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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04680-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04680-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente el amparo constitucional deprecado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04680-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir un debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por la Sección Segunda,
Subsección B 1 del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado en la
demanda.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 25 de agosto del año en curso, Naydud Ramona López Arroyo, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Huila, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2023,
proferida por dicha autoridad judicial en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 2 , que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3 y el
departamento del Huila, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo a través del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización
por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52
de 1975, por los servicios prestados en su calidad de docente oficial durante el año
2020.

1 Conformada por los Consejeros Cesar Palomino Cortes y Juan Enrique Bedoya Escobar.
2 Identificado con número de radicado 41001-33-33-005-2022-00196-01.
3 En adelante Fomag.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Neiva, el cual, mediante sentencia del 27 de
enero de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de fallo del 27 de junio de esa misma
anualidad, al estimar que: (i) a la demandante no le son aplicables las disposiciones
que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías
anualizadas y de los intereses a las mismas, ya que su situación jurídica se
encuentra regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de
1989 y; (ii) las providencias que sustentaron el recurso de apelación no constituyen
precedente judicial para el caso concreto.

3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia4, al:

(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.

(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y
SU41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01,
11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-33-
000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,
080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-
40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01 y 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.

4 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos en diversas
decisiones5.

B. Sentencia de primera instancia

5.- Mediante sentencia del 28 de septiembre de 2023, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado negó el amparo deprecado en la demanda al
estimar que el Tribunal enjuiciado no incurrió en los defectos que le fueron
endilgados, pues dicha autoridad explicó de forma clara y suficiente las razones por
las cuales las providencias que se alegaron como desconocidas no contenían una
regla jurisprudencial que constituyera precedente para el caso sometido a su
consideración.

6.- El A quo señaló que aunque en un caso similar se consideró que para ese
entonces no existía un criterio unificado por la Sección Segunda de esta Corporación
en lo relativo al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados al fomag, pero que la línea
pacifica permitía advertir que era posible su reconocimiento en aplicación del
principio de favorabilidad y, con fundamento en ello, accedió al amparo deprecado
en esa oportunidad, lo cierto es que: (ii) ello obedeció a que en ese caso la autoridad
accionada no cumplió con la carga de motivar de manera suficiente las razones por
las cuales se apartaba de las providencias que se alegaron como procedentes y; (ii)
esa decisión fue dejada sin efectos por la Sección Primera del Consejo de Estado
mediante auto del 16 de junio de 2023.

7.- Precisado lo anterior, destacó que para ese momento todavía no se había
unificado el asunto objeto de debate, por lo que no había lugar a predicar vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados como consecuencia de una
decisión que cumplió con las cargas de transparencia y argumentación que se ha
exigido para apartarse de la ratio decidendi contenida en decisiones previas.

C. La impugnación

8.- Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso impugnación. Para
tal efecto reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además de las
providencias citadas en el escrito de tutela, referenció otras sentencias que, a su
juicio, dan cuenta de la línea pacífica y reiterada del Consejo de Estado sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990 a
favor de los docentes oficiales por la consignación tardía de las cesantías.

9.- Aunado a lo anterior, señaló que, en sede de tutela, la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado ha concedido el amparo en casos similares al
que ahora es objeto de estudio.

5 Visibles a folios 103 a 111 y 115 del escrito de tutela.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

10.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.

E. Análisis del caso concreto

11.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, debido a que:

(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.

(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

12.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.

13.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley

6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.

14.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.

15.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.

16.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente, carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las sentencias proferidas por jueces de igual o menor jerarquía no
pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto, ni tampoco son
útiles para respaldar los alegatos propuestos en la demanda

17.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con
el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se
alegue su desconocimiento como precedentes: sentencias SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020 de la Corte Constitucional, y los fallos dictados por el Consejo de Estado
en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23-33-0002015-00445-02,
40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-90008-017. Además, la
sentencia emitida por esta Corporación en el proceso 11001-0315-000-2018-03499-
01 tampoco resulta aplicable al caso concreto, pues fue proferida en el marco de una
acción de tutela y solo produce efectos inter partes.

7 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales

providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

18.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras
sentencias enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por la
Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no permite evidenciar la
existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la igualdad o a la
seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.

19.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa 8 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que la accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se
pronunció sobre ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran
aplicables al caso objeto de estudio.

20.- De esta manera, en cumplimiento del principio de transparencia, el Tribunal
accionado, entre otras cosas, reconoció que, en un reciente pronunciamiento, la
Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación accedió al reconocimiento de
las sanciones objeto de reclamo a favor de un docente oficial, con fundamento en el
criterio de favorabilidad adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-98
de 2018.

