Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04702-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04702-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04702-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
26 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04702-00
Demandante: Nubia Cristina Salas Salas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-04702-00
Demandante NUBIA CRISTINA SALAS SALAS
Demandado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL,
AGRARIA Y RURAL
Temas Acción de tutela. Relatoría Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia. Niveles jerárquicos. Procedimiento
por abandono del empleo. Situaciones de clima laboral y conductas
entendidas como de acoso laboral. Calificación de servicios 2022 e
informes trimestrales 2023. Requisitos de procedencia de la acción
de tutela: la subsidiariedad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Nubia Cristina Salas Salas, de conformidad
con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de agosto de 20231, Nubia Cristina Salas Salas, interpuso acción de tutela
contra la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y
justas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Prevenir a la Sala accionada de que siga entorpeciendo la dirección y ejecución
de las tareas de la dependencia a cargo de la accionante. En consecuencia, ordenar al ente
accionado a que se abstenga -en lo sucesivo- de seguir imponiendo los compromisos del
“consenso total” de los empleados de apoyo.
SEGUNDO: Ordenar a la Sala accionada que se abstenga de seguir determinando a la Oficina
de Sistemas a privar el acceso de todos los canales electrónicos e informáticos de trabajo
posibles de la suscrita Relatora accionante.
TERCERO: Vincular al Departamento de la Función Pública y, en consecuencia, ordenarle
que preste acompañamiento técnico a la Relatora accionante que conduzca al rediseño
organizacional y definitivo de la dependencia a su cargo.
CUARTO: Declarar sin valor ni efecto el auto del 27 de julio de 2023 proferido por la
Presidencia de la Sala que dio inicio al procedimiento de abandono del cargo de la Relatora
accionante.
QUINTO: Declarar sin valor ni efecto los actos del trámite relacionados a las actas trimestrales
de la calificación integral de servicios del año 2023 de la Relatora accionante proferidas por la
Sala accionada.
SEXTO: Declarar sin valor ni efecto la calificación integral de servicios del año 2022 de la
Relatora accionante proferida por la Sala accionada”.
1 Tutela radicada por ventanilla virtual.
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Demandante: Nubia Cristina Salas Salas
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Hechos relativos a los empleos creados en la relatoría de la Sala de Casación
Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia
2.1. La señora Nubia Cristina Salas Salas se desempeña en el empleo de relatora
de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, desde
el 11 de junio de 2002, fecha en la que se posesionó en el mencionado cargo,
en carrera administrativa.
2.2. En la relatoría que tiene a cargo, afirma la accionante que contaba con un
auxiliar judicial grado 2, con quien trabajaba y cumplía las metas propias de la
función asignada a dicha dependencia, pero que, la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura creó de manera transitoria y para superar
una congestión, a su juicio inexistente, 4 cargos de auxiliar judicial grado 2 y
un oficial mayor, para la relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria,
medidas que se prorrogaron en varias oportunidades, desde el año 2011 al
año 2015.
2.3. Mediante el Acuerdo 10402 del 29 de octubre de 2015, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura creó con carácter permanente 9 cargos
de carrera administrativa para la relatoría de la Sala de Casación Civil y Agraria
que tenía a cargo, correspondientes a 4 profesionales universitarios grado 21,
1 oficial mayor y 4 auxiliares judiciales grado 2 <<estos últimos traídos de los
cargos temporales de las medidas de descongestión>>, sin establecer las
funciones de forma expresa.
2.4. En criterio de la actora, la carga laboral de la relatoría que tiene a cargo no
ameritaba la creación de estos empleos, además, consideró que debió
solicitársele un informe de cargas laborales que permitiera dar a conocer la
realidad de la oficina en donde estaban al día y no era necesario el
nombramiento de más personal, pero que esto no se le pidió en ningún
momento.
Hechos relacionados con presunto acoso laboral
2.5. Manifestó estar desprotegida laboralmente al tener personal nombrado que no
tenía funciones asignadas, lo que le ocasionaba una carga adicional en su
condición de jefe de oficina, sumado a que de los nombramientos efectuados
en la relatoría hubo movilidad de algunos servidores para la secretaría de la
Corporación, todo lo que, pese haberse puesto en conocimiento del presidente
en su momento, no tuvo eco.
2.6. También dijo que en el año 2016 le fue abierto un proceso disciplinario por el
presunto incumplimiento del horario de trabajo, que le pusieron personas que
actuaban como “veedores” pero que en realidad lo que se buscaba era un
seguimiento a título de “persecución”, asunto que correspondió conocer a la
procuraduría en ejercicio del poder preferente y que finalmente culminó en el
año 2019 con el archivo de las diligencias.
2.7. Anunció que la ARL Positiva diagnosticó un estrés laboral con ocasión del
entorpecimiento y retraso constante en la entrega de trabajo de sus empleados
directos frente a las tareas de la relatoría que hacía que tuviera más tensión y
carga laboral y emitió unas recomendaciones, lo que puso en conocimiento del
presidente de la época y que dijo, nunca fue atendido. Además, que
implementó acciones preventivas y correctivas frente a los hallazgos
encontrados en la oficina pero que tampoco fueron tenidos en cuenta por la
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Corporación, razón por la que en el año 2020 decidió asumir la totalidad de las
funciones, lo que arrojó en el indicador de “ingreso de análisis de providencias”
un nivel muy satisfactorio del 100%.
