Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04695-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
5 de octubre de 2023
Demandante: Evelyn Maritza Obregón Ibarra
Demandado: Tribuna Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04695-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04695-00
Demandante: EVELYN MARITZA OBREGÓN IBARRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por la
señora Evelyn Maritza Obregón Ibarra, en ejercicio de la acción de tutela
(consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto
2591 de 1991) contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 31 de marzo de 2022.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado en la ventanilla virtual de la página web de SAMAI el
28 de agosto de 2023, la señora Evelyn Maritza Obregón Ibarra, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del fallo proferido por la autoridad judicial demandada el 31 de marzo
de 2022, mediante el cual revocó la sentencia dictada por el Juzgado 15
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali el 18 de agosto de 2017 que había
accedido a las pretensiones de la demanda de reparación directa, con radicado
76001-33-33-015-2013-00395-01, interpuesta contra la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías
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fundamentales y, en consecuencia, pidió:
«2. Que se ordene el pago de la indemnización ordenada por el Juez de Primera
Instancia, que analizó la actuación y omisión de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y reconoció que le asiste responsabilidad administrativa y
extracontractual a la Comisión Nacional del Servicio Civil por la omisión en que
incurrió al no expedir oportunamente la constancia de ejecutoria de la lista de
elegibles contenida en la Resolución No. 3319 del 22 de junio de 2011 y por
ende debe reparar los daños probados ocasionados a la parte actora y que
fueron reconocidos en el plenario.
3. Que se reconozca el daño moral y se cuantifique por el Honorable Consejo
de Estado, teniendo en cuenta que la omisión de la CNSC en comunicar la
firmeza o ejecutoria de la lista de elegibles al Municipio de Santiago de Cali
causó mucha aflicción, frustración y preocupación por la incertidumbre
económica causada, como enfrentar mis obligaciones familiares y personales,
dado que fui desvinculada, quedándome sin trabajo e ingresos, pese a que
podía ser nombrada en cualquiera de las otras tres vacantes definitivas
ofertadas en el Grupo I para el cual concurse, no lo logre sino después de varios
meses, a pesar de que formule petición a dicha entidad sin éxito, tratando de
evitar se me perjudicara con su omisión, hasta que le fue ordenado a la
Comisión Nacional del Servicio Civil que realizará la comunicación en forma
inmediata por juez constitucional en Acción de Cumplimiento promovida por una
concursante y el Consejo de Estado en fallo de Tutela instaurada por la
suscrita11. Dicha omisión no se puede justificar en los efectos que
supuestamente se desprendían del Acto Legislativo 04 de 2011 expedido el 7
de julio de 2011, como erróneamente lo pretendió la CNSC, pues a
consecuencia de la actuación del ente acusado, se me causo un daño, me
quede sin empleo y sin ingresos por varios meses pese a que la Lista de
Elegibles estaba en firme y producía efectos jurídicos, tenía un derecho
adquirido a ser nombrada en cualquiera de las vacantes ofertadas del mismo
empleo (04), además de haber obtenido el primer lugar. En este caso el daño
es cierto y existe nexo de causalidad entre el daño y la omisión frente a la
operación administrativa que debía adelantar la CNSC1».
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La Comisión Nacional de Servicio Civil mediante Convocatoria 01 del 2005
publicó el concurso de méritos, con el fin de proveer cargos de carrera administrativa
en la Alcaldía de Santiago de Cali.
5. La señora Evelyn Maritza Obregón Ibarra desempeñaba en provisionalidad
el cargo denominado Asesor Código 105, Grado 1. Así mismo, se inscribió para el
igual cargo que se ofertó en la convocatoria pública. Posteriormente, a través de la
Resolución No. 3319 del 22 de junio de 2011 se publicó la lista de elegibles del
concurso de méritos, en el cual la accionante ocupó el primer puesto de la lista para
el cargo.
1 Se transcribió del texto original de tutela con posibles errores.
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6. El 4 de julio de 2011 elevó petición con el fin de que la Comisión Nacional del
Servicio Civil expidiera la comunicación de que trata el artículo 26 del Acuerdo 106
del 22 de julio de 2009, sobre la firmeza del acto administrativo en la lista de
elegibles. A pesar de eso, no obtuvo una respuesta.
