Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04706-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-04706-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04706-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: EFRAÍN MENDOZA RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de inmediatez / COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL – No se configura porque además de la existencia de identidad de
partes y de objeto, debe examinarse si hay similitud entre las razones expuestas en los
cargos / INMEDIATEZ – La demanda se presentó pasados seis meses desde que se
notificó la decisión a la que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Efraín Mendoza
Rodríguez contra el Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 29 de agosto de 20231, el señor Efraín Mendoza Rodríguez interpuso acción de
tutela contra la Sección Primera del Consejo de Estado, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales políticos, al debido proceso y a la igualdad, con
ocasión de las providencias dictadas el 12 de febrero de 2015 y el 25 de mayo de
2017, en el proceso de pérdida de investidura con radicado 68001-2333-000-2013-
01077-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):
Solicito Honorables Magistrados que mediante la sentencia que decida la
presente ACCIÓN DE TUTELA, se deje sin efectos jurídicos la sentencia de
12 de Febrero de 2015, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado por medio de la cual decretó: REVOCAR el fallo impugnado; que fue
el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, de fecha 31 de
Mayo de 2014 que en su parte resolutiva decidió:
Primero: Negar la solicitud de pérdida de investidura en el presente proceso
radicado N°- 2013-01077-00.
La pretensión de dejar sin efectos la sentencia de 12 de febrero de 2015,
1
Se advierte que, el 14 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
comprende además la providencia de 25 de mayo de 2017, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que resolvió la solicitud de
aclaración, adición y nulidad de la sentencia que hoy se impugna.
1.2. Hechos
El señor José Gualdrón Guerrero presentó demanda de pérdida de investidura en
contra de varios concejales del Municipio de Floridablanca (Santander), periodo
2008 -2011, dentro de los cuales figuraba el señor Efraín Mendoza Rodríguez.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia
del 31 de enero de 2014, negó las pretensiones de la demanda.
Contra la anterior decisión, se interpuso el recurso de apelación, y mediante
sentencia proferida el 12 de febrero de 2015, la Sección Primera del Consejo de
Estado la revocó y, en su lugar, declaró la pérdida de investidura de los concejales
demandados, incluido el señor Efraín Mendoza Rodríguez. Dicha providencia se
notificó a las partes el 18 de mayo de 2015.
Contra el fallo de segunda instancia se presentó solicitud de nulidad, y se pidió
aclaración y adición, las cuales fueron negadas mediante auto del 25 de mayo de
2017, notificado el 07 de julio de la misma anualidad.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:
1.3.1. Defecto sustantivo, (i) porque se desconocieron las «sentencias que sobre
el tema específico ha definido sus alcances», (ii) porque la decisión se tomó con
base en una disposición que no es aplicable al caso, y (iii) porque se desbordó el
sentido de la interpretación de la norma aplicable al asunto.
1.3.2. Defecto fáctico porque la decisión fue dictada sin prueba de que el
accionante había votado a favor «los proyectos de Acuerdo que permitieron la
expedición de los Acuerdos 002 de 14 de Enero 2008, 006 de Febrero 25 de 2008
y 019 de 21 de Julio de 2008». Situación que debía ser el fundamento para
evaluar si el funcionario incurrió o no en la causal de pérdida de investidura,
contemplada en el artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000.
En suma, concluyó que la sentencia del 25 de mayo de 2015 se profirió «en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro».
2
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Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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1.3.3. Desconocimiento del precedente contenido en las sentencias SU-501 de
2015 y el expediente de tutela T-3.576.823 del 6 de agosto de 2015, por cuanto,
se le impuso pérdida de investidura bajo un análisis de responsabilidad objetiva
sin haber verificado «la culpa ni el dolo».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto proferido el 5 de septiembre de 2023, el Despacho
sustanciador admitir la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que
integran la Sección Primera del Consejo de Estado, como parte demandada,
además de los terceros con interés2. Asimismo, se dispuso la notificación a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El señor José Gualdrón Guerrero solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, con fundamento en que la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación mediante sentencia del 28 de septiembre de 2017 3 se pronunció
frente a otra tutela, que contiene tiene identidad de partes, hechos y pretensiones
con esta acción.
