Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04676-00
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Improcedentes: no prolongan el término para presentar la demanda de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04676-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04676-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 110010315000202304676 00
Accionante: WILFOR GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Improcedencia / INMEDIATEZ – No se presentó la
demanda en un término razonable / RECURSOS O PETICIONES
IMPROCEDENTES – No prolongan el término para presentar la demanda de
tutela.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Wilfor Gutiérrez Martínez, de conformidad con el Decreto
333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 28 de agosto de 2023, el señor Wilfor Gutiérrez Martínez, a nombre propio,
instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el
Juzgado Segundo Administrativo de San Juan de Pasto, con el fin de que se
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Que ingresó al despacho para fallo el 12 de septiembre de 2023.
Radicación número: 110010315000202304676 00
Accionante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
dignidad y de acceso a la administración de justicia.
2. Hechos relevantes
El señor José Fernando Ducuara Falla presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos mediante los
cuales se le sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 11 años y,
como consecuencia, se ordenara el reintegro al cargo desempeñado o a uno de
superior jerarquía junto con el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir
durante su desvinculación.
La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Pasto (radicación: 52001-33-33-002-2020-00064-00), el que, mediante auto del 29
de octubre de 2020 -publicado en el estado del 30 del mismo mes y año-, la
inadmitió y dispuso su subsanación, pero “no fui notificado”.
Posteriormente, por medio de proveído del 26 de noviembre de 2020 -publicado
en el estado del 27 del mismo mes y año-, el Juzgado rechazó la demanda,
porque no se corrigió, sin embargo, afirmó el tutelante que de esa decisión
tampoco se le enteró.
Manifestó el tutelante que, como no tuvo conocimiento del trámite impartido a su
proceso, el 2 de marzo de 2021, elevó una petición ante el juzgado de
conocimiento con el fin de que se le informara el estado en el que aquel se
encontraba, a lo que se le dio respuesta el 7 de mayo de 2021.
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Radicación número: 110010315000202304676 00
Accionante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
El 12 de mayo de 2021, la parte demandante presentó solicitud de nulidad por
indebida notificación del auto inadmisorio y del auto de rechazo.
Mediante proveído del 12 de octubre de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo
de San Juan de Pasto rechazó de plano la solicitud de nulidad.
Contra esa decisión se interpuso el recurso de apelación, el que se rechazó por
auto del 4 de noviembre de 2021, bajo el argumento de que el auto que resuelve
la nulidad no es objeto de apelación, según el artículo 243 del CPACA. Inconforme
con lo anterior, el demandante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el
de queja.
Por medio de proveído del 7 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo
Administrativo de San Juan de Pasto negó el recurso de reposición y concedió el
recurso de queja.
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante providencia del 21 de marzo de
2023, confirmó el auto por medio del cual se rechazó el recurso de apelación
formulado contra el auto del 12 de octubre de 2021.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El accionante señaló que se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso
por la “falta u omisión de la notificación de la decisión proferida por el juez de
instancia”.
Precisó que el juzgado accionado no cumplió el requisito previsto en el inciso
segundo del artículo 201 del CPACA2 referente a la remisión del mensaje de
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ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Los autos no sujetos al requisito de la
notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta
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Accionante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
datos, actuación que constituye parte integral de la diligencia de notificación por
estado, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado3, lo que
se traduce en la configuración de un defecto sustantivo.
Agregó que se comete “un grave y grosero error en la interpretación de la norma”
porque, si bien es cierto que el Decreto 806 de 2020 habilitó la utilización de las
tecnologías, también lo es que esa norma no derogó el artículo 201 de la Ley 1437
de 2011, además “por principio de favorabilidad de la norma, se debe dar
aplicación más favorable y garantista al asociado y no se debe dar aplicabilidad
aquella que vulnere derechos fundamentales, puesto que se estaría en una
inseguridad jurídica, haciendo que el derecho involucione”.
Adujo que también se incurrió en un defecto procedimental, por exceso de ritual
manifiesto. Como fundamento de esa afirmación expuso (trascripción literal con
posibles errores incluidos):
… mi pretensión está en un rango más alto frente a las nulidades taxativas
sustentadas en las normas anteriormente expuestas, ya que en este caso en
concreto mi fundamento se establece en Nuestra Norma de Normas partiendo
desde el Preámbulo y el contenido de sus artículos 2,4,6,29,228,229,230,
buscando ese orden justo y armónico del que debo gozar como colombiano,
en línea bajo la responsabilidad del secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al
de la fecha del auto y en ella ha de constar:
1. La identificación del proceso.
2. Los nombres del demandante y el demandado.
3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del secretario.