2.8. Anunció que al quedar en evidencia que no eran necesarios los cargos creados
y provistos en provisionalidad de manera indefinida por la Sala como
nominador, se continuó con actos en su contra tales como: (i) descenso en las
calificaciones integrales en el año 2019, (ii) manifestación que afectaba su
buen nombre en una providencia que era de conocimiento público, (iii) omisión
a dar respuesta a los derechos de petición en los que se solicitaba información
relacionada con las calificaciones y los estudios técnicos para la creación de
cargos en el año 2015, (iv) maltrato, persecución, entorpecimiento e inequidad
en el uso de las actas de seguimiento trimestral de 2021 en las que indicaba
que debían distribuirse las funciones, (v) ser censurada como líder del proceso
de gestión de conocimiento incluso “suplantándola” con el servidor provisional
que ocupa el cargo de Profesional Universitario Grado 21, (vi) obstaculización
de 105 de los 140 enlaces que dirigían las acciones de gestión en donde se
incluían diversos reportes de acciones de mejora y preventivas que había
desarrollado desde el año 2016 a 2022.
2.9. Hizo un extenso recuento de los logros alcanzados desde la relatoría a su
cargo, de las publicaciones que ha hecho y que han tenido un reconocimiento
por parte de los usuarios.
2.10. Anunció que la actual presidenta de la Sala de Casación Civil y Agraria quien
se desempeña como tal desde el mes de enero de 2023, convocó a una
reunión presencial con el equipo de la relatoría para ser llevada a cabo el 2 de
febrero de 2023, lo que en su criterio no era de su competencia y que si lo
pretendido era hacer una consultoría organizacional, debió anunciarle
previamente en su calidad de jefe de oficina, acerca del objeto de esta,
razones, entre otros aspectos.
2.11. Mencionó un aparte de una manifestación que dice haber hecho el oficial
mayor en relación con una conversación sostenida con un magistrado, que le
manifestó que podía laborar desde casa así el salario fuera un poco menor y
que, incluso, podía aspirar al cargo de relator, que se equiparaba casi al de
magistrado auxiliar “pues que en su sentir no estaban contentos con la labor que
ejercía la relatora, de quien me dijo, ya estaba próxima a pensionarse”, con lo que
en su criterio: (i) existía una expectativa de ascenso por parte de los
empleados de apoyo al cargo de relator, así como cargos del nivel superior
que se podían ajustar al momento en que ella dejara el cargo, (ii) el nominador
conocía que estaba próxima a pensionarse y (iii) el magistrado de la sala en
realidad conocía que el cargo de oficial mayor no generaba tanta presión.
2.12. Dijo que un día después de la citación por parte de la presidenta de la Sala a
la reunión mencionada en precedencia, cumplió la edad mínima legal para
pensionarse, el 3 de febrero de 2023, lo que para la accionante era una
situación que tenía la capacidad de activar una modalidad de acoso laboral
como lo era la discriminación laboral, concretamente la descrita en el numeral
3º del artículo 2º de la Ley 1010 de 2006.
2.13. Indicó que presentó excusa para no asistir a la reunión programada por la
presidenta de la Sala, por temas de salud previamente diagnosticados por la
ARL positiva de depresión y ansiedad, debido al tema laboral, lo que incluso
llevó a duplicar sus dosis de medicación, además de entenderse “suplantada”
por la presidenta cuando ella en calidad de relatora era la jefe de la oficina
quien organizó un grupo en Teams de relatoría, siendo ella una “carpeta” más
de ese grupo, siendo incluidos empleados que no eran de la relatoría y cuya
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administración estaba a cargo de la presidenta de la Sala, desconociéndose
de esta manera su posición como jefe de oficina del grupo de relatoría.
2.14. También señaló que en el acta de la reunión quedó señalado que no se justificó
su inasistencia a la reunión, además de una serie de inconformidades que el
equipo de apoyo presentó y frente a lo que manifestó no ser cierto, todo lo cual
en su sentir, genera un mal clima laboral y constituye una modalidad de acoso
laboral, sumado además, a la inconformidad que manifestó en relación con la
psicóloga que tenía a cargo su caso en la ARL a quien recusó ante el colegio
de abogados.
2.15. Puso de presente una comunicación de la Coordinadora de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en la que se indicó que, se buscó ser contactada vía telefónica
para hacer unos talleres y unos seguimientos pero que la actora no contestó,
que se han venido adelantando “gestiones de acompañamiento individual y
grupales con el equipo de la relatoría”, que a la relatora se le recomendó acudir
a la EPS dada la sintomatología reportada por ella, al igual que se le
recomendó acudir al comité de convivencia laboral de la Corporación ante la
manifestación de padecer comportamientos de presunto acoso laboral.
2.16. Ante tal manifestación, argumentó que en la actualidad ha acudido a su EPS
y que en este momento está en curso la calificación de origen de su
enfermedad a solicitud de la entidad prestadora de salud, así como de la
psiquiatra y la psicoterapeuta tratante y que, en relación con el comité al que
se aludía, no había lugar a ello ya que actualmente se tramitaba ante el
Congreso de la República un trámite en contra de los magistrados de la Sala
por acoso laboral, queja radicada en el año 2021.
2.17. También sostuvo en relación con los seguimientos, que actualmente esto era
objeto de investigación en la queja disciplinaria que adelantaba en contra de
la psicóloga, en aras de determinar si suministró información errada al
empleador sin que ella se hubiera enterado previamente y que, las llamadas
telefónicas que se le pudieron hacer no era un mecanismo oficial de
comunicación y que durante los años 2021 y 2022 no recuerda haber recibido
un cronograma de actividades, de manera que era errado manifestar que se
hubiera rehusado a continuar en el programa “conscientemente”.
2.18. Anunció haber sido convocada también a reuniones del comité editorial, del
que afirma, no hacer parte ni ella ni sus empleados, sin embargo, dijo que en
el acta del 15 de marzo de 2023 se señaló la presencia de los empleados de
la relatoría y su inasistencia injustificada a la reunión, esto último que dice, se
justifica en la misma razón por la que no asistió a la reunión inicial convocada
por la presidenta de la Sala en enero de 2023.
