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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04686-01

Fecha
22 de abril de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04686-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar, se dispone: 10 Expediente: 11001-03-15-000-2023-04686-01 Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández Acción de tutela – Impugnación fallo 1°) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa en la acción de tutela presentada por el señor Luis Alberto Castañeda Hernández, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04686-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de abril de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-04686-01
Demandante: LUIS ALBERTO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA PROVIDENCIA
JUDICIAL QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE LOS ACTOS
ACUSADOS, PERO NEGÓ EL RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO. ANÁLISIS DEL DEFECTO FÁCTICO. SE
REVOCA LA DECISIÓN QUE NEGÓ EL AMPARO
INVOCADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
OFICIOSAMENTE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo que declaró la nulidad de los actos
acusados, pero negó el restablecimiento del derecho, pues, a su juicio, incurrió en un defecto
fáctico. La Sala revocará la decisión que negó el amparo invocado y, en su lugar, declarará la
falta de legitimación en la causa por activa.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 2 de noviembre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“1º. NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado
por el señor Luis Alberto Castañeda Hernández, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.”. (archivo disponible en medio magnético a
través del aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04686-01
Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 28 de agosto de 2023, el señor Luis Alberto Castañeda Hernández promovió proceso
de acción de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado con el fin de que se protegiera su derecho constitucional fundamental del debido
proceso y, por tanto, se accediera a la siguiente súplica:

“Solicito al Honorable Magistrado, se tutele mi derecho fundamental al debido
proceso, violado por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, mediante la
sentencia emitida el 1 de junio de 2022 y notificada el 18 de agosto de 2023,
Consejero ponente Guillermo Sánchez Luque, radicado 05001-23-31-000-
2002-04922- 01(38756).”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI- mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) El departamento de Antioquia suscribió con el señor Jorge William Toro Mejía el
contrato de arrendamiento 97-CA-14-0010 de 1997 para el expendio al público de
bebidas calientes en la entrada del primer piso del centro administrativo departamental
La Alpujarra por 1 año, a partir del 26 de noviembre de 1997.

2) El 20 de diciembre de 1997, mediante documento privado, el señor Jorge William Toro
Mejía se asoció con el señor Luis Alberto Castañeda y pactaron que ambos aportarían
$4.000.000 para instalar un “stand” de bebidas calientes en el módulo que había sido
arrendado por el primero.

3) Mediante el Oficio no. 150858 del 22 de octubre de 2001, el director de bienes de la
Secretaría de Hacienda de Antioquia informó al señor Jorge William Toro Mejía que el
contrato no se renovaría ese año, por lo cual se daría por terminado desde el 25 de
noviembre de 2001.

4) No obstante, el 26 de octubre del mismo año, el mencionado señor manifestó por
escrito que no podía entregar el inmueble, por cuanto no se había seguido el
procedimiento consagrado en los artículos 518 a 523 del Código de Comercio, en

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Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política, lo cual generaba un grave
perjuicio económico para él y sus empleados.

5) El 10 de enero y el 8 de marzo de 2002, la Secretaría de Hacienda de Antioquia reiteró
la solicitud de devolución del inmueble arrendado, las cuales no fueron atendidas por el
contratista.

6) Por medio de Resolución no. 7361 del 30 de mayo de 2002, el secretario de Hacienda
de Antioquia dio por terminado “anticipadamente” el contrato no. 97-CA-14- 0010 de 1997
por motivos de orden público, puesto que el expendio de alimentos y bebidas en el sitio
objeto de arrendamiento dificultaba la labor de vigilancia de las dependencias que
funcionan en el Centro Administrativo Departamental, para lo cual se concedió un término
de 10 días; además, requirió al contratista con el fin de que informara sobre las ventas
declaradas a la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales para el año gravable 2001,
para efectos de conceder la indemnización a que hubiere lugar; sin embargo, nunca se
obtuvo respuesta.

7) Contra la anterior decisión se presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto de
manera desfavorable por el gobernador de Antioquia, a través de la Resolución 12079
del 8 de agosto de 2002.

8) Inconforme con las decisiones adoptadas, el señor Jorge William Toro Mejía presentó
acción de tutela, mecanismo constitucional que fue conocido por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Medellín, quien el 28 de agosto de 2002 amparó transitoriamente
los derechos fundamentales invocados y ordenó al departamento de Antioquia suspender
la ejecución de las Resoluciones 7361 y 12079 de 2002; sin embargo, dicha actuación
fue revocada mediante providencia del 10 de octubre de 2002 por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

9) Por escrito del 11 de octubre de 2002, la Secretaría de Hacienda de Antioquia insistió
en que el contrato de arrendamiento se terminaría el 25 de noviembre de 2002 por
voluntad de la Administración, tal como se le había comunicado en reiteradas ocasiones,
de modo que debía coordinarse la entrega del espacio.