Además, adujo que la decisión de decretar la pérdida de investidura estuvo
soportada en los supuestos del artículo 48 numeral 4 de la Ley 617 de 2000 y en
el criterio fijado por múltiples pronunciamientos en los que el Consejo de Estado4
ha resuelto casos similares.
2.3. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo porque consideró que «entre la decisión censurada y el
ejercicio del recurso de amparo transcurrieron 6 años, 1 mes y 28 días, sin que el
accionante hubiese justificado válidamente las razones de su inactividad», razón
por la cual no se cumple el requisito de inmediatez.
De otra parte, adujo que tampoco se cumple el presupuesto de relevancia
constitucional, porque el debate se centra en «contradecir el análisis configurativo
de la causal de indebida destinación de dineros públicos, a partir de la revaluación
de la manera como la Sección Primera aplicó las normas en el caso concreto», es
2
Los señores Carlos Roberto Ávila Aguilar, Luis Alfonso Buitrago Vásquez, Félix Mariño Jaimes
Caballero, Ferley Guillermo González, Juan Carlos Manrique becerra, Oliverio Solano Cala, José
Uribe Figueroa, Julio César Parra Aceros, Javier Martín Dulcey Villamizar, Hermes Antonio Durán
Bueno, Humberto Gómez Cepeda, José Anunciación Merchán Basto, Ángel Javier Rangel, Carlos
Ciro Ruiz Duarte, César Augusto Sánchez Quintero, Heriberto Vera Pedraza, Reinaldo Flórez
Villamil, Alirio Pinzón Díaz y José Gualdrón Guerrero
3
Expediente de tutela 11001-03-15-000-2017-02217-00/01.
4
«Expediente núm. AC- 9877, consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar- Expediente
núm. 2003-00194, consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo - Expediente núm.
2005-01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade»
3
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Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
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decir, se trata de una discusión eminentemente legal, fundada en la interpretación
subjetiva sobre las pruebas hizo la parte actora.
2.4. Los demás intervinientes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
En primer lugar, compete a esta Sala determinar si el accionante promovió
duplicidad de solicitudes de amparo sobre una misma causa, al punto de
configurarse la cosa juzgada o la temeridad. De darse una respuesta positiva, se
deberá declarar la improcedencia de la acción por ese hecho. En caso contrario, y
solo en el eventual caso de que la solicitud de amparo cumpla todos los requisitos
generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional,
especialmente el de inmediatez, se realizará un análisis de fondo del asunto a fin
de determinar si deben ampararse los derechos fundamentales alegados por el
demandante.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la cosa juzgada y sus efectos en materia constitucional
La cosa juzgada es una institución que impide prolongar de manera indefinida
discusiones ante la jurisdicción. Es un reflejo de la garantía de seguridad jurídica,
que promueve el respeto por las decisiones judiciales y la estabilidad de las
situaciones consolidadas al amparo del derecho. No se justifica ni tiene razón de
ser un Estado en el que las decisiones judiciales, una vez agotadas las instancias
y los recursos previstos por el legislador, puedan someterse a revisión permanente
y a perpetuidad de los jueces, por la mera inconformidad de las partes, al punto de
generar decisiones contradictorias o pretender a toda costa obtener una decisión
favorable a sus intereses.
En principio, la cosa juzgada pone punto final a las controversias que deciden un
litigio o un asunto contencioso, sin perjuicio de circunstancias que la relativizan; tal
es el caso de algunas decisiones derivadas del recurso extraordinario de revisión,
de la tutela contra providencia judicial o el mismo debilitamiento de la cosa
juzgada constitucional en el control abstracto de constitucionalidad, o de procesos
4
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Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
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que solamente hacen tránsito a cosa juzgada formal en los términos previstos en
el artículo 304 del Código General del Proceso5.