7. Subsiguientemente, la Resolución No. 2096 del 2011 conformó una lista de
elegibles para proveer el cargo denominado Asesor Código 105, Grado 1. Lo
anterior obedeció a la aplicación del Acto Legislativo 04 del 2011, el cual incluyó
transitoriamente un nuevo artículo a la Constitución Política, en el cual se
homologaba las pruebas de conocimiento, experiencia en los concursos de méritos.
De acuerdo con esto, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 162
del 2011, mediante el cual adoptó el procedimiento de aplicación de la norma
referida.
8. De acuerdo con lo anterior, el municipio de Cali mediante Decreto No.
411.020.459 de 2011, a través del cual desvinculó el 13 de julio de 2011 a la
accionante del cargo en provisionalidad que gozaba en la entidad, para en su lugar,
nombrar en carrera a la señora Martha Lucía Ramírez Quiñonez en aplicación de la
Resolución No. 2096 del 2011.
9. La señora Evelyn Maritza Obregón Ibarra fue reintegrada al cargo y se
posesionó en la administración municipal el 6 de enero del 2012. Lo anterior, porque
la Comisión Nacional del Servicio Civil envió a la Alcaldía de Cali la comunicación
sobre la firmeza de la lista de elegibles en la cual se encontraba la accionante.
10. Sumado a lo dicho, la accionante presentó acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos de carrera al ser removida del cargo. En primera
instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente el
amparo deprecado. Sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A2 profirió fallo el 24 de enero de 2012 a través del cual revocó tal
decisión, para en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la accionante.
11. La referida providencia fundó su amparo en siguiente:
«(…) no cabe duda de que cuando se promulgó el mencionado acto, la actora
ya tenía un derecho adquirido, esto es, pertenecer a una lista de elegibles en el
primer lugar, de la cual sólo podría ser excluida o modificada su puesto en ella,
por aplicación de las normas vigentes con anterioridad a su conformación.
En conclusión, la lista de elegibles en la que la señora Obregón Ibarra ocupó el
primer lugar, no podía ser alterada por una nueva calificación de un provisional
o encargado que en las etapas anteriores del concurso ya hubiera sido
calificado, en virtud de la homologación consagrada en el Acto Legislativo 04
de 2008, toda vez que ello supone una aplicación retroactiva de dicha
disposición constitucional y en contravía del principio de irretroactividad que rige
en relación con la aplicación de la ley.»
2 Consejo Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Rad. 76001-23-31-000-2011-01589-01,
Sentencia 24 enero de 2012, C.P Dr. Alfonso Vargas Rincón.
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12. De manera que la Corporación dispuso que:
«Para el efecto, se ordenará a la Comisión Nacional del Servicio Civil que
reanude el trámite de la Convocatoria 001 de 2005 y expida la constancia de
ejecutoria de la Resolución N° 3319 de 22 de junio de 2011 que contiene la lista
de elegibles del empleo señalado con el N° 51490, ofertado en la etapa 1 del
grupo 1, cargo Asesor 105-01 en el Municipio de Santiago de Cali, de acuerdo
con lo manifestado en esta providencia.
Igualmente se ordenará a la Comisión que continúe con el desarrollo de las
etapas siguientes cumpliendo con el trámite previsto en el artículo 32 del
Decreto 1227 de 2005.»
13. Posteriormente, la señora Obregón Ibarra interpuso el medio de control de
reparación directa en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de
que se le declarará administrativa y extracontractualmente responsable a la entidad
por los perjuicios causados por la no expedición de la constancia de ejecutoria de
la Resolución No. 3319 del 22 de junio del 2011.
14. El asunto fue conocido por el Juzgado 15 Administrativo Oral del Circuito
Judicial del Cali, que en providencia del 18 de agosto de 2017 profirió sentencia
favorable a la accionante. Esto, al llegar a las siguientes conclusiones:
• Explicó que, la publicación de la Resolución No. 3319 fue efectuada el día
22 de junio de 2011 y cobró ejecutoria el 1 de julio de la misma anualidad,
luego de transcurrido el término de 5 días establecido en el artículo 14 del
Decreto 760 de 2005. Contrario a lo expuesto, la entidad afirmó que, no se
encontraba un término establecido para que se publicara la firmeza del acto
administrativo.