El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad
de medio notificador durante el respectivo día.
<Inciso modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las
notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no será
necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la
providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales.
De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para
la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.
Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para
la consulta de los estados.
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Radicados: 85001-23-33-000-2017-00223-01; 27001-23-31-000-2017-00038-01 (AC),
08001-23-33- 000-2012-00471-01 (20258) y 2012-00463- 01.
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buscando que se me brinde justicia efectiva y la garantía de mis derechos
fundamentales con lo han venido reiterando Nuestras Altas Cortes en sus
diversos pronunciamientos.
Agregó que se desconocen los precedentes que consagran que las notificaciones
dentro de un proceso judicial deben efectuarse correctamente para efectos de
“facilitar la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados”.
Precisó que el Tribunal Administrativo de Nariño “resuelve el recurso sin mirar de
fondo lo solicitado y pretendido, solo funda su decisión con respecto a que, si era
viable o no el recurso, mas no en determinar si hubo o no una omisión de
notificación por parte del A- quo al emanar los autos inadmisorio y de rechazo de
demanda sin enviar el mensaje de datos a los demás sujetos procesales como
reza la norma. Art. 201 inciso segundo parte final”.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 30 de agosto de 2023, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de San Juan de Pasto se opuso al
amparo solicitado, tras considerar que no se han vulnerado los derechos
fundamentales del tutelante.
Informó que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en estados electrónicos
del 30 de octubre de 2020 y que, ante la ausencia de pronunciamiento por parte
del interesado, se rechazó la demanda, decisión que se notificó el 27 de
noviembre de 2020.
Afirmó que, para la época en la que se profirieron las decisiones cuestionadas por
el accionante, era aplicable el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, norma que no
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imponía la obligación de enviar mensaje de datos en los casos en los que se
notifique una providencia por estado, a diferencia del trámite de notificación
personal consagrado en el artículo 8 de dicha normativa.
En ese sentido, concluyó que la notificación de los autos inadmisorio y de rechazo
de la demanda, que consistió en la publicación en el micrositio de la página oficial
de la Rama Judicial, “constituye en sí la notificación judicial de esas providencias,
como mecanismo idóneo que desarrolla el principio de publicidad y asegura la
preservación de los derechos de contradicción y defensa que le asiste a las
partes, y a sus apoderados, quienes por tanto tienen el deber de estar pendientes
de la publicación de estados electrónicos”.
Aunado a lo anterior, expuso que esas notificaciones cumplen con los requisitos
de identificación del proceso, nombres de las partes, fecha del auto y cuaderno en
el que se encuentran, la fecha del estado y la descripción de la actuación;
además, esos estados obran en el expediente digital y contienen la inserción del
enlace o hipervínculo que permite visualizar la providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, dijo que se debía tener en cuenta que, en el auto de
unificación del 29 de noviembre de 2022, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado señaló que el artículo 9 de la Ley 2213 de
2022 -que regula la notificación por estados- “no consagró la obligación del envío
del mensaje de datos al canal digital de los sujetos procesales”.
Afirmó que, al no acatarse la orden de corregir la demanda, es evidente la “inercia
e irresponsabilidad” del apoderado del ahora tutelante, quien debía estar
pendiente de las notificaciones por estado publicadas en la página de la Rama
Judicial “y no justificar su inactividad en la ausencia de un mensaje de datos,
situación que bien podía ser superada acudiendo a los canales de comunicación
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dispuestos por el Juzgado para indagar sobre el estado del asunto a su cargo, sin
embargo, acude con petición de información 8 meses después de radicada la
demanda”.
Por lo anterior, afirmó que se pretende corregir los yerros procesales en que
incurrió la parte demandante.
4.3. El Tribunal Administrativo de Nariño guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de
procedibilidad de inmediatez.
La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela4.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra
providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el
requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de
los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada,
según sea el caso5.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación número: 110010315000202304676 00
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se
cuestiona, por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede
advertir la posible vulneración de derechos fundamentales por la configuración de
uno o varios de los defectos que hacen procedente la acción de tutela contra
providencia judicial.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por
cuanto los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes
podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por
tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de cuestionamiento6.
En el presente asunto, el señor Wilfor Gutiérrez Ramírez pretende que “se ordene
se me restablezcan mis derechos fundamentales por las aquí accionadas en
especial al Juzgado Segundo (2) Administrativo de Pasto (Nariño), y se declare la
nulidad por omisión a la notificación tanto del auto Inadmisorio como el auto que
rechazo el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho”.