2.19. Manifestó que en su momento no se remitió por parte de la coordinación de
seguridad social y salud en el trabajo el informe de lo que se llevó a cabo desde
el año 2018 a la aseguradora ARL Positiva, razón por la que cuando se
preguntó por los antecedentes, no se contaba con la totalidad de la
información.
2.20. A lo largo de su escrito, relata cómo se siguieron adelantando reuniones de
seguimiento por parte de la presidencia de la Sala en las que se convocaban
a los empleados de la relatoría, desconociendo la autoridad que ella ejercía
como jefe de oficina en esta dependencia de la Corporación, anotando varias
novedades de personal y de titulación de providencias y demás funciones que
dice, correspondía a ella como relatora coordinar y no a la presidenta, todo lo
cual evidenciaba un acoso laboral.
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2.21. Puso de presente que desde mayo de 2022 presentó queja por acoso laboral
en contra de los magistrados de la Sala Civil y Agraria. Más adelante indica
que presentó queja desde el año 2021 y que desde octubre de 2021 no hay
más avances sobre el particular.
Hechos relacionados con el Acuerdo Nro. 30 “mediante el cual se establece el
trabajo en casa”
2.22. Sostuvo que el 28 de julio de 2023 desde el correo
calidadcivil@cortesuprema.gov.co le fue remitido un documento con el título de
“Acuerdo Nro. 30 mediante el cual se establece el trabajo en casa”, acto
administrativo que dijo, no cumple con los requisitos de publicidad de un acto
de carácter general, ya que la remisión desde el citado correo no estaba
contemplada como el medio oficial de comunicación.
2.23. Así mismo, anotó que se configuraba la falta de competencia por parte de la
Sala Civil y Agraria para proferir dicho procedimiento, pues que de acuerdo
con el artículo 9º de la Ley 2088 de 2021, era necesario contar con un
procedimiento por parte de la empresa o entidad pública y que, la mencionada
Sala no representaba la totalidad de la entidad y no podía pasar por alto ni el
manual de funciones ni los reglamentos internos de la Corporación.
2.24. Adicionalmente sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo y
7º del Acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de junio de 2022, citado en la Circular
003 de 2022 de la Sala de Gobierno de la Corporación, a efectos de establecer
las condiciones de trabajo en casa, era entre otros, el jefe de dependencia,
mediante acto administrativo motivado, quien podría implementar las
condiciones de trabajo en casa cuando se presentaran circunstancias que
impidieran que el servidor pudiera ejercer sus funciones en el lugar de trabajo,
privilegiando el uso de las tecnologías y de la información y las
comunicaciones.
2.25. Explicó que la relación de la Sala de Casación Civil como nominadora con
respecto a los cargos de la relatoría era, salvo el caso del relator, de superior
funcional mas no jerárquico, de manera que no tenía interés la Sala
especializada en proferir un acuerdo para contravenir el nivel que tenía ella
como jefe de la dependencia.
2.26. Finalmente, anunció que el acuerdo solo aparecía suscrito por la presidenta
de la Sala Civil y Agraria sin la concurrencia de los demás magistrados y que
tampoco señala la fecha en la que la sala lo aprobó.
Hechos relacionados con el “acoso sobreviniente” frente a la recusación de
junio de 2023 y por las calificaciones de los años 2022 - 2023
2.27. Señaló que el 30 de junio de 2023 presentó escrito de recusación contra los
magistrados de la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, a los
correos tanto de la secretaría general de la Corporación, como al secretario
general, sin embargo, sostuvo que no hubo pronunciamiento frente a esta
manifestación y se autorizó dar inicio al procedimiento de abandono de cargo
en su contra.
2.28. Que el 17 y 18 de julio de 2023 se le restringió el acceso al micrositio web de
la relatoría civil a su cargo, en su sentir, como retaliación por haber divulgado
su trabajo, además, que se restringió el acceso a su correo institucional.
2.29. El 25 de julio de 2023 la presidenta de la Sala envió a la Comisión Seccional
de disciplina Judicial de Bogotá un informe, que dijo la actora, buscó se le
sancionara por su inconformidad con una presentación de excusas a los
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usuarios de la relatoría dejada al final del boletín y la gaceta de los meses de
abril, mayo y junio en el que se relacionaba el atraso causado en la entrega de
las publicaciones especializadas a su cargo.
2.30. El 26 de julio de 2023 se emitió providencia por parte de la Sala Civil y Agraria
en la que se resolvió no aceptar las causales de recusación presentadas por
la actora y al día siguiente, el 27 de julio se dio inicio al procedimiento de
abandono de cargo en su contra.
2.31. De la calificación de servicios, sostuvo que se obtuvo un descenso de 81 a 69
puntos, que presentó recurso de reposición pero que este no podía resolverse
hasta tanto no se resolviera sobre una recusación presentada en esa nueva
oportunidad por la accionante, pues en su criterio, esto afectaría la
imparcialidad frente a las calificaciones.
2.32. Manifestó que actualmente es objeto de investigación dentro de las diligencias
penales que se adelantan ante la Comisión de Investigación y Acusación,
debido a que los magistrados denunciados siempre supieron que la recusación
presentada y que rechazaron de plano por ser “manifiestamente
improcedente” tenía una relación directa con la calificación integral de
servicios.
Hechos relativos al procedimiento de abandono de cargo iniciado en julio de
2023
2.33. Anunció que la causal por la que es investigada se encuentra descrita en el
numeral 2º del artículo 139 del Decreto 1660 de 1978, consistente en “dejar de
concurrir al trabajo por 3 días consecutivos”.
2.34. Expuso que el sustento fáctico de la investigación es el siguiente:
(i) no encontrarse en su oficina del 17 al 24 de julio de 2023, fechas en que
se programaron visitas a la sede anexa y donde estaba la puerta cerrada
y la luz apagada, sin que al golpear se atendiera la puerta, de lo que se
dejó constancia en actas.