• En esa medida, el juzgado, dispuso que los argumentos no eran de recibo
teniendo en cuenta que, la Ley 909 de 2004, Decretos 1227 de 2005, 760 de
2005 y 159 de 2011 obligan taxativamente a la entidad a disponer la
ejecutoria en los términos allí establecidos, no al libre arbitrio podía extender
dichos plazos, con el argumento de la verificación de si fueron interpuestas
reclamaciones contra la lista de elegibles.
-De acuerdo con ese raciocinio, indicó que, el daño causado a la señora
Evelyn Maritza Obregón Ibarra radicó en la desvinculación del Municipio de
Santiago de Cali por el periodo comprendido entre el 13 de julio de 2011 al 6
de enero de 2012, a pesar de existir lista de elegibles, en la cual ocupaba el
primer puesto.
-Entonces, la omisión de la entidad demandada al comunicar la firmeza de la
lista de elegibles configuró el daño, nexo de causalidad y que el asunto sea
atribuible a la entidad. En esa medida, se comprobó la concurrencia de los
elementos de la responsabilidad extracontractual.
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15. Por tanto, la providencia accedió parcialmente a lo pretendido por la
accionante al reconocerle la indemnización de los perjuicios materiales causados
en la modalidad de lucro cesante más las prestaciones sociales a la que tuvo
derecho durante el lapso comprendido entre el 13 de julio de 2011 y el 6 de enero
de 2012.
16. Frente a dicha decisión, las partes interpusieron el recurso de apelación el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de
Oralidad en sentencia del 31 de marzo del 2023 que revocó la providencia, para en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, al considerar que el
daño que generó la desvinculación laboral que sufrió la señora Evelyn Maritza
Obregón Ibarra no devino en sí por la omisión administrativa de la Comisión
Nacional del Servicio Civil en la ejecución de la Resolución No. 3319 del 22 de junio
de 2011, sino por la expedición del Decreto 411.0.20.459 del 24 de junio de 2011
que declaró la insubsistencia del nombramiento de la accionante en el cargo que
ocupaba en provisionalidad como consecuencia de la vinculación en carrera de la
señora Martha Lucía Ramírez Quiñonez por la aplicación de una lista de elegibles
posterior.
17. En esa medida, explicó que, el acto que declaró la insubsistencia de la
accionante debía ser demandado por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues a pesar de que la señora quedó en primer lugar
de la lista de elegibles No. 3319 del 22 de junio de 2011,«sin embargo, ello no obsta
para alegar como daño los derechos subjetivos que surgen de la carrera relativos, entre
otros, al pago de salarios y prestaciones, pues estos solo se consolidan con la posesión en
el cargo, momento a partir del cual finaliza el concurso de méritos y la persona queda
sometida al régimen propio de la carrera administrativa, además de que su nombramiento
—previo al concurso de méritos— era provisional.»
18. Sumado a lo dicho, la autoridad judicial consideró que, la entidad no tenía la
obligación de mantenerla en el cargo que venía desempeñando provisionalmente,
así haya ganado el concurso de méritos para el mismo cargo, de acuerdo con esto,
manifestó que, no se podía confundir la operación administrativa con un
procedimiento administrativo, pues buscan un resultado diferente en la
materialización de un acto administrativo. De acuerdo con esto, el acto que afectó y
generó un desequilibrio en las cargas fue el acto que declaró la insubsistencia de la
accionante.
19. De manera que, para el tribunal no se configuró el daño antijurídico contra la
entidad demandada y en ese sentido no se pudo endilgar la responsabilidad
extracontractual del Estado. Por tanto, se revocó la sentencia de primera instancia,
para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
1.4. Sustento de la vulneración
20. La parte accionante sostuvo que, el asunto debatido reviste de los requisitos
adjetivos de procedibilidad, en específico el de relevancia constitucional, pues existe
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una vulneraron de derechos y principios constitucionales que se enunciaron en los
hechos de la tutela.
21. Explicó que, ha agotado todos los medios de defensa judicial. Así mismo,
explicó que, a pesar de que la acción de tutela se interponía con un término superior
al establecido por la Corte Constitucional, su inactividad correspondió a las
situaciones de muerte de sus familiares, así como también, el sufrimiento de
depresión y de la enfermedad autoinmune de artritis reumatoide asociado a un
síndrome de Sjögren que padece.
22. Ahora bien, analizó la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en el cual consideró que se acreditó el daño con la desvinculación,
cuestión que desconoció que el daño se originó cuando la Comisión Nacional de
Servicio Civil omitió efectuar la declaratoria de firmeza en el término adecuado de
la lista de elegibles.