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10) En atención a lo anterior, por oficio del 11 de noviembre de ese año, la Secretaría
de Hacienda del ente territorial manifestó que retiraría los servicios de acueducto y
energía del inmueble.

11) Con ocasión de la terminación del contrato de arrendamiento, el señor Jorge William
Toro Mejía presentó acción de cumplimiento, proceso que fue conocido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia quien, por medio de la providencia del 25 de noviembre de
2002, la rechazó por falta de prueba de la constitución en renuencia de la entidad.

12) El 16 de diciembre de 2002, la inspección diez “D” de Policía Urbana de Medellín
practicó diligencia de entrega del espacio arrendado y consignó en el acta que el señor
Jorge William Toro Mejía había manifestado en diligencia anterior que desocuparía el
inmueble “durante el fin de semana”; además, constató que el espacio había sido
efectivamente desocupado, por lo cual procedió a hacer entrega material del bien al
delegado de la Secretaría de Hacienda departamental.

13) El 6 de diciembre de 2002, los señores Jorge William Toro Mejía y Luis Alberto
Castañeda Hernández presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del departamento de Antioquia, con el fin de que
se declarara la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se terminó de manera
unilateral el contrato de arrendamiento y, a título de restablecimiento del derecho, se
ordenara el pago de una indemnización por los perjuicios causados, equivalente a
$320.000.000 por perjuicios materiales y 200 salarios mínimos mensuales legales
vigentes por perjuicios morales.

14) El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia1, quien mediante
sentencia del 18 de enero de 2010 negó las pretensiones de la demanda, debido a que
al contrato de arrendamiento no le eran aplicables las normas del Código de Comercio,
por tratarse de un contrato estatal que se rige por la Ley 80 de 1993 y porque la
Administración departamental, dentro del término legal, le manifestó al actor su intención
de no continuar con su ejecución.

15) Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en

1 Proceso con radicación 05001-23-31-000-2002-04922-00/01.

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Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández
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providencia del 1 de junio de 20222, en la cual revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, declaró la nulidad de las Resoluciones nos. 7361 del 30 de mayo de 2002,
10342 del 18 de junio de 2002 y 12079 del 8 de agosto de 2002, proferidas por el
departamento de Antioquia; no obstante, negó el restablecimiento del derecho invocado
puesto que fue el arrendatario quien se negó a restituir el bien inmueble, a pesar de que
el contrato solo se renovó hasta el 26 de noviembre de 2001.

16) De igual manera, determinó que solo se tendría por acreditada la legitimación en la
causa por activa del señor Jorge William Toro Mejía, pero no la del señor Luis Alberto
Castañeda Hernández -aquí actor-, por cuanto este último no suscribió ni fue parte del
contrato de arrendamiento objeto de discusión.

3. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho
constitucional fundamental del debido proceso con ocasión del fallo proferido el 1 de junio
de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en un defecto fáctico.

Sostuvo que la autoridad judicial demandada no valoró la Resolución no. 7361 del 30 de
mayo de 2002; la orden del secretario de Hacienda, mediante la cual ordenó el corte de
los servicios públicos; los testimonios de los dos empleados del módulo de café y del
señor William Toro Mejía, pruebas que acreditaban los perjuicios sufridos como
consecuencia de la terminación ilegal del contrato de arrendamiento.

La declaratoria de nulidad de las resoluciones que dieron por terminado de manera
anticipada e ilegal el contrato de arrendamiento no. 97-CA-14-0010 generaba de manera
automática el restablecimiento de los derechos y, en consecuencia, el reconocimiento de
los perjuicios solicitados.

4. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 31 de agosto de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda
de esta Corporación admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al gobernador de Antioquia

2 La notificación de la sentencia se surtió el 18 de agosto de 2023.

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Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández
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y al señor Jorge William Toro Mejía, para que allegaran un informe sobre los hechos que
motivaron el ejercicio de la acción.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de 2 de
noviembre de 2023, negó el amparo invocado, por cuanto se encontraba acreditado que
la valoración probatoria realizada por la autoridad judicial demandada no fue arbitraria,
irracional o caprichosa.

6. Impugnación

La parte demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 1 de abril de 2024.

El demandante reiteró los argumentos sobre la irregular expedición de los actos
administrativos demandados en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los
cuales, a su juicio, son abiertamente contrarios a derecho, en tanto, a través de ellos se
dispuso de una vía de hecho muy grave cuando se ordenó la suspensión de los servicios
públicos de agua y luz del negocio.

Si bien se declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, los ciudadanos
afectados no fueron reparados, pese a que se acreditó en el proceso la ilícita decisión de
terminación unilateral del contrato, el corte de luz y agua y el retiro a la fuerza del módulo
arrendado.