(ii) De acuerdo con el oficio de registro de entradas y salidas del Palacio de
Justicia y de la sede anexa, evidenciaron como último ingreso a las
instalaciones el 13 de marzo de 2020.
2.35. Al respecto, indicó que no le correspondía atender público de acuerdo con el
manual de funciones de la corporación, que la relatoría no requería de
asistencia presencial ya que todos los procedimientos eran virtuales y que, ella
había puesto en conocimiento de la Sala mediante oficio del 12 de julio de
2022 que dadas las condiciones de hacinamiento de las oficinas de relatoría
de la Sala de Casación Civil se daría continuidad a la prestación del servicio
de manera virtual de todo el equipo de la oficina, hasta tanto existieran las
condiciones óptimas de infraestructura, además de las especiales condiciones
de salud física y mental que sufría “ocasionadas por el riesgo psicosocial de acoso
laboral por parte de la Sala de Casación Civil y Agraria” con diagnóstico de ansiedad
y depresión.
2.36. Expresó que contrario a lo afirmado, ella estaba trabajando esos días que se
evidenció el supuesto ausentismo, pues que el 17 de julio de 2023 justamente
envió correo con el fin de publicar el boletín Nro. 06-2023 y en una nota final
indicó:
“presentamos excusas por las enormes dificultades en la entrega regular de las
presente publicaciones dada la situación, sin precedente que se conozca, que ha
derivado de la usurpación total de las funciones regladas por la Corte Suprema de
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Justicia para la Relatora la cual fue determinada de manera irregular por parte de la
presidenta de la Sala de casación Civil y Agraria. Martha Patricia Guzmán Álvarez desde
el 1 de marzo de la presten vigencia”
Por tal razón, la presidencia de la Sala Civil ordenó retirar del sitio web el
mencionado boletín y, a la par, la actora solicitó a la oficina de sistemas se le
restablecieran sus claves y contraseñas que le fueron restringidas, volviendo
a publicar una gaceta con la misma nota, siendo nuevamente eliminada del
sitio web y del correo masivo a usuarios por parte de la presidencia, todo lo
cual, a su juicio, encuadraba en la causal de acoso laboral de entorpecimiento
laboral.
2.37. El 27 de julio de 2023 se dio inicio al procedimiento administrativo por
abandono del empleo en contra de la actora.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora hizo las siguientes consideraciones:
3.1. En relación con el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas
Dijo que este derecho fundamental se encuentra expresamente señalado en
la Constitución Política en su artículo 23 y que permite a cualquier persona,
incluidos los empleados de la Rama Judicial, en los eventos que considere que
existe amenaza o vulneración de dicho derecho constitucional, su protección
a través de la acción de tutela.
Adicionalmente, mencionó que la Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se
adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo” protege este bien jurídico
y que, en el caso de los servidores públicos, como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es el único mecanismo
efectivo para garantizar el pleno goce de este derecho fundamental.
Citó algunas providencias del Consejo de Estado, en las que se ha amparado
el mencionado derecho en casos similares:
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero
ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 19 de agosto de 2010. Radicación número:
25000-23-15-000-2010-01304-01(AC). Proceden medios de protección.
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección A. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. 5 de febrero 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-03524-00(AC). Procedencia de medidas
inmediatas.
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera
ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. 4 de febrero 2016. Radicación número:
73001-23-33-000-2015-00595-01(AC).
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter. 24 de marzo de 2017.
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00549-00 (AC). Debido proceso por no
pronunciarse de la condición de acoso.
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.
Subsección B. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. 17 de enero 2019.
Radicación número: 41001-23-33-000-2018-00327-01(AC). Protección al trabajador que
presenta queja por acoso.
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección
C. Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales. 05 de agosto de 2019. Radicación
número: 66001-23-33-000-2019-00349-01(AC). Mecanismo transitorio por perjuicio
irremediable. Disminución de las calificaciones.
● Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera
ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto. 29 de abril de 2021. Radicación número:
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11001-03-15-000-2021-00217-00(AC). Silencio institucional ante el conocimiento de la
queja disciplinaria.
Dijo que por su parte la Corte Constitucional, en la sentencia SU-077 de 2018,
establecía que el amparo de tutela procedía contra actos administrativos de
trámite previo el cumplimiento de ciertos requisitos.
3.2. Respecto al procedimiento por abandono del cargo
Sostuvo que la actuación no ha concluido en tanto no ha ejercido su derecho
a la defensa ni se ha producido el retiro del servicio, además, que el auto que
da inicio al procedimiento, y contra el cual no procede recurso alguno, pretende
dar inicio a una situación de impulso al trámite de retiro de servicio breve y
sumario en donde sólo tiene una audiencia con el nominador, quien conoce de
sobra desde el 12 de julio de 2022 la existencia de la enfermedad médica
calificada, con recomendaciones expresas de trabajo en casa, y quien también
tiene pleno conocimiento de que no existía un procedimiento reglado de
habilitación de trabajo en casa que cumpla con los estándares de la Ley 2088
de 2021, así como de la regulación especial para la Rama Judicial que
establece el artículo 7 del Acuerdo PCSJA22-11972 del 30 de junio de 2022
del Consejo Superior de la Judicatura, que haya sido expedido por la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia, ni en la actualidad ni en las fechas del
informe preliminar.
En ese sentido, manifestó estar “al borde de un despido expedito e injustificado”, por
cuenta de la Sala accionada e integrada por miembros que están denunciados
por acoso laboral desde octubre de 2021 y, reiteró que el nominador ha
emprendido una campaña inédita, que ha implicado diversas modalidades y
presunciones de acoso laboral, cuyo resultado ha sido la reducción total de las
labores como relatora a la actividad no reglada de revisar lo establecido por el
“consenso total” dirigiéndose con este término a las personas nombradas en
la dependencia de la relatoría como empleados de apoyo, quienes ahora la
suplantan como jefe de oficina en la administración y ejecución de las tareas
de la dependencia a su cargo.