21.- Sin embargo, explicó que se apartaría de esa decisión, considerando que en
ese caso no resultaba posible aplicar -por favorabilidad- los criterios de unificación
allí adoptados, toda vez que: (i) no se está frente a dos disposiciones que ofrezcan
un trato diferenciado, por el contrario, lo que se evidencia es que la Ley 91 de 1989
no contempló la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías que
introdujo la Ley 50 de 1990; (ii) la aplicación de este último régimen desconocería el
principio de inescindibilidad normativa, teniendo en cuenta que la Ley 81 de 1989
reguló integralmente las prestaciones sociales de los docentes, incluyendo las
cesantías y; (iii) en la decisión unificadora se abordó el estudio de un docente que
no fue afiliado al Fomag, lo que implicó que la Corte tampoco realizara un análisis
sobre la naturaleza jurídica del Fomag, que difiere de la de un fondo privado, por lo
que al no guardar identidad fáctica con el asunto objeto de análisis, no constituye
precedente de unificación vinculante, tal como lo indicó la misma Corporación en la
sentencia SU-573 de 2019.

22.- Aunado a ello, destacó que en el fallo de unificación que se alegó como
desconocido, el Alto Tribunal también indicó que no existía una posición unificada en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre la aplicación de la norma de

8 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al

precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada, de ahí que las demás
providencias que sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
así como el recurso de apelación, tampoco constituyeran precedente unificador para
el caso concreto.

23.- Igualmente, señaló que la sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de
2020, proferida por el Consejo de Estado, únicamente determinó el momento a partir
del cual se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria
por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50
de 1990, sin que se hubiera hecho referencia a fundamentos fácticos o jurídicos
semejantes al caso sub lite; motivo por el cual tampoco se podía afirmar que se
hubiese desconocido dicho precedente.

24.- Con fundamento en lo expuesto, concluyó razonablemente que para ese
entonces no existía un criterio unificado al interior del Consejo de Estado frente al
tema objeto de estudio. Por ende, ante la indeterminación de dicho precedente,
estimó que los docentes oficiales afiliados al Fomag no tienen derecho al
reconocimiento y pago de las sanciones moratorias consagradas en la Ley 50 de
1990, toda vez que el régimen docente es especial en lo atinente a las cesantías,
autonomía que surge de lo dispuesto en artículo 3° de la Ley 91 de 1989, así como
lo señalado en el Acuerdo 39 de 1998 y, de acuerdo a esa normatividad y las pruebas
arrimadas al proceso, encontró que las mismas fueron canceladas oportunamente,
por lo que la demandante no logró desvirtuar la legalidad del acto acusado.

25.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por la
accionante tendientes a demostrar la ocurrencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces de lo
contencioso administrativo y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la
decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.

26.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal9.

27.- Sin perjuicio de lo anterior, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que
se profirió la decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo
de Estado, como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera
zanjar de manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes oficiales
que se encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es que en un reciente
pronunciamiento 10 la Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia
sobre la materia bajo el siguiente criterio:

<< Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>

28.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta
que su objeto es reabrir un debate estrictamente legal y económico que ya fue
resuelto en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como
mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.

29.- Ahora, en el escrito de impugnación el accionante alegó que, en sede de tutela,
la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado ha concedido el amparo
en casos similares al que nos ocupa. No obstante, se debe reiterar que las decisiones
a que se hizo referencia en el escrito contentivo de la impugnación carecen de fuerza
vinculante, pues únicamente tienen efectos inter partes, por lo que al contar con un
alcance personal y concreto solo pueden ser tenidas como un criterio auxiliar de
interpretación, que en este caso no será acogido por la Subsección.

30.- Finalmente, a efectos de definir la decisión a adoptar, la Sala recuerda que la
jurisprudencia constitucional, ha distinguido entre la improcedencia de la acción de
tutela y la denegación del amparo. La primera “supone la ausencia de los requisitos
procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal
o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a
su consideración”11. Por su parte, negar el amparo implica que el juez realiza un
análisis de fondo12, que sólo es posible cuando la acción es procedente.

31.- Las causales de procedencia e improcedencia de la acción de tutela se
contemplan de forma general en los artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de 1991, y en

9 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
10 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2008.
12 Ibídem.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04680-01
Accionante: Naydud Ramona López Arroyo
Accionado: Tribunal Administrativo del Huila
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

asuntos puntuales como el de la tutela contra providencia judicial, estas causales de
procedencia han sido definidas por la jurisprudencia. En el caso que nos ocupa, se
advierte la ausencia de uno de estos requisitos: la relevancia constitucional. En ese
escenario nos encontramos ante un caso de improcedencia, en el cual no es posible
entrar a estudiar el fondo del asunto. Considerando que el juez de primera instancia
sí realizó ese estudio de fondo y negó el amparo, corresponde a esta Sala modificar
dicha decisión y, en su lugar, declarar improcedente la solicitud de amparo.

32.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR improcedente el amparo constitucional deprecado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

13 VF

9

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