Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04678-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04678-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04678-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
23 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04678-01
Demandante: Liliana Liscano Guerrero
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04678-01
Demandante: LILIANA LISCANO GUERRERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 28 de septiembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de agosto de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, la señora Liliana Liscano Guerrero pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
6 de junio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó la
decisión de denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA en la
sentencia proferida el día 6/6/23, en el expediente rad. No. 41001333300320220043501, transgredió
los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL,
SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, del accionante, por considerar que
las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del
H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la
sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04678-01
Demandante: Liliana Liscano Guerrero
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En 2004, la señora Liliana Liscano Guerrero fue vinculada como docente de la
secretaría de educación del Huila.
El 15 de septiembre 2021, la señora Liscano Guerrero solicitó a la secretaría de
educación del Huila el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía
de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías. Sin embargo, la autoridad administrativa no resolvió de fondo la
petición.
La actora interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el Departamento del Huila, para que se declarara la nulidad del
acto ficto, derivado de la omisión de la respuesta radicada del 15 de septiembre de 2021,
que denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria reclamada.
La demanda se adelantó bajo el radicado 41001333300320220043500 y correspondió al
Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, que, por sentencia del 15 de marzo de 2023,
denegó las pretensiones, porque los docentes están sometidos a un régimen especial
(Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada y que,
además, los docentes están expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 50 de
1990 por disposición del artículo 13 de la Ley 344 de 1996. Que existe especialidad en
la administración y pago de las prestaciones sociales de los docentes y el principio de
inescindibilidad impide la aplicación del régimen general.
Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 y demás
sentencias de la Corte Constitucional invocadas en la demanda, el juzgado explicó que
no había identidad fáctica ni jurídica que permitiera la aplicación. Que, de hecho, la Corte
Constitucional, en sentencia SU-573 de 2019, había explicado que la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990 era incompatible con el régimen especial docente.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo del
Huila, en sentencia del 6 de junio de 20232, la confirmó, básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Señaló que, en todo caso, no existía un criterio
unificado del Consejo de Estado sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela
del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia acusada incurrió en los siguientes
vicios de fondo:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado
en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de
2 Notificada el 19 de julio de 2023.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04678-01
Demandante: Liliana Liscano Guerrero
20203, 24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio de
20197, 2 de diciembre de 20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12 de
noviembre de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115, 20
de enero de 202216, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 202218, 919 y 19 de mayo de
202220, 1 de julio de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223, 1924
y 2625 de enero de 2023.
Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional. Expuso que la demandante usaba la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y que, además, la controversia
recaía sobre un asunto económico.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-
01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867-
01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815
01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César
Palomino Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-
00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11
de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-
01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-
01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-
90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-
02 (4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231-
01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Liliana Liscano Guerrero
En cuanto a los defectos alegados por la actora precisó que no se configuraban y reiteró
el desarrollo normativo y jurisprudencial hecho en la sentencia cuestionada.
Adicionalmente, sugirió la acumulación de «las tutelas masivas que, como el presente asunto,
manifiestan su inconformismo frente a la decisión de este Tribunal de confirmar las sentencias
de primera instancia con las cuales se negaron las pretensiones de reconocimiento y pago de
sanción moratoria por consignación inoportuna de las cesantías de docentes conforme al artículo
99 de la Ley 50 de 1990». Expuso que la primera acción de tutela que conoció el Consejo
de Estado contra ese tribunal fue la No. 11001-03-15-000-2023-02154-00 y que,
mediante sentencia del 14 de agosto de 2023, fue declarada improcedente.
La juez tercera administrativa de Neiva pidió que se declarara improcedente la acción
de tutela. Señaló que en la sentencia cuestionada se analizaron todos los cargos de
nulidad propuestos y no se desconoció ninguna norma o precedente vinculante. Que lo
que se advertía era que la demandante no compartía las conclusiones a las que arribó
el juez natural.
La gerente jurídica de negocios especiales de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con las causales generales y específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia
frente a las pretensiones de la demandante.
Además, dijo que el caso de la demandante no podía ser estudiado a la luz de la Ley 50
de 1990, toda vez que el FOMAG funciona bajo el principio de unidad de caja y que, en
todo caso, las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado citadas por
la parte actora tampoco resultan aplicables habida cuenta de que no compartían
supuestos fácticos.
La apoderada del departamento del Huila pidió que se declarara improcedente la acción
de tutela. Argumentó que los fallos del proceso ordinario se encuentran conforme a
derecho y solicitó ser desvinculada, puesto que la entidad no tiene la competencia de
realizar la consignación o pago de las cesantías a los docentes.