En ese sentido, la Sala estima que el plazo de 6 meses –considerado como
razonable para presentar la demanda de tutela– empezó a correr a partir de la
fecha en que se notificó la providencia del 12 de octubre de 2021, mediante la cual
el Juzgado Segundo Administrativo de San Juan de Pasto rechazó de plano la
solicitud de nulidad presentada por el ahora tutelante.
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En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
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Lo anterior, bajo el entendido de que esa decisión fue el último pronunciamiento
relacionado con la falencia que se le atribuye a la notificación del auto inadmisorio
y del auto que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -lo
que a juicio del tutelante constituye la vulneración de los derechos fundamentales
que plantea en sede de tutela-, bajo los siguientes argumentos (trascripción
literal):
Hechas las anteriores precisiones, y una vez analizado el escrito presentado
por el apoderado judicial de la parte demandante, en el cual se fundamenta la
nulidad por una presunta indebida notificación de los autos por medio de los
cuales se resolvió inadmitir y posteriormente rechazar la demanda, encuentra
el Despacho que esos aspectos no configuran alguna de las causales de
nulidad previstas en el artículo 133 antes referido, ya que si bien la causal
octava de nulidad se configura cuando no se practica en legal forma la
notificación del AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA, en este caso las
providencias que según el apoderado judicial fueron indebidamente
notificadas son los autos INADMISORIO y el que RECHAZÓ la demanda.
Ahora bien, el inciso segundo del artículo 133 del C.G.P. indica que:
‘Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula
la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código’.
De acuerdo a la norma antes citada, es pertinente para el Despacho estudiar
los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la parte demandante, y
poder determinar si hay lugar o no a corregir la notificación realizada respecto
a los autos por medio de los cuales se inadmitió, y posteriormente rechazó la
demanda, de fecha 29 de octubre y 26 de noviembre de 2020
respectivamente.
En suma, infiere la parte actora la indebida notificación de esas providencias
porque las mismas no fueron enviadas a la dirección de correo electrónico
aportada en la demanda, razón por la cual desconocía el estado del proceso,
impidiéndole pronunciarse frente a la subsanación de la demanda.
De manera inicial se deberá advertir que las providencias de inadmisión y
rechazo de la demanda que hoy son objeto de discusión, fueron proferidas en
su orden, en octubre y noviembre del año 2020, es decir, con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 2080 del 25 de enero de 2021, por ello le son
aplicables las normas de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Decreto
806 de 2020.
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
El Decreto 806 de 2020 dispuso, entre otras cosas, la implementación de
medidas que permitan la utilización de tecnologías de la información y las
comunicaciones, en las actuaciones que se adelanten en los distintos
despachos judiciales del país, con la finalidad de agilizar los procesos y
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio público de justicia, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
En efecto, considera este Despacho que estando en vigencia el Decreto 806
de 2020, para decidir si debía o no enviarse un mensaje de datos a la
dirección electrónica de la parte actora, para que la notificación de
mencionados autos tuviera plena validez, lo que corresponde es determinar si
esas providencias debían notificarse de manera personal o por estados, para
lo cual se debe acudir al artículo 198 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece
que deberán notificarse personalmente las siguientes providencias: ‘(…)’
Se puede concluir entonces que los autos por medio de los cuales se
inadmitió y posteriormente se rechazó la demanda, no se notifican
personalmente, porque no se encuentran enlistados en el artículo 198 del
C.P.A.C.A., y por ende debían notificarse por estados electrónicos.
En esa lógica, el Despacho se remite a la norma vigente para la época en que
se notificaron dichas providencias, esto es el artículo 9 del Decreto 806 de
2020 que reguló el tema de la notificación por estado y traslado de la siguiente
manera:
‘Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la
providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni
dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.
No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que
decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la
autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.
De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera
de audiencia.
Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea
para consulta permanente por cualquier interesado. (…)’
Como puede observarse en el artículo en cita, no se impone la obligación de
enviar un mensaje de datos a las partes, cuando de notificar una providencia
por estados se trata, situación que es diferente en el trámite de la notificación
personal dispuesta en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, pues en esa
norma se contempla literalmente que: ‘(…)’.
En ese sentido, la notificación por estados electrónicos de los autos por medio
de los cuales se inadmitió y posteriormente se rechazó la demanda,
publicados en el micrositio de la página oficial de la rama judicial, constituye
en sí la notificación judicial de esas providencias, como mecanismo idóneo
que desarrolla el principio de publicidad y asegura la preservación de los
derechos de contradicción y defensa que le asiste a las partes, y a sus
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Radicación número: 110010315000202304676 00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
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apoderados, quienes por tanto tienen el deber de estar pendientes de la
publicación de estados electrónicos.