A pesar de que esta figura no es absoluta, en cada caso se debe examinar si, en
efecto, relucen los elementos que la configuran, esto es, si en dos procesos —uno
en firme y el otro pendiente de decisión— confluyen (ii) identidad jurídica de
partes, (ii) identidad de causa e (iii) identidad de objeto, según se desprende del
artículo 303 del Código General del Proceso, que consagra los tres elementos
concurrentes de la cosa juzgada.
De manera que el juez ante quien se eleva una demanda en la que se alude a un
caso anterior entre las partes, debe determinar si el asunto que le ha sido
presentado para su resolución ya fue decidido por él o por otra autoridad judicial y
si, como consecuencia de ello y de la intangibilidad de una decisión ejecutoriada,
le esté vedado un nuevo juicio.
Este fenómeno también se da en el contexto constitucional, bien cuando se ejerce
el control de constitucionalidad abstracto6 o en decisiones relativas a la acción de
tutela. Particularmente, en relación con la cosa juzgada en materia de tutela, la
Corte Constitucional expuso:
Tal como lo ha advertido la Corte, en materia del recurso de amparo el
fenómeno bajo alusión se estructura en nuestro ordenamiento como un
límite legítimo al ejercicio del derecho de acción, de manera que
imposibilita “acudir de forma repetida e indefinida a los jueces de tutela,
cuando el asunto ya ha sido resuelto en la jurisdicción constitucional,
respetando así el carácter eminentemente subsidiario del mecanismo.
Asimismo, se ha precisado la consecuencia jurídica derivada del acaecimiento
de la cosa juzgada, y en ese sentido se ha indicado que en esos eventos el
juez constitucional se encuentra llamado a declarar la improcedencia de
la acción de tutela que ya ha sido resuelta previamente y de fondo por
parte de otro o el mismo operador judicial, siempre que haya cobrado
ejecutoria dicha decisión. Esto último ocurre cuando (i) se ha emitido un
fallo por parte de la Corte Constitucional, o (ii) este Alto Tribunal ha decidido
no seleccionar el expediente para proferir un pronunciamiento, lo que
conduce a dejar en firme la última sentencia de instancia.
Como se observa, el aspecto determinante para la identificación de una cosa
juzgada constitucional corresponde al “ejercicio múltiple”, ya sea sucesivo o
simultáneo, de la acción de tutela. Esto se relaciona, en la práctica, con la
5
ARTÍCULO 304. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA. No constituyen
cosa juzgada las siguientes sentencias:
1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean
susceptibles de ser modificadas.
2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por
autorización expresa de la ley.
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso
al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.
6
Sobre este existe una robusta teoría constitucional de los diferentes tipos de cosa juzgada
(absoluta, relativa, material, formal, aparente, etc.) que se da cuando se realiza control abstracto
de constitucionalidad; al respecto, puede consultarse la sentencia C-757 de 2014.
5
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Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
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Sentencia de tutela de primera instancia
denominada “concurrencia de triple identidad”, referente, tal como lo ha
indicado la jurisprudencia de este Tribunal, al mismo objeto, causa pretendi y
partes; a lo que se aúna la existencia de un pronunciamiento judicial en firme,
en los términos que han sido expuestos anteriormente. 7
Dicha línea fue reiterada en reciente sentencia de unificación:
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se
presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la
figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal.
2.2.3. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la
cosa juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La
anterior circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada
constitucional, así se verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones. 8
Por su parte, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá
en una conducta temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes».
La Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017, precisó que la temeridad
se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b)
identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de justificación
en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos
enunciados, manifestó:
El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del
actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción
del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho
porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o
pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien
administra justicia.
9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo
dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de
tutela se funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento
errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un
estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos
obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la
7
Corte Constitucional, sentencia T-659 de 2017.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
6
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Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
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actuación no se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición
de una sanción en contra del demandante9.