El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció pese a que fue debidamente
notificado.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 28 de septiembre de
2023, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, habida cuenta de que la demandante pretende usar la acción
de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Agregó que «la actora alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos, lo
cual no aconteció en el caso sub examine». Que, en realidad, la discusión planteada era
meramente legal y económica.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la acción
de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional y fundamentó ese argumento
en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
providencias del 23 de marzo y 17 de abril26 de 2023.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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Demandante: Liliana Liscano Guerrero
Reiteró que sí existe una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó, nuevamente, las
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 1923 y 2624 de enero de
2023 relacionadas en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por la señora
Liliana Liscano Guerrero para que se deje sin efectos la sentencia del 6 de junio de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó la decisión de denegar las
pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos en
el proceso ordinario, esto es, que, a juicio de la actora, la sanción moratoria prevista en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto,
confirmará la decisión de primera instancia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos
que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se
convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la
providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los cargos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que
coinciden con los argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, la señora
Liliana Liscano Guerrero insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 15 de marzo de 2023, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva,
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
La parte demandante apeló la anterior decisión (archivo 028 Id) solicitando se revoque y en su lugar
se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso que conforme a la sentencia SU-
098 de 2018 y precedente del Consejo de Estado6 el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 resulta
aplicable a los docentes, agregando que desde las sentencias C-741 de 2012 y C-486 de 2016 se
estableció que los docentes se equiparan a los empleados públicos y por ello “les resulta aplicable
el régimen general en aquello que no se encuentre regulado en el régimen especial”, tal como ocurre
con la sanción moratorio por la consignación tardía de las cesantías “en el único fondo para
trabajadores de la educación” contenida en la disposición antedicha.
Por su parte, en la acción de tutela y en la impugnación, la señora Liliana Liscano
Guerrero insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos
de reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de
las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron
invocadas en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28
de junio de 2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1° de julio de 2022, 22 de
agosto de 2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Huila, en
providencia del 6 de junio de 2023, que, en lo que interesa, consideró
Sea lo primero advertir que el legislador con la Ley 50 de 1990 estableció una sanción económica
para los eventos en que se consigne extemporáneamente las cesantías para los trabajadores
cobijados por el CST, no obstante, con la Ley 344 de 1996 de manera diáfana extendió dicha sanción
en favor de los servidores estatales, excluyendo a los docentes quienes cuenta con un régimen
especial de reconocimiento y pago de prestaciones (incluyendo cesantías) como atrás se
estableciera, lo cual resulta suficiente para denegar las pretensiones de la demanda como lo hiciera
el a quo, no obstante, procede el Tribunal a abordar los argumentos esgrimidos por el demandante
en su alzada
Frente al alegado desconocimiento del precedente del Consejo de Estado en el que se aplica la Ley
50 de 1990 a los docentes, el Tribunal encuentra que todas las sentencias citadas tanto en el escrito
de demanda como en el recurso de apelación no constituyen precedente unificador de carácter
vinculante en los términos de los artículos 10, 102 y 270 del CPACA y 7º del CGP, razón por la cual
los citados pronunciamientos no se acogen, tal y como lo advirtió la Corte Constitucional en la
sentencia SU- 098 de 2018 citada por el misma apelante:
“De otro lado, como lo dijo la Sección Segunda del Consejo de Estado, no existe una posición
unificada respecto a la aplicación de la norma de reconocimiento y pago de la sanción moratoria que
contempla el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes. En consecuencia, no
es posible afirmar que se desconoció el precedente de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.”
6
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04678-01
Demandante: Liliana Liscano Guerrero
Como se ve, se trata de argumentos con los que la señora Liscano Guerrero pretende
continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar el
régimen aplicable a las cesantías. Y si bien la actora está alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las
citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.
En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades30.
Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300,
que la demandante cita para demostrar la relevancia constitucional de la acción de tutela,
basta decir que esa decisión fue impugnada y mediante auto del 16 de junio de 2023, la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto
que admitió esa acción de tutela. Como consecuencia de esa nulidad, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 17 de octubre de 2023 dictó nueva sentencia
y denegó las pretensiones de la demanda de tutela. De modo que no puede utilizarse
como argumento para fundamentar la relevancia constitucional ni para acceder a las
pretensiones en el presente asunto.
Sobre la sentencia del 17 de abril31 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, la Sala destaca que
esa decisión fue impugnada y con sentencia del 17 de julio de 2023, la Sección Tercera,
Subsección C, del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, declaró improcedente la
acción de tutela. Por lo tanto, los precedentes que cita la actora fueron dejados sin
efectos en decisiones posteriores.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
30 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de
mayo de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson
Ramos Girón y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García
Camacho. C.P. Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00,
Actor: Alfonso Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora:
Julia Inés Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04678-01
Demandante: Liliana Liscano Guerrero
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por
cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario”
ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia, que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Liliana Liscano
Guerrero.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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