El daño no deviene de los actos como tal, sino del proceder, de la vía de hecho de la
administración que asumió la condición del juez del contrato y de la restitución, pues, no
se trataba de la recuperación de un bien de uso público que posibilitara algún tipo de
intervención, sino de la restitución de un bien dado en arrendamiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

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Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández
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1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se proteja
el derecho constitucional fundamental del debido proceso presuntamente vulnerado con
ocasión del fallo proferido el 1 de julio de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en un
defecto fáctico.

En la sentencia de primera instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó el amparo invocado, por cuanto la valoración probatoria realizada no fue
arbitraria, irracional o caprichosa.

En el escrito de impugnación el demandante resaltó que, si bien se declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados, los ciudadanos afectados no fueron reparados,
pese a que se acreditaron los daños ocasionados.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar, declarará oficiosamente

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la falta de legitimación en la causa por activa, por las razones que procederán a
exponerse:

1) En el presente asunto el demandante indicó que la autoridad judicial demandada no
valoró la Resolución no. 7361 del 30 de mayo de 2002; la orden del secretario de
Hacienda, mediante la cual ordenó el corte de los servicios públicos; los testimonios de
los dos empleados del módulo de café y del señor William Toro Mejía, pruebas que
acreditaban los perjuicios sufridos como consecuencia de la terminación ilegal de un
contrato de arrendamiento.

2) No obstante, la Sala advierte que el demandante carece de legitimación en la causa
por activa para atacar vía tutela la sentencia proferida en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que declaró la ilegalidad de las resoluciones que terminaron
unilateralmente el contrato de arrendamiento no. 97-CA-14-0010 de 1997 y negó el
reconocimiento de los perjuicios solicitados, puesto que, a partir de los documentos
allegados al proceso se encuentra acreditado que el señor Luis Alberto Castañeda
Hernández no hizo parte del negocio jurídico celebrado con el ente departamental.

3) Si bien es cierto el Tribunal Administrativo de Antioquia tuvo por legitimado en primera
instancia al señor Luis Alberto Castañeda Hernández, en la sentencia que resolvió la
alzada se determinó de manera expresa que solo se tendría por acreditada la legitimación
del señor Jorge William Toro Mejía, pero no la del aquí actor -Luis Alberto Castañeda
Hernández-, por cuanto este no suscribió el contrato de arrendamiento del que
únicamente fueron partes el departamento de Antioquia y el señor Luis Alberto Castañeda
Hernández, así:

“Legitimación en la causa

4. Jorge William Toro Mejía está legitimado en la causa por activa y el
Departamento de Antioquia por pasiva, pues fueron partes del contrato de
arrendamiento n.° 97- CA-14-0010 [hecho probado 11.1]. Luis Alberto
Castañeda Hernández no está legitimado en la causa por activa, porque
no fue parte del contrato.”. (archivo disponible en medio magnético a través
del aplicativo SAMAI – negrillas de la Sala).

4) En esa medida, como en la sentencia proferida el 1 de junio de 2022 se declaró que el
señor Castañeda Hernández no se encontraba legitimado en la causa por activa para
ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, este carece de legitimación
para cuestionar a través de este mecanismo constitucional el análisis que hizo el juez de

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la nulidad del contrato, precisamente porque no hizo parte del negocio jurídico ni del
proceso.

5) En principio, el único legitimado en la causa para endilgarle algún tipo de reparo a esa
providencia es quien fue parte del contrato y respecto de quien se expidió los actos
administrativos enjuiciados en ese proceso, esto es, el señor Jorge William Toro Mejía.

6) En este caso, el actor no demostró o cuando menos invocó su calidad de agente
oficioso del señor Jorge William Toro Mejía, además, la Sala tampoco observó una
situación de agencia oficiosa tácita que permitiera entender que el actor se encontraba
agenciando derechos de terceros.

7) Asimismo, en el escrito de tutela no se cuestionó en medida alguna la determinación
de declarar la falta de legitimación por activa del aquí actor en el proceso ordinario, pues,
en la acción de tutela única y exclusivamente reclamó el reconocimiento de perjuicios
derivados de la terminación de un contrato de arrendamiento del que no fue parte y la
presunta existencia de un defecto fáctico de la providencia proferida en un proceso en el
que justamente se declaró que carecía de legitimación para actuar como extremo activo
por no tener interés en el asunto, situación que impedía que reclamara el amparo a
nombre propio.

8) Por consiguiente, se declarará la falta de legitimación del señor Luis Alberto Castañeda
Hernández en lo relacionado con el defecto que edificó para cuestionar la providencia
objeto de tutela.

9) En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el
amparo invocado y, en su lugar, declarará la falta de legitimación en la causa por activa,

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Revócase la sentencia de primera instancia que negó el amparo invocado y, en su lugar,
se dispone:

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04686-01
Demandante: Luis Alberto Castañeda Hernández
Acción de tutela – Impugnación fallo

1°) Declárase la falta de legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
presentada por el señor Luis Alberto Castañeda Hernández, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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