La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo»10. Desprovisto de la
mala fe propia de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta
cuando concurren los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista
identidad jurídica de partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
o sea, sobre las mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la
misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos, y (iv) que en
el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la
Corte Constitucional11.
En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en
los mismos hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se
constate que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala
fe, en forma abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un
pronunciamiento favorable de los jueces, de suerte que, deliberadamente, somete
su cuestión al escrutinio de varios jueces para propiciar una decisión acorde a sus
intereses.
La Corte Constitucional12 ha señalado que, aunque objetivamente se adviertan los
requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se configure o
que sea declarada por el juez:
• Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto
A partir del informe rendido por el señor José Gualdrón Guerrero, tercero con
interés, la Sala pudo constatar de que, en efecto, el señor Efraín Mendoza
Rodríguez presentó una acción de tutela previa (11001-03-15-000-2017-02217-
00/01) contra las providencias que aquí se examinan, es decir, solicitó en sede
constitucional que se dejaran sin efectos la sentencia del 12 de febrero de 2015 y
9
Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencia T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la
sentencia T-280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
11
Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12
Sentencia T-579 de 2017 M.P Cristina Pardo Schlesinger
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
el auto del 25 de mayo de 2017 proferidos en el proceso de pérdida de investidura
con radicado 68001-23-33-000-2013-01077-01.
La tutela inicial fue negada en primera instancia por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de septiembre de
2017. Dicha decisión fue confirmada por la Sección Cuarta de esta Corporación,
en providencia del 15 de marzo de 2018.
Sin embargo, de conformidad con los supuestos jurisprudenciales enunciados con
anterioridad, es pertinente que la Sala analice los argumentos que cimienta ambas
solicitudes de amparo, con el fin de determinar si existe «cualquier otra situación
que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante»,
pese a que es evidente la concurrencia de elementos como la identidad de partes
y objeto en ambos expedientes.
Dicha tesis se fundamenta en diversos pronunciamientos de esta Subsección en
los que ha sostenido que la existencia de identidad objeto y de causas entre dos
acciones de tutela no debe limitarse a establecer la similitud de los hechos y el
objeto, sino que debe verificarse la convergencia que pueda existir entre los
argumentos esbozados, por lo que se debe prestar especial atención al contenido
de los cargos endilgados13.
En ese orden, se concluye que la variación de la causa petendi en la solicitud de
amparo, no se determina porque exista un cambio en la denominación jurídica de
los cargos endilgados, sino porque de acuerdo con el contenido de los argumentos
expuestos en la demanda, el juez pueda realmente inferir que existió una
diferencia total o parcial en los reparos presentados por el accionante.
Así pues, del análisis de ambos expedientes se infiere que, en este caso, existen
nuevos elementos que no fueron expuestos en el expediente 11001-03-15-000-
2017-02217-00-00/01, de suerte que no se puede configurar el fenómeno de la
cosa juzgada, ni muchos el de la temeridad, porque se requiere, circunstancia que
se encuentra ausente, la referida triple identidad frente a la segunda acción.
Veamos:
13
Ver sentencia de tutela del 9 de agosto de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-00240-01, dte.:
Maurizio Papa
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
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Radicado 11001-03-15-000-2017- 11001-03-15-000-2023-04706-00
02217-00/01
Cargos Desconocimiento del Desconocimiento del precedente
(causa precedente judicial, judicial. Respecto a la sentencia
petendi) contenido en la sentencia SU-501 de 2015 proferida por la
SU-424 de 2016 proferida Corte Constitucional y el expediente
por la Corte Constitucional de tutela T-3.576.823. del 6 de
y la sentencia dictada por agosto de 2015.
la Sección Primera del
Consejo de Estado, exp. Defecto fáctico, por ausencia de
23001-2333-004-2015- pruebas de la conducta subjetiva.
0049-01.