Por otra parte, advirtió que era ineficaz la audiencia de la que trata el artículo
140 del Decreto 1660 de 1978 como un medio de defensa idóneo en el caso
concreto en cuanto, la Sala accionada, cuyos miembros se siguen rehusando
a dar trámite a las recusaciones presentadas en su contra, ni tampoco brindan
ningún tipo de garantías por haberlos denunciado penal y disciplinariamente
por acoso laboral, tienen conocimiento previo que nunca se ha acreditado la
causal invocada que necesitan hacer valer para encontrar sentido a esta
modalidad expedita de retiro del servicio y que para acreditar esta causal, la
presidenta de la Sala no solo intervino intempestivamente en la oficina que
tiene a cargo e imponer una tabla de “asignación de funciones” organizada por
los empleados para restringirla totalmente como jefe de oficina a ser una
simple revisora condicionada del trabajo que hacían, a sabiendas de la
conexidad entre esta actividad con el deterioro a su estado de salud, sin
competencias para ello y sin el debido rigor técnico y organizacional que tal
reforma requeriría, sino que también calculó cuidadosamente el
entorpecimiento de los elementos tecnológicos indispensables para su trabajo
sin facultades para ello, todo lo cual calificó como una desviación de poder.
3.3. Respecto a las actas de seguimiento de trimestre año 2023
Dijo que la calificación integral de servicios de la presente vigencia no había
concluido y que las últimas dos actas de seguimiento tienen puntajes menores
respectó a la del año pasado. En particular, los puntajes de 1/5 en la segunda
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acta de seguimiento del trimestre que comprometían seriamente el resultado
de la evaluación definitiva, así como inducían a su renuncia.
Sostuvo que se había actuado sin haber dado trámite a las recusaciones
presentadas en su contra y que era evidente que los únicos elementos de
evaluación que consideraba la Sala accionada como conducentes era el grado
de colaboración de la suscrita con los compromisos impuestos por el
“consenso total”, lo cual, además de vulnerar de manera ostensible el derecho
al trabajo en condiciones dignas y justas como jefe de oficina, se hacía en total
detrimento de la idoneidad e imparcialidad de la evaluación que caracteriza el
sistema de evaluación de empleados judiciales de la Rama Judicial.
3.4. Respecto a calificación integral de servicios año 2022
Dijo que, si bien la calificación integral de servicios fue satisfactoria, por lo cual
en principio sería improcedente su control por nulidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, no era propiamente un acto administrativo por
carecer de efectos jurídicos, pero que sí incurría en varios defectos, que
estructuró de la siguiente manera:
i) defecto procedimental absoluto, al haber resuelto el recurso de reposición
sin existir pronunciamiento sobre la recusación presentada respecto a este
trámite el 30 de junio de 2022, al igual que las actas de seguimiento
trimestral que dijo, adolecen de este defecto por similar yerro de trámite en
cuanto a la recusación del 7 de febrero de 2022.
ii) defecto fáctico, en su criterio, al ser evidente la valoración probatoria
sesgada en favor de las opiniones sin sustento de la mayoría de los
empleados de apoyo, la cual hoy converge en el “consenso total”, sin hacer
consideración de ningún tipo de medio objetivo de prueba que permita
verificar la inexistencia de su responsabilidad como relatora en las
presuntas problemáticas de clima laboral, las que incluso si se aceptaran,
apuntaban a defectos organizacionales estructurales de fondo, cuyo
origen estaba desde los nombramientos de los empleados en cargos
nombrados en provisionalidad indefinida y sin funciones regladas
impulsados por el nominador.
En igual sentido, se refirió a la irregular apreciación de las pruebas
allegadas al trámite en el que se ignora el carácter médico y calificado de
la enfermedad que padece, y que no se identifica su clara conexión con el
entorno laboral.
Además, que se omitieron los conductos regulares que la Corte Suprema
de Justicia ofrece, para promover iniciativas administrativas que permitan
la optimización definitiva del recurso humano en la oficina a su cargo.
iii) defecto sustantivo, en la medida que la evaluación integral de servicios
inaplicó las disposiciones de los artículos 97, 98 y 99 en cuanto omitió
realizar una evaluación integral, motivada y completa por cada indicador
objetivo de evaluación, obvió señalar los aspectos positivos del servicio de
la evaluada, así como -en definitiva- no se observó coherencia alguna
entre los motivos de la calificación y los puntajes otorgados.
Señaló que los anteriores defectos, además, condujeron a que no hubiera
tenido información suficientemente clara y precisa para realizar los planes de
mejoramiento respectivos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 1º de septiembre de 2023, el despacho ponente admitió la
demanda de tutela, ordenó vincular a las partes demandante y demandada y,
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la vinculación como terceros con interés a la Secretaría General de la Corte
Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura.
4.2. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, por conducto de la
magistrada auxiliar, se pronunció e indicó que la accionante pretendía que
mediante una acción de tutela se dejaran sin efectos actos administrativos
expedidos dentro de la calificación integral de servicios en relación al
desempeño del cargo que ocupa en carrera administrativa y que, la acción de
tutela no era el mecanismo para tal fin, sino los medios de control de simple
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho que debían ser interpuestos
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Adicionalmente, sostuvo que no podía hacerse reproche alguno a esa
Corporación ya que la tutela iba dirigida a las actuaciones de los magistrados
integrantes de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Por lo anterior, pidió que se declarara improcedente la presente acción.
4.3. La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció e
indicó que del extenso documento de la acción de tutela se evidenciaba que
se trataba de un asunto relacionado con decisiones administrativas
adelantadas por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corporación
en calidad de nominador de la actora, frente a lo que no existía injerencia por
parte de la Secretaría General.