23. De manera que, la referida omisión conllevó a que se realizará el
nombramiento utilizando otra lista de elegibles que existió de manera paralela para
el mismo cargo, con lo cual se realizó el nombramiento de la señora Ramírez
Quiñonez, en la cual sí se surtió el debido proceso del concurso de méritos.
24. Arguyó que, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en un
defecto fáctico al revocar la sentencia de primera instancia. Esto, porque la
accionante podía ser nombrada en el período de prueba una vez se comunicará la
firmeza de la lista de elegibles, de manera que, la conducta omisible de la entidad
configuró el daño.
25. Afirmó que, el reconocimiento de los derechos de carrera fue un asunto
indiscutible que incluso la Alcaldía del municipio de Cali realizó el nombramiento en
período de prueba mediante el Decreto No. 411.0.20.1254 del 30 de 2011. En ese
sentido, explicó que, el tribunal se alejó del acervo probatorio existente en el
proceso, pues la Comisión Nacional del Servicio Civil omitió notificar al nominador
la lista de elegibles ejecutoriada, lo que implicó que no se efectuara el nombramiento
sino hasta varios meses después.
26. Explicó que, era errada la conclusión a la que arrimó el tribunal sobre el daño,
pues consideró que el daño no deviene del nombramiento de la señora Ramírez
Quiñonez, pues nunca se afirmó que se tenía un mejor derecho, sino la falta de
firmeza de la lista de elegibles del concurso que participó.
27. Además de lo dicho, argumentó que:
«Así las cosas, la decisión del Tribunal Contencioso al resolver la segunda
instancia adolece de defecto fáctico, por cuanto no está soportado en el acervo
probatorio existente en el proceso, la omisión por varios meses de la CNSC
para comunicar la ejecutoria o firmeza de la Resolución No. 3319 del 22 de junio
de 2011 a la alcaldía de Cali, ente nominador, así como la Oferta Pública a la
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que me inscribí de 04 empleos idénticos en vacancia definitiva, ASESOR, Grado
01, Código 105.»
28. Sumado a lo dicho, consideró que, la autoridad judicial desconoció la
providencia de la Corte Constitucional en sentencia T-461 del 2019, SU-913 del
2009, T-569 del 2011, T-156 del 2012, T-340-2020. A pesar de citar las providencias,
no indicó argumento alguno en la cual se apreciara la aplicación de las providencias
al caso en concreto.
1.5. Admisión de la demanda
29. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 8 de
septiembre de 2023: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar al tutelante
y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como autoridad accionada; y iii)
vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado 15 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Alcaldía de
Cali; (iv) ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegará copia
del expediente digital.
1.6. Intervenciones:
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Comisión Nacional del Servicio Civil
30. Por medio de correo electrónico allegado el 14 de septiembre de 2023, la
entidad solicitó declarar la improcedencia del amparo deprecado. Esto, al establecer
que en el escrito de tutela se estableció solamente la inconformidad con la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Así mismo, indicó que la accionante no demostró la ocurrencia de algún tipo de
fraude que se haya incurrido en el proceso ordinario.
1.6.2. Alcaldía de Santiago de Cali
31. A través de correo electrónico recibido el 13 de septiembre de 2023, expuso
que en el asunto que se discute aquí no se cumple con el requisito adjetivo de
procedibilidad de la relevancia constitucional. Lo anterior, al advertir que, el asunto
que se debate versa sobre un asunto meramente legal, de connotación patrimonial
y privada, el cual busca reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción ordinaria
en el cual no se puede ver una actuación arbitraria o ilegítima.
32. Sumado dicho, sostuvo que, la parte accionante intenta corregir los errores
de su propia negligencia a través de la acción constitucional. Esto, al no demandar
el acto administrativo que declaró la insubsistencia bajo el medio de control
adecuado como lo era la nulidad y restablecimiento del derecho. Además, indicó
que no se satisface el requisito de inmediatez al interponerse de manera
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extemporánea al término establecido por la Corte Constitucional, a pesar de haber
indicado situaciones medicas complejas, eso no obsta, la justificación de la
inactividad de la accionante.
1.6.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
33. Mediante correo allegado el 14 de septiembre de 2023, la autoridad judicial
solicitó que se desestimen las pretensiones de la acción, en cuanto a que no se
satisface el requisito de inmediatez y tampoco porque se incurrió en los defectos
indicados por la accionante.