Defecto Sustantivo, por indebida
interpretación de las normas en la
materia.
Como puede verse, y al margen de la procedencia o no de los cargos, es claro
que en el caso bajo estudio se presentaron reparos que no fueron discutidos en el
expediente de tutela 2017-02217-00/01, como es el caso de los defectos factico y
sustantivo alegados por el actor. Además, aunque en la tutela inicial se discutió el
desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es que no se puede advertir una
similitud ni siquiera en ese defecto, toda vez que el actor estimó desconocidas
distintas providencias en cada solicitud de amparo.
Por lo tanto, la Sala concluye que el hecho de que se evidencie la concurrencia de
partes, hechos y pretensiones en ambas solicitudes de amparo, no es razón para
determinar la configuración de la cosa juzgada.
En tal sentido corresponde a la Sala examinar si la acción de tutela cumple los
requisitos generales de procedibilidad, sólo en el evento de que se cumplan, se
analizará el fondo del asunto.
3. Requisitos generales de procedibilidad
3.1. De la inmediatez
La Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió
como regla general «un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente»
Para esta Subsección 14 , se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
14
En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chagüendo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión, en los
casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo
sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o,
incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente
improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas
solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de
tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de
cuestionamiento.
• Inmediatez en el caso concreto
La sentencia enjuiciada se profirió el 12 de febrero de 2015 y se notificó el 18 de
marzo de marzo siguiente, razón por la cual, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional y de esta corporación, el accionante tuvo plazo para presentar de
manera oportuna la solicitud de amparo hasta el 18 de septiembre de 2015.
Si bien es cierto que en el trámite del proceso ordinario se presentó una solicitud
de nulidad y aclaración de la sentencia, tal situación no tiene incidencia en el
cómputo del término para cuestionar por vía de tutela la providencia principal,
puesto que ambas solicitudes fueron negadas mediante providencia de 25 de
mayo de 2017, por ser «abiertamente improcedentes». Y aun si se tomara como
parámetro la notificación de esta providencia, es evidente que también
transcurrieron más de 6 años desde que quedó ejecutoriada la sentencia.
Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no
está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable que justifique concretamente la tardanza, (ii) la existencia de especiales
circunstancias que impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento
geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de
terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en la presentación de la
solicitud de amparo por parte de los accionantes, ni que (vii) la presente acción de
tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
A pesar de que la Corte no ha fijado un plazo determinado que se considere
razonable para interponer la acción de tutela, sí ha confirmado, en sede de
revisión, sentencias dictadas por las diferentes secciones de esta Corporación, en
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
las que se ha acogido el criterio fijado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que estableció como regla general el plazo de 6 meses, contado
desde la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Así lo
señaló en la sentencia SU-090 de 2018:
Estudiados los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional,
esta Corte evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto
de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido
notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo
desconoció el precedente jurisprudencial, careció de motivación y violó
directamente la Constitución.
A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había
promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue decidido negando su
pretensión por cuanto las causales alegadas por el accionante no se
encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código
de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no justifica entonces la
inactividad del actor para interponer la acción de tutela, toda vez que la
nulidad formulada fue ostensiblemente contraevidente, y no tenía la
virtualidad de enervar el requisito de inmediatez en la formulación de la
acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el incidente de
nulidad procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días
para plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para
presentar el amparo constitucional, toda vez que se superó sin
justificación válida el término prudencial para la oportuna formulación
de la acción de tutela.
En conclusión, el actor no acudió con inmediatez a la jurisdicción
constitucional en busca del amparo invocada, sin razón que justificara su
tardanza.
En este caso, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte
accionante se encontrara en una situación especial, máxime si se tiene en cuenta
que la solicitud de amparo no requiere de formalidades para su presentación. De
modo que la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Efraín
Mendoza Rodríguez, de conformidad con la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04706-00
Demandante: Efraín Mendoza Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Sentencia de tutela de primera instancia
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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