Se debe tener en cuenta además que, la notificación por estados se hizo
conforme a los lineamientos de las normas vigentes, se publicó en la página
oficial de la rama judicial el día 30 de octubre de 2020 con el consecutivo N°
038, respecto al auto inadmisorio, y el auto que rechazó la demanda fue
publicado el día 27 de noviembre de 2020 con el consecutivo N° 045,
notificaciones que cumplen con los requisitos de identificación del proceso,
nombres de las partes, fecha del auto y cuaderno donde se hallan, la fecha del
estado y la descripción de la actuación, estados que además obran en el
expediente digital, sin dejar de lado que la notificación contiene la inserción del
link o hipervínculo que permite visualizar la providencia.
Precisamente sobre la notificación de la providencia a través de correo
electrónico, es preciso indicar que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala
Primera de Decisión, conoció vía acción de tutela un caso similar al que hoy
estudia este Despacho, en el cual el actor consideraba vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, por parte del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, al
omitir enviar la providencia que rechazó la demanda a su correo electrónico.
En la sentencia que resolvió mencionada acción constitucional el Tribunal
manifestó: (…)
Por los anteriores argumentos el Juzgado considera que la notificación por
estados de aludidos autos, se realizó bajo las normas aplicables para esa
época, y por ende no era necesario remitir un mensaje de datos al correo
electrónico de la parte demandante para formalizar dicha notificación.
Aunado a lo anterior, en la página de la rama judicial manejada por este
Despacho, se informó al público en general que las solicitudes de información,
trámite o consulta se realizará vía telefónica a los números de celular
3043740125 y 3015961538 o a través del correo institucional
adm02pas@cendoj.ramajudicial.gov.co, canales de comunicación donde el
apoderado judicial podía obtener información sobre su proceso, pero tampoco
lo tuvo en cuenta, sino una vez habían transcurrido ya 8 meses desde que
radicó la demanda el 03 de julio de 2020, pues según se observa en el
expediente, para el 02 de marzo de 2021 el apoderado envía solicitud de
información sobre su proceso.
Así entonces, encontrando que los hechos que sustentan la solicitud del
apoderado judicial de la parte demandante no se adecuan a alguna de las
causales de nulidad consagradas en el artículo 133 de C. G. P., y que la
notificación de las providencias por medio de las cuales éste Despacho
resolvió inadmitir y posteriormente rechazar la demanda, se realizó de manera
correcta, el Juzgado rechazará de plano la nulidad al tenor de lo dispuesto en
el inciso 4 del artículo 135 de la misma codificación.
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Así las cosas, dado que la notificación del auto del 12 de octubre de 2021 se surtió
por estado del 13 del mismo mes y año, es evidente que la acción de tutela de la
referencia no se interpuso dentro de un término razonable, toda vez que se
presentó el 28 de agosto de 2023.
Conviene precisar que contra la decisión que negó la nulidad por indebida
notificación el señor Gutiérrez Ramírez interpuso el recurso de apelación; sin
embargo, se rechazó por improcedente, mediante auto del 4 de noviembre de
2021 -el que luego fue objeto de recurso de reposición y queja-, que no puede
acogerse como punto de partida del plazo considerado como razonable para la
interposición de la demanda de tutela, debido a que, como lo ha sostenido la
corporación “…la interposición de un recurso abiertamente improcedente no
puede prolongar el término que esta Corporación ha estimado como
razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones de la administración de
justicia (…)”7.
De otra parte, es del caso precisar que, con ocasión del recurso de reposición y en
subsidio de queja presentado contra el auto del 4 de noviembre de 2021 -que
rechazó por improcedente el recurso de apelación contra la decisión que resolvió
la nulidad-, se profirieron las decisiones del 7 de febrero y el 21 de marzo de 2023.
No obstante, a juicio de la Sala no hay lugar a impartir ningún pronunciamiento
respecto de las referidas providencias, dado que no se les atribuye la
configuración de ninguno de los defectos que hacen procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, por cuanto estas se limitaron a confirmar que el recurso
de apelación contra el auto que resolvió la nulidad estuvo bien rechazado y –como
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 20 de
septiembre de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-02703-00(AC), M.P. Julio Roberto Piza
Rodríguez. Esta decisión fue confirmada por la Sección Quinta de la Corporación, mediante
sentencia de 31 de octubre de 2018.
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se vio– la inconformidad del tutelante es con la notificación del auto inadmisorio y
del auto que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
Por lo anterior, la Subsección declarará la improcedencia del amparo solicitado por
el señor Wilfor Gutiérrez Ramírez, por no cumplirse con el requisito de la
inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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Accionante: Wilfor Gutiérrez Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
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Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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