34. A pesar de que se notificó al Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial
de Cali este no participó en trámite constitucional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
35. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda
presentada por la señora Evelyn Maritza Obregón Ibarra, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 5. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021. Esto, por cuanto la
autoridad judicial contra la cual se dirige la acción de tutela es el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por tanto, debe aplicarse el numeral 5. ° de la
referida norma.
2.2. Problema jurídico
36. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las respectivas pretensiones elevadas y el material probatorio recaudado,
corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial?
37. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora al proferir la sentencia del 31 de
marzo de 2022 en el proceso de reparación directa con radicado 76001-33-
33-015-2013-00395-01, mediante la cual revocó parcialmente el fallo de
primera instancia?
38. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
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tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y, de superarse, iii) generalidades de los
defectos alegados y, iv) análisis del caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
3
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su
procedencia.5
40. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
41. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
42. Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
43. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en
sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada carecía de relevancia
constitucional. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García
González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
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providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:
«el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo
tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los
jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del
principio de igualdad.»
44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:
«lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son
de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz
de la Constitución.»
45. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal6.»
46. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un
asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 7;
es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”
6 Sentencia SU-573 de 2019.
7 Sentencia SU-103 de 2022.
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(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente
legal y/o económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de
tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de
carácter legal.8” En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave
un derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal9.
(Resaltado de la Sala)
47. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar
el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente
legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no
cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la
grave violación de los derechos fundamentales invocados.
48. Por su parte, en asuntos como el caso en concreto, esta Sala ha sostenido
que las pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
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económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza
fundamental, se tornan improcedentes frente al amparo constitucional 10 .
49. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar
que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en
una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada de aquella11.
50. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos
jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el
peticionario está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan
su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración
de una causal especifica de procedencia.
2.4.2. Caso en concreto
51. La Sala anticipa que, en el presente caso, no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional, circunstancia por la que la acción de tutela se declarará
improcedente.
52. Como punto de partida, se advierte que el amparo constitucional estudiado
no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, toda vez que la discusión planteada por la accionante versa sobre
la situación que originó el daño cuyo resarcimiento reclamó a través del medio de
control de la reparación directa.
53. Sumado a lo expuesto, los reparos expuestos sobre la presunta vulneración
del defecto fáctico, no expone cual es el medio probatorio que se dejó de valorar y
la incidencia que tendría en la decisión que consideró como vulneradora de sus
derechos. Ahora bien, no se evidencia prima facie el quebranto de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.
54. En ese sentido, el debate que plantea la parte accionante se centra en
evidenciar que la ocurrencia del daño se generó con la omisión de la Comisión
Nacional del Servicio Civil de notificar la firmeza de la lista de elegibles del concurso
de méritos en el que participó la accionante. En esa medida, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al no encontrar acreditado el daño, pues la
accionante escogió indebidamente el medio de control, decidió revocar la
10 En relación con la improcedencia de las pretensiones de índole meramente económico, ver los
siguientes fallos del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
con ponencia de Rocío Araujo Oñate: Sentencia del 20.02.21, Expediente: N°11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia del 7.05.20, Expediente: 11001-03-15-000-2019-04762-01 y sentencia
del 20.05.21, Expediente: 11001-03-15-000-2021- 01836-00.
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
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providencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.
55. De forma tal que los argumentos expuestos en el sustento de la vulneración
elevados por la parte accionante tienen como objetivo refutar a la conclusión a la
que arrimó el juez de instancia, pues no expuso la materialización de la vulneración
de un derecho, sino, el inconformismo con la providencia.
56. Con respecto del defecto del desconocimiento del precedente, en el cual
sostuvo la parte accionante, la sala expone que no tiene carga argumentativa
alguna, pues se limitó a transcribir diferentes pronunciamientos sin un ejercicio
argumentativo que permita al juez a desarrollar, interpretar o aplicar la carta política
respecto al caso concreto.
57. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
2.5. Conclusión
58. De conformidad con las razones expuestas, se declarará la improcedencia
de la presente acción constitucional bajo el entendido de que no se cumplió con el
requisito de relevancia constitucional como criterio general de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la Señora Evelyn Maritza Obregón Ibarra., de conformidad con la parte motiva
de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y vinculados en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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