Explicó que lo único que tenía alguna relación era lo relacionado con su historia
laboral, con respecto a lo cual informó que en dicha dependencia se
encontraban las hojas de vida de los servidores judiciales de la Corporación.
Por lo anterior, pidió ser desvinculada de la presente acción.
4.4. La Presidencia de la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia, presentó informe en el que manifestó que no era cierto que la Sala
hubiera entorpecido la dirección y ejecución de las tareas de la dependencia a
cargo de la aquí accionante, quien no podía pretender que la Sala se apartara
de la coordinación y manejo de la relatoría de la Sala Especializada,
incumpliendo las funciones establecidas en el Acuerdo 041 de 2003, ya que
además de ser el nominador de los empleados que hacían parte de ella, fungía
como su superior jerárquico, no siendo posible que la persona que estaba a
cargo de la dirección de esa dependencia y el personal que la integra, actuara
como ente autónomo a la Sala, desconociendo las directrices impartidas por
la presidencia que la representaba.
De otra parte, precisó que en ningún momento se ha privado a la relatoría de
los canales electrónicos dispuestos como herramienta de consulta general
para cualquier ciudadano, por el contrario, que el evento al que se refiere la
doctora Salas en el escrito de tutela, lo que trató fue proteger la imagen
institucional y la de la misma relatora, quien difundió en la Gaceta y el Boletín
de jurisprudencia, manifestaciones contrarias a la realidad.
Frente a la pretensión de dejar sin efectos el auto por el que se dio inicio al
procedimiento de abandono de cargo de la actora, dijo que era una pretensión
improcedente, en la medida que actualmente dicha actuación administrativa
estaba suspendida con ocasión de la recusación que formuló contra los
magistrados de la Sala el pasado 4 de septiembre de 2023, fecha en la que se
había programado la audiencia de que trata el artículo 140 del Decreto 1660
de 1978, pudiendo incluso en ese momento ejercer su derecho a la defensa y
contracción por medio de los mecanismos establecidos por el legislador para
tal fin, en la medida que el procedimiento no ha finalizado.
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Frente a las actas de seguimiento trimestral, sostuvo que eran el fundamento
para la calificación integral de servicios que se realizaba cada año, conforme
al procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA16-10618 de 7 de diciembre
de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, que se aplicaba a
todos los servidores judiciales vinculados por el sistema de carrera judicial,
como ocurría en el caso de la convocante.
De la pretensión dirigida a dejar sin valor ni efecto la calificación integral de
servicios del año 2022, consideró que era improcedente ya que no ha agotado
en su totalidad las vías ordinarias que tiene a su alcance para reprochar la
calificación integral y que si bien es cierto interpuso recurso de reposición que
ya fue resuelto, aún cuenta con las acciones ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Destacó que la presente acción carecía de relevancia constitucional, en la
medida que la calificación de la servidora judicial no había sido insatisfactoria
y que lo claro era que a lo largo del extenso escrito de tutela manifestaba que
los presidentes desde el año 2016 se habían dedicado a emprender acciones
de persecución en su contra para impedirle que ejerciera las funciones que por
ley le competen.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
2.1. De manera preliminar, encuentra la Sala que la Secretaría General de la Corte
Suprema solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional. Al
respecto, debe indicarse que su vinculación al presente trámite se hizo en
calidad de tercero con interés en el resultado del presente asunto, razón por
la que se considera que debe continuar vinculada en el presente caso.
2.2. Hecha la anterior precisión, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y
el escrito de tutela, la Sala abordará el estudio del caso a partir de lo pretendido
a través de la presente acción, de la siguiente manera:
(i) En primer término, corresponderá a esta sección pronunciarse en relación con la
prevención que dice, debe hacerse a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con el entorpecimiento de las tareas
que tiene la dependencia a su cargo, incluida la privación del acceso a los canales
informáticos y electrónicos de trabajo en la relatoría.
(ii) En segundo lugar, se hará un pronunciamiento en relación con la solicitud de
dejar sin efecto el auto del 27 de julio de 2023 por el que la Presidencia de la Sala
de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia dio inicio al
procedimiento de abandono de cargo en su contra.
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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(iii) Finalmente, se hará una referencia a la pretensión relacionada con dejar sin
efectos las actas trimestrales de la calificación integral de servicios del año 2023,
así como de la calificación integral de servicios del año 2022.
3. Análisis del caso concreto
Tal como se anunció, la Sala pasará a ocuparse de cada uno de los aspectos con
respecto a los que la señora Nubia Cristina Salas Salas considera debe intervenir
el juez constitucional, como sigue a continuación.
3.1. Intervención de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte
Suprema de Justicia, en las tareas que tiene la relatoría, dependencia a
cargo de la accionante
3.1.1. Como es bien sabido, la acción de tutela fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata de derechos fundamentales ante situaciones de
amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en casos concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces,
es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se materialice, o una
vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese.
3.1.2. A lo largo del extenso recuento hecho por la accionante en los antecedentes
del escrito de tutela, se refiere a una serie de decisiones adoptadas por la
Presidencia de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema
de Justicia, que, a juicio de la actora, constituyen una intromisión en la
dependencia de la que es jefe, esto es, en la relatoría de la Sala Civil, teniendo
presente que tiene personas a cargo conforme lo dispone el mismo manual en
los empleos de menor jerarquía que pertenecen a la relatoría de la respectiva
Sala. La anterior inconformidad, también se ve reflejada en relación con los
nombramientos que se han hecho en el área de la relatoría y la búsqueda de
reuniones consensuadas para verificar algunos propósitos en pro de la Sala
respectiva.
