se desconocieron las sentencias SU-098 de 2018, SU-195
de 2012, SU-336 de 2017, C-486 de 2016 proferidas por la Corte Constitucional, así
como otras decisiones dictadas por esta Corporación en las cuales se aplicó la Ley
50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad3.
2) Asimismo, consideró que se configuró un defecto sustantivo por indebida
interpretación de las normas, ya que sí tiene derecho a la sanción moratoria descrita
en la Ley 50 de 1990 en su condición de docente oficial vinculada al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, toda vez que la sentencia SU-332 de 2019
hizo extensivo su alcance en virtud del principio de favorabilidad.
3) Por último, frente a la violación directa de la Constitución manifestó que se debía
aplicar el artículo 53 de la Constitución Política y por principio de favorabilidad hacer
extensible el alcance de la Ley 50 de 1990.
4) Sin embargo, de entrada, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan
la interposición de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir
argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con miras a que se admitiera
3 2013-00666-01, 2013-00756-01, 2012-00212-02, 2014-00173-01, 2014-00208-01, 2014-00254-01,
2014-00132-01, 2014-00815-01, 2015-00331-01, 2015-00445-01, 2014-01127-01, 2017-00134-01,
2015-90008-01, 2014-90022-01, 2017-00931-01, 2015-00075-01, 2017-00795-01, 2019-00359-01,
2019-00376-01, 2015-00509-01, 2015-90124-01 y 08001-23-33-000-2013-00666-01.
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Demandante: María Disney López Medina
Acción de tutela
que, con base en el precedente de la Corte Constitucional y la Sección Segunda del
Consejo de Estado y en virtud del principio de favorabilidad, procede aplicar lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
5) Ahora bien, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
la parte demandante indicó, en los mismos términos que ahora plantea, que la Corte
Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado en un sin número de
providencias ha reconocido que, al igual que los demás servidores públicos
comprendidos en el marco del artículo 123 de la Constitución Política, los docentes
de la educación pública son sujetos destinatarios de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías anuales contemplada en la Ley 50 de 1990, en
virtud del principio de favorabilidad.
6) Por su parte, en el fallo de 13 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo del
Huila confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto
consideró que, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial sobre el ámbito de
aplicación normativa del sector docente, le era aplicable lo consagrado en la Ley 91
de 1989, la cual no contempla indemnización alguna por el no pago de los intereses
de las cesantías a los docentes,
7) En consecuencia, no se le podían aplicar las disposiciones que consagran la
sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías y de los intereses a las
mismas, estipuladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 1º de la Ley
52 de 1975, pues son incompatibles con el régimen especial docente, en los
siguientes términos:
“Para resolver tal recurso, la Sala pone de presente que conforme el
marco normativo y jurisprudencial expuestos en el acápite anterior, es
claro que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es
una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, sin personería jurídica, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional, encargado de las prestaciones sociales de los
docentes. Que los recursos del Fondo se descuentan directamente de
aquellos destinados en el Sistema General de Participaciones para
educación y de los que aporte adicionalmente la Nación.
Adicionalmente, que los docentes son afiliados forzosos al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que la liquidación
y forma de pago de sus prestaciones sociales, entre ellas las cesantías,
se regula según la Ley 91 de 1989, estatuto que no señaló términos para
la consignación ni para el pago de las cesantías y en consecuencia,
tampoco reguló la sanción moratoria para el caso en que tales
actuaciones no se realicen, como si lo hizo el legislador para el caso de
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los servidores públicos en general, mediante las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006 y extensivo a los docentes oficiales, pero solo para el caso
de la sanción por el pago tardío de las cesantías, no para el caso de la
consignación anual de las mismas prevista en la Ley 50 de 1990.
Ahora bien, el sistema creado por conducto del artículo 99 de la Ley 50
de 1990, previó la liquidación anual del auxilio de cesantías y su
consignación antes del 15 de febrero de cada año en las Sociedades
Administradoras de Fondos de Cesantías; so pena, de la sanción por
incumplimiento de dicha obligación, a razón de un día de salario por cada
día de retardo, régimen en virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, en
consonancia con el Decreto 1852 de 1998, fue extendido a todos los
servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir de 1996 que se
afiliaran a los fondos privados de cesantías creados por la Ley 50 de 1990.
Sin embargo, contrario a lo señalando por la parte actora y recurrente, la
Sala encuentra que en esa extensión normativa no se incluyeron los
docentes oficiales; en razón que estos se encuentran afiliados al fondo
dependiente del Ministerio de Educación Nacional (FOMAG) y porque
para esos efectos, cuentan con el régimen especial contenido en la Ley
91 de 1989. En ese orden, pretender aplicar, so pretexto de la
favorabilidad, el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al régimen
especial de docentes oficiales, que en la materia se rigen por el artículo
15 de la referida Ley 91 de 1989, sería crear un tercer régimen no previsto
por el legislador y violentar el principio de inescindibilidad de la Ley.”.
8) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos planteados tanto
en el recurso de apelación como en el escrito de tutela se dirigen a lo mismo, esto
es, que se dé aplicación a algunas sentencias de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, con el fin de que se reconozca que tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
9) Para la Sala resulta claro que, si bien la autoridad judicial demandada en la
providencia objeto de tutela no se pronunció de forma expresa frente a cada una de
las providencias invocadas como desconocidas, lo cierto es que todas ellas se
citaron con el fin de que el juzgador reconociera que sí le eran aplicables, en virtud
del principio de favorabilidad, las disposiciones consagradas en los artículos 99 de
la Ley 50 de 1990 y 1 de la Ley 52 de 1975 y, por ende, el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de
los intereses a las mismas, análisis jurisprudencial que, en todo caso, el tribunal sí
realizó, con base en diferentes sentencias, y a partir del cual le fue posible
establecer que la demandante no era beneficiaria del régimen general anualizado
de cesantías.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04652-00
Demandante: María Disney López Medina
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10) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el
mecanismo constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a
los estudiados en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la
discusión tendiente a que se hiciera un análisis jurisprudencial sobre el ámbito de
aplicación normativa del sector docente, con el fin de que se reconociera y pagara
al demandante la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías
anualizadas y de los intereses a las mismas consagrado en la Ley 50 de 1990.
11) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de
la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados
y discutidos en el proceso ordinario y se dirigieron de manera exclusiva a que se
reconociera que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías, contemplada en el numeral 3° del artículo 99 de la Ley
50 de 1990.
12) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario y al juez
constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias que desbordan su
competencia.
13) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela por
el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley
FALLA:
1º) Deniégase la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora quien
actúa en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo de FOMAG.
2°) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el María Disney
López Medina por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: María Disney López Medina
Acción de tutela
3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente). (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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