Al respecto, resulta oportuno recordar que el artículo 131 de la Ley 270 de
1996 Estatutaria de Administración de Justicia, menciona las autoridades
nominadoras de la Rama Judicial y, concretamente en relación con las Salas
de decisión respectivas, el numeral 3º de dicha norma menciona:
ARTÍCULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las
autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son: […]
3. Para los cargos de las Salas: La respectiva Sala”.
Según el Acuerdo 0041 del 1º de diciembre de 2003 “por el cual se expide el
manual de funciones para los cargos adscritos a las dependencias de la Corte Suprema
de Justicia”, el cargo de Relator Nominado de la Sala de Casación Civil, Agraria
y Rural, que es el que ocupa en carrera administrativa la accionante Nubia
Cristina Salas Salas, y tiene como superior jerárquico al Presidente de la Sala
respectiva.
De manera que para la Sala no hay duda que el superior jerárquico del Relator
de la respectiva Sala Especializada es su Presidente, quien, de conformidad
con las funciones atribuidas en la ley y el reglamento le corresponde verificar
el cumplimiento de las funciones de las dependencias a su cargo, y de ser el
caso, adoptar las directrices y medidas tendientes al mejoramiento del servicio,
en este caso frente al relator de la Sala, controles realizados a partir de las
funciones asignadas dicho cargo, en el citado Acuerdo3.
3 De conformidad con las políticas y criterios de la Corte Suprema de Justicia son funciones del cargo de
Relator Nominado: (...)
7. Presentar los informes que solicite el Presidente de Sala.
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Así, en relación con la función de coordinación que tiene la Presidencia de la
respectiva Sala especializada y la Relatoría se encuentra aquella relacionada
con la edición, entrega y revisión final del material para la gaceta judicial y los
medios de divulgación de la jurisprudencia, así como el establecimiento de las
metas y controles necesarios para optimizar los recursos del área y el
cumplimiento de la misión.
3.1.3. La Sala declarará improcedente la presente acción de tutela respecto del cargo
examinado, porque no se advierte la amenaza o vulneración de ningún
derecho fundamental de la accionante, en tanto que, las inconformidades que
plantea relacionadas con las funciones propias de la relatoría de la Sala Civil
y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, y su relación jerárquica con la
Presidencia de la respectiva Sala Especializada, no implica ninguna afectación
subjetiva a sus derechos.
Aunque la demandante alega como vulnerado su derecho fundamental al
trabajo en condiciones dignas y justas, porque a su parecer, algunas
decisiones, directrices y medidas adoptadas por la Presidencia de la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia en relación con
las funciones de la Relatoría de esa Sala, constituyen una intromisión en la
dependencia de la que es jefe; lo cierto es que, la discusión que se propone
es de rango legal y no constitucional.
En criterio de esta Sección, el inconformismo con la asignación de funciones,
personal y directrices para el funcionamiento de la Relatoría de la Sala Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia es una discusión que no
trasciende al ámbito de los derechos fundamentales y que refleja el
desacuerdo de la relatora con el manejo y funciones asignados a la
dependencia que coordina y dirige, pero, se insiste, no existe un real
cuestionamiento iusfundamental, ya que no involucra la vulneración de los
derechos subjetivos de la actora.
A juicio de la Sala, la discusión sobre cuáles son las funciones de la Relatoría
y su relación funcional y jerárquica con la Presidencia de la respectiva Sala,
constituye un asunto eminentemente legal que escapa de la intervención del
juez de tutela, porque no compromete derechos fundamentales. Centrar la
atención del juez de tutela en debates sobre normas aplicables desvía el
principal propósito de la acción de tutela: proteger derechos fundamentales.
3.1.4. Si bien la actora manifiesta en la tutela que las decisiones y actuaciones de la
Presidencia de la Sala Civil, Agraria y Rural constituyen presuntas conductas
de acoso laboral, se tiene que la misma accionante manifestó que actualmente
se surte el trámite de una queja por acoso laboral presentada por ella en contra
de los magistrados de la citada Sala, lo que permite concluir que, está
haciendo uso de los mecanismos que la ley le otorga para que se dirima este
tipo de controversias
3.1.5. Finalmente, en lo relacionado con la privación del acceso a los canales
informáticos y electrónicos de trabajo en la relatoría 4, como se extrae de los
hechos narrados por la tutelante y del informe rendido por la Presidencia de la
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte, se trató de impedir que
8. Establecer las metas y controles necesarios para optimizar los recursos del área y el cumplimiento de la
misión.
9. Rendir los informes correspondientes al desarrollo de sus funciones y participar o elaborar aquellos que
por su contenido o naturaleza estén dentro del ámbito de su competencia.
(...)
12. Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo, asignadas por el Presidente de la Sala y las
disposiciones vigentes”.
4 Este aspecto fue reiterado por la accionante en el presente asunto de tutela en oficio del 8 de septiembre
de 2023, dirigido a la magistrada ponente.
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unos boletines salieran con una nota que la accionante Salas Salas dejaba
evidenciando una situación que para ella era una “suplantación de funciones”
por parte de la presidenta de la sala especializada con lo que pretendió
justificar la presentación de los respectivos boletines de manera tardía,
aspecto que a juicio de esta Corporación, se trató más de un manejo interno
que se dio para presentar a los usuarios en ese momento, los respectivos
informes de jurisprudencia sin notas al margen en relación con un asunto
propiamente administrativo, por lo que tampoco hay lugar a un
pronunciamiento del juez de tutela en ese sentido, pues se reitera, carece de
relevancia constitucional, máxime si se considera que la tutelante informó en
el escrito de tutela que ya presentó queja en contra de los magistrados de la
Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que
se trata de conductas arbitrarias o constitutivas de presunto acoso laboral.
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente acción
en relación con este preciso aspecto por no estar acreditado el requisito de
relevancia constitucional.
3.2. Solicitud de dejar sin efectos la providencia por la que se dio inicio al
procedimiento de abandono de cargo en contra de la accionante.
3.2.1. Frente a este aspecto, encuentra la Sala que el 27 de julio de 2023 la Sala de
Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia dio apertura a
un procedimiento administrativo por abandono del empleo5 en contra de la
accionante Nubia Cristina Salas Salas, identificado con el Nro. 1001-02-03-
000-2023-02923-00.
Al respecto, debe manifestar la Sala que el carácter subsidiario de la acción
de amparo se deriva que los mecanismos ordinarios de defensa para la
protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados por la
acción de tutela, claro está, siempre que estos sean idóneos y eficaces.
Es importante observar que el presupuesto de subsidiariedad de la acción de
tutela encuentra fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991. Este requisito de procedibilidad ha
sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional, quien ha establecido que
se incumple, por lo menos, en tres eventos8: a) cuando el asunto está en
trámite; b) cuando no se han agotado los medios de defensa administrativos y
judiciales procedentes; y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
3.2.2. Vistos los antecedentes de esta acción de tutela, para la Sala es claro que no
supera el requisito general de procedencia de subsidiariedad debido a que, en
la actualidad el procedimiento de abandono de cargo que se sigue en contra
de la tutelante está en curso, de manera que puede aún participar en las
etapas posteriores y ejercer su derecho de defensa.
5 Figura contemplada en el artículo 139 del Decreto 1660 de 1978.
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Además, destaca esta Sección que en la actualidad se tramita una recusación
presentada el 4 de setiembre de 2023 por la accionante Salas Salas en contra
de los magistrados integrantes de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural
de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que existe un “interés particular y
directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto”, causal consagrada en
el numeral 1º del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, razón por la que deberá surtirse el respectivo
trámite de la recusación y, de ser el caso, continuará el procedimiento
respectivo en el que la actora podrá participar de manera activa.
3.2.3. A juicio de la Sección, la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo para
discutir los derechos que puedan asistirle, por lo que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad, ante la existencia de un medio de defensa idóneo.
Conviene hacer énfasis en que la acción de tutela se torna improcedente
cuando el mecanismo administrativo principal para la defensa de los derechos
de los administrados aún está en curso, por tal motivo, la intromisión del juez
constitucional solo se justifica en excepcionalísimas circunstancias que, por
demás, no fueron acreditadas en esta acción de tutela.
Ahora bien, tampoco se configura la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente, al menos de manera transitoria, la presente acción de
tutela, pues lo cierto es que, en este momento la actora ha recusado a quienes
se encargan de surtir el trámite de abandono de cargo porque en su sentir, no
deben ser quienes conozcan del mismo por estar impedidos, de manera que
ante un eventual perjuicio, ha acudido a esta figura, razón por la que el juez
constitucional no evidencia que pueda existir alguna otra circunstancia en la
que se advierta una urgencia de tal magnitud que amerite su intervención.
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala declarará improcedente
la acción de tutela en relación con el procedimiento administrativo de
abandono de cargo, por no estar acreditado el requisito de procedencia de la
subsidiariedad.
3.3. Pretensión relacionada con la calificación integral de servicios del año
2022 y de las actas trimestrales del año 2023.
3.3.1. En relación con la calificación integral de servicios del año 2022, encuentra la
Sala que debe hacerse similar consideración a la analizada en el punto
anterior, en cuanto no se cumple con el requisito de procedencia de la
subsidiariedad, pues como lo mencionó la accionante en los antecedentes de
la tutela, contra la calificación presentó recurso de reposición, el que fue
resuelto por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de
Justicia mediante el Acuerdo Nro. 033 del 4 de agosto de 2023, y una
recusación presentada contra los magistrados que se encargan de la
evaluación, ya que su juicio, existía parcialidad frente a las calificaciones, lo
que también fue resuelto mediante providencia del 26 de julio de 2023 en el
sentido de no aceptar la recusación presentada por la actora.
En este punto, se recuerda que los empleados de carrera administrativa de la
Rama Judicial están sujetos a la calificación de servicios, conforme a las
normas que regulan este procedimiento, y sujetos a los procedimientos y
competencias establecidos para tal evaluación. Y se resalta que, en caso de
resultar insatisfactoria la calificación de servicios de la tutelante, podrá acudir
a los mecanismos judiciales del caso para controvertir la legalidad de tal
decisión.
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3.3.2. Adicionalmente, no deja de lado la Sala que, como lo afirmó la actora,
actualmente se adelantan diligencias penales ante la Comisión de
Investigación y Acusación, por los mismos hechos que se narran en el escrito
de tutela, relacionados con la recusación presentada contra los magistrados
encargados de su calificación, la cual rechazaron de plano por ser
“manifiestamente improcedente” pese a tener, según la tutelante, relación directa
con la calificación integral de servicios de la que sería objeto. Por tanto, será
dicha autoridad judicial la encargada de resolver sobre tales cargos y
denuncias.
De manera que, al encontrarse en trámite un procedimiento en relación con
este aspecto, está vedada la intervención del juez de tutela.
3.3.3. Finalmente, frente a las actas trimestrales del presente año 2023, se advierte
que hacen parte integral de la calificación de servicios y obedecen al control
permanente del desempeño que realiza el superior jerárquico “quien deberá
llevar el registro trimestral de las tareas asignadas al empleado”, tal como lo dispone
el artículo 89 del Acuerdo PSAA10-7636 del 20 de diciembre de 2010 “por medio
del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de los servidores y servidoras
de la Rama Judicial vinculados por el sistema de carrera judicial”.
4. Conclusión.
Por las razones aquí expuestas, se declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por la señora Nubia Cristina Salas Salas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la presente acción de tutela presentada por la señora
Nubia Cristina Salas Salas, de conformidad con los argumentos expuestos en
esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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